RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03589-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03589-00

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03589-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03589-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

4 de junio de 2026

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., cuatro [4] de junio de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00
Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Ericsson Ernesto Mena
Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

Mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2026, el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón, en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
deber de motivación de las decisiones.

La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a la
providencia de 26 de marzo de 2026, a través de la cual la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial resolvió negativamente el recurso de reposición ejercido por el
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón en calidad de quejoso, contra el auto de 11
de febrero de 2026 que dispuso el archivo de la investigación disciplinaria contra los
magistrados Óscar Armando Dimaté Cárdenas, César Giovanni Chaparro Rincón y

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, integrantes del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, causa que se identificó con el
radicado 11001-08-02-000-2025-01312-00.

De otro lado, solicitó la vinculación del ministerio público y realizó la siguiente
petición provisional:

En consecuencia, y amparado en la gravedad de los hechos, la evidencia documental
aportada y el precedente constitucional ya fijado por el Consejo de Estado, solicito se
decrete la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LOS EFECTOS del Auto del 26 de marzo
de 2026, ordenando a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial abstenerse de dar
por ejecutoriada o consolidada la terminación del proceso disciplinario, y mantener el
expediente a disposición de esta Honorable Sala hasta tanto se resuelva la presente
acción de tutela.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 CP), acceso a
la administración de justicia (art. 229 CP) y motivación de decisiones (art. 230 CP) del
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón.

2. DEJAR SIN EFECTO el Auto del 26 de marzo de 2026 proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial (Sala Dual) dentro del radicado
110010802000202501312-00.

3. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de 15
días hábiles, profiera una nueva decisión en la que:

a) Incorpore como hecho relevante la dilación de 330 días documentada en el proceso
judicial (recurso interpuesto: 7 de noviembre de 2024; resuelto: 9 de octubre de 2025).

b) Analice si esa mora constituye una falta disciplinaria a la luz del artículo 84 de la
Ley 472 de 1998 (como parámetro de cuidado funcional) y del artículo 36 de la Ley
1952 de 2019, al menos a título de culpa grave.

c) Se pronuncie expresamente sobre la corresponsabilidad de los magistrados que
suscribieron la providencia del 9 de octubre de 2025, conforme al artículo 186 del
CPACA.

Subsidiaria (si se niega el amparo principal):

1. DECLARAR que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en defecto
procedimental por omisión al no analizar la dilación de 330 días, y CONDICIONAR a
que, en futuros casos similares, incluya dicho análisis, reconociendo el precedente
constitucional fijado en esta tutela.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

2. ORDENAR la remisión de copia de esta providencia a la Sala Plena de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, para efectos de unificación de criterios sobre la
aplicación de normas especiales ambientales en sede disciplinaria2.

Como medida provisional solicitó que se ordene la suspensión de los efectos
jurídicos del auto de 26 de marzo de 2026 hasta que se decida la acción de tutela.

1.3. Hechos

Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:

El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón indicó que ejerció el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos contra el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y otros, por la presunta vulneración de los derechos al goce
de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, a la moralidad
administrativa y el equilibrio ecológico con ocasión de «la falta de procesos de
remediación y estudios de reducción de contaminación en los predios de la antigua
fábrica de Techo de la Cervecería Bavaria».

El asunto se identificó con el radicado 25000-23-41-000-2024-00279-00 y le
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, autoridad que mediante auto de 26 de septiembre de 2024 admitió
el referido medio de control.

Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición por una de las entidades
demandadas, el cual fue resuelto en auto de 9 de octubre de 2025 en el sentido de
revocar la admisión y rechazar la demanda por agotamiento de la jurisdicción
respecto del proceso identificado con el radicado «2017-00356», dentro del cual se
alegó «la tala de árboles y participación ciudadana en el Plan Parcial Bavaria
Fábrica».

Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de apelación, en el que
manifestó que no existía identidad fáctico-técnica entre los procesos comparados,
puesto que se trataban de riesgos distintos que requerían soluciones diferentes. En
auto de 20 de noviembre de 2025 la alzada fue adecuada al mecanismo de
reposición por ser el procedente, y se resolvió desfavorablemente luego de señalar
que, si bien reconocía que las pretensiones y los hechos no eran idénticos, «pues
en un caso se trataba de la tala de árboles y en el otro de una presunta
contaminación química, concluyó que en ambos procesos se pretendía, en esencia,
la suspensión del Plan Parcial Bavaria, por lo que confirmó el rechazo de la
demanda».

2
Cita del texto original con posibles errores.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

Inconforme, el señor Mena Garzón presentó una queja ante la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, contra los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, Óscar Armando Dimaté Cárdenas,
César Giovanni Chaparro Rincón y Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, en la cual
reprochó: «(i) falta de análisis sustancial de identidad fáctica entre los procesos; (ii)
contradicciones procesales reiteradas; y (iii) dilación injustificada de 330 días para
resolver el recurso de reposición».

El 11 de febrero de 2026 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dispuso la
terminación y archivo de la investigación3, decisión contra la cual el quejoso ejerció
el mecanismo de reposición, marco en el cual planteó que la autoridad: (i) «no
analizó la mora de manera objetiva y documentada»; (ii) «la culpa grave no requiere
dolo (art. 36 Ley 1952 de 2019)»; (iii) «la firma conjunta genera corresponsabilidad
(art. 186 CPACA)»; y (iv) «la dilación en materia ambiental tiene impacto agravado».

Lo anterior fue desatado en proveído de 26 de marzo de 2026 en sentido negativo
con sustento en que: (i) la Ley 472 de 1998 no rige el procedimiento disciplinario de
funcionarios judiciales, por lo que la norma especial que gobierna esta clase de
actuaciones es la Ley 1952 de 2019; (ii) la Sala no encontró acreditado el dolo, la
culpa grave y la culpa por cuanto al revisar todas las actuaciones surtidas en el
trámite popular, concluyó que no se evidenciaba actuación contraria a derecho por
parte del ponente instructor; (iii) si bien podía existir un grado de participación
colegiada, la responsabilidad principal recae en el ponente, sin embargo, no se
advirtió conducta reprochable en dicho funcionario y, por extensión, de los demás
magistrados; y (iv) respecto a la mora endilgada al tribunal indicó que no sería objeto
de pronunciamiento debido a que no fue puesto de presente en la queja inicial, e
informó que el informante tenía la posibilidad de promover una nueva actuación
disciplinaria por este aspecto, si así lo consideraba pertinente.

Mediante sentencia de tutela de 22 de abril de 2026, proceso que se identifica con
el radicado 11001-03-15-000-2025-07995-00, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, amparó los derechos del señor Mena Garzón, dejó sin
efectos el auto de 20 de noviembre de 2025 y ordenó a la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva
providencia al concluir que desconoció el precedente «contenido en la sentencia de
11 de septiembre de 2012, por aplicación errónea de la figura del agotamiento de la

3
En cuanto a los magistrados Chaparro Rincón y Mazabel Pinzón se determinó que no tuvieron
participación en la decisión cuestionada, por ello, frente a ellos se ordenó la terminación y archivo
de la investigación. En cuanto al magistrado Dimaté Cárdenas, en su condición de ponente, se
advirtió que el trámite de la acción popular se había adelantado conforme a las etapas procesales y
que había analizado la existencia de un proceso previo con identidad en el objeto de protección al
derecho colectivo a un ambiente sano, razón por la cual se determinó que su actuación se enmarcó
en el ejercicio de la función judicial sin configurarse conducta dolosa o gravemente culposa.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

jurisdicción, sin que se acreditara la identidad exigida por la jurisprudencia entre los
procesos comparados4».

1.4. Fundamentos de la solicitud5

La parte actora indicó que las providencias censuradas vulneraron sus garantías
fundamentales por incurrir en los siguientes yerros:

1.4.1. Defecto procedimental por cuanto la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no analizó la tardanza en la que incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en resolver el recurso de reposición
contra el auto de 26 de septiembre de 2024 a través del cual se admitió la demanda
popular, puesto que, en su criterio, transcurrieron 330 días hasta que se expidió la
providencia de 9 de octubre de 2025, es decir, aquella en la que se rechazó la
referida demanda, pese a que en el artículo 846 de la Ley 472 de 1998 se estipula
un término de 30 días hábiles.

Adujo que en la queja el actor mencionó expresamente:
[…] las "contradicciones procesales reiteradas" y el "vaivén" del proceso, lo que
necesariamente incluía el tiempo excesivo para resolver recursos. Sin embargo, la
Comisión:
• No incorporó la dilación como hecho relevante en los "Hechos" de su providencia de
archivo.
• No la mencionó siquiera en la decisión de reposición.
• Declaró que no emitiría pronunciamiento porque "tales aspectos no fueron objeto de
la queja inicial" (página 14-15 del auto del 26 de marzo de 2026), lo cual es falso en
los hechos, pues el accionante sí los alegó expresamente en su queja y en su recurso
de reposición.

1.4.2. Defecto sustantivo por no aplicar la norma especial ambiental, es decir, el
artículo 84 de la Ley 472 de 1998 señala 30 días hábiles para que el juez de
conocimiento resuelva los recursos.

Adujo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial argumentó que la referida
norma no regula el procedimiento disciplinario, sin embargo, al respecto realizó las
siguientes consideraciones:

1. Principio de especialidad: La Ley 472 de 1998, por ser norma especial para
acciones populares (derechos colectivos), prevalece sobre la Ley 1952 de 2019 en
cuanto a la descripción de la falta (el incumplimiento del plazo), independientemente
de que se juzgue disciplinariamente (art. 4 Ley 137 de 1994).

4
Este proceso de tutela se encuentra en trámite de apelación.
5
Citas del texto original con posibles errores.
6 «ARTÍCULO 84.- Plazos Perentorios e Improrrogables. La inobservancia de los términos procesales

establecidos en esta Ley, hará incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionables con
destitución del cargo».
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

2. Parámetro de cuidado funcional: No se pide aplicar la Ley 472 como norma
procedimental disciplinaria, sino como estándar de cuidado exigible a cualquier
servidor judicial que conoce de acciones populares. El artículo 36 de la Ley 1952 de
2019 sanciona faltas culposas por inobservancia del cuidado funcional; el plazo del
art. 84 de la Ley 472 define ese estándar.

3. Precedente del Consejo de Estado: Varias decisiones del Consejo de Estado han
aplicado el artículo 84 en sede disciplinaria para sancionar a jueces por mora en
acciones populares (ej. rad. 11001-03-15-000-2019-04574-00). La Comisión
desconoció ese precedente, incurriendo también en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

1.4.3. Defecto fáctico ante la ausencia de valoración de la «prueba de la mora»,
comoquiera que en el expediente disciplinario obraba copia del auto de 9 de octubre
de 2025, en el cual consta que el recurso de reposición de una de las demandadas
contra la decisión fue resuelto 330 días después.

A su juicio, la mencionada providencia demostraba el incumplimiento del plazo
previsto en el artículo 84 de la Ley 472 de 1998, lo cual, posiblemente constituye
una «falta disciplinaria a título de culpa grave (art. 36 Ley 1952 de 2019), dada la
naturaleza ambiental del asunto».

1.4.4. Violación directa de la Constitución, habida cuenta de que consideró
desatendido el artículo 8. ° del Acuerdo de Escazú [Ley 2273 de 2022], en el cual
se establece «el derecho a plazos razonables en procesos ambientales y la
obligación de los Estados de garantizar acceso a la justicia ambiental. La dilación
de 330 días en resolver un recurso dentro de una acción popular que versaba sobre
contaminación química contraviene ese estándar internacional».

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 12 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela y se dispuso a
tener como autoridad accionada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En
calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional, se
vinculó a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, Óscar Armando Dimaté Cárdenas, César Giovanni
Chaparro Rincón y Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón.

Finalmente, se negó la medida provisional, la vinculación del ministerio público, se
requirió el expediente disciplinario y se ordenó a la oficina de sistemas del Consejo
de Estado que realizara la publicación de la información relativa al proceso de la
referencia en la página web de la corporación.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los
siguientes informes:

1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, luego de hacer un recuento del trámite popular y disciplinario,
advirtió que la acción de tutela no puede ser usada como una tercera instancia del
proceso disciplinario para exponer su desacuerdo con las decisiones adoptadas por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, «corporación que se pronunció respecto
del recurso de reposición en contra del auto 11 de febrero de 2026, facultad que se
encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia judicial que
imponen el respeto por la cosa juzgada, por lo que de manera respetuosa solicito
que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia».

1.6.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial efectuó un resumen de todas
las actuaciones y decisiones adoptadas al interior del medio de control ordinario y
de la investigación disciplinaria, y concluyó que no ha vulnerado los derechos y
principios invocados por el señor Mena Garzón, comoquiera que las decisiones se
tomaron conforme a derecho y en estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley
1952 de 2019, por lo que es claro que no incurrió en los defectos aludidos por el
accionante.

Agregó que el caso de la referencia no satisface el requisito de relevancia
constitucional en atención a que la parte actora pretende que se realice un juicio de
corrección del auto censurado, procurando de esta manera agotar una instancia
adicional al juez disciplinario.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por el señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20197 de la Sala Plena
de esta corporación.

7
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración
de las garantías fundamentales del señor Ericsson Ernesto Mena Garzón con
ocasión de la providencia de 26 de marzo de 2026 dictada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial dentro de la causa identificada con el radicado 11001-08-02-
000-2025-01312-00.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las
generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Para la Sala resulta necesario anunciar que, el requisito de relevancia
constitucional no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en
el cual la solicitud de amparo elevada por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón
no cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia
de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

2.4.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga
un debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora
de sus garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo
reprochado por cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal12.

Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales»14.

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”15.
En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que la solicitud
de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada a un derecho fundamental»16.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una Alta Corte, el examen de este requisito debe ser más

12
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibídem.
16
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

riguroso17, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.

2.4.1.2. Ahora, al descender al análisis del asunto, esta colegiatura no avizora que
las inconformidades del accionante trasciendan a un debate constitucional. Es decir,
al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es indispensable que el
interesado identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la decisión,
exponga cómo sus garantías superiores son vulneradas con ocasión de las
irregularidades contenidas en la providencia demandada, y exponga con suficiencia
las razones del por qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.

Esto es así, debido a que todos los cargos propuestos por el señor Ericsson Ernesto
Mena Garzón contra la decisión de 26 de marzo de 2026 se subsumen en censurar
que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no valoró la presunta mora en la que
incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, para resolver el recurso de reposición contra el auto que admitió la demanda
popular, pues, a su juicio, esto le tomó alrededor de 330 días en desconocimiento
del plazo estipulado en el artículo 84 de la Ley 472 de 1998, irregularidad que
provocó la presencia de un defecto fáctico, procedimental, sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

En otras palabras, el accionante se centró en cuestionar en esta sede que la
autoridad disciplinaria: (i) no aplicó la Ley 472 de 1998 para efectos de valorar la
conducta desplegada por el tribunal en relación con la dilación en resolver la
reposición contra el auto que admitió la demanda; (ii) no encontró acreditada la
culpa de los funcionarios pese a que erraron al rechazar la demanda por considerar
que había operado la figura del agotamiento de la jurisdicción; (iii) no consideró la
responsabilidad de los demás magistrados integrantes de la Sala pese a que se
trata de un juez colegiado; y (iv) no analizó el cargo relacionado con la presunta
mora del tribunal, el cual sí fue alegado en el escrito inicial de la queja.

Los anterior da cuenta de que lo pretendido con este mecanismo es agotar una
instancia adicional a la causa ordinaria y recabar en una discusión que ya fue
zanjada por el juez natural, comoquiera que los reproches planteados en la
demanda coinciden con el sustento del recurso de reposición que el señor Mena
Garzón ejerció contra la decisión de 11 de febrero de 2026, y aquellos sobre los
cuales la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se pronunció en el auto de 26 de
marzo de 2026, uno por uno, incluso, el concerniente a la presunta dilación
injustificada del tribunal, puesto que le indicó al accionante que no se pronunciaría

17
Sentencia SU-573 de 2019.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

al respecto, pero que si lo consideraba pertinente, podía promover una nueva
actuación disciplinaria para tratar ese asunto.

En ese sentido, para esta colegiatura es claro que la tutela de la referencia carece
de relevancia debido a que no satisfizo la carga argumentativa desde la perspectiva
constitucional según lo establecido en la referida sentencia de unificación de la
Corte Constitucional, SU-215 de 2022.

Al respecto, se precisa que no es suficiente que la parte interesada refiera que con
la decisión censurada se transgredieron determinados derechos superiores, por el
contrario, es menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de
argumentar el concepto de la vulneración que se deriva de una providencia judicial
en abierta contradicción de los postulados constitucionales, que implique en esta
sede un análisis de fondo frente a la decisión cuestionada, máxime si es dictada por
el órgano de cierre en la materia.

Así las cosas, es evidente que este medio de amparo se empleó como una especie
de instancia adicional al proceso disciplinario en la cual se pretende que se realice
un nuevo análisis de interpretación legal y probatoria propios del proceso ordinario,
por lo tanto, a juicio de esta Sala, carece de la carga argumentativa a través de la
cual se justifique la relevancia del caso a partir de la exposición del concepto de la
violación, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que permita advertir
una prominente vulneración de sus prerrogativas superiores con ocasión de la
providencia dictada por la autoridad censurada, en el sentido riguroso que señaló la
Corte Constitucional en las sentencias de unificación 215 y 103 de 2022.

En resumen, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la infracción de
las garantías superiores invocadas, que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello
comoquiera que: (i) el escrito de tutela no cuenta con un fundamento elevado a un
rango constitucional, máxime, al tratarse de una decisión expedida por una alta
corte; y (ii) no se denota una vulneración palmaria derivada de los proveídos
demandados que implique la intervención del juez de tutela.

2.5. Conclusión

La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo promovida por el señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03589-00

por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el
señor Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.