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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03554-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03554-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 18 de junio de 2026 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03554-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de septiembre de 2026

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03554-01
Accionante: PROYECTO DE INGENIERÍA S.A. – PROING S.A. Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso de controversias
contractuales. Defectos por desconocimiento del precedente judicial
y violación directa de la Constitución. Incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por las empresas Proyectos de Ingeniería S.A. – PROING S.A. e
Ingenierías y Servicios S.A.S. en reorganización, quienes actúan por conducto de
sus representantes legales, junto con el señor Jaime Antonio Puerto Ramon, quien
actúa en nombre propio, contra la sentencia de 18 de junio de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de mayo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela en la que solicitó al
juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial,
al principio de legalidad y a la igualdad de JAIME ANTONIO PUERTO RAMON,
INCER S.A.S y PROING S.A., vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO –
SECCIÓN TERCERA SUBSECCION B, con ocasión del fallo judicial de segunda
instancia proferido dentro del medio de control de controversias contractuales
radicación 18001-23-40-000-2019-00067-02 (71860) promovido por los
integrantes del CONSORCIO ELÉCTRICO DEL SUR en contra de la
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.

SEGUNDA: Declarar que la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B, dentro del proceso distinguido con el número de radicación
18001-23-40-000-2019-00067-02 (71860), incurre en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución y
transgresión de los artículos 84 y 228 de la Constitución Política, este último por
desconocer el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
e incurrir en un exceso ritual manifiesto; al fundarse en una interpretación
arbitraria, contradictoria e incoherente del ordenamiento jurídico, que introduce

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requisitos inexistentes y restringe de manera injustificada derechos derivados de
la relación contractual.

TERCERA: Dejar sin efectos la sentencia proferida el 17 de abril de 2026 por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B dentro del proceso distinguido con el
numero de radicación 18001-23-40-000 2019-00067-02 (71860) por constituir
una decisión incompatible con el orden constitucional y vulneradora de derechos
fundamentales.

CUARTA: Ordenar al Consejo de Estado que, dentro de un término perentorio,
profiera una nueva decisión en la cual: 1) Se respete el régimen jurídico aplicable
sin vaciar su contenido, 2) Se abstenga de imponer requisitos no previstos en la
ley ni en el contrato, 3) Se valore integralmente el acervo probatorio, en especial
las circunstancias extraordinarias de orden público., 4) Se adopte una decisión
coherente con los principios de buena fe, conmutatividad, equivalencia
económica y justicia material, y 5) Se garantice la prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas (art. 228 C.P.).

QUINTA: Ordenar que la nueva sentencia judicial garantice una decisión de
fondo, razonable, coherente y materialmente justa, conforme a los parámetros
fijados por la Corte Constitucional en relación con el derecho fundamental de
acceso efectivo a la administración de justicia; y que en la nueva decisión se
observen los principios de coherencia judicial, seguridad jurídica y respeto del
precedente”.

2. Hechos

De conformidad con el escrito de tutela y de los documentos aportados al proceso,
se tienen como hechos relevantes los siguientes:

Los accionantes indicaron que el 6 de septiembre de 2010, la Electrificadora del
Caquetá S.A E.S.P. celebró con el Consorcio Eléctrico del Sur el contrato de obra
para “la construcción del proyecto de interconexión eléctrica a 34.5 kv San Antonio
de Getuchá – Tres Esquinas – Solano, e inspectoría y certificación Retie”.

Refirieron que el valor inicial del contrato de obra fue pactado en la suma de
$12.855.810.112.00, la cual fue incrementada en $987.052.918 mediante la
suscripción de un otrosí que contempló la ejecución de obras adicionales. En
consecuencia, el valor total del contrato ascendió a $13.842.863.030.

Agregaron que el plazo pactado inicialmente por las partes para la ejecución de la
obra fue de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Posteriormente, dicho plazo fue prorrogado en cuatro meses adicionales mediante
la celebración de un otrosí correspondiente a obras adicionales. En consecuencia,
se estableció un plazo total de dieciséis (16) meses para la ejecución del contrato.

Aseguraron que el 21 de septiembre de 2010, suscribieron el acta de inicio de la
obra y la ejecución del contrato fue suspendida en varias ocasiones por hechos
ajenos a la voluntad del contratista, tales como: (i) la aprobación de un replanteo de
obra con el fin de optimizar recursos y obtener una mayor cobertura para la
población beneficiada; (ii) inconvenientes de orden público en la zona de ejecución
de la obra por asentamiento de comunidades campesinas e indígenas, presencia
de grupos al margen de la ley -FARC- quienes “presionan a los miembros de la
comunidad para no dejar trabajar a los contratistas de ELECTROCAQUETA S.A. ESP (en
este caso concreto, a los trabajadores del consorcio eléctrico del sur) y enviaban
frecuentemente a sus emisarios vestidos de civil (en la mayoría colaboradores o milicianos
de la guerrilla) para que amenazaran a los obreros, ingenieros y directores de obra en sitio
exigiéndoles que abandonen la obra so pena de ponerse en peligro su vida”.

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Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior, radicaron demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la Electrificadora
del Caquetá S.A. E.S.P., con la pretensión de que se declarara el desequilibrio
económico del contrato y se ordenara el reconocimiento de los perjuicios derivados
de las circunstancias extraordinarias presentadas.

Afirmaron que una de las pruebas aportadas al proceso consistió en el oficio No.
2013214044 del 25 de junio de 2013, suscrito por el gerente de la Electrificadora del
Caquetá S.A. E.S.P. y dirigido al Departamento Nacional de Planeación – Dirección
de Regalías, en el que reconoció expresamente que el proyecto presentaba “graves
dificultades de orden público, inconvenientes con comunidades del área de
influencia, oposición armada al desarrollo de la obra e imposibilidad de ingreso de
materiales a los sitios de ejecución por parte de grupos al margen de la ley”, y
manifestó que el lugar dónde debía ejecutarse la obra se encontraba minado.

Sostuvieron que el asunto correspondió, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Caquetá bajo el radicado 18001-23-40-000-2019-00067-00, que
por sentencia de 10 de julio de 2024 denegó las pretensiones de la demanda, tras
considerar que para que se decrete el desequilibrio económico del contrato se
deben verificar la ocurrencia de algunas situaciones como: “i) que el ejercicio de las
facultades excepcionales de la entidad contratante, hubiesen impactado el contrato,
haciendo más onerosa su ejecución; ii) por circunstancias externas a las partes que
de forma imprevisible alteren la ecuación financiera y iii) hechos de la naturaleza
que, siendo imprevisibles, deriven en la ejecución de mayores cantidades de obra y
soluciones técnicas costosas”

Bajo ese contexto, el Tribunal consideró que a los demandantes les correspondía
demostrar que la alteración económica del contrato era grave, imprevisible y que no
estaba contemplada dentro de los riesgos que debía asumir, situación que no
ocurrió, por cuanto no aportaron los estudios previos y/o la matriz de riesgos.

Señalaron que, con ocasión del recurso de apelación que presentaron, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo de 17
de abril de 2026, confirmó lo resuelto por el a quo, con una interpretación aún más
restrictiva, en tanto consideró que “teniendo en cuenta que el contrato está regido
por el derecho privado y, por lo tanto, no le aplica el desequilibrio económico del
contrato regido por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Adicionalmente, en el caso concreto no procede la revisión conforme al artículo 868
del Código de Comercio, por no existir prestaciones de futuro cumplimiento”.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que la presente acción de tutela no se circunscribe a
un simple desacuerdo frente a un fallo judicial, sino que involucra la vulneración de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación arbitraria,
contradictoria e incoherente de la autoridad judicial accionada.

Aseguraron que con el presente mecanismo constitucional no pretenden reabrir un
debate jurídico o imponer un criterio sobre el alcance de normas legales o
contractuales, sino que busca la consideración del juez constitucional frente a una
decisión que desbordó los límites de la interpretación razonable del derecho que
trajo consigo una situación arbitraria.

Aseveraron que la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado introdujo requisitos inexistentes, debido a que aplicó de manera
selectiva el régimen jurídico, desconoció su propio precedente judicial y privilegió
un entendimiento formalista “del régimen jurídico sobre la realidad material del contrato,
incurriendo en un exceso ritual manifiesto que sacrifica la justicia sustancial en favor de

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construcciones jurídicas que, en la práctica, impiden el reconocimiento de derechos
legítimamente reclamados. Por tanto, lo que se presenta en este caso no es un error judicial
aislado, sino una decisión estructuralmente defectuosa, caracterizada por la incoherencia,
la contradicción y la ausencia de sustento normativo suficiente, que rompe con los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima que deben orientar la función jurisdiccional”.

Alegaron la configuración de un defecto fáctico por una indebida valoración
probatoria, en tanto la autoridad judicial accionada desconoció que con el acervo
probatorio sólido que aportaron, demostraba la ocurrencia de circunstancias
extraordinarias, imprevisibles y ajenas al contratista que incluso fueron reconocidas
por la entidad demandada, tales como la prolongación del plazo de ejecución del
contrato, las suspensiones ocasionadas por los problemas de orden público, la
amenaza de los grupos al margen de la ley, el incremento de costos por mayor
permanencia en la obra, los informes, las comunicaciones, entre otros.

En segundo lugar, afirmaron que la decisión cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo como consecuencia de una interpretación indebida del régimen
aplicable al caso concreto, por una interpretación restrictiva de la teoría de la
imprevisión contemplada en el artículo 868 del Código de Comercio y el
desconocimiento de los principios constitucionales como la buena fe, la justicia
contractual y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, consagrado en
el artículo 228 de la Constitución Política.

Asimismo, la parte accionante hizo referencia a la violación directa de la
Constitución por la transgresión de los artículos 84 y 228, al desconocer la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas e incurrir en un exceso ritual
manifiesto al fundarse en una interpretación arbitraria, contradictoria e incoherente
del ordenamiento jurídico, e introducir requisitos inexistentes y restringir de manera
injustificada derechos derivados de la relación contractual.

Manifestaron que el fallo cuestionado se apartó de la propia jurisprudencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el alcance de las salvedades
contractuales para reclamar el desequilibrio contractual como una garantía
sustancial que busca proteger “la ecuación financiera pactada entre las partes desde la
adjudicación y durante toda la ejecución contractual”. Sobre el particular citó una
sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 13
de febrero de 2013, radicación número 76001-23-31-000-1999-02622-01(24996).

Por último, citó la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, radicación número
05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121) de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, sobre la imposibilidad de exigir que las salvedades o reclamaciones al
momento de celebrar adicionales, por cuanto “de conformidad con el articulo 5
numeral 3 de la ley 80 de 1993, las entidades públicas no pueden exigir renuncias
o desistimientos en la adición o modificación de contratos, el juez del contrato
tampoco puede imponerlas mediante «requisitos para la prosperidad de las
pretensiones», como la constancia de desacuerdos mediante «salvedades», ni
mucho menos interpretar el silencio como generador de disposiciones
contractuales, sin que la ley lo prescriba o las partes así lo hayan acordado”.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El magistrado ponente de la providencia objeto de reproche rindió informe en el que
manifestó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que lo que pretende la parte accionante es
utilizarla como una tercera instancia frente a una decisión en la que le hizo un

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correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, con fundamento en los elementos de
prueba que fueron valorados de manera razonada e integral.

Bajo ese contexto, aseguró que la parte actora busca reabrir una discusión sobre la
improcedencia de (i) aplicar la figura del desequilibrio económico del contrato
regulado por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a los
contratos sometidos al derecho privado; (ii) de aplicar la teoría de la imprevisión
regulada por el artículo 868 del Código de Comercio a contratos estatales sometidos
al derecho privado cuando no existen prestaciones de futuro cumplimiento; (iii) del
alcance de los acuerdos celebrados por las partes durante la ejecución de un
contrato frente a posibles desequilibrios contractuales y (iv) la inexistencia de
pruebas que permitieran acreditar el desequilibrio económico del contrato.

Aseveró que dichos aspectos fueron analizados de manera razonada y sustentada,
con fundamento en la normativa, la jurisprudencia aplicable al caso concreto, los
elementos fácticos y probatorios. Agregó que lo pretendido por los accionantes es
insistir en que las pruebas de la ampliación del término del contrato, los problemas
de orden público y los conflictos de las comunidades eran suficientes para
demostrar el desequilibrio de las prestaciones contractuales, lo que desconoce el
ejercicio legítimo de la autonomía judicial.

Afirmó que tampoco se configuró un defecto sustantivo por las conclusiones sobre
la improcedencia de la aplicación de la figura de desequilibrio económico del
contrato regulado por la Ley 80 de 1993 a los contratos sometidos al derecho
privado y los requisitos exigidos en el artículo 868 del Código de Comercio para que
opere la revisión del contrato de acuerdo con la teoría de la imprevisión.

Indicó que tampoco puede alegarse el desconocimiento del precedente judicial
sobre el alcance de los acuerdos celebrados por las partes contratantes, teniendo
en cuenta que, en el fallo cuestionado, realizó un examen sobre el alcance de los
acuerdos celebrados por las partes sobre los costos derivados de la suspensión y
ampliación del plazo de ejecución del contrato sobre los cuales advirtió la ausencia
de salvedades, análisis que realizó con fundamento en la sentencia de unificación
de 27 de julio de 2023.

Para terminar, afirmó que contrario a lo indicado por la parte accionante, no realizó
exigencias que no están contempladas en la ley para acreditar los daños sufridos
por la parte demandante.

4.2. Respuesta de Electrificadora del Caquetá S.A. ESP

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
el mecanismo constitucional, por incumplimiento de los requisitos generales y
específicos de la acción de tutela, al considerar que carece de relevancia
constitucional, a lo que agregó que la parte accionante pretende convertirla en una
tercera instancia y no se configuran los defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la Constitución.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado en fallo de 18 de junio de 2026 declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que la parte accionante utiliza el mecanismo
constitucional como una instancia adicional.

Bajo ese contexto, sostuvo que el accionante pretende reabrir un debate jurídico
que ya fue agotado en el proceso de controversias contractuales, y lo que se

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evidencia es un desacuerdo con las conclusiones de la autoridad judicial accionada
sobre la no declaratoria del desequilibrio económico.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó la sentencia de primera instancia, en escrito en el que
consideró que el a quo no efectuó un análisis sobre el régimen excepcional de
procedencia de la acción de tutela conforme a lo establecido en la sentencia C-590
de 2005, debido a que convirtió la prohibición de utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional, en una regla absoluta que no permite verificar si los defectos
alegados podían configurarse en el caso concreto.

En ese orden de ideas, aseguraron que el hecho de que se cuestione la valoración
probatoria o la interpretación de la norma jurídica no permite concluir
automáticamente que se pretende abrir una tercera instancia, en tanto lo que
buscan es que se examinen integralmente las causales específicas de procedencia
que desarrollaron en la demanda de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, de conformidad con los argumentos del escrito
de impugnación, si debe revocar la sentencia de 18 de junio de 2026 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado en la que declaró improcedente la acción
de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en caso
afirmativo, establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente

1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.

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a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

3
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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4. Estudio y solución del caso concreto

Las sociedades Proyectos de Ingeniería S.A. – PROING S.A. e Ingenierías y
Servicios S.A.S. en reorganización, quienes actúan por conducto de sus
representantes legales, junto con el señor Jaime Antonio Puerto Ramon, quien
actúa en nombre propio, presentaron acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con
ocasión de la sentencia de 17 de abril de 2026, que confirmó la decisión de primera
instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda de controversias
contractuales dentro del proceso con radicado 18001-23-40-000-2019-00067-02.

Para sustentar la acción de tutela, la parte accionante sostuvo que la autoridad
judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria,
en tanto consideró que con el material probatorio que aportó al proceso demostraba,
sin lugar a dudas, las circunstancias extraordinarias, imprevisibles y ajenas al
contratista que incluso fueron reconocidas por la entidad demandada, tales como la
prolongación del plazo de ejecución del contrato, las suspensiones ocasionadas por
los problemas de orden público, la amenaza de los grupos al margen de la ley y el
incremento de costos por mayor permanencia en la obra.

Adicional a lo anterior, manifestó la configuración de un defecto sustantivo por una
interpretación restrictiva de la teoría de la imprevisión contemplada en el artículo
868 del Código de Comercio y el desconocimiento de los principios constitucionales
como la buena fe, la justicia contractual y la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política y, por
ende, alegó la violación directa de la Constitución.

Asimismo, hizo referencia a la sentencia de unificación del 27 de julio de 2023,
radicación número 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121) de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, sobre la imposibilidad de exigir las salvedades o
reclamaciones al momento de celebrar adicionales.

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de junio de
2026, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, al considerar que la parte accionante pretende utilizar
el mecanismo constitucional como una instancia adicional al proceso ordinario,
teniendo en cuenta que insiste en la indebida valoración del material probatorio
aportado.

La parte accionante impugnó la decisión judicial y manifestó que el a quo no efectuó
un análisis sobre el régimen excepcional de procedencia de la acción de tutela
conforme a lo establecido en la sentencia C-590 de 2005, debido a que convirtió la
prohibición de utilizar la acción de tutela como una instancia adicional, en una regla
absoluta que no permite verificar si los defectos alegados podían configurarse en el
caso concreto.

En el sub examine, los accionantes interpusieron demanda en ejercicio del medio
de control de controversias contractuales contra Electrificadora del Caquetá S.A.
E.S.P., con la pretensión de que se declarara el desequilibrio económico del
contrato de obra que suscribieron y se ordenara el reconocimiento de los perjuicios
derivados de las circunstancias extraordinarias presentadas.

El asunto fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo del Caquetá que
denegó las pretensiones de la demanda, tras considerar que los demandantes no
acreditaron la imprevisibilidad, la alteración extraordinaria y la prueba de una
pérdida real, grave y anormal en la economía del contrato, a lo que agregó que la
parte demandante no solicitó la liquidación del contrato de obra.

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Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en
el que aseguró que sí se generaron mayores costos en la ejecución del contrato,
sobre los cuales aportó el suficiente material probatorio que demostraba el
desequilibrio económico como el análisis de precios unitarios, las copias de las
actas de suspensión, de ampliación y de reinicio del contrato, los informes de
avance de la obra, de entrega y recibo final, los otros sí, las pólizas de cumplimiento,
las comunicaciones en las que informaban la imposibilidad de ejecución del contrato
por los problemas de orden público, los oficios enviados por las comunidades y por
la guerrilla -FARC-, las fechas de suspensión, entre otros.

Agregó que una obra planteada y presupuestada por el contratista para ser
ejecutada durante doce meses y que terminó ejecutándose seis años después, le
generó un desequilibrio financiero, más cuando el fenómeno de la inflación causa la
disminución del poder adquisitivo de la moneda. En ese orden de ideas, consideró:

“(…) me parece una falacia argumentativa el sostenerse que en el marco del
restablecimiento del equilibrio económico, no se cumplió el requisito de
imprevisibilidad e irresistibilidad en las situaciones de orden público cuando en
su fallo de primera instancia el Tribunal Administrativo del Caquetá señala que:
(…) Es importante resaltar que los acontecimientos de orden público no cumplen
con los requisitos de imprevisibilidad e irresistibilidad para constituir la fuerza
mayor, pues el consorcio contratista tuvo conocimiento de esos acontecimientos
desde el mismo momento en el que suscribieron las diferentes actas de
suspensión durante la ejecución de las obras y no obstante tener conocimiento
de esas dificultades, decidió continuar con la ejecución de las obras objeto del
contrato, es decir, que persistió en ejecutar el objeto contractual, y con
fundamento en el principio de buena fe confió en que podía ejecutar las obras
contratadas hasta su terminación.

(…)

Al respecto me pregunto:

Si la situación de orden público en la zona de ejecución del contrato hubiese sido
previsible y sobre todo resistible, ¿Que objeto tenían esas comunicaciones del
gerente de la Electrificadora al DNP, y las comunicaciones del mismo DNP –
Fondo nacional de Regalías a la Procuraduría General de la Nación y al
Ministerio de Defensa Nacional?

Es tan claro que no era previsible ni mucho menos resistible ese tema de orden
público, pues el Departamento Nacional de Planeación, el fondo nacional de
Regalías y la Procuraduría general de la Nación, e incluso el Ministerio de Minas
y Energía pedían informes sobre el no avance del proyecto, y la electrificadora
señalaba que este problema de orden público con la Guerrilla de las FARC y las
comunidades era sobreviniente y generaba los retrasos en la ejecución de la
obra.

¿No era acaso imprevisible e irresistible este problema de orden público con la
Guerrilla de las FARC que imposibilitaba la ejecución el contrato?

Con todo respeto, la única forma para que no fuese imprevisible e irresistible era
que entonces el CONSORCIO ELECTRICO DEL SUR, hubiese presupuestado
en su oferta dentro del A.I.U. el pago de la respectiva vacuna con destino a esta
guerrilla de las FARC, para que lo dejasen trabajar, y esto a parte de ser ilegal
se sale de todo contexto lógico, pues cualquier pago que se haga en este sentido
constituye financiación del terrorismo, el cual es un delito y ningún contratista
está obligado a ejecutar un delito en pro de ejecutar un contrato, toda vez que el
fin no justifica los medios, y fue por ello que en múltiples oportunidades el mismo
contratista solicitó la suspensión del contrato, la cual debía ser bilateral dado que
unilateralmente el contratista no lo podía hacer directamente.

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¿Cómo me van a decir ahora que por el hecho que el contratista terminó la obra,
hoy en día no hay lugar a reclamar el desequilibrio económico?

Esto se cae por su propio peso, más aún cuando al año 2014 había un anticipo
no amortizado aún de casi Tres Mil Millones de Pesos M/cte ($3.000.000.000)
que al momento de no querer terminarse el contrato por parte de la
electrificadora, constituían un pasivo grande para el contratista, y frente a la falta
de definición sobre la terminación el contrato, tras las pérdidas que estaba
afrontando, le sumaban otros problemas adicionales como eventuales procesos
de responsabilidad fiscal, reportes como deudores del estado que le impedían
licitar, y reportes como el boletín de obras inconclusas del Estado, como el que
maneja hoy en día la Contraloría General de la Republica.

(…)

¿La ausencia de salvedades imposibilita la posibilidad de reclamar judicialmente
un desequilibrio económico?

A mi juicio no lo imposibilita, porque en sentencia de fecha 27 de Julio de 2023,
el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera
Sala Plena - Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque radicación número:
05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121), unificó la jurisprudencia sobre los
efectos de la ausencia de salvedades, indicando: Cuando se llegue a acuerdos
durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones,
aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya
formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas
del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya
guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar,
en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de
interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos
contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la
ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las
partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación
ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada
por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas
pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y
según lo que resulte probado.

(…)

[E]xiste suficientemente acervo probatorio documental dentro de la demanda
para deducir sin ser experto en artes contables ni en ciencias económicas que el
desequilibrio económico que presentó el Consorcio Eléctrico del Sur en la
ejecución del contrato supero a todas luces el porcentaje de imprevistos
presupuestado en el A.I.U. del contrato, el cual como se puede observar en el
cuerpo de la demanda y en las pruebas, el mismo fue aplicado por el contratista
antes de proceder a reclamar su exceso. Además, el Tribunal Administrativo del
Caquetá señala que no solicitamos una liquidación judicial del contrato, cuando
no encuentro que esto sea una obligación legal ni tampoco establecida en fallos
jurisprudenciales del Consejo de Estado, que establezcan la obligatoriedad de
presentar dentro de las pretensiones de una demanda de controversia
contractual la liquidación judicial del contrato”.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 17
de abril de 2026, confirmó la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda. En esa medida, indicó que las partes celebraron de
mutuo acuerdo una adición en el valor del contrato con el fin de suplir los costos
asociados al “replanteo de las obras” que generaron las primeras suspensiones del
contrato y las primeras reclamaciones por el desequilibrio contractual.

Así las cosas, consideró que al momento de celebrar dicho acuerdo el contratista
no formuló reclamaciones adicionales “por los costos generados durante las

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suspensiones que fueron necesarias para su autorización y perfeccionamiento durante los
años 2010 y 2011, se revela de manera concluyente su plena conformidad con los ajustes
económicos pactados para conjurar esas circunstancias”.

Adicionalmente, indicó que “teniendo en cuenta que en el Otrosí No 001, del 1º de abril
de 2011, celebrado para prorrogar el plazo del contrato, y en la primera acta de suspensión,
previa a la firma del Otrosí No 2, las partes establecieron que estos pactos no
incrementaban el valor del contrato ni generaban desbalance económico para las partes”,
motivo por el cual concluyó que no era procedente analizar las reclamaciones por
desequilibrio económico alegado por el demandante.

En relación con las suspensiones y prórrogas realizadas durante los años 2012,
2013 y 2014, en las cuales no se establecieron salvedades sobre costos mayores,
sostuvo que no era posible “evidenciar que las partes hayan abordado y superado
las reclamaciones de desequilibrio económico planteadas por el contratista; la
voluntad plasmada en estos acuerdos parece circunscribirse a la necesidad de
adoptar medidas para no generar mayores costos a la economía del contrato y llevar
a término su ejecución una vez superadas las dificultades a las que estuvo expuesto
durante su ejecución”.

Finalmente, consideró:

“[L]a Sala considera importante advertir que, el análisis de la posibilidad de
reajuste de las prestaciones de las partes por hechos sobrevinientes, el artículo
868 del Código de Comercio, a la celebración del contrato debe tener como punto
de partida la existencia efectiva de los desbalances económicos o de la excesiva
onerosidad de las prestaciones alegados por el contratista, lo que acuerdo con
las pruebas obrante en el proceso no se verifica en el caso concreto, como lo
afirmó la decisión de primera instancia.

(…)

En relación con la ausencia del reajuste de precios, la Sala observa que se
encuentra demostrado en el proceso que el Contrato de Obra CON 1062 de 2010
fue suspendido y prorrogado en varias ocasiones. Por otra parte, la permanente
devaluación de la moneda, que disminuye en el tiempo el poder adquisitivo del
ingreso, es un hecho notorio. Sin embargo, estas dos circunstancias no prueban
por sí mismas la ocurrencia de un desbalance en las prestaciones adquiridas por
el contratista en la ejecución del referido contrato.

(…)

Como consecuencia de lo expuesto, en el caso concreto resulta inocuo entrar a
analizar las consideraciones expuestas por el Tribunal y contestadas por el
recurrente, sobre el carácter previsible o imprevisible de los problemas de orden
público que se alegaron como causa del desequilibrio económico y sobre la
obligación contractual que tenía el contratista de asumir los costos derivados de
estos acontecimientos a pesar de su carácter imprevisibles. Estos aspectos solo
adquirían relevancia para determinar la procedencia del reequilibrar la economía
del contrato a favor del contratista a la luz del artículo 868 del Código de
Comercio, lo que, se itera, en el presente caso no procede teniendo en cuenta
que las prestaciones del contrato fueron cumplidas y, en todo caso, porque en
este caso no se probaron sobrecostos asumidos por el contratista en la ejecución
del contrato”.

Conforme a lo anterior, la Sala observa que con los argumentos planteados por la
parte accionante se pretende continuar el debate jurídico que se propuso en el
trámite de la demanda de controversias contractuales, esto es, la negativa a la
declaratoria del desequilibrio económico del contrato de obra celebrado para la
construcción de un proyecto de interconexión eléctrica debido al replanteo de la
obra, los inconvenientes de orden público que llevaron a aumentar el plazo de la

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ejecución del contrato sin reajuste de precios y la aplicación del artículo 868 del
Código de Comercio que contempla la revisión de un contrato cuando eventos
extraordinarios e imprevisibles alteran las obligaciones de futuro cumplimiento hasta
hacerlas excesivamente onerosas.

En ese sentido aun cuando la parte actora alega la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, lo cierto es que los mismos
se invocan con el propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos en
la demanda y en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia que denegó la demanda de controversias contractuales y que fue
confirmada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20195, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia
y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”6 (Negrilla de la Sala)
7
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.
Asimismo, se observa que la providencia objetada fue dictada por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito
de la relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto
en este caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una
Alta Corte.

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 2010, expresó lo siguiente:

“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en
la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce
el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de
tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición
de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una
percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una

5
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
6
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
7
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
este caso a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo
debate relacionado con el desequilibrio económico que sufrió al ejecutar el contrato
de obra para la construcción de un proyecto de interconexión eléctrica debido al
replanteo de la obra, las circunstancias extraordinarias e imprevisibles, tales como
la prolongación del plazo de ejecución del contrato, las suspensiones ocasionadas
por los problemas de orden público, la amenaza de los grupos al margen de la ley
y el incremento de costos por mayor permanencia en la obra.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo impugnado proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela, por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 18 de junio de 2026 dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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