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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03577-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03577-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo solicitada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. medida cautelar y la sentencia de primera instancia, decisiones contra las cuales procede el de apelación», esto en razón a la celeridad que caracteriza esta acción, postura que fue reiterada por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del 26 de junio de 2019 (importancia jurídica) dictado en el proceso 25000-23-27-000-2010-02540-01. 12 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-03577-00 Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03577-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03577-00
Demandante ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto por desconocimiento del
precedente, sustantivo y fáctico. Medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos. Requisitos de procedencia de
tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de mayo de 20261, actuando en nombre propio, el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la vida, a la salud y al ambiente sano, con ocasión del auto del 6 de
febrero de 2026, mediante el cual se rechazó la demanda en el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos 25000-23-41-000-2025-00625-
00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«1. PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.) y
acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.) del accionante, por conexión
directa con los derechos colectivos e intereses difusos al ambiente sano (Art. 79 C.P.),
y con los derechos fundamentales a la vida (Art. 11 C.P.) y salud (Art. 49 C.P.),
amenazados por la ejecución del PECAT con glifosato.
2. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el Auto Interlocutorio No. 2026-01-12 AP del 6 de
febrero de 2026, proferido por la Sección Primera – Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por configurar desconocimiento de precedente
vinculante (Rad. 11001-03-15-000-2025-07995-00), defecto sustantivo por formalismo
desproporcionado y defecto fáctico por omisión de valoración probatoria esencial.
3. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, ADMITE LA DEMANDA
DE ACCIÓN POPULAR y continúe su trámite de fondo, aplicando el principio pro actione,
la doctrina de conexidad y el principio de precaución ambiental.
4. CUARTO: VINCULAR al Ministerio de Ambiente, DIRAN, ANLA, Ministerio de Defensa,
Ministerio de Salud, INS, ICA, IGAC y Gobernaciones de los 15 departamentos afectados,

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Samai, índice 2.
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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

para que informen sobre el estado de ejecución del PECAT 2025 y las medidas de
mitigación adoptadas».

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Para el año 2025 el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó demanda
en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Policía
Nacional, Dirección Antinarcóticos (DIRAN); la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA); el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE); el
Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Defensa Nacional; el
Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA); el Instituto Nacional de Salud (INS); el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), así como las empresas del Monte Agrosciences SAS. y
Talanú Chemical Ltda.

La acción tenía como finalidad la protección de los derechos colectivos a la
salud pública, al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la
conservación de la biodiversidad, los cuales consideró vulnerados con la
implementación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante
Aspersión Terrestre con Glifosato PECAT en 104 municipios.

2.2. Por reparto le correspondió el conocimiento del asunto en primera instancia al
Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, que por auto del 11 de abril de 20252
remitió por competencia el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que fuera repartido en la Sección Primera.

Luego de surtirse el nuevo reparto el expediente le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, despacho
del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón bajo el radicado 25000-23-41-
000-2025-00625-00.

2.3. Mediante providencia del 17 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca manifestó su
impedimento para conocer del medio de control.

Con auto del 17 de septiembre de 2025, la Subsección C de la Sección primera
del mismo tribunal resolvió declarar infundados los impedimentos
manifestados, y ordenó devolver el expediente al despacho del magistrado
Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón para que continuara con el trámite del
proceso.

2.4. El 20 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, dictó auto en el que resolvió inadmitir la demanda para
que en el término de 3 días subsanara los siguientes defectos:
«(i) señalar de forma individualizada qué medida específica solicita frente a cada entidad
demandada; (ii) identificar el derecho o interés colectivo que considera vulnerado o
amenazado por cada actuación u omisión; (iii) identificar con claridad cuál es la actuación que
se le reprocha a cada entidad, indicando si se trata de una decisión concreta adoptada (acto),
de la falta de cumplimiento de un deber (omisión), o de una conducta que se ha prolongado
en el tiempo sin corrección (actuación continuada); (iv) establecer el vínculo causal entre los
hechos alegados y la afectación al derecho colectivo; (v) indicar, con base en elementos
objetivos y verificables, cuáles son las zonas, comunidades o recursos naturales que
resultarían afectados; (vi) delimitar la responsabilidad aplicable a cada entidad, en función de
sus competencias legales; y (vii) indicar si, antes de presentar la demanda, solicitó a las
entidades accionadas la adopción de medidas para proteger el derecho colectivo que

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El expediente fue radicado bajo el número 11001-33-41-068-2025-000138-00.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

considera vulnerado, y en caso de no haberlo hecho, explicar de manera precisa por qué
considera que existía un riesgo urgente que hacía innecesario ese trámite previo.»

2.5. El 3 de noviembre de 2025, la parte demandante allegó memorial de
subsanación en donde afirma haber aportado el «(i) Contrato DIRAN 02-8-10032-
25 del 28/05/2025 por 22.000 litros de glifosato; (ii) delimitación de 6 núcleos
operativos y 104 justificación de excepción al art. 144 CPACA por peligro inminente y
opacidad estatal».

2.6. El 6 de febrero de 2026 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B resolvió rechazar la demanda presentada por el señor
Mena Garzón al considerar que no se subsanaron los requerimientos
realizados en el auto del 20 de octubre de 2025, al considerar que las
afirmaciones que formuló el demandante en el escrito de subsanación fueron
muy generales y abstractas, lo que configuró una ineptitud sustancial de la
demanda por no reunir los requisitos exigidos para su admisión (artículo 20 de
la Ley 472 de 1998). Esto en los siguientes términos:

«pese a la extensión del documento y al esfuerzo argumentativo desplegado por el accionante,
las deficiencias sustanciales advertidas en el auto de inadmisión persisten, en particular en lo
relacionado con la formulación y alcance de las pretensiones, las cuales continúan
presentándose en términos amplios y generales, sin que se individualicen las conductas
reprochadas ni se delimite la relación concreta entre los hechos alegados, las competencias
legales de cada entidad y la supuesta afectación de los derechos colectivos invocados. Tales
defectos fueron señalados de forma clara, expresa y detallada, y su corrección constituía una
carga procesal ineludible para la admisión de la demanda».

2.7. Contra esta decisión el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón presentó recurso
de reposición.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que la acción de tutela de la referencia cumple con los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

Al respecto puntualizó que: (i) el asunto tiene relevancia constitucional pues
involucra justicia ambiental, el principio de precaución, la protección de los derechos
humanos (Acuerdo de Escazú Ley 2099 de 2021), temas que son de alto impacto
constitucional; (ii) se supera el requisito de subsidiariedad, ya que la tutela procede
para proteger derechos fundamentales como la vida y la salud, los cuales se ven
afectados por la dilación procesal y la continuidad que se dio a las aspersiones; (iii)
se encuentra dentro del plazo razonable de interposición de los 6 meses, dado que
se notificó el 10 de febrero de 2026; (iv) el accionante se encuentra legitimado al
ser el demandante en la «acción popular» y defensor ambiental «en riesgo extraordinario
(CERREM)»; y (v) mencionó que no ha presentado otras acciones de tutela por los
mismos hechos ni contra la misma providencia.

El actor manifestó que el auto cuestionado incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico, por las razones que se pasan
a explicar:

3.1. Defecto por desconocimiento del precedente: Se materializó pues no se
dio aplicación al precedente que se estableció en la sentencia del 22 de abril
de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en
la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07995-00, en donde se ampararon los
derechos fundamentales del señor Mena Garzón ante el mismo tribunal, en
otro caso, en donde el Consejo de Estado determinó que «Se configuró un
desconocimiento del precedente... por aplicación errónea de figuras procesales, sin que se
acreditara la identidad exigida... En consecuencia, se dejará sin efectos el Auto... y se
ordenará profiera una nueva decisión».

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03577-00
Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

Explicó que, en el auto que se cuestiona (6 de febrero de 2026) aplica la misma
lógica de impedir el acceso a la administración de justicia «mediante un filtro
formal- procesal» que se denominó ineptitud sustancial sin analizar las
pretensiones que, aunque eran amplias delineaban un problema jurídico
concreto.
Asegura que el precedente establece un parámetro de control obligatorio que
consiste en que: «ningún auto de rechazo puede convertirse en barrera de acceso a la
justicia cuando existe una amenaza concreta y conexa con derechos fundamentales».

3.2. Defecto sustantivo: Mencionó que el tribunal exigió: (i) «Georreferenciación
milimétrica y actos individualizados por entidad», y (ii) «Prueba definitiva de daño
consumado», sin embargo, el Estado clasifica la cartografía de aspersiones
como «seguridad nacional», conforme a la respuesta DIRAN RAD S-2021-
035029, lo que significa que se le estaría exigiendo al ciudadano lo que no le
es posible cumplir.
Contrario a lo anterior, dijo que sí cumplió con un estándar mínimo en donde
«identificó 104 municipios, 6 núcleos operativos, presentó el contrato de compra 2025, y
acreditó persistencia química >90 días» lo que significa que haber rechazado la
demanda por «falta de especificidad» es un defecto sustantivo por indebida
aplicación del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 y del principio pro actione.
3.3. Defecto fáctico: Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
rechazar la demanda no valoró: (i) el Contrato DIRAN 2025 («Contrato 02-8-10032-
25 (28/05/2025)»), y desconoció que existe una imposibilidad fáctica en
georreferenciar con exactitud milimétrica lo requerido, pues aseguró que el
Estado clasifica esa cartografía como «seguridad nacional», por lo que el tribunal
estaría aplicando un estándar de especificad desproporcionado que no permite
que se acuda a ese medio de control convirtiéndolo en «en un laberinto procesal
inaccesible»; (ii) «Reportes verificables (El País, Infobae, Concejo de Bogotá)» ; (iii)
«Evidencia científica de persistencia de glifosato/AMPA >90 días post-aspersión»; y (iv)
«Ausencia estatal reconocida de valoraciones médicas in situ desde 2000.».

Aseguró que el juez debió ponderar la prueba en su conjunto para determinar
si existía un peligro inminente, conforme a la sentencia T-080 de 1993.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 13 de mayo de 2026 se admitió3 la acción de tutela presentada
por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
Asimismo, se ofició al tribunal accionado para que remitiera en medio digital
copia del expediente 25000-23-41-000-2025-00625-00, a través de la nueva
funcionalidad del Sistema de Gestión Samai; se negó la medida provisional
solicitada por la parte actora y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 aportó enlace
de consulta del medio de control 25000-23-41-000-2025-00625-00 y adjuntó las
piezas procesales del mismo.
4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B5 rindió informe en el que manifestó que en este asunto no se
configura ninguna de las circunstancias excepcionales que habilitan la
procedencia del amparo constitucional.
Realizó un recuento del trámite que se le impartió al medio de control en esa
Corporación, al respecto señaló que la demanda en cuestión fue allegada ante
3
Samai, índice 5.
4
Samai, índice 11.
5
Samai, índice 12 y 13.

4

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el tribunal el 30 de abril de 2025, correspondiéndole el radicado 25000-23-41-
000-2025-00625-00; manifestó que con posterioridad a la presentación de la
acción popular el accionante formuló queja disciplinaria contra la totalidad de
los magistrados de la Subsección B de la Sección primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, lo que dio lugar a que el 17 de julio de 2025
se manifestaran impedidos, impedimento que fue declarado infundado.
Posteriormente, se dictó el auto del 20 de octubre de 2025 en donde se
inadmitió la demanda, al observar que «el escrito introductorio no satisfacía los
presupuestos mínimos requeridos para habilitar su admisión, particularmente en lo
relacionado con la adecuada estructuración de los hechos, la delimitación del alcance del
debate judicial y la acreditación del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 144 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

Dentro del término concedido la parte demandante allegó escrito de
subsanación, sin embargo, persistían las falencias estructurales, por lo que el
tribunal con auto del 6 de febrero de 2026 dispuso el rechazo de la demanda.
Contra esa decisión el accionante interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto con auto del 26 de marzo de 2026 en donde se confirmó la decisión.
Frente a la manifestación del actor de la urgencia ambiental que no permite
aguardar el trámite del proceso ordinario, señaló que no se aportaron
documentos que permitieran sustentar la existencia de un perjuicio
irremediable, ni que permitieran evidenciar la necesidad de una intervención
excepcional del juez constitucional. Luego la sola afirmación no es suficiente
para justificar la procedencia.
Mencionó que el análisis del tribunal estuvo orientado a examinar si el escrito
introductorio luego de agotada la oportunidad de subsanación permitía
delimitar con claridad el alcance del debate judicial planteado y «establecer cuáles
actuaciones concretas debían ser sometidas al control judicial».

Sin embargo, en el auto cuestionado se indicó que las pretensiones del
demandante se dirigían de manera indiscriminada contra un número de
entidades públicas y privadas sin individualizar de forma suficiente las
conductas de cada una, sin especificar si se reprochaban actos, omisiones o
prácticas administrativas y sin establecer una relación entre las conductas y
las afectaciones. Por lo que, considera que esa exigencia no es una barrera
de acceso a la administración de justicia, sino que es la estructuración mínima
del litigio que garantiza el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica.
De otro lado, explicó que no se configuraba ninguno de los defectos especiales
alegados. En lo que respecta al defecto fáctico dijo que el «Contrato No. 02-8-
10032-25» fue objeto de estudio en el recurso de reposición contra el auto que
rechazó la demanda ya que «el problema advertido no consistía en la ausencia de un
determinado documento o en la falta de apreciación de una pieza probatoria específica, sino
en la imposibilidad objetiva de delimitar con claridad el litigio planteado, dadas las
características del escrito presentado por el accionante».

Añadió que tampoco se configuró el defecto por desconocimiento del
precedente pues la sentencia de la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-
07995-00 tiene supuestos diferentes, pues allí el asunto discutido era la figura
del agotamiento de la jurisdicción.
Finalmente puso de presente que tampoco se vulneró el derecho de acceso a
la administración de justicia, pues el accionante acudió libremente a la
jurisdicción para presentar el medio de control. Destacó que la decisión de
rechazo no extingue la posibilidad de activar nuevamente el mecanismo de
protección. Agregó que tampoco se vulneró el derecho al debido proceso ya
que todo el trámite se adelantó con observancia de las reglas procesales
aplicables.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.

De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B incurrió en un defecto por
desconocimiento del precedente, sustantivo y fáctico al proferir el auto del 6 de
febrero de 2026, mediante el cual se rechazó la demanda dentro del medio de
control en el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
25000-23-41-000-2025-00625-00.

6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial, implica un
conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son varios los aspectos
que se estudian a fin de definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre
estos elementos, se requiere que la acción constitucional no se esté empleando
como una instancia adicional para reabrir o prolongar el mismo debate ya surtido
ante el juez natural; que se cumpla con una carga argumentativa suficiente; que no
se trate de una discusión eminentemente legal o de contenido económico que no
comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones de la decisión
judicial cuestionada, entre otras condiciones.

5. Análisis del caso concreto

5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta en el proceso
ordinario pues los argumentos que presentó el accionante en el escrito de
tutela, guardan gran similitud con el recurso de reposición contra el auto que
rechazó la demanda. Como se analizará a continuación.

5.2. De la revisión del expediente, esta Sala advierte que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante auto del 6 de
febrero de 2026, dispuso rechazar la demanda del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos 25000-23-41-000-2025-00625-
00.

Como fundamento de su decisión explicó que mediante auto del 20 de octubre
de 2025 se inadmitió la demanda al advertir que el escrito inicial no cumplía
con los requisitos formales exigidos en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998 y
en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011.

Eso en razón a que, consideró que no se agotó el requisito de procedibilidad,
ni justificó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera innecesario el
cumplimiento de ese requisito, que la demanda carecía de aptitud formal pues
las pretensiones se dirigían de manera global contra un número amplio de
entidades públicas y privadas sin individualizar la conducta de cada una de
ellas, ni precisar la relación entre los hechos alegados, la competencia de cada
entidad y la afectación de los derechos colectivos. Por ello se estableció que
debía corregir:
«(i) señalar de forma individualizada qué medida específica solicita frente a cada entidad
demandada;
(ii) identificar el derecho o interés colectivo que considera vulnerado o amenazado por cada
actuación u omisión;
(iii) identificar con claridad cuál es la actuación que se le reprocha a cada entidad, indicando
si se trata de una decisión concreta adoptada (acto), de la falta de cumplimiento de un
deber (omisión), o de una conducta que se ha prolongado en el tiempo sin corrección
(actuación continuada);
(iv) establecer el vínculo causal entre los hechos alegados y la afectación al derecho
colectivo;
(v) indicar, con base en elementos objetivos y verificables, cuáles son las zonas,
comunidades o recursos naturales que resultarían afectados;
(vi) delimitar la responsabilidad aplicable a cada entidad, en función de sus competencias
legales; y
(vii) indicar si, antes de presentar la demanda, solicitó a las entidades accionadas la
adopción de medidas para proteger el derecho colectivo que considera vulnerado y, en
caso de no haberlo hecho, explicar de manera precisa por qué consideraba que existía
un riesgo urgente que hacía innecesario dicho trámite previo.
[…] se precisó que el actor debía acreditar de manera expresa el cumplimiento del requisito
de procedibilidad previsto en el artículo 144 del C.P.A.C.A.»

Luego, de la revisión del escrito de subsanación indicó que si bien el
documento tenía un esfuerzo argumentativo «las deficiencias sustanciales advertidas
en el auto inadmisorio persisten», especialmente en lo relacionado con lo amplio de
la formulación de las pretensiones, sin que se individualizaran las conductas
alegadas por los demandados que permitieran delimitar la relación entre los
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hechos alegados y las competencias legales de las entidades y la afectación
de los derechos colectivos. Añadió que, si bien el demandante identifica varias
decisiones, actuaciones o políticas relacionadas con el uso de glifosato, lo
cierto era que esas referencias seguían siendo genéricas y abstractas. Esto
en los siguientes términos:
«En este punto, conviene precisar que, si bien la acción popular no exige, como presupuesto
procesal, la existencia de un acto administrativo o un contrato estatal, ello no exonera al
accionante de identificar de manera mínima y suficiente las conductas, decisiones o prácticas
que estima vulneradoras, pues solo a partir de dicha determinación es posible delimitar el
objeto del litigio y ejercer un control judicial efectivo. La exigencia formulada en el auto
inadmisorio, por tanto, no apunta a imponer formalismos ajenos al diseño de la acción popular,
sino a garantizar que el debate se estructure sobre hechos concretos y verificables.».

Destacó que el demandante cuestiona la existencia de contratos o
adjudicaciones que se relacionan con el glifosato, mencionando que esto
demuestra una política pública ineficaz o fallida, pero no identificó «cuál es el
contrato objeto de reproche, ni su número, fecha, valor, objeto, entidad contratante o forma de
ejecución», como tampoco se explica de qué manera ese negocio jurídico se
proyecta en una vulneración concreta de los derechos colectivos.

Añadió que a pesar de que el actor cuestione estudios y análisis realizados
por la DIRAN y el Ministerio de Defensa, sus afirmaciones no están
acompañadas de «soporte técnico, científico o probatorio alguno que permita desvirtuar,
de manera objetiva, los análisis institucionales existentes».

De otro lado, mencionó que la referencia que se hace a literatura científica o
estudios de carácter general «no sustituye la carga de acreditar una afectación concreta,
actual y territorialmente delimitada de los derechos colectivos cuya protección se solicita».

La flexibilidad de la acción popular y su carácter preventivo no elimina las
cargas mínimas que la ley impone al actor, en especial las relacionadas con
delimitar los hechos, las conductas reprochadas y las afectaciones, pues este
medio de control no realiza un control abstracto de políticas públicas, sino que
protege derechos colectivos «frente a afectaciones concretas, actuales y verificables».

En lo referente al requisito de procedibilidad, afirmó que tampoco se cumplió
con lo pedido en el auto inadmisorio pues las peticiones que presentó se
orientaron a obtener información general, ya que «Si bien el accionante menciona
la existencia de derechos de petición radicados en el año 2024, la Sala advierte que no se
acredita que dichas solicitudes hayan tenido como finalidad requerir la adopción de medidas
concretas orientadas al cese del uso del glifosato, ni que se hayan dirigido a todas las
entidades demandadas en relación con las pretensiones formuladas».

Indicó que la mención de múltiples territorios sin delimitación impide identificar
el daño concreto y actual.

Finalmente, rechazó la demanda por considerar que en este caso se configuró
una ineptitud sustancial de la demanda, «en la medida en que impiden identificar con
claridad los hechos generadores de la supuesta vulneración, los derechos colectivos
comprometidos, las conductas reprochadas y la relación causal entre unos y otros».

5.3. Contra la anterior decisión el accionante presentó recurso de reposición10
argumentando que la subsanación cumple con los requisitos mínimos en el
caso del glifosato, pues con las pruebas contractuales, los reportajes
periodísticos y la evidencia científica, es suficiente para superar el umbral de
admisibilidad del medio de control, a pesar de que no se permita una
georreferenciación exacta.

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Samai, índice 2.

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Señaló que el problema no era la falta de rigor en la subsanación sino las
barreras para impedir cualquier forma de escrutinio externo, lo que se
materializa en la falta de acceso a la administración de justicia. Como ocurrió
al solicitar la cartografía detallada de las áreas de aspersión, lo cual es
información reservada por ser asunto de «seguridad nacional», de ahí que la falta
de precisión en estos datos no corresponde a la carencia técnica del
accionante.

Adujo que en la respuesta de la DIRAN a la petición que presentó se indicó
que «la información cartográfica de objetivos biológicos es de carácter "seguridad nacional"
y por ende no pública».

Dijo que el hecho de que se le solicitara que «individualizara responsabilidades por
entidad» o «georreferenciará hechos concretos» es un requerimiento
desproporcionado y arbitrario. Afirmando que todo lo anterior desconoce el
Acuerdo de Escazú.

Con la subsanación aportó: (i) el «Contrato 02-8-10032-25, suscrito el 28 de mayo de
2025», prueba de la reactivación de las aspersiones con glifosato durante el año
2025, pues se advierte la compra de 22.000 litros del herbicida por un valor de
$2.673.000.000, de ahí que este acto demuestra la materialización de la
política, es verificable, y conecta la adquisición con el daño potencial; (ii) se
complementó la anterior información con «reportajes periodísticos verificables y
documentos de instituciones públicas» (El País, Infobae, Concejo de Bogotá) lo que
demuestra que es pública la existencia del contrato, su valor y la fecha de la
firma, y (iii) mencionó que también se evidencia la persistencia de glifosato y
su metabolito aminometilfosfónico en el ambiente, documentos que
demuestran la presencia de estos químicos incluso después de 90 días de la
aspersión, lo que se podría estar presentando en «los 104 municipios del PECAT».
Como fundamento dijo que: «Cuando existe un riesgo plausible de causar un daño grave
o irreversible a un derecho colectivo, y aún existe incertidumbre científica, el principio pro
actione (en favor de la acción que protege el bien) debe prevalecer sobre el principio de
legalidad estricta».

Mencionó que la prueba del contrato demuestra la reactivación del programa,
y evidencia la presunción del riesgo que se agrava con la ausencia de estudios
epidemiológicos, frente a esto no se puede exigir una prueba matemática ya
que eso atenta contra el principio de precaución.

Planteó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una mora
judicial al tardar cerca de dos meses en resolver sobre la admisibilidad del
medio de control.

Aseguró que con la subsanación demostró su intento de agotar la «vía
administrativa» al adjuntar los derechos de petición presentados en el año 2024
a la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y
el Ministerio de Defensa, a su vez, demostró la existencia de un peligro
inminente lo que permite que se diera «la excepción del artículo 144 del CPACA».

Por esto concluyó que la providencia de rechazo incurrió en los siguientes
yerros:
« Ignorar pruebas documentales fundamentales (el contrato de 2025).
• Aplicar un estándar de exigencia desproporcionado que desconoce la opacidad estatal.
• Negar la urgencia de un daño que se está materializando en tiempo real.
• Interpretar de forma restrictiva la acción popular, contraviniendo su finalidad
constitucional».

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5.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
en providencia del 26 de marzo de 2026 resolvió confirmar la decisión de
rechazo de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Manifestó que si bien el señor Mena Garzón en la demanda y en el escrito de
subsanación afirmó haber delimitado la problemática ambiental e identificado
las actuaciones que comprometían los derechos colectivos, esto no era cierto,
pues como se indicó en el auto del 6 de febrero de 2026 no se corrigieron
dichas deficiencias.

Expuso que en el recurso de reposición no se introdujeron elementos nuevos
que permitieran «modificar esa conclusión», dado que el actor se limitó a reiterar
que se exponía una problemática relevante, pero no ajustó lo solicitado, de ahí
que las pretensiones continuaron formulándose en términos amplios y
generales, no se individualizaron las conductas reprochadas, ni se delimitaron
los hechos alegados y ni las competencias de las autoridades demandadas,
como tampoco se identificó de forma concreta la afectación de los derechos
colectivos invocados.

Respecto a lo anterior expuso: «tales afirmaciones no superan la dificultad advertida por
el Tribunal desde la etapa de inadmisión, relativa a la falta de una delimitación suficiente del
objeto del litigio y de las conductas concretamente atribuidas a cada una de las entidades
demandadas, ni desvirtúan la falta de acreditación del requisito de procedibilidad previsto en
el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», en consecuencia, afirmó que los argumentos relacionados con
la suficiencia de la demanda y del escrito de subsanación no desvirtuaron los
motivos que llevaron al rechazo.

Frente al «Contrato N.º 02-8-10032-25» mencionó que si bien en el recurso de
reposición se afirmó que se había omitido valorar el contrato que demostraría
que no se trata de un riesgo hipotético sino real, lo cierto era que el problema
identificado por el tribunal no radicaba en la ausencia de referencias a hechos
o actuaciones administrativas sino «en la falta de una delimitación clara de las
conductas que se atribuían a cada una de las entidades demandadas y de la relación concreta
entre tales actuaciones y la afectación de los derechos colectivos invocados».

Lo que significaba que la existencia de un contrato que se relaciona con la
adquisición de insumos destinados a la erradicación es un elemento del
contexto general, pero de él no se desprende la identificación de actuaciones
específicas, ni la imputación concreta a las entidades demandadas, ni la
exoneración de estructurar el objeto del litigio.

El tribunal concluyó que el «Contrato N.° 02-8-10032-25 constituye un elemento adicional
dentro de la exposición fáctica del actor, pero no resulta suficiente para corregir las falencias
procesales identificadas en el auto inadmisorio» ni en el de rechazo.

En lo relativo al supuesto formalismo procesal del tribunal frente a la urgencia
ambiental, afirmó que no se vulneraba el derecho de acceso a la
administración de justicia pues los requerimientos no le exigían al demandante
una demostración plena del daño ambiental o un nivel de prueba propio de una
etapa posterior, sino la estructuración mínima de la controversia «mediante la
identificación de las conductas atribuidas a cada una de las entidades demandadas, la
delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y la precisión de las medidas cuya
adopción se solicitaba frente a cada autoridad».

Mencionó que el rechazo no fue de plano, sino que se dio luego de que se le
inadmitiera para que subsanara. Por ello mencionó que la decisión de rechazo
no puede ser entendida como una manifestación del formalismo procesal sino
como el resultado del examen de los requisitos mínimos para determinar el
objeto del litigio.

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Destacó que la providencia recurrida no comporta un pronunciamiento de
fondo sobre la legalidad de la política pública cuestionada, sino que el actuar
del tribunal se circunscribió al examen de admisibilidad de una demanda
concreta a partir de los requisitos exigidos por la ley. Luego los requerimientos
que se le hicieron no era una carga probatoria imposible, sino que se pretendía
identificar las actuaciones u omisiones que consideraban lesivas. Esto en los
siguientes términos:
«Estas cargas procesales no dependen de la disponibilidad absoluta de información estatal ni
suponen la demostración plena del daño alegado, sino que constituyen presupuestos mínimos
necesarios para definir el alcance del litigio y permitir que el juez determine, con claridad,
cuáles actuaciones administrativas o materiales son objeto de control dentro del proceso. […]
En tales condiciones, no resulta acertado afirmar que la providencia recurrida constituya una
barrera arbitraria de acceso a la justicia ni que establezca un precedente restrictivo para el
ejercicio de las acciones populares en materia ambiental. La decisión adoptada por la Sala se
limitó a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que permiten estructurar
adecuadamente el objeto del litigio y garantizar que el eventual debate judicial se desarrolle
sobre actuaciones concretas susceptibles de control jurisdiccional».

Concluyó que persisten las dificultades advertidas en la etapa de la inadmisión,
pese a que «los argumentos expuestos en el recurso amplían el contexto fáctico y jurídico
en el que el actor sitúa su reclamación, estos no conducen a una conclusión distinta de la
adoptada por la Sala en la providencia recurrida, razón por la cual no se advierten motivos que
justifiquen modificar o revocar la decisión de rechazo de la demanda».

5.5. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de reposición, pero anunciados desde
la presunta configuración de un defecto por desconocimiento del precedente,
sustantivo y fáctico.

Reiteró su inconformidad con que el tribunal exigiera «Georreferenciación
milimétrica y actos individualizados por entidad», y «Prueba definitiva de daño consumado»,
pese a que esa información es reservada por ser de «seguridad nacional»,
conforme se indicó en la respuesta DIRAN RAD S-2021-035029. Afirmó que
sí cumplió con un estándar mínimo en donde «identificó 104 municipios, 6 núcleos
operativos, presentó el contrato de compra 2025, y acreditó persistencia química >90 días» lo
que demuestra que se cumplió con lo requerido en el auto inadmisorio.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al rechazar la
demanda no valoró el Contrato DIRAN 2025 («Contrato 02-8-10032-25
(28/05/2025)»), ni los «Reportes verificables (El País, Infobae, Concejo de Bogotá)»; ni
la «Evidencia científica de persistencia de glifosato/AMPA >90 días post-aspersión»;
como tampoco la «Ausencia estatal reconocida de valoraciones médicas in situ desde
2000». Por lo que, el juez debió ponderar la prueba en su conjunto para
determinar si existía un peligro inminente, conforme a la sentencia T-080 de
1993.

Planteó que se debía dar aplicación al precedente que se estableció con la
sentencia del 22 de abril de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B en la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-07995-00,
en donde se ampararon los derechos fundamentales del señor Mena Garzón
ante el mismo tribunal, en otro caso.

5.6. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
como una instancia adicional lo que no permite que se supere el requisito
general de la relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción
aun cuando no son idénticos a los que el señor Mena Garzón planteó en el
recurso de reposición contra el auto que rechazó el medio de control11, buscan
11
Esta Sala recuerda en lo referente a la procedencia de recursos contra las providencias dictadas en el trámite de las
acciones populares que estas «[...] son susceptibles únicamente del recurso de reposición, salvo la que decreta una

12

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reabrir el debate judicial pues pretende cuestionar los requerimientos que se
le plantearon para subsanar la demanda en el auto del 20 de octubre de 2025.

En efecto se insiste en que su demanda y su escrito de subsanación cumplen
con los requisitos mínimos fijados en la ley, a su vez reiteró su inconformidad
con las pruebas que considera no fueron valoradas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, cuando lo
cierto es que en el auto del 26 de marzo de 2026, providencia en la cual se
resolvió el recurso de reposición, se estudió su inconformidad frente a la
valoración probatoria que hoy presenta como un defecto fáctico, sin contar que
también se analizó su planteamiento en lo referente a la imposibilidad de
acceder a la administración de justicia. Aspecto que de antemano supone para
esta colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que resultó
desfavorable a la parte accionante y que se limita a poner de presente su
inconformidad con la decisión.

Si bien el actor alega la configuración de un defecto por desconocimiento del
precedente, sustantivo y fáctico, lo cierto es que estos requisitos específicos
se invocan con el propósito de insistir en los argumentos que fueron expuestos
en el recurso de reposición interpuesto contra el auto que rechazó la demanda,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, como juez natural, ya resolvió
los planteamientos del accionante dentro del trámite ordinario 25000-23-41-000-
2025-00625-00.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales»12.

6. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela, dado
que se probó que con esta se buscaba volver sobre un asunto que ya había sido
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos 25000-23-41-000-2025-00625-00, finalidad para la cual no está instituida
esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo solicitada por el señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

medida cautelar y la sentencia de primera instancia, decisiones contra las cuales procede el de apelación», esto en razón
a la celeridad que caracteriza esta acción, postura que fue reiterada por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto del
26 de junio de 2019 (importancia jurídica) dictado en el proceso 25000-23-27-000-2010-02540-01.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

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Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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