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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03596-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03596-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia del 2 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03596-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03596-01
Accionante: JIMMY CHRISTIAN RODRÍGUEZ CAICEDO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Actos administrativos mediante
los cuales se determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del
concurso para el cargo de juez administrativo y se conformó el registro
nacional de elegibles en el marco de la Convocatoria 27.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 2 de junio de 2026,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
que declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de mayo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos
públicos, a la igualdad y al principio del mérito, supuestamente vulnerados por la
autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad,
acceso a cargos públicos y principio constitucional del mérito.

Aplicar por analogía el criterio plasmado en la sentencia del 04 de mayo de 2017,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del expediente No.
25000234100020160078801.

Dejar sin efectos parcialmente la Resolución CJR26-0329 del 30 de abril de 2026,
únicamente en cuanto confirmó la no valoración de la Especialización en Derecho
Comercial dentro del factor de capacitación adicional.

Ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que, dentro del término que
fije el despacho, realice una nueva valoración material, motivada y congruente de la
Especialización en Derecho Comercial, confrontando el contenido del programa

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Accionante: Jimmy Christian Rodríguez Caicedo

académico con la especialidad del cargo de Juez Administrativo y con la cláusula “y los
demás posgrados afines a la especialidad del cargo a que se aspire”.

Ordenar que, si del análisis material se concluye la afinidad del título, se asigne el puntaje
correspondiente a la Especialización en Derecho Comercial y se recalculen mi puntaje
total y mi ubicación dentro del concurso.

Subsidiariamente, ordenar a la accionada emitir un nuevo acto administrativo que
responda de fondo, de manera suficiente y razonada, los argumentos expuestos en el
recurso de reposición sobre la afinidad de la Especialización en Derecho Comercial.

Adoptar las demás órdenes necesarias para garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales vulnerados”.

2. Hechos

El actor manifestó que en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a los interesados en
vincularse a dichos cargos para que se inscribieran en el concurso de méritos
destinado a la conformación de los correspondientes registros nacionales de
elegibles.

Señaló que se inscribió al concurso para el cargo de juez administrativo, código
270011 y que durante el término de inscripción acreditó, entre otros documentos,
los títulos de especialización en derecho administrativo y especialización en derecho
comercial, ambos otorgados por la Pontificia Universidad Javeriana.

Agregó que mediante la Resolución CJR26-0021 del 13 de enero de 2026, se
publicaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo y que,
en su caso particular, le fueron asignados los siguientes puntajes:

Indicó que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición al considerar que
la administración valoró de manera incompleta su formación académica en el factor
de capacitación adicional. Sostuvo que había acreditado dos especializaciones, una
en derecho administrativo y otra en derecho comercial, y que esta última debía ser
reconocida como afín al cargo de juez administrativo, toda vez que el Acuerdo
PCSJA18-11077 prevé que también podrán valorarse “los demás posgrados afines
a la especialidad del cargo a que se aspire”.

Explicó que en el recurso señaló que la especialización en derecho comercial
comprende materias como títulos valores, sociedades, insolvencia empresarial,
propiedad industrial, derechos de autor, competencia desleal, prácticas restrictivas
de la competencia, derecho del consumidor, protección de datos, seguros y
transporte, entre otras, las cuales guardan relación con asuntos sometidos al
conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa y presentan afinidad
material con áreas expresamente reconocidas por la convocatoria, como el derecho
económico.

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No obstante, afirmó que en la valoración efectuada por la administración únicamente
se otorgaron cinco (5) puntos por la especialización en derecho administrativo, sin
reconocer puntaje alguno a la especialización en derecho comercial.

Adujo que mediante la Resolución CJR26-0329 del 30 de abril de 2026 se resolvió
el recurso de reposición interpuesto y se confirmó la decisión recurrida tanto
respecto del factor de capacitación adicional como de la prueba psicotécnica. Indicó
que en dicha resolución la Unidad de Administración de la Carrera Judicial reconoció
que la tabla de posgrados prevista en el Acuerdo PCSJA18-11077 no tiene carácter
taxativo sino enunciativo. Sin embargo, concluyó que la especialización en derecho
comercial no podía considerarse afín al cargo de juez administrativo, por cuanto
dicha área aparece ubicada dentro de la especialidad civil-familia y no dentro de la
especialidad contencioso administrativa.

Finalmente, afirmó que la exclusión de la especialización en derecho comercial le
impidió obtener cinco (5) puntos adicionales en el factor de capacitación adicional,
circunstancia que incide directamente en su ubicación dentro del concurso y, por
ende, en sus posibilidades de acceder al cargo de juez administrativo.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora expuso que se inscribió, fue admitido y superó las diferentes fases
de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial como aspirante al cargo de juez
administrativo (código 270011).

Expresó que durante el término de inscripción acreditó dos títulos de posgrado
expedidos por la Pontificia Universidad Javeriana: una especialización en derecho
administrativo y una especialización en derecho comercial. Señaló que conforme al
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, cada especialización relacionada con la
especialidad del cargo otorga cinco (5) puntos en el factor de capacitación adicional
y que, además, la convocatoria contempla expresamente la posibilidad de valorar
“los demás posgrados afines a la especialidad del cargo a que se aspire”, por lo que
la lista de programas prevista en el Acuerdo tiene carácter enunciativo y no taxativo.

Manifestó que, pese a lo anterior, la administración únicamente valoró la
especialización en derecho administrativo y negó el reconocimiento de la
especialización en derecho comercial.

Refirió que interpuso recurso de reposición contra la Resolución CJR26-0021, en el
que argumentó que dicho posgrado sí guarda afinidad material con el cargo de juez
administrativo, pues su plan de estudios incorpora materias relacionadas con títulos
valores, sociedades, insolvencia empresarial, propiedad industrial, derechos de
autor, competencia desleal, prácticas restrictivas de la competencia, derecho del
consumidor, protección de datos, seguros y transporte, entre otras, cuya aplicación
es frecuente en asuntos sometidos al control de la jurisdicción contencioso
administrativa.

Expuso que mediante la Resolución CJR26-0329 del 30 de abril de 2026, la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial resolvió de manera negativa el recurso y
confirmó el puntaje asignado en el factor de capacitación adicional. Señaló que
aunque la entidad reconoció que la tabla de posgrados establecida en el Acuerdo

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PCSJA18-11077 de 2018 no tiene carácter taxativo sino orientador, concluyó que la
especialización en derecho comercial no podía considerarse afín al cargo de juez
administrativo porque dicha área del conocimiento se encuentra ubicada dentro de
la especialidad civil-familia y no dentro de la especialidad contencioso
administrativa.

Sostuvo que esa interpretación desconoce el alcance de la cláusula abierta de
afinidad prevista en la convocatoria, ya que la entidad omitió efectuar un análisis
material del contenido curricular del programa cursado y de su relación con las
funciones propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agregó que
tampoco valoró adecuadamente los argumentos expuestos en el recurso, según los
cuales el derecho comercial guarda estrecha relación con el derecho económico,
área expresamente reconocida como afín para la especialidad contencioso
administrativa, ni explicó por qué las asignaturas acreditadas carecen de vínculo
con asuntos regulatorios, sancionatorios, de inspección, vigilancia y control
conocidos por los jueces administrativos.

Afirmó, igualmente, que el acto administrativo adolece de falta de motivación
suficiente, toda vez que no resolvió de fondo los argumentos planteados sobre la
afinidad material de la especialización en derecho comercial, limitándose a excluirla
por su ubicación formal dentro de otra especialidad de la tabla de posgrados, pese
a reconocer que aquella no tiene carácter cerrado o excluyente.

Alegó que la falta de análisis sobre el contenido del programa impidió que el recurso
fuera resuelto de forma real y efectiva. Al respecto, trajo a consideración la
sentencia de 4 de mayo de 2017 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado en un caso con connotaciones similares.

Por último, expuso que esta situación incidió directamente en su puntaje final, pues
únicamente se le reconocieron cinco (5) puntos por capacitación adicional, a lo que
agregó que, de haberse valorado también la especialización en derecho comercial,
habría obtenido cinco (5) puntos adicionales en dicho factor, con la consecuente
mejora de su calificación total y de su ubicación dentro del concurso, lo cual
repercute de manera directa en sus posibilidades de acceder al cargo para el que
concursó.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó negar el
amparo, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados
por el accionante.

Señaló que la situación planteada fue resuelta de fondo mediante la Resolución
CJR26-0329 del 30 de abril de 2026, expedida con ocasión del recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución CJR26-0021 del 13 de enero de 2026,
y que la actuación administrativa se adelantó con estricta sujeción a las reglas
previstas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma obligatoria y reguladora
del concurso de méritos.

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Indicó que el accionante, inscrito al cargo de juez administrativo, obtuvo en la etapa
clasificatoria un puntaje de 316,46 en la prueba de conocimientos, 173,27 en la
prueba psicotécnica, 154,50 en el curso de formación judicial, 30,53 en experiencia
adicional y docencia y cinco (5) puntos en capacitación adicional, para un total de
679,76 puntos, calificación que fue mantenida al resolverse el recurso de reposición.

En relación con el factor de capacitación adicional, precisó que se otorgaron cinco
(5) puntos por la especialización en derecho administrativo de la Pontificia
Universidad Javeriana, al considerarse afín a la especialidad del cargo de juez
administrativo. A diferencia de la especialización en derecho comercial, frente a la
cual no se otorgó puntuación, por cuanto, aunque la tabla de posgrados prevista en
el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 tiene carácter enunciativo, esta delimita las
áreas del conocimiento propias de cada especialidad y dicha formación no se
encuentra comprendida dentro de la especialidad contencioso administrativa.

Sostuvo que la Unidad está obligada a aplicar las reglas de valoración definidas en
la convocatoria y carece de facultades para modificarlas o adaptarlas a situaciones
particulares. En ese sentido, afirmó que acceder a la pretensión del accionante
implicaría alterar las condiciones previamente establecidas para todos los
participantes, en contravía de los principios de igualdad, mérito, transparencia y
buena fe que rigen el concurso de méritos.

Asimismo, adujo que la valoración realizada obedeció a la aplicación de criterios
previamente definidos en el Acuerdo de la convocatoria, según los cuales solo
pueden otorgarse puntajes a aquellos estudios de posgrado que guarden relación
directa con la especialidad del cargo de aspiración. En consecuencia, consideró
razonable concluir que la especialización en derecho comercial no reunía dicha
condición para el cargo de juez administrativo, por cuanto sus áreas temáticas no
corresponden a las previstas para la especialidad contencioso administrativa.

Por otra parte, manifestó que no existió omisión ni falta de motivación en la
resolución del recurso de reposición, ya que la Resolución CJR26-0329 de 2026
abordó expresamente los argumentos planteados por el accionante.

Finalmente, afirmó que los cuestionamientos formulados por el accionante respecto
de la pertinencia, razonabilidad o alcance de las reglas de valoración previstas en
el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 constituyen un debate de legalidad y no
constitucional, razón por la cual deben ser ventilados ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y no mediante la acción de tutela.

4.2. Intervención de los señores Víctor Andrés Balcárcel Guzmán y César
Eduardo Yaruro Ortega

En calidad de terceros con interés, solicitaron declarar improcedente la solicitud de
amparo, al considerar que el asunto no cumple el requisito de subsidiariedad, dado
que existe otro mecanismo de defensa judicial para dirimir el debate planteado.

De manera subsidiaria, pidieron negar las pretensiones, por no encontrarse
demostrada la afectación alegada.

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5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia
del 2 de junio de 2026 resolvió declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que la inconformidad planteada por el actor respecto del reconocimiento
de puntaje adicional por concepto de capacitación adicional constituye una
discusión sobre la correcta interpretación y aplicación de las reglas previstas en la
convocatoria del concurso. Por ello, señaló que dicho debate debe ser ventilado
ante el juez natural y no en sede de tutela.

Agregó que mediante la Resolución PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026 se
conformó el Registro Nacional de Elegibles, acto administrativo definitivo que
consolidó la situación jurídica particular del actor dentro del proceso de selección y
que es susceptible de control judicial. Asimismo, precisó que en el caso concreto no
se está ante la configuración de un perjuicio irremediable que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia.

En primer lugar, solicitó compulsar copias a la autoridad competente con el fin de
que se determine si se incurrió en una falta disciplinaria como consecuencia de la
inobservancia del término de diez (10) días previsto en el Decreto 2591 de 1991,
pues, a su juicio, el asunto debió ser definido a más tardar el 26 de mayo del
presente año, sin que ello ocurriera.

Expuso que lo anterior resulta relevante en la medida en que, en el escrito de tutela,
se solicitó la adopción de una medida provisional respecto de la cual no se efectuó
un análisis de necesidad y urgencia y, además, durante el trámite constitucional se
expidió el acto administrativo mediante el cual se conformó el Registro Nacional de
Elegibles.

Indicó que el fallador de primera instancia no tuvo en consideración la solicitud de
amparo del derecho fundamental de petición, aspecto que no fue objeto de
pronunciamiento. Asimismo, refirió que tampoco se efectuó valoración alguna del
precedente judicial proferido por la misma corporación que fue puesto a
consideración dentro del trámite.

Por último, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con
la valoración de la especialización en derecho comercial como un estudio afín al
cargo de juez administrativo.

7. Trámite procesal

En escrito de 28 de julio de 2026, la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello
manifestó impedimento para conocer el asunto por estar incursa en las causales 4
y 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que existe una
estrecha relación de amistad con dos de sus servidores que son participantes de la

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Convocatoria 27 y frente a quienes ha manifestado su opinión de sus casos
particulares.

El despacho del magistrado ponente, en auto de 28 de julio de 2026 declaró fundado
el impedimento al considerar que se acreditó la casual 5 invocada, más aún cuando
los servidores judiciales a los que alude en su escrito intervinieron en la acción de
tutela como terceros con interés.

Por consiguiente, la magistrada fue separada del conocimiento del trámite
constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia del 2 de junio de 2026 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela y, en consecuencia, si debe acceder al amparo constitucional en los términos
propuestos por la parte actora.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados

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o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos supuestos
de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el
marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de
trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial idóneo es la
1
acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial . El
segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido
publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan
actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es
procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre
o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el
2
proceso de selección .
3
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011
destacó que “la lista o registro de elegibles es un acto administrativo de carácter particular
que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso,
con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la etapa de la convocatoria,
es una fase hito y concluyente del sistema de nombramiento por vía del concurso público,
dado que a través de su conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados
de las distintas fases de selección organiza en estricto orden de mérito el nombre de las
personas que deben ser designadas en las plazas ofertadas en la convocatoria, observando
para ello, las precisas reglas fijadas en ésta. Este acto tiene una vocación transitoria toda
vez que tiene una vigencia específica en el tiempo”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
1
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-
01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de 2018, exp.
Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-
01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
3
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos
casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando
se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces
(T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
4
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2022 señaló
que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para
resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen
actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado
algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta
eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma
definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo
fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto
en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del
juez de lo contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando
por las condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.
5
En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 2024 , indicó que
existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos
definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con un debate
sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse,
debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Y recordó
que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando los actos administrativos
“hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió”.

Así mismo, la sentencia referida analizó cuándo se configura un perjuicio
irremediable que haga viable el amparo de manera transitoria en dichos eventos,
ante lo cual sostuvo “no se configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes
“contaban con una mera expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales
concursaron, sin que se haya consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos
públicos”. Para considerar que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta
corporación ha sostenido que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe
una vacante para ser designado”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-008 de 20266, señaló que
la acción de tutela resulta improcedente respecto de actos administrativos definitivos
o de aquellos que definan una situación jurídica particular y concreta, en la medida
en que estos pueden ser controvertidos ante el juez natural mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa oportunidad, sostuvo que
ese mecanismo constituye la vía idónea y eficaz, pues prevé la adopción de
4
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
5
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6
M.P. Juan Carlos Cortés González.

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medidas cautelares, incluso de carácter urgente, que permiten al juez contencioso
administrativo adoptar decisiones encaminadas a proteger y garantizar
provisionalmente los derechos invocados mientras se resuelve el proceso.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos
que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se
controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de
elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela,
en principio, es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado
unas subreglas jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la
acción de tutela.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Jimmy Christian Rodríguez Caicedo interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a cargos públicos, a la igualdad y al principio del mérito, con ocasión de la
expedición de la Resolución CJR26-0021 del 13 de enero de 2026, mediante la cual
se publicaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo de
juez administrativo, y de la Resolución CJR26-0329 del 30 de abril de 2026, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha calificación.

El actor indicó que se inscribió, fue admitido y superó todas las fases de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial para el cargo de juez administrativo. Asimismo,
afirmó que la Resolución CJR26-0329 del 30 de abril de 2026 no tuvo en
consideración la especialización en derecho comercial que cursó, motivo por el cual
interpuso recurso de reposición, que fue resuelto de manera desfavorable, pese a
los argumentos expuestos sobre la afinidad material del posgrado con el cargo.

Señaló que la administración concluyó que dicho posgrado no era afín a la
especialidad contencioso administrativa por encontrarse ubicado dentro del ámbito
del derecho civil-familia, sin efectuar un análisis del contenido curricular del
programa ni de las materias cursadas, relacionadas con áreas como competencia
desleal, derecho del consumidor, propiedad intelectual, sociedades, insolvencia
empresarial y regulación económica. Sostuvo que esa interpretación desconoce el
carácter enunciativo de la tabla de posgrados prevista en el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018 y la cláusula que permite valorar otros estudios afines a la
especialidad del cargo, lo que derivó en una calificación inferior al no reconocérsele
cinco (5) puntos adicionales en el factor de capacitación adicional.

Al respecto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante sentencia del 2 de junio de 2026 declaró improcedente la acción de tutela,
por considerar que el actor cuenta con otro mecanismo de defensa para dirimir el
debate planteado en sede constitucional.

Inconforme con dicha decisión, la parte accionante la impugnó y sostuvo que no se
tuvo en consideración la alegada vulneración del derecho de petición relacionada

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con la falta de análisis material del contenido curricular del programa cursado y de
su relación con las funciones propias de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, expuesta en el recurso de reposición. Además, indicó que no se
analizó el precedente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado mencionado en
la demanda.

Por último, solicitó compulsar copias a la autoridad competente con el fin de que se
determine si se incurrió en una falta disciplinaria como consecuencia de la
inobservancia del término de diez (10) días previsto en el Decreto 2591 de 1991.

Precisado lo anterior, la Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, que
declaró improcedente la acción de tutela, por las razones que se exponen a
continuación.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, se advierte
que, con posterioridad a los actos administrativos mediante los cuales se
determinaron los resultados de la etapa clasificatoria, la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial expidió la Resolución PCSJSR26-126 de 15 de mayo de 2026,
mediante la cual se conformó el registro nacional de elegibles para el cargo de juez
administrativo, en el que el actor fue incluido con un puntaje de 679,76, ocupando
la posición 220, como se ve a continuación.

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo mediante el cual se conformó el
registro nacional de elegibles para el cargo de juez administrativo tiene carácter
definitivo, por cuanto define la situación del actor frente al acceso a cargos de
carrera. A ello se suma que, como lo ha indicado la Corte Constitucional7, la
conformación del registro de elegibles materializa el principio del mérito previsto en
el artículo 125 de la Constitución Política.

En virtud de lo expuesto, la Sala coincide con el a quo, en la medida en que el
asunto resulta improcedente para ser dirimido mediante la acción de tutela, por
cuanto el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
resolver el debate planteado. En efecto, puede controvertir la legalidad del acto
administrativo mediante el cual se conformó el Registro Nacional de Elegibles para
el cargo de juez administrativo, el cual, por su naturaleza definitiva, es susceptible
de control judicial, sin que sea esta vía la establecida para analizar aspectos
relacionados con la interpretación del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018.

En este punto, resulta del caso destacar que, si bien el actor indicó que existió una
vulneración del derecho fundamental de petición, lo cierto es que ese aspecto está
relacionado con la valoración y el análisis del contenido programático de la
especialización en derecho comercial, que, a su juicio, debe ser tenida en
consideración como capacitación adicional. Por tal motivo, ese debate se enmarca
en la posibilidad de controvertir el acto administrativo definitivo ante el juez natural,
sin que, por el simple hecho de alegarlo, deba ser analizado en sede de tutela.

7
Sentencia SU-446 de 2011.

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Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción de tutela
se torna procedente, cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa
judicial, se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable y se esté en
presencia de las excepciones señaladas en la jurisprudencia para admitir de manera
excepcional el mecanismo constitucional para controvertir decisiones en concursos
de méritos, tales como “(i) la inexistencia de un medio de control; (ii) la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que la discusión desborde la competencia del juez
administrativo”. Sobre el último supuesto, la Corte Constitucional ha sostenido que
se trata de argumentos de índole estrictamente constitucional que no puedan ser
conocidos por el juez de lo contencioso administrativo.

Adicional a lo anterior, la Sala debe precisar que el acto que contiene el registro de
elegibles que se utilizará para conformar las listas de elegibles con el fin de los
respectivos cargos es de naturaleza definitiva, por consolidar una situación
particular y concreta. Al respecto, esta corporación ha sostenido que “sea lo primero
aclarar que esta Corporación ha sido unificada en el criterio de que los actos expedidos
durante el transcurrir de una convocatoria son actos de trámite, pues solo se considera
definitivo el que contiene la lista de elegibles que ha de usarse para proveer los cargos que
8
se sometieron a concurso” .

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza residual
y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto
un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que
no se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional ante
la existencia de una situación grave, urgente, inminente e impostergable que afecte
los derechos fundamentales del demandante, pues el mismo hace parte del registro
nacional de elegibles.

Por el contrario, se advierte que la inconformidad planteada por el accionante recae
sobre aspectos de estricta legalidad que desbordan el ámbito de competencia del
juez constitucional, tales como: (i) la correcta interpretación y aplicación de las
reglas del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 en relación con el factor de
capacitación adicional y la determinación de la afinidad de los posgrados con la
especialidad del cargo; (ii) la legalidad de la Resolución CJR26-0329 de 30 de abril
de 2026, en cuanto a excluir la especialización en derecho comercial por no
considerarse afín; (iii) la presunta falta de motivación del acto administrativo,
derivada de la alegada indebida valoración del contenido del programa cursado; y
(iv) la incidencia de dicha valoración en la conformación del registro de elegibles, al
asignarse al actor un puntaje que, en su criterio, resulta inferior al que le
correspondería.

En ese sentido, se trata de cuestionamientos que implican un juicio de legalidad
sobre los actos administrativos expedidos dentro del concurso de méritos, cuya
controversia corresponde ser dirimida a través de los mecanismos ordinarios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no mediante la acción
de tutela.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de septiembre de 2014. Exp. 05001-
23-31-000-2008-01185-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

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Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”9.

10
Conforme con lo ha señalado esta Sala , “esas situaciones están regladas en la Ley
270 de 1996 y, en los términos expuestos por el actor, antes que demostrar un perjuicio
irremediable, están encaminadas a una aparente infracción de las normas en que debería
fundarse. En efecto, el artículo 137 del CPACA prevé como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse. A modo ilustrativo, esta causal tiene que ver con la violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para el sustento del
acto administrativo y se configura por vulneración directa de esas normas, siempre que
ocurra en las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea”.

De allí que el demandante pueda cuestionar la legalidad de la Resolución
PCSJSR26-126 del 15 de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a partir de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 de la misma normativa. Sumado a ello, debe resaltarse que al
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa el accionante puede reclamar la
adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es la vía judicial idónea y eficaz, pues como se indicó en precedencia no
está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco
resulta procedente como mecanismo transitorio, siendo en el marco del proceso
ordinario en donde deberá discutir lo que propone en esta sede constitucional.

Ahora bien, en lo que respecta a la falta de análisis de la sentencia del 4 de mayo
de 2017 proferida por esta corporación, se destaca que el actor no precisó los
aspectos en los que le resultaba aplicable a su caso. Además, es relevante destacar
que esta Sala, en casos recientes con contornos fácticos y jurídicos similares, ha
resuelto declarar improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de
subsidiariedad11.

Finalmente, se evidencia que lo relativo a la solicitud de compulsa de copias ante la
autoridad competente, a fin de que se determine si se incurrió en una falta
disciplinaria como consecuencia de la inobservancia del término de diez (10) días
previsto en el Decreto 2591 de 1991, constituye un asunto que escapa a la órbita
de competencia del juez constitucional y para cuya atención no fue instituida la
acción de tutela. A lo anterior se agrega que el accionante puede acudir
directamente ante las autoridades que considere competentes y formular la queja
que estime procedente.
9
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
10
Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de
2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000-
2023-00129-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
11
Ver sentencias del 18 y 25 de junio de 2026, en las acciones de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-
2026-02928-00 y 11001-03-15-000-2026-03644-00. C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo de 2 de junio de 2026,
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
resolvió declarar improcedente la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia del 2 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELASQUEZ

La validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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