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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03559-00

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03559-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03559-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Jhon James Pulgarín Restrepo,
en contra de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Chocó, en el proceso de pérdida de investidura identificado con el radicado núm.
27001 23 33 000 2025 00139 00.

1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Jhon James Pulgarín Restrepo, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

• Tutelar el derecho a elegir y ser elegido y debido proceso, vulnerado por el H.
Tribunal Contencioso administrativo del Chocó y en consecuencia:
• Ordene dejar sin efecto la sentencia 058 emitida por el MG. Larry Cuesta
Palacios
• Ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, emitir una sentencia
valorando que la ejecución de la pena principal y accesoria fueron objeto de
suspensión condicional de conformidad con el art. 63 del código penal.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante señaló que el señor Wilfredy Bolívar Ramírez solicitó la declaratoria de
pérdida de su investidura como concejal del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó),
al considerar que incurrió en la causal de violación del régimen de inhabilidades al haber
sido condenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Carmen de Atrato, mediante
sentencia del 11 de octubre de 2024, a una pena de dieciséis (16) meses de prisión por
el delito de lesiones personales y a una sanción accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Manifestó que el proceso de pérdida de investidura fue asignado al Tribunal
Administrativo del Chocó y que, al contestar la demanda, alegó que, aunque se impuso
una pena privativa de la libertad y una sanción de inhabilitación, ambas fueron objeto del

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03559 00.

1

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, conforme al
artículo 63 de la Ley 599 de 2000.

Adicionalmente, argumentó que el delito de lesiones personales no corresponde a un
ilícito contra la administración pública ni fue cometido con ocasión del ejercicio del cargo,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 y 242 de la Ley 1952 de 2019 y que el
registro de la inhabilidad obedeció a un error del Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, presuntamente con la intención de perjudicarlo.

Relató que el Tribunal Administrativo del Chocó, mediante sentencia del 6 de mayo de
2026, declaró la pérdida de su investidura al considerar, por una parte, que la imposición
de una pena privativa de la libertad constituye una inhabilidad para ser inscrito o elegido
como concejal municipal o distrital; y por otra, que la suspensión condicional de la
ejecución de la pena es un subrogado penal que recae de manera principal sobre la pena
privativa de la libertad.

Como sustento de la acción de tutela, el accionante indicó que la decisión del tribunal
incurre en defectos sustantivo y fáctico.

Frente al defecto sustantivo, afirmó que la autoridad judicial accionada omitió aplicar el
artículo 63 del Código Penal, el cual prevé la suspensión de la ejecución de la pena
privativa de la libertad por un período de dos (2) a cinco (5) años, como ocurrió en este
caso.

En cuanto al defecto fáctico, aseveró que se realizó una valoración arbitraria del numeral
tercero de la sentencia 004 del proceso penal (radicado 27245408900120240004400),
en el cual se dispuso la suspensión tanto de la pena principal como de la accesoria, es
decir, la privativa de la libertad y la inhabilitación.

Adujo que la providencia acusada vulnera sus derechos fundamentales a elegir y ser
elegido, así como al debido proceso y que existe un perjuicio irremediable, dado que el
proceso de pérdida de investidura, según considera, es de única instancia y no existe
otro medio judicial para restablecer sus derechos.

Finalmente, arguyó que su apoderado presentó los alegatos de conclusión, los cuales
fueron remitidos al correo electrónico sectriadmchoco@cendoj.ramajudicial.gov.co,
conforme a la práctica habitual, desde la cuenta jacksonmartinezmyao@gmail.com. Por
ello, resulta inexplicable que dichos alegatos no hayan sido incorporados a la plataforma
SAMAI.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 8 de mayo de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto del 12 de mayo de 20263 requirió al apoderado de la parte
accionante para que aportase al expediente el poder especial conferido a su favor.

2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03559 00.
3
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03559 00.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

3.2. Allegada la documentación solicitada, por auto del 3 de junio de 20264 se admitió la
acción de tutela y se ordenó notificar5 al Tribunal Administrativo del Chocó como parte
accionada; así como, vincular6 al señor Wilfredy Bolívar Ramírez, como tercero con
interés directo en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Chocó para que allegaran copia
digital del expediente identificado con radicado núm. 27001 23 33 000 2025 00139 00.

3.3. El magistrado ponente de la providencia acusada rindió informe7 en el que solicitó la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la providencia cuestionada es una
decisión motivada y adoptada en ejercicio de la autonomía judicial, sin incurrir en los
defectos alegados.

Manifestó que no se configura el defecto fáctico, pues la sentencia valoró de manera
integral las pruebas allegadas y que la inconformidad del accionante radica en su
desacuerdo con la conclusión jurídica, lo cual no constituye una irregularidad
constitucional.

Indicó que tampoco se evidencia defecto sustantivo, en tanto, la Sala analizó el alcance
del artículo 63 del Código Penal y concluyó que la suspensión condicional de la pena no
elimina la condena ni sus efectos, en especial la sanción accesoria. Por lo que indica que
la tutela pretende reabrir un debate ya resuelto, lo que resulta improcedente, más aún
cuando la discrepancia es meramente interpretativa.

Finalmente, sostuvo que no se advierte vulneración del debido proceso ni de los derechos
políticos, pues la decisión se adoptó conforme a la ley y con respeto por las garantías
procesales.

3.4. Los demás intervinientes guardaron silencio.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 8 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,9 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202110, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201911, modificado por el Acuerdo núm. 434 del

4 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03559 00.
5 Esta orden se cumplió el 9 de junio de 2026. Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03559 00.
6 Ibidem
7 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 03559 00.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
9 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
10 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
3

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente12:

4.2.1. El señor Wilfredy Bolivar Ramírez presentó demanda de pérdida de investidura en
contra del señor Jhon James Pulgarín Restrepo, como concejal del municipio de El
Carmen de Atrato (Chocó), por haber incurrido en la causal de violación del régimen de
inhabilidades.

4.2.2. El proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Chocó que, mediante
sentencia del 6 de mayo de 2026 resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la pérdida de investidura como Concejal del Municipio de
El Carmen de Atrato del señor Jhon Jaime Pulgarín Restrepo [sic], por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, COMUNICAR esta decisión a la Mesa
Directiva del Concejo Municipal de El Carmen de Atrato, al Consejo Nacional
Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo de su competencia

4.2.3. Inconforme con esta decisión, el 14 de mayo de 2026, el accionante interpuso
recurso de apelación, el cual entró al despacho para su estudio el 26 de mayo de 2026.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

12 Lo que se desprende del expediente del proceso de pérdida de investidura identificado con radicado

núm. 27001 23 33 000 2025 00139 00.
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable13.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial14: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable.

Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario15.

Al respecto, ha precisado que16:

[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].

Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la parte accionante está
relacionada con la sentencia proferida el 6 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el proceso identificado con el radicado núm. 27001 23 33
000 2025 00139 00 que declaró su pérdida de investidura como concejal, la acción de
tutela resulta improcedente, en tanto el referido proceso aún se encuentra en curso y no
se han agotado los medios de defensa idóneos dispuestos por el ordenamiento jurídico
para controvertir la decisión hoy acusada.

13 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
14 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
16 Ibidem.

5

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

Al efecto, al revisar la plataforma Samai se advierte que el 14 de mayo de 2026 la parte
demandada, hoy accionante en esta sede constitucional, presentó recurso de apelación17
en contra de la sentencia proferida el 6 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo
del Chocó, el cual entró al despacho para su estudio el 26 de mayo de 2026, sin que a
la fecha de esta providencia haya un pronunciamiento sobre su concesión.

En este punto es preciso advertir que, la acción de tutela no puede convertirse en un
mecanismo paralelo al proceso judicial para la defensa de los intereses de las partes,
pues ello implicaría que es el juez de tutela y no el juez competente de la causa quien
decide sobre la sustanciación y ritualidad de los procesos.

Adicionalmente, la Sala precisa que el accionante no acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que permita la procedencia de la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio. Si bien en el escrito de tutela expuso que la sentencia
controvertida es de única instancia y no es susceptible de recurso alguno, la Sala resalta
que tal argumento no es cierto, comoquiera que contra la providencia objeto de tutela
procede recurso de apelación que conocerá en segunda instancia esta Corporación.

Lo anterior, tiene su sustento en el numeral 13 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 y
en el parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 que, al tenor literal,
disponen lo siguiente:

Ley 1437 de 2011:

ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos:

(…)

13. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles, de conformidad
con el procedimiento establecido en la ley. En estos eventos el fallo se proferirá
por la Sala Plena del tribunal. (Se destaca).

Ley 617 de 2000:

ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES.

(…)

PARAGRAFO 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de
acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no
mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del
concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante
la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no
mayor de quince (15) días. (Se destaca).

17 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

27001 23 33 000 2025 00139 00.
6

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03559 00
Accionante: Jhon James Pulgarín Restrepo
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad comoquiera que el proceso en el que fue proferida la
providencia cuestionada se encuentra en curso, contra la decisión acusada se encuentra
pendiente de conceder el recuso correspondiente y, además, la parte accionante no
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la parte
accionante, por las razones expuestas en esta providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de
julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

7

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