Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03603-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03603-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03603-01
Accionante: JADIER ENRIQUE HERNÁNDEZ CARO
Accionados: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO Y OTROS
Tema: Reconocimiento y pago de incapacidades médicas – dictamen
de pérdida de capacidad laboral – confirma la declaratoria de
improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 4 de junio de
2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 13 de mayo de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 26 de junio del año en curso concedió
la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jadier Enrique Hernández Caro, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Malambo, Salud Total
E.P.S. y Colfondos S.A. Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido
proceso administrativo y a la «estabilidad ocupacional reforzada».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la falta de
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó
en calidad de accionadas a la Alcaldía Municipal de Malambo, a Salud Total E.P.S. y a Colfondos
S.A.
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un concepto definitivo sobre su pérdida de capacidad laboral y la omisión de la
Alcaldía Municipal de Malambo en realizar una «activación ocupacional efectiva».
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Amparar mis derechos fundamentales invocados.
SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO realizar
valoración ocupacional integral inmediata mediante medicina laboral
especializada.
TERCERO: Ordenar a las entidades accionadas actuar de manera coordinada e
integral respecto de mi situación médica, ocupacional y prestacional.
CUARTO: Ordenar la adopción inmediata de medidas transitorias de protección
económica mientras se resuelve integralmente mi situación funcional y
prestacional.
QUINTO: Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MALAMBO emitir decisión
administrativa clara y definitiva respecto de mi situación ocupacional y funcional.
SEXTO: Ordenar a COLFONDOS adelantar prioritariamente las actuaciones
correspondientes relacionadas con la definición integral de capacidad laboral y
situación prestacional.3
1.2. Hechos
4. El señor Jadier Enrique Hernández Caro indicó que se encuentra
actualmente vinculado a la Alcaldía Municipal de Malambo y sostuvo que durante
el vínculo laboral presentó afectaciones en su salud relacionadas con una
disminución en su capacidad visual, junto con un «compromiso neuro
oftalmológico», por lo que permanece bajo tratamiento y seguimiento clínico
permanente. A su vez, señaló que, por el deterioro de su salud, ha presentado
múltiples incapacidades médicas4.
5. Puso de presente que se ha sometido a valoraciones médicas
especializadas, cuyos conceptos han determinado que puede continuar
desarrollando actividades laborales bajo restricciones específicas relacionadas
con «disminución de carga laboral, manejo del estrés y adecuaciones
funcionales».
6. Pese a lo anterior, refirió que la Alcaldía de Malambo «condicionó
cualquier forma de reincorporación funcional, reubicación ocupacional o
activación laboral efectiva a la existencia de una definición sobre su pérdida de
capacidad laboral o alta médica absoluta». Por tal razón, afirmó que actualmente
no devenga un ingreso.
7. Por último, manifestó que Colfondos S.A. no ha determinado la pérdida de
su capacidad laboral.
3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, se advierte que superan los 180 días.
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1.3. Sustento de la vulneración
8. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad,
al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso administrativo y a la
«estabilidad ocupacional reforzada», como consecuencia de una
«desarticulación institucional por la falta de definición de su situación médica y
laboral».
9. Puso de presente que no se ha emitido el dictamen de su pérdida de
capacidad laboral, no ha sido reubicado en sus funciones y no posee un salario
efectivo, lo cual ha afectado su mínimo vital y el de su núcleo familiar.
10. Expuso que previamente presentó una acción de tutela relacionada con
los mismos hechos, la cual fue declarada improcedente por no superar el
requisito de subsidiariedad, sin un pronunciamiento de fondo respecto de la
vulneración continuada de sus derechos fundamentales.
11. Finalmente, expuso que la Corte Constitucional ha sostenido de manera
reiterada que la estabilidad laboral reforzada no depende exclusivamente de una
calificación formal de invalidez o discapacidad, sino de la constatación material
de condiciones de salud que generen en el trabajador una condición de debilidad
manifiesta y afecten sustancialmente su estabilidad funcional, económica y
ocupacional.
1.4. Intervenciones
12. Salud Total E.P.S. informó que el accionante se encuentra afiliado como
cotizante del régimen contributivo, sin novedad de retiro. A su vez, puso de
presente que el 13 de febrero de 2026, el área de medicina laboral emitió
concepto de rehabilitación integral con pronóstico favorable dirigido a Colfondos
S.A.
13. Respecto a las recomendaciones, reubicación y reintegros laborales,
indicó que le corresponde al empleador, con sus propios recursos y bajo el
programa de seguridad y salud en el trabajo, establecer cuáles son las
recomendaciones laborales que requiere el trabajador.
14. Colfondos S.A. señaló que, al validar el sistema de información y la base
de datos de la entidad, advirtió que el 13 de febrero de 2026 Salud Total E.P.S.
emitió concepto favorable de rehabilitación a favor del accionante. A su vez,
indicó que dicho documento fue expedido por fuera del término que establece el
artículo 142 del Decreto 019 de 2012, por lo que debe darse aplicación a la
sanción que contemplada el inciso 6 de dicha disposición, consistente en que la
E.P.S. deba asumir el pago de las incapacidades con cargo a sus propios
recursos.
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15. Por otro lado, sostuvo que de las incapacidades que aportó la E.P.S., se
advierte que existe una interrupción en la prescripción de éstas, superior a 30
días, lo que implica el reinicio del conteo a cargo de la EPS (día 1 al 180),
conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 2266 de 1998, el
artículo 2.2.3.2.3 del Decreto 1333 de 2018 y el parágrafo 13 del artículo 2.2.3.3.2
del Decreto 1427 de 2022. En consecuencia, afirmó que no le corresponde el
pago de las incapacidades del accionante.
16. Por último, señaló que cuando el accionante haya alcanzado «un grado de
rehabilitación», le corresponde al empleador, en cumplimiento de los artículos 12
y 13 de la Resolución 1843 de 2025 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,
efectuar la evaluación médica de retorno laboral y la evaluación médica
posincapacidad, a efectos de determinar la posibilidad o no de su reintegro
laboral.
17. Por su parte, la Alcaldía Municipal de Malambo indicó que el accionante
se encuentra vinculado a la entidad e informó que ha superado los 180 días de
incapacidad médica, lo implica que el municipio no tenga la obligación legal de
continuar efectuando el pago de salarios y demás prestaciones sociales, pues
únicamente es responsable del pago de las cotizaciones al sistema de seguridad
social.
18. Además, consideró que le corresponde al fondo de pensiones adelantar el
procedimiento de valoración y pérdida de capacidad laboral, así como asumir las
prestaciones económicas correspondientes, mientras se define de manera
integral la situación médica y prestacional del afiliado.
19. En ese orden, sostuvo que el reconocimiento y pago de las incapacidades
médicas le corresponde al Sistema de Seguridad Social Integral, a través de la
entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos laborales.
20. Finalmente, manifestó que el accionante previamente interpuso una acción
de tutela con los mismos supuestos fácticos, la cual fue resuelta por el Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla bajo el radicado 08001-40-53-004-2026-
00268-00.
1.5. Sentencia de primera instancia
21. Mediante proveído del 4 de junio de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela.
Al respecto, señaló que el accionante interpuso una acción de tutela identificada
con el radicado 08001-40-53-004-2026-00268-00, en la que estimó que la
Alcaldía Municipal de Malambo y Salud Total E.P.S. vulneraron sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, al trabajo, a la salud, a la seguridad
social y al debido proceso.
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22. Lo anterior, con fundamento en que ha presentado incapacidades médicas
por más de 227 días y, pese a que se encuentra vinculado laboralmente en el
mencionado ente territorial, no se ha efectuado su reintegro por no contar con un
«concepto de rehabilitación favorable definitivo».
23. En ese orden, indicó que el proceso fue conocido por el Juzgado Cuarto
Civil Oral del Municipio de Barranquilla que, mediante sentencia del 29 de abril
de 2026, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no superar el
requisito de subsidiariedad, puesto que el señor Hernández Caro no acreditó
haberle solicitado a Colfondos S.A. la determinación de su capacidad laboral. La
decisión no fue impugnada por el accionante y el expediente fue remitido a la
Corte Constitucional el 22 de mayo de 2026.
24. Sin embargo, sostuvo que, pese a que existe identidad de partes, hechos
y pretensiones, no es posible declarar la cosa juzgada debido a que la acción de
tutela con radicado 2026-00268-00, puesto que no se encuentra ejecutoriada. Sin
embargo, consideró que dicha circunstancia impide un nuevo pronunciamiento al
respecto.
25. Finalmente, descartó una actuación temeraria del accionante, debido a
que estimaba que existían nuevos hechos que lo habilitaban para interponer una
nueva acción constitucional, «circunstancia que se traduce en ignorancia y
desvirtúa la temeridad».
1.6. Impugnación
26. La parte actora consideró que la sentencia de primera instancia incurrió en
una contradicción argumentativa, ya que por una parte reconoce que no se
configuró la cosa juzgada constitucional ni que existió una actuación temeraria, y
por otro lado le otorgó a la providencia los efectos prácticos de la cosa juzgada.
27. A su vez, puso de presente que la vulneración de sus derechos
fundamentales persiste, ya que no ha sido reincorporado laboralmente ni se ha
definido su pérdida de capacidad laboral, lo cual genera que se produzca una
vulneración continuada de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
seguridad social, dignidad humana y trabajo en condiciones dignas.
II. CONSIDERACIONES
28. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 4 de junio
de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por el accionante.
En ese sentido, esta Sección explicará las razones por las cuales en el asunto
objeto de estudio no se supera el requisito general de subsidiariedad.
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2.1. Cuestión previa: inexistencia de cosa juzgada y temeridad
29. La Sala advierte que la acción de tutela identificada con el radicado 08001-
40-53-004-2026-00268-00 y conocida por el Juzgado Cuarto Civil Oral del
Municipio de Barranquilla, no guarda identidad de objeto y partes con la presente
acción constitucional, pese a que comparten los mismos supuestos fácticos.
30. Lo anterior, por cuanto en ambos asuntos el accionante puso de presente
la acumulación de incapacidades continuas que superan los 180 días. Sin
embargo, en aquella oportunidad sus pretensiones se dirigían exclusivamente
contra la Alcaldía de Malambo y Salud Total E.P.S., las cuales estaban orientadas
a obtener su reintegro laboral y el reconocimiento y pago de salarios y
prestaciones dejadas de percibir por parte de su empleador.
31. Por otro lado, en el presente trámite, la controversia se dirigió, además,
contra Colfondos S.A. y está orientada a cuestionar la ausencia de un ingreso
efectivo derivado de la falta de pago de sus incapacidades médicas y la presunta
omisión de Colfondos en determinar la pérdida de capacidad laboral.
32. Por lo anterior, aunque los hechos que fundamentaron las dos solicitudes
de amparo son similares, lo cierto es que ambos procesos persiguen
pretensiones diferentes, lo que excluye la identidad de objeto. En consecuencia,
no es posible predicar la existencia de cosa juzgada constitucional ni de
temeridad en el ejercicio de la presente acción de tutela, por no haberse
acreditado la triple identidad.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
33. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por
la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
34. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.2.1. La solicitud no cumple con el requisito de general de subsidiariedad
35. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
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36. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela. Lo anterior, en razón a que la naturaleza
residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la
carga de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo
37. Como se expuso previamente, el accionante sostuvo que se encuentra
vinculado a la Alcaldía de Malambo y que, durante el vínculo laboral, ha
presentado múltiples incapacidades que, de conformidad con las pruebas allegas
al expediente, superan los 180 días, por lo que actualmente no percibe un
«ingreso efectivo», lo cual ha afectado su mínimo vital.
38. A su vez, expuso que su empleador no ha procedido a su reubicación
laboral pese a existir un concepto favorable de rehabilitación por parte de Salud
Total E.P.S., pues «condicionó cualquier forma de reincorporación funcional,
reubicación ocupacional o activación laboral efectiva a la existencia de una
definición sobre su pérdida de capacidad laboral o alta médica absoluta».
39. Por último, manifestó que Colfondos S.A. no ha determinado la pérdida de
su capacidad laboral.
40. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo se
circunscribe a dos reproches concretos. Por un lado, la falta de pago de las
incapacidades médicas del accionante, habida cuenta de que el accionante
considera que superan los 180 días sin que el municipio de Malambo, Salud Total
E.P.S. y Colfondos S.A. hubiesen asumido el pago de dicha obligación. Por otro
lado, la omisión del fondo de pensiones en emitir el dictamen de pérdida de
capacidad laboral y del empleador en proceder a su reubicación laboral.
41. En ese sentido, esta Sección advierte que la solicitud de amparo no supera
el requisito general de subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse.
42. En primer lugar, respecto a la falta de un ingreso económico efectivo a
favor del accionante, derivado de la falta de pago de las incapacidades médicas
que ha presentado, la Sala advierte que existe una controversia sobre la entidad
responsable en asumir el pago. De conformidad con los informes rendidos por
las entidades accionadas, la Alcaldía Municipal de Malambo sostiene que no
tiene la obligación de efectuar el pago de las incapacidades, puesto que el
demandante tiene más de 180 días de incapacidad. Por su parte, Colfondos S.A.
sostuvo que existió una interrupción en la prescripción de éstas, superior a 30
días, lo que implica el reinicio del conteo a cargo de la EPS. No obstante, en el
proceso no se encuentra probado el periodo de incapacidad del accionante, si
hubo o no interrupción en dicho lapso, y si se ha efectuado o no su pago.
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43. Sobre este punto, la Sala considera pertinente poner de presente las
reglas que han sido decantadas por el ordenamiento jurídico y la Corte
Constitucional, en particular, en la sentencia T-246 de 2018, respecto al pago de
incapacidades o subsidios por incapacidad por enfermedades de origen común,
que se ilustra a continuación:
Periodo Entidad obligada Fuente normativa
Artículo 1º del Decreto 2943 de
Día 1 y 2 Empleador 2013
Artículo 1º del Decreto 2943 de
2013 en concordancia con el
artículo 142 del Decreto 019 de
Día 3 a 180 E.P.S. 2012
Artículo 142 del Decreto Ley 019 de
Día 181 hasta el 540 Fondo de Pensiones 2012
Día 541 en adelante E.P.S. Artículo 67 de la Ley 1753 de 2015
44. A su vez, se advierte que, en cuanto a las incapacidades de origen común
que persisten y superan el día 181, si bien en principio eran objeto de debate, en
tanto se asumía que el pago estaba condicionado a la existencia de un concepto
favorable de recuperación, la Corte Constitucional ha establecido que el pago de
este subsidio corre por cuenta de la Administradora de Fondos de Pensiones a
la que se encuentre afiliado el trabajador, ya sea que exista concepto favorable
o desfavorable de rehabilitación5.
45. Ahora, en el evento que la EPS no cumpla con la emisión del concepto de
rehabilitación (sea favorable o desfavorable) antes del día 120 de incapacidad
temporal y la remisión del mismo al fondo de pensiones correspondiente, antes
del día 150, de que trata el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012, le compete
a la EPS pagar con sus propios recursos el subsidio equivalente a la respectiva
incapacidad temporal, esto, en caso de que la incapacidad se prolongue más allá
de los 180 días. En tal sentido, asumirá desde el día 181 y hasta el día en que
emita el concepto en mención.
46. Ese orden, y habida cuenta de que no se cuenta con el material probatorio
necesario para determinar la entidad encargada de pagar las incapacidades del
demandante, esta Sección considera que dicha controversia puede ser propuesta
ante la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el artículo 41
de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019, que
consagra lo siguiente:
ARTÍCULO 6o. Modifíquese el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el cual
quedará así: Artículo 41. Función Jurisdiccional de la Superintendencia Nacional
de Salud. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de
5 Sentencia T-246 de 2018, Corte Constitucional.
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los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del
artículo 116 de la Constitución Política, la Superintendencia Nacional de Salud
podrá conocer y fallar en derecho, y con las facultades propias de un juez en los
siguientes asuntos:
(…)
b) Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado en
los siguientes casos:
(…)
3. En los eventos de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o
negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud o entidades que se le
asimilen para cubrir las obligaciones para con sus usuarios.
(…)
La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional · de Salud se
desarrollará mediante un procedimiento sumario, con arreglo a los principios de
publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia,
garantizando debidamente los derechos al debido proceso, defensa y
contradicción.
(…)
La Superintendencia Nacional de Salud emitirá sentencia dentro de los siguientes
términos: Dentro de los 20 días siguientes a la radicación de la demanda en los
asuntos de competencia contenidos en los literales a), c), d) y e) del presente
artículo.
47. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-246 de 2018 sostuvo
que, con el fin de garantizar el derecho a la salud de manera efectiva de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, «la
Superintendencia Nacional de Salud puede conocer y fallar en derecho, con
carácter definitivo y con las facultades propias de un juez en determinados
asuntos, siendo uno de ellos el conocer y decidir sobre el reconocimiento y pago
de las prestaciones económicas por parte de las EPS o del empleador».
48. A su vez, expuso que dicho procedimiento es preferente y sumario, el cual
debe ser tramitado de conformidad con los principios de publicidad, prevalencia
del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia, el cual se caracteriza por:
i) iniciar con una solicitud por parte del interesado, la cual debe fundamentarse
en circunstancias de tiempo, modo y lugar; ii) la posibilidad de ser interpuesta
sin necesidad de apoderado; iii) la opción de solicitar el decreto de medidas
provisionales; y v) la emisión de la sentencia dentro de los 20 días siguientes a
la radicación de la solicitud6.
49. Por tal razón, la Corte Constitucional ha sostenido que dicho
procedimiento constituye un mecanismo idóneo y efectivo para cuestionar la falta
de reconocimiento y pago de incapacidades laborales.
6 Postura reiterada en la sentencia T-009 de 2025, dictada por la Corte Constitucional.
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50. En segundo lugar, respecto al reproche del accionante relacionado con la
omisión de Colfondos S.A. en emitir la pérdida de capacidad laboral, esta Sección
advierte que no obra en el expediente prueba alguna que permita advertir una
conducta omisiva atribuible a dicha entidad.
51. En efecto, de la revisión de las pruebas allegadas al expediente, no se
evidenció que se le hubiese informado a Colfondos S.A. que el accionante superó
los 180 días de incapacidad médica, circunstancia que resulta relevante en aras
de que se inice el trámite de pérdida de capacidad laboral. Si bien al proceso se
allegó un extracto del concepto de rehabilitación favorable emitido por Salud Total
E.P.S. y remitido al fondo de pensiones, lo cierto es que de dicho documento no
se infiere que la administradora tenga conocimiento de la situación médica del
accionante y, en consecuencia, que advierta la necesidad de determinar su
pérdida de capacidad laboral7.
52. Por lo anterior, y debido a la ausencia de elementos de prueba que
acrediten que Colfondos S.A. conocía o debía conocer la situación del
accionante, no es posible atribuirle una omisión en el ejercicio de sus funciones.
53. En ese orden, la Sala concluye que el accionante cuenta con un
procedimiento administrativo sumario a su favor, consistente en elevar una
solicitud ante la Superintendencia Nacional de Salud en la que ponga de presente
la falta de reconocimiento y pago de las incapacidades médicas, en el que,
además, puede solicitar el decreto de medidas cautelares, de conformidad con el
parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 1949 de 20198.
54. Frente a la presunta omisión de Colfondos S.A. en emitir el dictamen de
pérdida de capacidad laboral, se reitera que el accionante no acreditó haber
iniciado la solicitud, razón por la cual no es posible predicar la existencia de una
vulneración atribuible a dicha entidad.
55. En cuanto al reproche dirigido a la Alcaldía Municipal de Malambo por no
haber procedido a la reubicación laboral del demandante, la Sala también
advierte que la acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad. Lo
7 De conformidad con el inciso 6 del artículo 142 del Decreto 019 de 2012, las entidades
promotoras de servicio de salud deberán emitir concepto favorable o desfavorable de
rehabilitación antes de cumplirse con 120 días de incapacidad laboral y enviarlo al fondo
pensional antes del día 150.
8 «ARTÍCULO 6. Modifíquese el artículo 41 de la ley 1122 de 2007, el cual quedará así:
ARTÍCULO 41. FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD. Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y en ejercicio del artículo 116 de la Constitución
Política, la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, y con las
facultades propias de un juez en los siguientes asuntos: (…) PARÁGRAFO 3. La
Superintendencia Nacional de Salud en el ejercicio de la función jurisdiccional podrá adoptar las
siguientes medidas cautelares: 1. Ordenar dentro del proceso judicial las medidas provisionales
para la protección del usuario del Sistema. (…)».
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Accionados: Alcaldía Municipal de Malambo y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03603-01
anterior, por cuanto del expediente no es posible concluir que la entidad territorial
hubiese incumplido un deber de reubicar al actor. Por el contrario, según lo
expuesto por el propio accionante, el empleador condicionó su reincorporación a
la definición de su situación médico-laboral, circunstancia que precisamente hace
parte de la controversia sujeta al dictamen de su pérdida de capacidad laboral,
proceso en el cual se definirá el grado de afectación de su capacidad laboral, las
limitaciones funcionales que presenta y, de ser el caso, la capacidad laboral
residual con la que cuenta para desempeñar funciones compatibles con su
estado de salud.
56. En consecuencia, no es posible afirmar, en esta sede constitucional y con
el material probatorio obrante en el expediente, que existiera una obligación a
cargo de la entidad territorial de proceder a su reubicación laboral, máxime
cuando ello supone resolver aspectos de naturaleza técnica y probatoria que
deberán ser definidos por Colfondos S.A.
57. Finalmente, el señor Hernández Caro no acreditó la configuración de un
perjuicio grave e irremediable que habilite la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio. Si bien el accionante afirmó que no
percibe un ingreso económico efectivo y aportó un recibo con el que pretende
acreditar su situación de vulnerabilidad9, lo cierto es que ello no constituye, por
sí solo, un perjuicio de tal entidad que habilite la procedencia excepcional de la
acción de tutela. Admitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en el
mecanismo principal solicitar el pago de incapacidades laborales, en
desconocimiento de su naturaleza subsidiaria.
58. En consecuencia, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo no
satisface el requisito general de subsidiariedad, pues el accionante dispone de
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos que invoca,
los cuales, además, no acreditó que hubiesen sido agotados. Adicionalmente, no
probó la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del
juez constitucional, pues las circunstancias expuestas no evidencian una
afectación inminente, grave y urgente a sus garantías fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026 dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada por el accionante, pero por
las razones aquí expuestas.
9Al respecto, se observa que el recibo va dirigido a una persona diferente al accionante.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con salvamento de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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