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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03556-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03556-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03556-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: ROSA ELENA OBANDO DE SÁNCHEZ Y OTROS
Accionado: SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra sentencia proferida por Alta Corte. Improcedente por no
satisfacer la argumentación requerida para cuestionar decisiones proferidas por el
órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderado judicial, Rosa Elena Obando de Sánchez, Ana Débora
Tamayo Agudelo, Norfandy Sánchez Obando, María Nelly Sánchez Obando, Jhon
Eduar Sánchez Obando, Ruperto de Jesús Sánchez López y Novaldo Enrique
Sánchez Obando presentaron acción de tutela contra la providencia proferida el 17
de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante la cual se confirmó la sentencia de 13 de marzo de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro del radicado del proceso
de reparación directa con número 17001-23-33-000-2017-00783-00.

Antecedentes del proceso judicial ordinario.

2. El 1° de mayo de 2016, falleció Duván Alberto Sánchez Obando, resultado de las
consecuencias de las lesiones que le produjo la caída de un árbol sobre su cuerpo,
en momentos en que se movilizaba en su motocicleta por una vía nacional. El
accidente se produjo en la vía Cauya-La Pintada, en el punto ubicado en el kilómetro
52+550, zona rural del municipio de Supía. La vía era administrada por el Instituto
Nacional de Vías.

3. El 1° de noviembre de 2017 los tutelantes iniciaron demanda de reparación
directa contra el Instituto Nacional de Vías. En primera instancia fue repartida al
Tribunal Administrativo de Caldas. Mediante sentencia del 13 de marzo de 2020, el
juez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, pues no se probó
que la entidad demandada haya sido enterada sobre el mal estado del árbol que se
precipitó sobre la vía o que hubiese permanecido allí por un lapso considerable.

4. Apelada, en providencia de 17 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia, pues no
se demostró la naturaleza jurídica del predio donde se ubica el árbol, ni porque
tampoco se demostró la previsibilidad del daño antijurídico.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Fundamento del escrito de amparo

5. La parte tutelante sostiene que la providencia desconoció que las entidades
encargadas de la infraestructura vial incurren en la falla en el servicio cuando no
identifican, hacen inventarios o evalúan la adecuada gestión de los árboles ubicados
en la zona en la que atraviesa la vía nacional, siendo, en su criterio, riesgos
previsibles y controlables. Sostienen que, la caída del árbol era previsible y exigía
que se realizara un inventario forestal del corredor vial, la identificación del riesgo
asociado a los árboles, y la adopción de medidas preventivas oportunas, por lo que
dicha omisión, en criterio de los tutelantes, genera una falla en el servicio y la
declaratoria de responsabilidad patrimonial.

6. Afirman que la providencia incurrió en las causales de procedencia específicas
de violación directa de la Constitución, concretamente, los artículos 2, 6, 11, 13, 24,
29, 228 y 229 de la norma superior. Adicionalmente indicó que se vulneró el artículo
90 de la Carta que establece la obligación del Estado de responder por los daños
antijurídicos que le sean imputables. Agregó: “El daño causado a los actores, con la
muerte de su ser querido es antijurídico en la medida en que no estaban en la
obligación de soportarlo, quebrantando la igualdad ante las cargas públicas y le era
imputable al Estado, por la omisión en el elaboración del inventario de árboles
dentro del eje vial útil, 15 metros a lado y lado, que le habrían permitido al INVIAS
establecer con anterioridad a los hechos, el escenario de riesgo que representaba
el árbol que finalmente cayó y causó la tragedia, evidenciándose, tanto el daño
antijurídico, como la imputación a la entidad pública demandada”1.

7. Sostiene que el fallo adverso a las pretensiones impidió el acceso a la
administración de justicia, y no se hizo prevalecer el derecho sustancial, verificando
una decisión judicial injusta.

8. Se produjo, además, un desconocimiento del precedente judicial, pues la decisión
atacada no tuvo en cuenta la sentencia del 3 de abril de 2020, dentro del radicado
25000-23-26-000-2002-00211-01 (44428), en el cual, en su criterio, resolvió de
manera diferente un asunto fácticamente igual. Indicó que, la sentencia atacada
desconoció varias reglas referidas a la imputación de la responsabilidad del INVIAS.
Aseveró que desde el punto de vista fáctico el árbol que causó el daño estaba
ubicado dentro de la zona del terreno aledaño, 15 metros al lado y lado del eje de
la misma. Insistió:

“En esta segunda subregla, debía estudiarse y revisarse el presente asunto, y
aunque que la misma subregla fue citada bajo el numeral 23 de la sentencia
objeto de reproche constitucional, la misma no fue aplicada, aunque se
presentara la hipótesis de la regla fáctica inicial, relativa al lugar donde se
encontraba ubicada el árbol causante del daño, se repite, 15 metros del eje vial,
zona útil de la vía.

En nuestro caso, el árbol causante del daño se encontraba en al margen de la
vía, bajo la competencia del INVÍAS, por las dimensiones advertidas, con la
potencialidad de causar el daño y adicionalmente, porque el INVÍAS conocía de
existían árboles que representar un obstáculo para el flujo seguro de vehículos,
por ello, solicitó a su contratista, en cargado de la administración vial, la

1 Folio 16 del escrito de la tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

realización de un inventario de los mismos, pero dicha labor no se realizó,
incumplimiento que generó la responsabilidad patrimonial imputada.”

9. Añadió que la muerte del señor Sánchez Obando “es prueba irrefutable que el
árbol tenía la potencialidad de causar daño a los transeúntes, por su altura, la
pérdida de verticalidad, el grado de inclinación y su mal estado fitosanitario”2.

10. Adicionó un defecto fáctico pues se produjo una equivocada valoración del
dictamen pericial contenido dentro del proceso contencioso administrativo. La
providencia cuestionada descartó el dictamen pericial, pues la experta indicó que
era necesario practicar pruebas de laboratorio para determinar la enfermedad del
árbol. En criterio de los tutelante descartar el dictamen pericial fue un error pues el
mismo es preciso en interconectar la enfermedad de chancro o necrosis con los
restos arbóreos del tronco, identificado los signos externos compatibles con dicha
patología, lo cual permitía inferir razonablemente el debilitamiento progresivo del
árbol. Manifestó que la supuesta contradicción alegada por la Sala no desvirtúa la
validez del dictamen, pues dicha mención no recae sobre la conclusión del mismo,
esto es, la existencia de una patología que comprometía la estabilidad del árbol,
adicional a que se encontraba en un terreno inestable, sino sobre un aspecto
metodológico relativo al grado de precisión del diagnóstico.

11. Indicó que se produjo un segundo defecto fáctico por omisión de la valoración
de la prueba documental, pues la providencia no consideró el contenido de un oficio
de 12 de octubre de 2016, expedido por la subdirectora del medio ambiente del
Instituto Nacional de Vías, en la que se indicó que, tiene la obligación de velar por
la conservación de los elementos que hacen parte de la estructura vial. Señaló que,
conforme la respuesta del derecho de petición suscrita por el INVIAS indicó que, los
árboles hacen parte de la conservación de los elementos estructurantes de la vía,
debiendo adelantar labores de rocería de revegetación (gramíneas), aledañas a la
misma, en casos puntuales adelanta actividades de poda de árboles que no
sobrepasen tres (3) metros de alturas y que obstaculicen la señalización de la vía.

12. Mencionó un tercer defecto fáctico por error en la indebida valoración de la
prueba, pues se desconoció el contenido de la prueba documental, concretamente,
el testimonio del ingeniero Julio Enrique Guevara Jaramillo y Julián Andrés Giraldo
Galvis referido a la función del INVIAS respecto al mantenimiento de los árboles
aledaños a la vía y manejo de aquellos que presentaban un riesgo. Sostuvo la parte
tutelante: “ambos testigos en forma alineada y parcializada, afirman que al INVÍAS
no le corresponde realizar un inventario de los árboles aledaños a la vía y si bien,
admiten que tiene funciones de limpieza, rocería y hasta de tala de árboles, sin
embargo, en este último caso, reiteran que sería con la participación del propietario
del predio aledaño a la vía, empero, la verdad sale a luz pública, cuando admiten
que su competencia iría hasta las franjas de retiro, ubicadas a 30 metros a cada
lado del eje vía, aunque la norma alude a 30 metros, vale decir, 15 metros a cada
lado del eje vial,18 hasta encontrar un cerco; que en caso de encontrar un árbol que
haya perdido la verticalidad o que su tronco se éste pudriendo, intervendría dentro
de un plan de contingencia de riesgos”3.

2 Folio 26 del escrito de amparo.
3 Folio 49 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

13. Finalmente se produjo un defecto sustantivo por la imposición de costas, pues
en su criterio, el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, las costas se imponen cuando
la demanda carece manifiestamente de fundamento legal, situación que en su caso
no se presentó. Insistió que una lectura sistemática del artículo 188 del CPACA,
luego de la reforma de la Ley 2080 de 2021, permite concluir que el legislador no
adoptó un régimen objetivo y automático de costas para todos los procesos
contencioso administrativos. El propósito de la reforma fue, según se desprende de
los antecedentes legislativos, incentivar la eficiencia procesal y desestimular
demandas manifiestamente infundadas, especialmente en asuntos de interés
público. Para que proceda la condena en costas —incluso bajo el régimen post-
reforma— resulta imprescindible que la actuación de la parte vencida carezca de
sustento jurídico serio o que su conducta procesal haya sido temeraria o de mala
fe.

14. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales de la parte actora, y se deje
sin efecto la sentencia de 17 de octubre de 2025, dentro del radicado
17001233300020170078301 (66177), debiéndose emitir un nuevo pronunciamiento
judicial que examine la situación conforme las pautas constitucionales y legales
aplicables, y se disponga el análisis del criterio para definir la condena en costas.

Trámite del recurso de amparo

15. Mediante auto del 12 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado y vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Caldas,
al Instituto Nacional de Vías, al municipio de Supía y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, Decretó una prueba de oficio, entre otras decisiones.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas de
14 de mayo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 4.

16. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente el amparo por ausencia de relevancia constitucional, al
considerar que los accionantes pretendían reabrir el debate jurídico y probatorio
resuelto dentro del proceso de reparación directa. El escrito de amparo reitera los
mismos argumentos presentados en el recurso de apelación. Indicó que no incurrió
en los defectos alegados pues se valoraron los medios de conocimiento contenidos
en el expediente. Asimismo, indicó que se respetó el precedente judicial, y la
decisión atacada no es arbitraria o caprichosa que justifique la intervención del juez
constitucional.

17. El Tribunal Administrativo de Caldas remitió el enlace del expediente de
reparación directa y guardó silencio respecto del objeto de la acción de tutela. El
Instituto Nacional de Vías indicó que no se presentaron ninguno de los defectos
alegados por la parte tutelante y en esa medida se debe despachar negativamente
las peticiones del amparo.

4 Índice samai 8.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

18. El municipio de Supía (Caldas) indicó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, pues no profirió la sentencia atacada, por ello solicitó su desvinculación
del trámite.

Sentencia de primera instancia

19. En sentencia de 2 de julio de 2026, la Sección Cuarta de la Corporación negó la
desvinculación presentada por el municipio de Supía, departamento de Caldas, y
declaró improcedente el amparo presentado por la parte actora. Concluyó que, la
acción de tutela carece de relevancia constitucional, pues el actor pretende reabrir
un debate probatorio y jurídico que ya fue examinado y resuelto por la autoridad
judicial competente. En efecto, no se evidencia un problema de naturaleza
iusfundamental, sino una inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural,
es decir, que la demanda se impetró con el propósito de obtener una nueva
valoración de las pruebas y una decisión distinta, finalidad que resulta incompatible
con la naturaleza excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
pues la misma no está concebida como una tercera instancia.

20. Adicionalmente determinó que, el actor omitió cuestionar en esta sede
constitucional uno de los pilares de la providencia censurada, consistente en que no
se demostró la titularidad pública del predio donde se encontraba el árbol que
ocasionó el daño. Tal circunstancia resulta suficiente para concluir que la
controversia planteada también carece de relevancia constitucional, pues los
reparos formulados deben recaer sobre las razones determinantes del fallo, esto es,
sobre su ratio decidendi, de manera que un eventual pronunciamiento del juez
constitucional tenga la aptitud de incidir en el sentido de la decisión cuestionada.

21. Respecto del defecto sustantivo por la condena en costas, la Sala precisó que
ese aspecto de la sentencia de primera instancia de reparación directa no fue objeto
de cuestionamiento en el recurso de apelación. En consecuencia, la acción de tutela
no podía utilizarse como un mecanismo para introducir argumentos que la parte
omitió plantear ante el juez natural ni para ampliar el objeto del debate surtido en el
proceso ordinario.

Impugnación5

22. El apoderado de la parte actora impugnó la providencia, pues estima que, la
acción de tutela no busca reabrir una discusión procesal resuelta en las dos
instancias del proceso de reparación directa, sino “remediar a través del medio
excepcional de la acción de tutela las violaciones flagrantes y ostensibles a los
derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), el acceso a la
administración de justicia (Art. 229 C.P.), al derecho a la igualdad de los ciudadanos
ante la ley (Art. 13 C.P.) y el propio derecho a la vida (Art. 1, 11), que constituye el
pilar y la función esencial del Estado de Derecho en los términos del artículo 1 y 2
de la Carta”.

23. Agregó que, tampoco se trata de una controversia de índole legal o económica,
en relación con la acción resarcitoria que subyace a la presente acción

5 Índice samai 26.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

constitucional, sino en la búsqueda de las garantías que el orden constitucional
prevé para el régimen de responsabilidad del Estado, en su artículo 90, estando de
por medio la eficacia de lo allí plasmado, pues lo predicado en la sentencia
contenciosa no es otra cosa que la irresponsabilidad del Estado a pesar de la larga
evolución jurisprudencial en la materia desde sus orígenes en los fallos blanco
(1873) y cadot (1889), del Consejo de Estado Francés y en nuestra patria, con la
pacífica, abundante, novedosa y prestigiosa jurisprudencia por parte del Honorable
Consejo de Estado, durante un esfuerzo institucional por espacio superior a 200
años.

24. Insistió en el reproche a la condena en costas, dado que se convierte en un
“nefasto precedente, que sería una pérdida económica para quien no resulte
favorecido con la decisión de la administración de justicia, incumplimiento lo
prescrito en la constitución”.

25. Reiteró algunos de los argumentos contenidos en el escrito de amparo,
concretamente sobre la altura del árbol, el diámetro e indicó que, el árbol causante
del daño estaba enfermó, así, lo determinó el peritaje, estudio técnico que además,
estableció el riesgo de alto volcamiento por la existencia del chancro, la pendiente
y más de 40% y los cambios climáticos, lo que determinaba que el volcamiento del
árbol era previsible, más aún, cuando la obligación de realizar un inventario de
árboles estaba en cabeza de la dirección territorial de Caldas del Invias, obligación
que fue impuesta en el contrato de administración vial No. 1948 de 2014 que se
encontraba vigente hasta el 30 de junio de 2016.

CONSIDERACIONES

Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

27. Inicialmente, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela satisface
los requisitos generales de procedencia exigibles cuando se cuestiona una
providencia proferida por una Alta Corte y, particularmente, si los reproches
formulados por la parte actora plantean una cuestión de verdadera relevancia
constitucional que justifique la intervención excepcional del juez de tutela frente a la
sentencia del 17 de octubre de 2025.

28. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre la procedencia de la acción de tutela para cuestionar
providencias judiciales proferidas por una Alta Corte.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

Causales genéricas de procedencia de tutela contra sentencia

29. En precedente de unificación de la Corte Constitucional6 ha señalado que, una
acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una Alta Corte debe
cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en un
análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos generales
y específicos de procedencia. Al respecto la Corte ha señalado que en estos
eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente incompatible con
el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido desarrollados por la
Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal entidad que es
necesaria la intervención del juez constitucional”7. Por lo tanto:

“ (…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”

30. En el mismo punto, la T-495 de 2024 precisó que, no se trata de un elemento
adicional de análisis, sino de una carga consistente que impone al juez
constitucional “(…) analizar tanto los requisitos genéricos de procedencia –
especialmente importantes para valorar la relevancia constitucional del caso”– como
los defectos específicos que se alegan. Por lo anterior, el actor debe mostrar que la
decisión judicial es “definitivamente incompatible con el alcance y límite de los
derechos fundamentales que han sido desarrollados por la Corte”8.

31. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela de constitucionalidad o de nulidad por
inconstitucionalidad9.

32. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte10 ha indicado que
existen peticiones de amparo que por su contenido, justificación y pretensiones
carecen de relevancia. Esto se predica de aquellas peticiones de amparo que, en
lugar de cuestionar la validez de la decisión judicial, utilizan el medio constitucional
para plantear diferencias respecto a un específico contenido de un fallo o
interpretaciones alternativas al material probatorio, pero en realidad no muestran
que la decisión adolezca de un requisito esencial para su validez. Se afirma que en
esos eventos acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

6 Cfr. SU-128 de 2021, T-495 de 2024, SU -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017, SU-050

de 2018, y SU-167 de 2024.
7 Cfr. SU-209 de 2021.
8 T-495 de 2024.
9 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre

otras.
10 SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

33. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”. La SU-128 de 2021 precisó que, no
es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al
debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. A título de ejemplo se ha indicado que, un asunto carece
de relevancia constitucional cuando: “la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o
aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente
violaciones de derechos fundamentales”.

34. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

Análisis del caso concreto

35. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

36. En el caso concreto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional. En efecto,
a juicio de ese juez colegiado, el contenido del escrito de amparo no satisface la
mencionada exigencia concretamente respecto de un ataque constitucional contra
una providencia proferida por una Alta Corte. En primer lugar, la Sala parte de la
premisa que una acción de tutela dirigida contra una sentencia proferida por un
órgano de cierre exige que el demandante demuestre que la providencia atacada
incurrió en una arbitrariedad protuberante y manifiesta, diferente a la acción de
tutela dirigida contra una providencia proferida, por ejemplo, por un Tribunal
Administrativo. La jurisprudencia constitucional ha indicado que, la acción de tutela
dirigida contra una alta corte debe ser examinada de manera más rigurosa y
exigente que otras acciones de tutela contra providencias proferidas por órganos
judiciales con competencia de instancia y sin facultades de unificación.

37. Como se indicó eso se debe a que, los órganos judiciales de cierre tienen
competencias de unificación motivo por el cual, un ataque constitucional exige que
el tutelante muestre, en punto del examen de la procedencia formal de la acción de
tutela, una arbitrariedad protuberante.

38. En el caso bajo estudio, la parte actora formuló un defecto por violación directa
de la constitución, uno por desconocimiento del precedente, tres defectos fácticos y
un defecto sustantivo. Respecto a cada uno de ellos se verifica que no se tratan de
defectos que agredan la validez de la providencia atacada, sino que se trata de
razones en las que la parte demandante muestra una diferencia de criterio con el

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Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

fallo que fue adverso a las pretensiones del tutelante. Los cuestionamientos
relacionados con la imputación del daño, la previsibilidad del riesgo, el precedente
y la valoración de las pruebas reproducen, en lo sustancial, los reparos formulados
en el proceso ordinario. Distinta es la censura relativa a las costas, que no fue
planteada en el recurso de apelación y será examinada separadamente

39. En relación con el defecto de violación directa de la constitución, a juicio de esta
Sala, se trata de un reparo genérico y vago, que afirma que, en atención a que la
providencia atacada negó las pretensiones de la demanda, consecuencia de ello se
vulneran varias normas constitucionales. Sin embargo, esta tesis resulta insuficiente
para cuestionar una decisión de una alta corte. Se trata de una diferencia de criterio
con una providencia que fue adversa a las pretensiones de reparación, pero no
muestra de manera concreta una contradicción entre la sentencia atacada y los
mandatos constitucionales. Se trata de un reparo que manifiesta una diferencia
valorativa con la decisión que negó las súplicas, pero no muestra un verdadero
defecto constitucional.

40. Respecto al defecto por desconocimiento del precedente, la parte actora reitera
las mismas razones que fueron expresadas en el recurso de apelación respecto de
que el daño antijurídico era atribuible por falla en el servicio a la entidad pública
demandada, es decir, el Instituto Nacional de Vías. El apoderado de la parte actora
presenta el mismo argumento que fue examinado dentro del proceso ordinario en
sede de dos instancias por el juez natural. En el caso del precedente que estima
ignorada, en el escrito de amparo no precisa la identidad fáctica que relacionan el
precedente invocado y los hechos que motivaron la demanda en el caso concreto.
Se limita a indicar que la Subsección B de la Sección Tercera debía atender a dicha
decisión judicial de 3 de abril de 2020, dentro del radicado 25000-23-26-000-2002-
00211-01 (44428). La generalidad y la abstracción del reproche de la parte actora
es la reiteración de las razones que fueron estudiados en el proceso de reparación,
ello resulta más evidente si se tiene en cuenta que, se invoca la providencia
supuestamente desconocida, para insistir en un aspecto discutido ampliamente en
el proceso ordinario referido a la imputación del daño antijurídico a la entidad pública
demandada.

41. Respecto a los múltiples defectos fácticos, la Sala también verifica que se trata
de razones que buscan que el juez constitucional vuelva y examine el material
probatorio contenido en el expediente de reparación directa, buscando una tercera
instancia al proceso judicial ordinario. Se trata de razones que tienen como objetivo
reabrir una discusión probatoria examinada en dos instancias, y en las que se
examinaron los testimonios, el dictamen pericial, y la prueba documental respecto
de la imputación del daño antijurídico a título de falla en el servicio. Se trata
entonces, de argumentos propios de un recurso judicial ordinario que muestra
supuestos errores de corrección de una providencia, más no un defecto que afecte,
desde una perspectiva constitucional, la validez de la sentencia atacada.

42. Se insiste en que la acción de tutela contra providencia, especialmente si se
trata de una acción de amparo contra una sentencia proferida por una Alta Corte,
exige que el tutelante muestre un defecto de validez constitucional, más no una
diferencia de criterio que cuestione la corrección de la decisión. Como lo indica la

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

jurisprudencia constitucional11: “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”. Más adelante
indica:

“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”

43. Los defectos alegados por la parte actora, si bien se enuncian como reproches
constitucionales, a juicio de esta Sala se trata, en realidad de las mismas
disconformidades de la parte actora con la sentencia de reparación directa de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, y que fueron
vertidos en recurso de apelación. En el escrito de amparo se presentan las mismas
razones de discrepancia de criterio con los fallos que le fueron adversos en dos
instancias. En esa medida, los supuestos defectos fácticos, a juicio de esta Sala,
son diferencias en la interpretación de los medios de prueba. El escrito de amparo
no muestra que se trata de una valoración irracional o arbitraria, por el contrario, se
encuentra dentro del margen de la autonomía judicial.

44. A lo anterior se suma que la argumentación constitucional no controvierte de
manera suficiente otro fundamento autónomo de la providencia cuestionada. La
Subsección B no descartó la responsabilidad del Invías exclusivamente por falta de
prueba sobre la previsibilidad del riesgo, sino también porque no se acreditó la
naturaleza jurídica del predio en el que se encontraba ubicado el árbol y, por
consiguiente, no se demostró que correspondiera a una zona de terreno cuya
vigilancia y mantenimiento fueran imputables a esa entidad. La tutela concentra sus
reparos en la condición fitosanitaria del árbol, las obligaciones de inventario y
mantenimiento y la previsibilidad de su caída, pero no demuestra de qué manera
aquel fundamento adicional resulta constitucionalmente arbitrario. Por ello, los
cargos formulados tampoco tienen aptitud suficiente para desvirtuar integralmente
la ratio decidendi de la sentencia cuestionada.

45. Por último, respecto al defecto sustantivo por la aplicación de la norma procesal
relacionada a las costas se trata de una discusión de índole legal, referida a la
hermenéutica de una norma infraconstitucional contenida en la ley 1437 de 2011.
En el caso concreto, no se presenta un reparo que permita desarrollar directamente
una norma constitucional, sino que presenta una discrepancia de criterio de un
asunto de carácter legal referido a la condena en costas dentro del proceso. En este
punto debe recordarse que en la sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional
indicó que la condena en costas reviste relevancia constitucional en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, situación que no se presenta en el caso
concreto, pues se trata de un accidente producido por la caída de un árbol. Además,
ese cuestionamiento no fue planteado en el recurso de apelación contra la sentencia
del Tribunal Administrativo de Caldas, por lo que la tutela no puede emplearse para

11 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03556-01
Accionante: Rosa Elena Obando de Sánchez y otros
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela

introducir un argumento que no fue oportunamente sometido al juez natural., lo que
afecta su relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de julio de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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