Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03558-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03558-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03558-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03558-01
Demandante: Alexandra Zapata Montoya
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho contra actos de convalidación de título académico /
Defecto fáctico
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Alexandra Zapata Montoya en contra
de la providencia proferida el 4 de junio de 2026, por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A mediante la cual negó el amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Alexandra Zapata Montoya promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de las providencias proferidas el 12 de diciembre
de 2022 y el 20 de marzo de 2026 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 76001-33-33-011-2019- 00097-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En el año 2016, solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional la convalidación
del título de máster en Asistencia Integral en Urgencias y Emergencias, obtenido en
la Universidad Autónoma de Barcelona, España.
1 Ver índice 002 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAALEXANDRAZAPAT(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Alexandra Zapata Montoya
2.2. La anterior petición le fue negada mediante las resoluciones 3411 del 12 de julio
de 2017, 4060 del 2 de marzo y 16222 del 27 de septiembre de 2018, bajo los
argumentos de que el programa cursado carecía de trabajo de grado y no resultaba
equivalente a ningún programa de maestría ofrecido en Colombia.
2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con la
finalidad de cuestionar la legalidad de citadas resoluciones.
2.4. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali en providencia del 12
de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
demandada aplicó correctamente la Ley 1753 de 2015 y la Resolución 6950 de 2015,
por lo que la convalidación del título propio no oficial, expedido antes de la vigencia
de dicha normatividad y correspondiente al área de la salud, estaba sujeta a los
requisitos legales y a la evaluación académica del Comisión Nacional Intersectorial
para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Comisión Nacional
Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior2.
2.5. En ese sentido, no advirtió irregularidad en el concepto desfavorable, pues la
equivalencia con una maestría exigía verificar las condiciones previstas en la Ley 30
de 1992, entre ellas, la realización de un trabajo de grado, lo cual no acreditó. En
contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.
2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, en
sentencia del 20 de marzo de 2026, confirmó la decisión del a quo al considerar que
la evaluación académica realizada por la CONACES determinó que el programa
cursado no era equivalente a una maestría ofrecida en Colombia, particularmente,
por no acreditar un componente investigativo materializado en trabajo de grado,
exigencia propia de este nivel de formación conforme a la Ley 30 de 1992.
2.7. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
por cuanto ignoraron que, dentro del proceso judicial se aportó en un CD que contenía
un video oficial publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Educación
Nacional, en el cual la coordinadora del grupo de convalidaciones de dicha entidad
explicó los criterios aplicables a la convalidación de títulos de maestría bajo la
Resolución 6950 del 15 de mayo de 2015 (aplicable para ese momento).
2.8. En el cual indicó que: i) no todo máster o posgrado exige trabajo de grado o tesis
para su convalidación, pues basta con que el solicitante explique la modalidad bajo
la cual obtuvo su título, y ii) cuando no existe equivalencia exacta del título extranjero
en Colombia, se debe convalidar con la misma equivalencia otorgada por la
institución de educación superior extranjera, por no estar la maestría sujeta a las
restricciones de oferta académica del SNIES que sí aplican en el pregrado.
2
En adelante CONACES.
2
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Demandante: Alexandra Zapata Montoya
2.9. Dicha prueba, pese a haber sido mencionada en la sentencia de primera instancia,
no fue valorada ni individual ni conjuntamente en las consideraciones de dicha
decisión; y en la de segunda instancia ni siquiera fue mencionada, a pesar de su
insistencia para que fuese tenida en cuenta al momento de decidir.
2.10. De haberse valorado dicha prueba se habría evidenciado que las autoridades
demandadas analizaron el caso como si se tratara de una homologación de títulos y
no de una convalidación, conceptos que según lo explicado en el video obedecen a
reglas distintas, lo cual habría llevado a desestimar los motivos por los cuales el
Ministerio de Educación Nacional negó la convalidación del título.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] La nulidad de la Sentencia No. 112 del 12 de diciembre de 2022 emitida por el
Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Cali y la Sentencia No. 084 del 20 de
marzo de 2026 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Tercera
de Decisión por lo expuesto en la parte motiva de la presente acción.
2. Como consecuencia de lo anterior, se les ordene a los accionados valorar la prueba
que fue aportada al proceso dentro de un CD (Disco Compacto) en formato de video para
decidir sobre los hechos materia del litigio dentro del proceso de radicado No. 76001-33-
33-011-2019-00097-00 […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Ministerio de Educación Nacional3 solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados y por cuanto no satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que
el asunto corresponde a una controversia de naturaleza económica y de mera
legalidad que involucra intereses privados y no compromete el patrimonio público, sin
que se demostrara que las garantías fundamentales invocadas afecten gravemente
la existencia o supervivencia de la demandante ni el acceso a la administración de
justicia.
5. El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Cali4 y el Tribunal
Administrativo del Valle de Cauca5 si bien allegaron copia del expediente digital,
guardaron silencio frente a la petición de amparo.
3 Ver índice 13 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«18RECIBEMEMORIAL_2026EE178457Comunica(.pdf) NroActua 13».
4 Ver índice 14 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«21RECIBEPRUEBAS_OneDrive_1_1952026zi(.zip) NroActua 14».
5 Ver índice 12 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«14RECIBEPRUEBAS_Memorial_76001333301120190009(.zip) NroActua 12».
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Demandante: Alexandra Zapata Montoya
1.3. Sentencia de primera instancia6
6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 4 de junio
de 2026 negó el amparo solicitado al concluir que no se configuró el defecto fáctico
invocado, pues el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí valoró el CD aportado
por la demandante y examinó expresamente el video institucional relacionado con la
aplicación de la Resolución 6950 de 2015. Explicó que dicho material tenía un
carácter meramente informativo o pedagógico, carecía de fuerza normativa y, por
tanto, no era suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos ni la
evaluación académica realizada por la CONACES dentro del trámite de
convalidación.
7. En ese contexto, el defecto fáctico por omisión probatoria solo se configura cuando
el juez deja de apreciar una prueba relevante y decisiva, supuesto que no ocurrió en
el caso, ya que el tribunal analizó el video y le otorgó un alcance probatorio específico,
en consecuencia, la inconformidad de la demandante se limitó a cuestionar la
valoración efectuada por el juez natural, lo que no constituye una causal para
descalificar la validez constitucional de la providencia ni evidencia la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.
1.4. Escrito de impugnación7
8. Alexandra Zapata Montoya impugnó la decisión del a quo, para lo cual indicó que
la sentencia incurrió en una indebida valoración del defecto fáctico, al confundir la
simple mención del video aportado en CD con su valoración probatoria, pues el
tribunal se limitó a señalar que el video era un instrumento meramente informativo o
pedagógico y que carecía de fuerza normativa, sin analizarlo como prueba de la
interpretación oficial y de la práctica administrativa del Ministerio de Educación
Nacional frente a la aplicación de la Resolución 6950 de 2015.
9. Máxime, cuando dicho medio acreditó que la entidad convalidó títulos de maestría
sin exigir trabajo de grado o tesis, por lo que desestimar su contenido únicamente por
su falta de fuerza normativa configuró un defecto fáctico por valoración arbitraria.
10. También se vulneraron los principios de igualdad y confianza legítima, al señalar
que la propia coordinadora del Grupo de Convalidaciones del Ministerio de Educación
reconoció que la entidad verificaba las modalidades de grado de los títulos
extranjeros porque no todos los programas de maestría culminaban con una tesis,
así, exigirle identificar otros casos concretos de convalidación constituyó una carga
desproporcionada.
6 Ver índice 18 de Samai en primera instancia. Actuación denominada
«26Sentencia_INTERLOCUT_00611001031500020260(.pdf) NroActua 18».
7 Ver índice 22 de Samai en primera instancia. Archivo denominado « 28_MemorialWeb_Recurso-
IMPUGNACIONALEXANDR(.pdf) NroActua 22».
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Demandante: Alexandra Zapata Montoya
11. El fallo impugnado respaldó la postura según la cual el Ministerio de Educación
ejerció la facultad de evaluar la equivalencia académica con fundamento en el artículo
12 de la Ley 30 de 1992, pese a que la Resolución 6950 de 2015, vigente al momento
de la solicitud, no exigía la tesis como requisito para la convalidación de maestrías
extranjeras, en consecuencia, se incurrió en un defecto sustantivo al privilegiar la
aplicación de la Ley 30 de 1992 sobre la norma especial y desconocer el principio pro
homine.
12. Asimismo, la sentencia objeto de impugnación otorgó un alcance absoluto al
concepto técnico de la CONACES, al avalar una evaluación basada en la ausencia
de una tesis y omitir el análisis del contenido programático, la carga horaria, los
créditos académicos y la idoneidad del plan de estudios. La autonomía judicial no
podía justificar una decisión que desconoció la primacía del derecho sustancial sobre
las formalidades.
2. Consideraciones
13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 9, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema11. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Alexandra Zapata Montoya
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo12, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 14, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
21. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales de Alexandra
Zapata Montoya con ocasión de la sentencia del 20 de marzo de 2026, mediante la
cual, confirmó la decisión negativa de la convalidación de su título de máster, con la
que incurrió, presuntamente, en el defecto fáctico?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
22. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
23. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 16, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
24. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»17, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»18. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»19.
25. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.
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2.4.4. Sobre el caso concreto
26. Alexandra Zapata Montoya acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia
proferida el 20 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Tercera de Decisión, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 76001-3333-011-2019-00097/01, mediante
la cual confirmó la decisión del a quo, que negó las pretensiones dirigidas a obtener
la nulidad de los actos administrativos que negaron la convalidación del título de
Máster en Asistencia Integral de Urgencias y Emergencias, otorgado el 11 de octubre
de 2010 por la Universidad Autónoma de Barcelona.
26.1. Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que se
incurrió en defecto fáctico, al omitir valorar adecuadamente el CD aportado con la
demanda, el cual contenía un video institucional en el que la coordinadora del Grupo
de Convalidaciones del Ministerio de Educación Nacional explicó la aplicación de la
Resolución 6950 de 2015 y manifestó que la entidad convalidó títulos de maestría sin
exigir trabajo de grado o tesis.
27. Paramayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis probatorio
efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para concluir que los
actos administrativos demandados mediante los cuales no se convalidó el título a la
demandante, se encontraban ajustados a derecho, así:
«[…] Durante el trámite administrativo, el Ministerio de Educación Nacional verificó el
cumplimiento de los requisitos documentales exigidos por la Resolución 6950 de 2015
y remitió la documentación a la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior –CONACES–, para efectos de la
correspondiente evaluación académica. Así consta en la Resolución No. 13411
demandada.
[…]
Según lo expuesto en dichos actos administrativos, la negativa de convalidación se
sustentó en la conclusión de la CONACES según la cual el programa cursado por la
demandante no era equivalente a una maestría ofrecida en Colombia, principalmente
porque el programa no exigía la realización de un trabajo de investigación o tesis,
requisito que caracteriza los programas de maestría dentro del sistema de educación
superior colombiano.
Así las cosas, se observa que, si bien el título cuya convalidación se pretende fue
otorgado en el año 2010, la solicitud de convalidación fue presentada ante la
administración en el año 2016, razón por la cual el trámite debía adelantarse conforme
a las disposiciones vigentes para ese momento.
En consecuencia, el procedimiento administrativo se encontraba regulado
principalmente por la Ley 30 de 1992, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 6950
de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, norma que establecían el trámite y los
requisitos para la convalidación de títulos de educación superior obtenidos en el
exterior. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el parágrafo 1 del artículo 62 de la
Ley 1753 de 2015 introdujo restricciones frente a la convalidación de títulos propios o
no oficiales otorgados en el exterior, estableciendo que dichos títulos no podrán
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convalidarse cuando hayan sido expedidos con posterioridad a la entrada en vigencia
de dicha disposición.
[…]
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la decisión adoptada por el
Ministerio de Educación Nacional se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico.
En efecto, dentro del trámite de convalidación adelantado conforme a la Ley 30 de
1992, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 6950 de 2015, la administración realizó
la evaluación académica del programa cursado en el exterior con el apoyo de la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior –CONACES–, instancia técnica que determinó que dicho programa no era
equivalente a una maestría ofrecida en Colombia, principalmente por no acreditar un
componente investigativo materializado en trabajo de investigación, rasgo estructural
de este nivel de formación conforme al artículo 12 de la Ley 30 de 1992. En
consecuencia, no se advierte que la administración haya exigido un requisito adicional
no previsto en la normativa aplicable, sino que ejerció la facultad de verificar la
equivalencia académica del título sometido a convalidación.
Esta conclusión no se desvirtúa por el argumento de la demandante según el cual el
Ministerio de Educación Nacional habría desconocido el contenido de un video
institucional en el que se explicaba la aplicación de la Resolución 6950 de 2015 y en el
que, según afirma, se indicaba que no todos los programas de maestría culminan con
trabajo de grado. En efecto, dicho material corresponde a un instrumento de carácter
meramente informativo o pedagógico, que no constituye una fuente normativa ni puede
modificar el contenido de las disposiciones jurídicas que regulan el procedimiento de
convalidación de títulos extranjeros. En consecuencia, carece de la entidad suficiente
para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados o alterar el
análisis académico realizado dentro del trámite de convalidación […]» [sic].
28. A juicio de esta Sala, contrario a lo sostenido por la demandante, la autoridad
judicial demandada sí examinó y valoró el video cuya omisión se le atribuye, pues en
la sentencia cuestionada explicó que dicho material carecía de aptitud para desvirtuar
la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, por cuanto
correspondía a un contenido de carácter informativo o pedagógico, desprovisto de
fuerza normativa y de efectos jurídicos vinculantes.
29. En ese contexto, el tribunal no se limitó a hacer una referencia formal al medio de
convicción, sino que analizó su contenido y alcance probatorio para concluir que
constituía una guía dirigida a los usuarios del trámite de convalidación de títulos,
insuficiente para modificar, complementar o sustituir las exigencias previstas en el
artículo 12 de la Ley 30 de 1992 y en la Resolución 6950 de 2015, caso distinto es
que dicho análisis no hubiese sido favorable para sus intereses.
30. En consecuencia, no puede afirmarse que la prueba hubiera sido ignorada o
excluida del análisis judicial, ya que lo que realmente cuestiona la demandante es el
mérito probatorio que el juez natural le otorgó; así las cosas, no le asiste razón
cuando afirma que el tribunal confundió la ausencia de fuerza del video con su
eficacia probatoria, toda vez que la providencia censurada examinó su contenido y
concluyó que este no demostró la existencia de una práctica administrativa con
aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados.
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31. Bajo ese entendido, la Sala advierte que, no se configuró el defecto fáctico
invocado, toda vez que no se demostró que el tribunal hubiera omitido apreciar una
prueba determinante ni que hubiera efectuado una valoración ostensiblemente
arbitraria o irrazonable; por el contrario, se evidencia únicamente la inconformidad de
la demandante con la conclusión alcanzada en el proceso ordinario, esta
discrepancia resulta ajena al ámbito de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, pues el defecto fáctico exige acreditar una omisión trascendente en la
apreciación del acervo probatorio o una valoración manifiestamente arbitraria,
circunstancias que no concurren en este asunto.
32. Vale precisar que considerar procedente que el juez constitucional reexamine el
mérito de las pruebas cada vez que una de las partes disienta de su valoración
implicaría desnaturalizar este mecanismo excepcional y convertirlo en una instancia
adicional para revisar la actividad probatoria desarrollada por el juez natural.
33. Ahora bien, en este punto, se aclara que si bien en el escrito de impugnación
también refirió que se incurrió en defecto sustantivo, lo cierto es que este reparo no
fue planteado en el escrito inicial de tutela, por tanto, su estudio en esta instancia no
resulta procedente, comoquiera que ello afectaría el derecho de defensa y
contradicción de la demandada, que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre dicho
cargo durante el trámite de primera instancia, en consecuencia, la Sala se abstendrá
de emitir pronunciamiento al respecto.
34. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
35. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
36. En este orden de ideas, las inconformidades planteadas por la demandante
quedaron desvirtuadas, por lo cual, la Sala confirmará la decisión del a quo que negó
el amparo de los derechos fundamentales de Alexandra Zapata Montoya en la
solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Tercera de Decisión y otro.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03558-01
Demandante: Alexandra Zapata Montoya
37. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de junio de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por Alexandra Zapata Montoya en la solicitud de tutela
presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DMOR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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