Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03603-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03603-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03603-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03603-00
Accionante: Jaider Enrique Hernández Caro
Accionados: Alcaldía Municipal de Malambo y otros
Tema: Derechos al debido proceso, mínimo vital, vida y otros. Negativa
de reintegro al cargo por no existir calificación definitiva de la
pérdida de la capacidad laboral. DECLARA IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Jaider Enrique Hernández
Caro, en nombre propio, en contra de la Alcaldía Municipal de Malambo, de Salud
Total EPS-S S.A. y de Colfondos S.A.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a
la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y a la estabilidad laboral reforzada, que
considera vulnerados por las entidades accionadas.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que se encuentra vinculado laboralmente a la Alcaldía Municipal de Malambo.
Que durante el desarrollo de sus funciones comenzó a presentar afectaciones
médicas relacionadas con compromiso neuro oftalmológico y disminución funcional
visual, por lo que fue sometido a múltiples valoraciones especializadas y permanece
bajo tratamiento y seguimiento clínico permanente.
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Que en los conceptos especializados se estableció expresamente que podía
continuar desarrollando actividades laborales bajo restricciones específicas
relacionadas con disminución de carga laboral, manejo de estrés y adecuaciones
funcionales.
Que la Alcaldía condicionó cualquier forma de reincorporación funcional,
reubicación ocupacional o activación laboral efectiva a la existencia de un concepto
definitivo sobre pérdida de capacidad laboral o alta médica absoluta.
Que anteriormente presentó una acción de tutela donde la EPS Salud Total remitió
el asunto al fondo pensional y posteriormente alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva; sin embargo, a la fecha Colfondos tampoco le ha definido su
situación.
Que actualmente está «sin salario efectivo; sin reincorporación laboral; sin
reubicación funcional; sin protección económica suficiente; sin definición integral de
capacidad laboral; y sometido a incertidumbre médica y económica permanente»;
situación que le afecta gravemente su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
Sostiene que tiene tres (3) hijos menores de edad que dependen económicamente
de él al igual que su señora madre, quien depende parcialmente de sus ingresos
para atender sus necesidades básicas.
Afirma que con anterioridad promovió «una acción de tutela relacionada con estos
hechos, la cual fue declarada improcedente por subsidiariedad sin pronunciamiento
material de fondo respecto de la vulneración constitucional continuada aquí
alegada»; no obstante, se continuaron produciendo hechos médicos sobrevinientes
relacionados con incapacidades y restricciones funcionales activas. El 5 de mayo
de 2026, el Instituto de la Visión del Norte emitió nueva incapacidad médica,
confirmando la continuidad de la situación clínica y funcional que padece.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados, y, en consecuencia, ordenar a la
Alcaldía Municipal de Malambo que i) realice una valoración ocupacional integral
inmediata, mediante medicina laboral especializada y ii) emita decisión
administrativa clara y definitiva respecto de la situación ocupacional y funcional del
actor; y, a Colfondos que adelante de manera prioritaria las actuaciones
correspondientes con la definición integral de capacidad laboral y situación
prestacional del actor.
Adicionalmente, pide ordenar a las entidades accionadas que actúen de manera
coordinada e integral para resolver la situación del actor y que se adopten de
manera inmediata «medidas transitorias de protección económica mientras se
resuelve integralmente mi situación funcional y prestacional».
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TRÁMITE PROCESAL
El 13 de mayo de 2026, se admitió la acción y se ordenó notificar a las partes.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
Colfondos S.A. adujo que el 16 de febrero de 2026 la EPS Salud Total le notificó a
la entidad el concepto de rehabilitación del actor. Indicó que dicho documento se
emitió fuera del término que establece el artículo 142 del Decreto 019 de 2012, por
lo que debe darse aplicación a la sanción que contempla el inciso 6 de esa
disposición normativa, consistente en asumir el pago de las incapacidades con
cargo a sus propios recursos hasta tanto se efectúe el traslado de dicho concepto.
Por otro lado, dijo que de la sabana de incapacidades que aportó la EPS Salud Total
se advierte que existe una interrupción en la prescripción de éstas, superior a treinta
(30) días, lo que implica el reinicio del conteo a cargo de la EPS (día 1 al 180),
conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 2266 de 1998, el artículo
2.2.3.2.3, del Decreto 1333 de 2018 y el parágrafo 13 del artículo 2.2.3.3.2 del
Decreto 1427 de 2022. En consecuencia, a la entidad no le corresponde el pago de
las incapacidades.
La EPS Salud Total S.A. indicó que el actor «no cuenta con procesos aperturados
por el área de medicina laboral» y el 13 de febrero de 2026 emitió concepto de
rehabilitación integral con pronóstico favorable dirigido a la AFP COLFONDOS.
Solicitó su desvinculación de la acción de tutela, con fundamento en que el usuario
no presenta inconformidad alguna por la prestación de servicios, trámites de
afiliación o demás generados por esta EPS, sino que pretende que se gestione su
reintegro laboral.
La Alcaldía de Malambo señaló que el accionante se encuentra vinculado
laboralmente a la administración municipal y ha superado los ciento ochenta (180)
días de incapacidad médica, lo cual no implica que el municipio tenga la obligación
legal de continuar efectuando el pago de salarios y demás prestaciones sociales,
únicamente es responsable del pago de las cotizaciones al sistema de seguridad
social. El reconocimiento y pago de las incapacidades corresponde al Sistema de
Seguridad Social Integral, a través de la entidad promotora de salud (EPS) o de la
administradora de riesgos laborales (ARL).
Aduce que en vista de que se superan los ciento ochenta (180) días de incapacidad,
corresponde al fondo de pensiones adelantar el procedimiento de valoración y
calificación de la pérdida de capacidad laboral, así como asumir las prestaciones
económicas correspondientes, mientras se define de manera integral la situación
funcional y prestacional del afiliado.
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Expresó que el actor ya había presentado una acción de tutela con los mismos
supuestos fácticos y pretensiones, la cual fue resuelta por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Barranquilla con radicado «08001-40-53-004-2026-00258-00.
(0268)»
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) la temeridad y la cosa juzgada en
la acción de tutela; y, iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
La temeridad y la cosa juzgada en la acción de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente frente a la temeridad
en la acción de tutela:
«(…) ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado,
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión
de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que
haya lugar (…)».
Esta disposición normativa pretende proteger el principio de buena fe consagrado
constitucionalmente, que se ve perjudicado en el evento en que se presentan varias
acciones de amparo idénticas, sin motivo justo expresamente probado y sin que
medie un hecho nuevo que justifique acudir nuevamente a la administración de
justicia.
Así las cosas, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se
concreta en la indebida utilización de este mecanismo de protección, y la
jurisprudencia constitucional ha determinado que, para que se configure una
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actuación de este tipo deben concurrir los siguientes elementos: i) identidad fáctica
en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; iii)
identidad del sujeto demandado; y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción.
Por otro lado, ha dicho la Corte Constitucional que la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional y que constituye un
ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que compromete la capacidad judicial
del Estado como también los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de la cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta
identidad jurídica de partes, objeto y causa. Al efecto, un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
Por otra parte, la Corte Constitucional considera que la actuación no es temeraria si
la acción se fundamenta: a) en la ignorancia o indefensión del actor; b) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; c) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho y no por mala fe; d) la consideración de eventos nuevos que aparecieron
con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir
la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante; y e) se puede interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos
efectos son extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión 1.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Jaider Enrique Hernández Caro considera que la Alcaldía
Municipal de Malambo, Salud Total EPS-S S.A. y Colfondos S.A. le violan los
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la dignidad humana, al
mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y
a la estabilidad laboral reforzada, por no definir su situación médica y laboral, lo cual
ha perjudicado su situación económica y la de su núcleo familiar.
1 Corte Constitucional, Sentencia SU 027 de 2021
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Teniendo en cuenta que tanto el actor como la Alcaldía mencionan que ya se había
presentado otra acción de tutela, al parecer bajo los mismos hechos que aquí se
narran es necesario revisar la misma a efectos de determinar sí se trata del mismo
asunto o no.
El actor instauró acción de tutela en contra de la Alcaldía de Malambo y la EPS
Salud Total2, al estimar que dichas entidades le vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la salud, a la seguridad
social y al debido proceso. Alegó que se encuentra vinculado laboralmente a la
Alcaldía, en el mes de julio de 2025 presentó una condición médica, por lo que fue
incapacitado por más de 227 días; radicó las incapacidades ante la EPS, quien
emitió concepto de rehabilitación con pronóstico favorable, el cual fue remitido al
fondo de pensiones y al empleador; por lo anterior, solicitó su reintegro laboral; sin
embargo, su empleador le dijo que no era posible y a la fecha no ha programado el
examen médico de reingreso, encontrándose en una situación en donde no percibe
salario y no está incapacitado.
El 29 de abril de 2026, el Juzgado Cuarto Civil Oral Municipal de Barranquilla
declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues el actor debe solicitar ante la administradora de
fondo de pensiones Colfondos que se valore su capacidad laboral, ya que sus
incapacidades médicas superaron los ciento ochenta (180) días. Además, precisó
que la controversia allí planteada se debía desatar en la jurisdicción contenciosa,
habida cuenta que se trata de una entidad del orden nacional.
Al consultar en la página de la Rama Judicial la tutela 08001-40-53-004-2026-
00268-00, antes citada, se observa que la providencia mencionada no fue
impugnada y el 22 de mayo de 2026 fue remitida a la Corte Constitucional, para el
trámite correspondiente.
La Corte Constitucional en la Sentencia T 427 de 2017 precisó lo siguiente sobre el
análisis de la existencia de la cosa juzgada:
«(…) En efecto, algunas alteraciones parciales a la identidad no
necesariamente excluyen la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a
una persona más o una menos puede significar, en todo caso, una identidad de
sujetos. De igual modo, una variación de los hechos o un nuevo elemento que
no tiene incidencia en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser
razón per se para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar
un hecho nuevo que no tenga incidencia en la decisión no puede justificar reabrir
una controversia que ha cumplido el correspondiente trámite. Finalmente tener
un mismo objetivo y pretensión no significa que deba existir una redacción
idéntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez
pueda verificar que materialmente existe una pretensión equivalente».
2 El Juzgado Cuarto Civil Oral Municipal de Barranquilla vinculó a la acción de tutela a la Administradora de
Fondo de Pensiones Porvenir, a la Colfondos S.A. y al Instituto de la Visión.
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Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que ambas acciones se dirigen contra la
Alcaldía de Malambo, la EPS Salud Total y el Fondo de Pensiones Colfondos. El
fundamento de la vulneración de los derechos fundamentales es el no reintegro del
señor Hernández a su cargo y la falta de valoración de la capacidad laboral del actor
por parte de Colfondos. Además, pretende el actor que la Alcaldía realice una
valoración ocupacional integral y que el fondo de pensiones defina su capacidad
laboral.
El actor aduce que con posterioridad a la decisión del Juzgado persistió la afectación
y se continuaron produciendo hechos médicos sobrevinientes relacionados con
incapacidades y «restricciones funcionales activas».
Sobre el asunto, la Sala encuentra que los hechos que expone el tutelante no son
nuevos, ya que no modifican o adicionan los argumentos que se plantean sobre la
no reincorporación y la determinación de la capacidad laboral; por el contrario,
corresponden a situaciones médicas que han ocurrido con posterioridad a la
expedición de la decisión judicial.
Ahora, si bien las acciones de tutela 08001-40-53-004-2026-00268-00 y 11001-03-
15-000-2026-03603-00 tienen identidad de partes, de hechos y pretensiones, no es
posible declarar la cosa juzgada dado que la primera tutela no está ejecutoriada; sin
embargo, esta circunstancia genera la improcedencia de un nuevo pronunciamiento
al respecto.
Por otro lado, no se considera que la radicación de esta acción de tutela sea una
actuación temeraria pues el accionante estimaba que existían hechos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la primera acción y que ello lo
habilitaba para una nueva solicitud; circunstancia que se traduce en ignorancia y
desvirtúa la temeridad.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que instauró el señor
Jaider Enrique Hernández Caro.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0360 3 -00
Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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