República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03568-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03568-00 (5597)
Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla, Unidad de Administración de Carrera Judicial
Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: concurso de méritos.
Subtema 2: subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Harold Mauricio Gutiérrez Romero contra el
Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la
Unidad de Administración de Carrera Judicial.
1. Síntesis del caso
El señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, que consideró vulnerados por la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, con ocasión de la expedición de las resoluciones EJR23-156
del 23 de junio de 2023, EJR23-240 del 31 de agosto siguiente y CJR26-0216 del
15 de abril de 2026, respectivamente, que le negaron la homologación y
exoneración del IX curso de formación judicial dentro de la Convocatoria 27.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03568-00, índice 2, certificado 7BDC54CAE74A074A E46998D785BD0B3D
E6E2A546BE590109 7189AED001FF4B35.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03568-00 (5597)
Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
2. El señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero, actualmente, se encuentra
vinculado como funcionario de carrera judicial en el cargo de juez único
especializado del circuito de Tunja (Boyacá), con ocasión del concurso de méritos
que se desarrolló en la Convocatoria 17-18 del 2012.
3. El accionante, en el año 2020, obtuvo una calificación de servicios equivalente
a 910 puntos y en el año 2021 un puntaje de 850.
4. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del
16 de agosto de 2018 (Convocatoria 27), dispuso que se adelantara el proceso de
selección para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. De
conformidad con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996, el proceso
comprende las siguientes etapas: i) concurso de méritos, ii) conformación del
Registro Nacional de Elegibles, iii) elaboración de listas de candidatos, iv)
nombramiento y v) confirmación.
5. El artículo 4 del referido acuerdo definió que el concurso de méritos comprende
dos trámites, la selección y la clasificación. Además, determinó que la primera de
estas etapas está compuesta por lo siguiente: la Fase I corresponde a la prueba de
aptitudes y conocimientos, la Fase II atiende a la verificación de requisitos mínimos
y la Fase III hace referencia al «Curso de Formación Judicial Inicial», las cuales
ostentan carácter eliminatorio.
6. El Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA19-11400 del
19 de septiembre de 2019, adoptó el «Acuerdo Pedagógico» con el que se regiría
el «IX Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a cargos de
magistrados/as y jueces de la República en todas las especialidades». La anterior
decisión fue aclarada por medio del Acuerdo PCSJA19-11405 del 25 de septiembre
siguiente.
7. El referido acuerdo, en su numeral 3, capítulo V, artículo 1, estableció la
posibilidad de solicitar homologaciones o exoneraciones del IX curso de formación
judicial inicial para los discentes que sean o hayan sido funcionarios judiciales de
carrera y para quienes, sin haber ocupado un cargo de funcionario en carrera,
hubiesen cursado y aprobado un curso de formación judicial inicial como etapa de
procesos de selección o convocatorias anteriores, según el caso.
8. Dicho acuerdo, también delegó en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla la
competencia para tramitar y resolver las solicitudes de exoneración y homologación
incluidos los recursos contra los actos administrativos que las decidan, que sean
presentados por los discentes que hayan aprobado las fases I y II de la etapa de
selección de la convocatoria 27, de acuerdo con el listado que remita la Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
9.
El señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero se inscribió en la Convocatoria 27
de la Rama Judicial para el cargo de magistrado del Tribunal Superior, Sala Penal,
2
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Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
código 270003, en la que superó satisfactoriamente la prueba de aptitudes,
conocimientos y psicotécnica. Esto le permitió acceder a la fase III, denominada
curso de formación judicial inicial, con carácter eliminatorio.
10. El accionante presentó solicitud de exoneración u homologación del IX curso de
formación judicial, con el argumento que se desempeña en el cargo de juez Penal
del Circuito de Tunja en carrera desde el 2 de mayo del 2012 y que su última
calificación de servicios en firme es de 850 puntos. Asimismo, manifestó que realizó
IV curso de formación judicial inicial para magistrados y jueces de la república
2008—2009, en el que obtuvo un puntaje de 899.82.
11. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, mediante Resolución núm. EJR23-156
del 23 de junio del 2023, negó la solicitud de homologación y concedió la
exoneración del IX curso de formación judicial inicial para jueces y magistrados de
todas las especialidades de la Rama Judicial, que presentó el aspirante, con
fundamento en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.
12.El tutelante presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo,
con el propósito de que se modificara dicha decisión, en el sentido de que se le
homologara el referido curso de formación judicial.
13.La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por medio de Resolución núm. EJR23-
240 del 31 de agosto de 2023, confirmó en todas sus partes la Resolución núm.
EJR23-156 del 23 de junio del 2023.
14. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, mediante la Resolución No.
CJR26-0013 del 13 de enero de 2026, publicó los resultados de la etapa
clasificatoria del concurso de méritos convocado para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial dentro de la Convocatoria 27. En dicha resolución
se registró la calificación asignada al señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero, para
lo cual se tomó como referencia el puntaje correspondiente a la evaluación de
servicios del año 2021. Inconforme con esa determinación, el accionante interpuso
recurso de reposición contra el citado acto administrativo
15. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial, a través de la Resolución
núm. CJR26-0216 del 15 de abril de 2026, confirmó en todas sus partes el acto
administrativo recurrido, al considerar que la puntuación asignada en el factor del
curso de formación judicial fue determinada conforme a las reglas vigentes de la
convocatoria y dentro de la oportunidad procesal correspondiente.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
16.
La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1.1. Comedidamente solicito al juez constitucional que, en protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad de trato, de carrera judicial, se ordene
a RAMA JUDICIAL— CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — UNIDAD DE
3
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ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL- EJRLB, la aplicación a mi favor, del
beneficio laboral, cierto e irrenunciable, del DERECHO A LA HOMOLOGACION y/o
EXONERACION del IX Curso de Formación Judicial dentro de la convocatoria 27, de
la siguiente manera:
1.2. Pretensión principal; es que se dé aplicación a un juicio integrado de igualdad al
numeral 3° del Acuerdo pedagógico PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019,
cuyo contenido crea un trato desigual entre funcionarios de carrera y personas que no
siendo funcionarios de carrera hubiesen aprobado el curso de formación judicial,
puesto que éste último grupo de personas, de haber aprobado más de un curso de
formación judicial, se tomara la mayor calificación obtenida, es decir puede escoger
entre el curso de formación mejor calificado, privilegiándolos con más de una
oportunidad para calificarse, mientras que los funcionarios de carrera así tenga varias
calificaciones de servicio se toma exclusivamente la última calificación de servicios, lo
que genera un trato desigual que debe corregirse, mediante el test de igualdad
permitiendo escoger entre mis dos últimas calificaciones de servicio la mayor
calificación obtenida que equivale a 910 puntos, en igualdad de condiciones con los
que no son funcionarios de carrera.
1.3. Pretensión Subsidiaria en aplicación inmediata y retrospectiva del art. 79 de la ley
estatutaria 2430 de 2024, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional
en sentencia C-134 de 2023, al haber aprobado el curso de formación judicial dentro la
convocatoria 17 y 18, para aspirar al cargo de Juez Penal del circuito especializado,
con un puntaje de 899.82. Este curso lo aprobé dentro de las “dos (2) convocatorias
inmediatamente anteriores” a la actual convocatoria 27.
1.4. Como protección del derecho fundamental de igualdad de trato en actuación
administrativa, que aún no ha finalizado, al estar vigente el proceso de consolidación
de listas definitivas, solicito al Juez Constitucional reconozca a mi favor y como medida
de amparo, el derecho a la HOMOLOGACION y/o EXONERACION EN IGUALDAD que
fue reconocido por la EJRLB, en condiciones menos exigentes, a aquellos
concursantes que, sin estar vinculados a la rama judicial como funcionarios de carrera,
aprobaron un curso de formación anterior, según lo dispuesto en el Acuerdo
Pedagógico PCSJA19-11400 del 25 de septiembre de 2019.
[…]. [sic]
17. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al expedir las resoluciones EJR23-156 del 23
de junio de 2023, EJR23-240 del 31 de agosto siguiente y CJR26-0216 del 15 de
abril de 2026 vulneró sus derechos fundamentales invocados, porque reconoció la
exoneración del IX curso de formación judicial, sin tener en cuenta que tenía las
condiciones para acceder a la homologación de este.
18. En este sentido, explicó que cumple con los supuestos descritos en el artículo
79 de la Ley 2430 de 20242 a efecto de que le sea aplicado, como funcionario de
2
ARTÍCULO 79. Modifíquese el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
ARTÍCULO 160. REQUISITOS ESPECIALES PARA OCUPAR CARGOS EN LA CARRERA JUDICIAL.
PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber aprobado el curso de formación judicial no están obligados
a repetirlo para obtener eventuales ascensos, siempre y cuando el cargo para el que aspiran sea de la misma especialidad y
4
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Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
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carrera, el derecho a la «HOMOLOGACIÓN» [sic] del IX curso de formación judicial,
por lo que consideró que se configura la existencia de un derecho cierto e
irrenunciable a su favor que resulta aplicable por el efecto inmediato y retrospectivo
de la ley a una situación en curso.
19. Afirmó que los actos cuestionados resolvieron de manera desfavorable su
pretensión de homologación y de la posibilidad de escoger entre las últimas dos
calificaciones, bajo el argumento principal de que la fuente normativa es el artículo
160 de la Ley 270 de 1996, dado que según su interpretación la norma exige tomar
las respectivas calificaciones de servicio como única alternativa para sustituir el
curso de formación.
20. Así pues, resaltó que los servidores judiciales únicamente podían optar por la
última calificación obtenida, mientras que quienes, sin ser funcionarios, participaron
en cursos-concurso podían escoger entre las mejores calificaciones alcanzadas, lo
cual, en su criterio, era una inequidad que se solucionó con el parágrafo del artículo
79 de la Ley 2430 de 2024, cuya norma, a su juicio, le era aplicable.
21. Por lo anterior, sostuvo que, para garantizar el principio de igualdad, la entidad
debía tomar como equivalente del puntaje obtenido en el curso-concurso la
calificación de servicios más alta de las dos últimas evaluaciones practicadas, esto
es, la correspondiente a 910 puntos. A su juicio, esta medida le permitiría mejorar
su ubicación en el registro de elegibles y, en consecuencia, ascender dentro de la
lista.
2.3. Trámite procesal
22. El despacho ponente, mediante auto del 12 de mayo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación a la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.
23. Posteriormente, con auto del 29 de mayo de 20264, se ordenó vincular, en
calidad de terceros con interés, a los integrantes de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución núm. CJR26-0013 de 13 de enero de 2026.
2.4. Intervenciones
24. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial5 manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción constitucional se dirige
el curso lo hayan recibido dentro de cualquiera de las dos (2) convocatorias inmediatamente anteriores a la que están
participando. En estos casos, se tendrá en cuenta la certificación que expida la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o, en su
defecto, se tomará la última calificación de servicios obtenida como factor sustitutivo de evaluación.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03568-00 índice 5, certificado 5480D54490F5C5BA D5D4085B99598975
A796C6F587E3FC72 3CA29604DD2DB5AD.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03568-00 índice 15, certificado 3CA3951B729F138 CF2B82139139B023
BAE5762B1D551078 2E25042B0007FF64.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03568-00 Incide 10, certificado 4EE840AC418F3ED5 DA9326CD343F6139
1500BADFB42FAA32 654074AF4505E719.
.
5
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a plantear una inconformidad relacionada con el puntaje asignado al tutelante por la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con ocasión de la exoneración del IX curso de
formación judicial inicial, en cuyo trámite no tiene facultad alguna la entidad.
25. Resaltó que lo anterior tiene fundamento en lo previsto en los artículos 176 y
177 de la Ley 270 de 1996, y conforme a lo señalado en el artículo 3 numeral 4.1
del Acuerdo de convocatoria, la «Fase III. Curso de Formación Judicial Inicial está
a cargo exclusivamente de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla».
26. De otro lado, indicó que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió
adecuadamente y en forma oportuna los requerimientos expuestos por el actor
sobre la solicitud de homologación y exoneración, por lo que no se vulneraron los
derechos invocados por el accionante.
27. Agregó que no es procedente hacer uso del recurso de reposición contra la
Resolución CJR26-0013 de 2026, que consolida el puntaje adicional obtenido en el
curso de formación judicial, porque ello desconoce el carácter definitivo de la
decisión contenida en Resolución EJR23-240 del 31 de agosto de 2023 que
confirmó la Resolución EJR23-156 de 2026. Además, desatiende el carácter
preclusivo de las etapas que conforman la Convocatoria 27 y busca reabrir un
debate ya fenecido en agosto de 2023.
28. En este sentido, consideró que la solicitud de amparo no cumple con el
presupuesto de la inmediatez, pues 3 años después presentó una tutela, con el fin
de cuestionar la decisión contenida en la Resolución EJR23-240 del 31 de agosto
de 2023.
29. Asimismo, refirió que el debate propuesto por el tutelante es estrictamente legal,
por lo que le corresponde al juez de lo contencioso-administrativo definir el asunto.
En consecuencia, advirtió que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad.
30. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela, toda vez que no
se cumplen con los presupuestos de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad.
31. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla6 pidió que se declare improcedente la
tutela, porque no cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que los actos
administrativos cuestionados por el accionante con relación a la etapa de
homologación y/o exoneración del IX curso de formación judicial inicial fueron
emitidos y notificados durante el año 2023. Sin embargo, la acción constitucional
fue promovida hasta el año 2026, esto es, transcurridos aproximadamente más de
dos años y medio desde la expedición y firmeza de las resoluciones EJR23-156 del
23 de junio de 2023 y EJR23-240 del 31 de agosto de 2023.
32. Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las
pretensiones orientadas a modificar los resultados de la etapa clasificatoria del
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03568-00, índice 11, certificado 55C9EA27E6CA8237 3891331B2F0225D2
8A562832A60F4806 878AA2E7524B10F8.
6
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Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
concurso de méritos, esto es, la Resolución CJR26-0013 del 13 de enero de 2026,
y la Resolución CJR26-0216 del 15 de abril de 2026, fueron expedidas por la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial.
33. Destacó que la escuela judicial se limitó a intervenir en el trámite de
homologación y/o exoneración dentro de la Fase III de la etapa de selección, cuya
competencia fue delegada mediante el Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 de
2019 y ejercida oportunamente a través de las Resoluciones EJR23-156 y
EJR23-240, que definieron la situación jurídica del accionante respecto del IX curso
de formación judicial inicial.
34. De otra parte, expuso que la entidad no vulneró los derechos del actor, debido
a que resolvió oportunamente la solicitud del accionante conforme a las reglas de la
Convocatoria 27, sin desconocer los principios de igualdad, debido proceso o
favorabilidad.
35. Agregó que no es procedente la pretensión del tutelante de insistir en el estudio
de su solicitud de homologación, en tanto dicho trámite tiene un carácter preclusivo,
por lo que no es viable revivir oportunidades ya definidas. Además, la Ley 2430 de
2024 no tiene la virtualidad de reabrir la etapa de homologación y/o exoneración,
pues, cuando esta norma entro en vigor, la mencionada actuación administrativa ya
había culminado y las solicitudes respectivas fueron decididas conforme al régimen
jurídico aplicable para ese momento.
36.
Por otro lado, manifestó que el debate planteado por el accionante es
eminentemente legal y reglamentario, pues involucra la interpretación del artículo
160 de la Ley 270 de 1996, la aplicación temporal de la Ley 2430 de 2024, el alcance
de los Acuerdos PCSJA18-11077 de 2018 y PCSJA1911400 de 2019, así como la
legalidad de actos administrativos expedidos dentro del concurso de méritos.
37.
En este sentido, consideró que los actos administrativos cuestionados por el
accionante son susceptibles de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, escenario en el cual incluso pueden solicitarse medidas cautelares para la
protección transitoria de los intereses que se consideren amenazados. En
consecuencia, indicó que la pretensión de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
38. Por lo dicho, pidió que se declare improcedente la tutela o, en su defecto, se
nieguen las pretensiones planteadas en la solicitud de amparo.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
7
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Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
presente acción interpuesta por Harold Mauricio Gutiérrez Romero contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
3.2. Legitimación en la causa
40. La legitimación en la causa por activa del señor Harold Mauricio Gutiérrez
Romero se encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió la
actuación administrativa en la cual se expidieron las decisiones que acusó de
desconocer sus derechos fundamentales.
41. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Superior de la Judicatura Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, debido a que fueron las autoridades que
profirieron los actos administrativos que, a juicio del tutelante, vulneraron sus
garantías constitucionales. Por los motivos expuestos, se negará su solicitud de
desvinculación.
3.3. Problema jurídico
42. La Sala debe decidir si ¿el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla y Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del accionante?
43. Previo a resolver lo anterior, es necesario establecer si ¿la solicitud de amparo
supera el requisito de subsidiariedad? En concreto, se deberá verificar si resulta
procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
discutir los cargos formulados en el escrito de tutela.
44. Para el efecto, se estudiará: (i) generalidades de la procedibilidad de la acción
de tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
45. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
46. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable 8; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
8
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lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho […]»9.
3.5. Caso concreto
47. El señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero presentó acción de tutela con la
pretensión principal de que se ordene a las entidades accionadas resolver
nuevamente su solicitud de homologación del curso de formación judicial, mediante
un análisis integral del numeral 3 del Acuerdo Pedagógico PCSJA19-11400 del 19
de septiembre de 2019 y del artículo 79 de la Ley 2430 de 2024. Dicho estudio, en
criterio del actor, debe considerar la mayor calificación de servicios obtenida entre
las dos últimas reportadas, esto es, la equivalente a 910 puntos, con el fin de
garantizar condiciones de igualdad frente a los aspirantes que no son funcionarios
de carrera judicial.
48. Lo anterior supone controvertir las decisiones adoptadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, a través de: i) la Resolución núm. EJR23-240
del 31 de agosto de 2023, mediante la cual se resolvió de manera desfavorable un
recurso de reposición interpuesto por el tutelante contra ii) la Resolución núm.
EJR23-156 del 23 de junio de 2023, que negó la solicitud de homologación y
concedió la exoneración del curso de formación judicial. Así como, iii) la Resolución
núm. CJR26-0216 del 15 de abril de 2026, que desestimó el recurso de reposición,
que se presentó contra iv) la Resolución núm. CJR26-0013 del 13 de enero de 2026,
que publicó los resultados de la etapa clasificatoria correspondiente al concurso de
méritos.
49. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199110
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso11.
50. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables12.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
10
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
11
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
12
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03568-00 (5597)
Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
51. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Harold Mauricio Gutiérrez
Romero podía acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las
resoluciones EJR23-156 del 23 de junio de 2023 y EJR23-240 del 31 de agosto
siguiente, que negaron la solicitud de homologación del curso de formación judicial
de la Convocatoria 27 y que, en su criterio, influyeron para que no tuviera una mayor
calificación en el listado de clasificación de elegibles. Decisiones que, a su juicio,
vulneraron sus derechos fundamentales.
52. Sin embargo, al revisar el contenido del expediente de tutela, se observa que el
actor no hizo uso del referido mecanismo judicial y dejó pasar una oportunidad
procesal idónea para solicitar la protección de las garantías constitucionales y
proponer los argumentos de legalidad que plantea en este escenario judicial.
53. Ahora bien, en lo que respecta a la Resolución núm. CJR26-0216 del 15 de abril
de 2026, que desestimó el recurso de reposición, contra la Resolución núm. CJR26-
0013 del 13 de enero de 2026, se debe advertir que, frente a esta decisión, el
accionante puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para cuestionar su legalidad.
54. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que «las acciones de tutela que
se interponen en contra de los actos administrativos que se profieren en el marco
de concursos de méritos, por regla general, son improcedentes, en tanto que existe
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo y, en el marco de esta, la posibilidad de solicitar
medidas cautelares. Esto sin perjuicio de que, atendiendo a las particularidades del
caso en concreto puesto en conocimiento, al juez constitucional evalúe si los
mecanismos ordinarios de defensa existentes en el ordenamiento jurídico son
idóneos para la protección de los derechos fundamentales»13.
55.
En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es el
idóneo, puesto que, de acuerdo con el artículo 13814 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), el tutelante puede solicitar que se dejen sin efectos los referidos actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene valorar
nuevamente su calificación de servicios, de manera que se pueda mejorar su
ubicación en la clasificación emitida en la Resolución núm. CJR26-0013 del 13 de
enero de 2026.
56. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por el actor vía de tutela, en la medida en que lo pretendido se
13
Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2022
14
ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se
le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación
de aquel».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03568-00 (5597)
Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
dirige a cuestionar los motivos y razones de orden legal y reglamentario en los que
se fundamentó la administración para determinar la puntación que dio lugar a su
clasificación y ubicación entre los aspirantes al cargo de Magistrado de Tribunal
Superior, Sala Penal (270003) de la Convocatoria 27.
57. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionados, sino también, de ser procedente, para emitir las
órdenes necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades
accionadas e, incluso, ordenar la reparación de daños.
58. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete 15.
59. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales,
materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el
decreto de medidas cautelares de protección» 16. En relación con las medidas
cautelares de urgencia, la Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: «(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar»17.
60. En ese orden, la Sala destaca que el accionante puede pedir, como medida
cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de las resoluciones CJR26-0013
del 13 de enero de 2026 y CJR26-0216 del 15 de abril de 2026, de manera que el
juez ordinario analice la posibilidad de ordenar que se valore nuevamente su
calificación en el curso de formación judicial.
15
Se transcribe incluso con errores.
16
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
17
Ibidem.
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Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
61. Así las cosas, los argumentos planteados por el accionante para justificar la
procedencia excepcional de la tutela, ante una eventual amenaza de sus derechos
al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de los actos administrativos
acusados, hacen referencia a cuestionamientos de mera legalidad y de naturaleza
reglamentaria, pues involucra la interpretación de los artículos 160 de la Ley 270 de
1996, 79 de la Ley 2430 de 2024, así como el alcance de los Acuerdos PCSJA18-
11077 de 2018 y PCSJA1911400 de 2019, expedidos dentro del concurso de
méritos.
62. Asimismo, se debe advertir que las circunstancias expuestas por el actor no
evidencian la existencia de un riesgo real, grave e inminente que constituya un
perjuicio irremediable y, que requiera la intervención del juez de tutela, toda vez que
no se observa un hecho concreto que pueda afectar su continuidad en el concurso
de méritos y, por ende, su acceso al cargo público al que aspiraba.
63. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de dichas vías o cuando estas no sean
idóneas para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de
amparo constitucional.
64. Por lo anterior, la acción objeto de estudio es improcedente en el entendido de
que el agotamiento efectivo de los instrumentos de defensa judicial, no sólo es un
acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales,
sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida como un medio para
subsanar la falta de actividad del tutelante.
4. Conclusión
65.En consecuencia, la pretensión de amparo no superó el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el señor Harold Mauricio Gutiérrez Romero
cuenta con otro mecanismo judicial para cuestionar la legalidad de las resoluciones
expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, en el marco del
concurso de méritos.
66. Por lo anterior, se declarará improcedente la solicitud de amparo invocada por
el tutelante.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03568-00 (5597)
Accionante: Harold Mauricio Gutiérrez Romero
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Falla:
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, Unidad de Administración de Carrera Judicial, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Harold
Mauricio Gutiérrez Romero en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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