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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03604-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03604-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela que interpuso Rocío del Carmen Martínez López contra el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial-CARJUD, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03604-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

16 de junio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03604-00
Demandante: Rocío del Carmen Martínez López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03604-00
Accionante: Rocío del Carmen Martínez López
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial – CARJUD.
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra acto administrativo que ordenó traslado laboral. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Rocío del Carmen Martínez López
contra el Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de la Carrera
Judicial-CARJUD.
I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Rocío del Carmen Martínez López, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
vida digna, la salud, el debido proceso administrativo y al mérito, los cuales estimó
vulnerados por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura.

La accionante atribuyó dicha vulneración al Oficio CJO26-1758 del 9 de abril de 2026
y a la Resolución CJR26-0298, mediante los cuales se emitió concepto desfavorable
respecto de la solicitud de traslado por razones de salud que presentó en su condición
de juez primero promiscuo municipal de Almeida (Boyacá) para el Juzgado Promiscuo
Municipal de Cucunubá (Cundinamarca), y se rechazó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra dicha determinación.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente situación fáctica:

2.1. La señora Rocío del Carmen Martínez López se encuentra vinculada en
propiedad a la Rama Judicial desde el 16 de septiembre de 2024 y actualmente se
desempeña como juez primero promiscuo municipal de Almeida - Boyacá.

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Demandante: Rocío del Carmen Martínez López

2.2. La accionante manifestó que, en marzo de 2025, presentó una afectación
respiratoria que atribuyó a la presencia de insectos en las instalaciones del
despacho judicial donde presta sus servicios. Indicó que recibió atención médica de
urgencias y que le fueron diagnosticadas diversas patologías, entre ellas apnea del
sueño, disnea, obesidad grado III, hiperlipidemia y trastorno mixto de ansiedad y
depresión, asociadas a un riesgo cardiovascular.

2.3. Señaló que los conceptos médicos emitidos por los especialistas recomendaron
atención integral y multidisciplinaria, y advirtieron que en Almeida no existe una
oferta suficiente de servicios médicos especializados para el manejo de sus
condiciones de salud. Agregó que, mediante concepto médico del 29 de abril de
2026, fue diagnosticada con depresión y ansiedad, y remitida de manera urgente al
servicio de neurología.

2.4. Sostuvo que la ubicación de su sede laboral le impone barreras significativas
para acceder a consultas médicas especializadas y a los exámenes requeridos,
pues debe desplazarse a Tunja o Bogotá, trayectos que, según afirmó, pueden
superar las seis horas debido a las condiciones de transporte y conectividad vial.

2.5. Con fundamento en su situación de salud, solicitó el traslado al Juzgado
Promiscuo Municipal de Cucunubá - Cundinamarca, por considerar que dicho
municipio le permitiría acceder de manera más oportuna a la red hospitalaria y a los
servicios especializados requeridos.

2.6. Mediante Oficio CJO26-1758 del 9 de abril de 2026, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial emitió concepto desfavorable frente a la
solicitud de traslado. La entidad consideró que la funcionaria no acreditó la totalidad
de los requisitos exigidos por el artículo 134-4 de la Ley 270 de 1996, modificado
por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, particularmente aquellos relacionados con
la manifestación expresa de permanencia mínima de tres años en el cargo solicitado
y con la acreditación de la ú ltima calificación integral de servicios en firme
correspondiente al despacho desde el cual solicitó el traslado.

2.7. Inconforme con esa determinación, la accionante interpuso recurso de
apelación.

2.8. Mediante Resolución CJR26-0298 del 28 de abril de 2026, la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial rechazó por improcedente el recurso de
apelación y mantuvo el concepto desfavorable emitido.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna,
la salud, el debido proceso administrativo y al mérito. En consecuencia, pidió dejar
sin efectos el Oficio CJO26-1758 del 9 de abril de 2026 y la Resolución CJR26-

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0298, por considerar que carecen de motivación suficiente y desconocen las
circunstancias particulares de salud acreditadas en el expediente. Como medida de
protección, solicitó ordenar a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
emitir concepto favorable respecto de su solicitud de traslado al Juzgado Promiscuo
Municipal de Cucunubá - Cundinamarca o, subsidiariamente, adoptar las medidas
necesarias para garantizarle el acceso oportuno y efectivo a los servicios médicos
especializados que requiere.

3.2. La accionante sostuvo que los actos cuestionados incurrieron en un defecto
factico, por una valoración incompleta del material probatorio, pues se limitaron a
considerar aspectos puntuales de su condición médica y omitieron analizar
integralmente las patologías diagnosticadas, las remisiones especializadas
ordenadas por los profesionales tratantes y las barreras de acceso a los servicios
de salud derivadas de su permanencia en el municipio de Almeida. Agregó que la
motivación de las decisiones resulta insuficiente.

3.3. Adujo, además, que las decisiones adoptadas constituyen una aplicación
desproporcionada de las normas que regulan los traslados por razones de salud,
pues desconocen las dificultades reales que enfrenta para acceder a la atención
especializada requerida. En su criterio, la negativa de traslado afecta sus derechos
fundamentales al impedirle acceder de manera oportuna a una red hospitalaria
adecuada para el manejo de sus patologías.

3.4. Finalmente, señaló que la entidad accionada incurrió en un desconocimiento
del precedente, en tanto excluyó los criterios fijados por la Corte Constitucional en
la Sentencia SU-452 de 2024 sobre los traslados en la carrera judicial, según los
cuales las decisiones en esta materia deben fundarse en criterios objetivos,
razonables y suficientemente motivados. Con fundamento en ello, concluyó que la
permanencia en su actual sede laboral incrementa los riesgos para su salud y
compromete la garantía efectiva de sus derechos fundamentales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente, mediante auto del 11 de mayo de 20261,
admitió la acción de tutela, y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibió la siguiente respuesta:

4.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial-CARJUD 2 solicitó
declarar improcedente la acción de tutela. Sostuvo que los actos cuestionados
corresponden a decisiones administrativas amparadas por la presunción de

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Demandante: Rocío del Carmen Martínez López

legalidad y susceptibles de control a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mecanismo judicial para controvertir su validez.

Señaló que el Oficio CJO26-1758 del 9 de abril de 2026 y la Resolución CJR26-
0298 del 28 de abril de 2026 fueron expedidos con fundamento en las disposiciones
contenidas en la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, y en el
Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025, por lo que descartó la existencia de vulneración
de los derechos fundamentales invocados.

Explicó que, al estudiar la solicitud de traslado por razones de salud, verificó que los
documentos médicos aportados recomendaban la ubicación de la servidora judicial
en ciudades situadas por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Advirtió
que el municipio de Cucunubá se encuentra aproximadamente a 2.590 metros sobre
el nivel del mar, circunstancia que consideró incompatible con dicha recomendación
médica.

Con fundamento en ello, concluyó que la solicitud no cumplía los presupuestos
previstos en el artículo 134 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y
en el Acuerdo PCSJA25-12352 de 2025 para la emisión de un concepto favorable
de traslado por razones de salud. Agregó que el derecho al traslado no opera de
manera automática y está sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios establecidos para tal efecto.

Finalmente, afirmó que la actuación administrativa se ajustó al principio de legalidad
y a las reglas que gobiernan la carrera judicial, sin que ello comporte vulneración de
los derechos fundamentales a la vida digna, la salud, el debido proceso o el mérito.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
señora Rocío del Carmen Martínez López, por cuanto es la titular de los derechos
fundamentales cuya protección reclama en esta oportunidad. Además, fue la
persona directamente afectada por las decisiones adoptadas por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial en relación con la solicitud de traslado por
razones de salud que presentó.

2.2. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la

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Judicatura, toda vez que fue la autoridad que expidió los actos administrativos que
la accionante considera lesivos de sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo,
se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por
la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.

5. Subsidiariedad

5.1. En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
solicitante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derech os.

5.2. Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 3 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 64 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados. Para el efecto, la Corte Constitucional
ha sostenido que:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión

3 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
4 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”

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o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico
ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso
al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales” 5.

5.3. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.

5.4. Sin embargo, en estrecha relación con lo anterior, especificando el caso en que
la acción sea solicitada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, ha señalado la jurisprudencia que:

“En principio, no existe obligación alguna de iniciar el proceso ordinario antes de
acudir a la tutela. Basta que dicha posibilidad esté abierta al interponerse la
demanda. Con todo, debe observarse que, a fin de no desnaturalizar la figura, en
aquellos casos en los cuales las acciones ordinarias están sujetas a caducidad o,
en general, a limitaciones temporales, en principio le asiste al demandante la carga
de iniciar la acción pertinente, sea al momento de interponerse la acción o durante
su trámite -si el término de caducidad opera durante el trámite-“6 .

5.5. No obstante, también habrá de reconocerse que aún en los casos en que
concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que existen excepciones que justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó
a que aquéllos hayan sido agotados, como son, que el medio de defensa judicial
dispuesto por la ley no sea idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias
del caso estudiado, así como las hipótesis en las que pese a existir un medio de
defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio 7.

5.6. Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto
y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser
reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que
ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones

5 Corte constitucional, sentencia C-543 de 1992.
6 Corte Constitucional, sentencia T-871 de 2011.
7 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.

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manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.

5.7. Al respecto, la Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para
identificar el perjuicio irremediable, así: “es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir
no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de
protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y
(v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de
los derechos constitucionales fundamentales” 8 .

6. Procedencia de la acción de tutela respecto a actos administrativos
definitivos

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela respecto de las decisiones de traslado de los servidores judiciales,
específicamente respecto a los actos administrativos definitivos. Sobre el particular
ha determinado que “la acción de tutela, en principio, no es el “medio adecuado
para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan
infringidos por la expedición de un acto administrativo.” Esto, considerando que el
legislador ha dispuesto los medios judiciales de control previstos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para
controvertir las actuaciones y decisiones de la administración y es ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, como escenario natural en estos
contextos, que los interesados pueden: (i) ejercitar el control de legalidad
correspondiente, (ii) exigir el restablecimiento de los derechos fundamentales
vulnerados y (iii) solicitar medidas cautelares que permitirían prevenir la
consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial.”9

7. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiaridad, por las razones que se expondrán a continuación:

7.1. En el escrito de tutela, la señora Rocío del Carmen Martínez López sostuvo que
sus derechos fundamentales a la vida digna, la salud, el debido proceso
administrativo y al mérito fueron vulnerados por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la expedición
del Oficio CJO26-1758 del 9 de abril de 2026, mediante el cual se emitió concepto
desfavorable frente a la solicitud de traslado por razones de salud presentada para
el Juzgado Promiscuo Municipal de Cucunubá (Cundinamarca), así como de la

8 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-452 de 2024.

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Resolución CJR26-0298, que rechazó por improcedente el recurso de apelación
interpuesto contra dicha decisión.

7.2. Al respecto, la Sala advierte que la pretensión de la actora se dirige a obtener
la inaplicación de los actos administrativos que negaron su solicitud de traslado y
rechazaron el recurso formulado contra esa determinación. Sin embargo, los
argumentos expuestos en la demanda no evidencian, prima facie, razones de
relevancia constitucional que permitan superar los requisitos de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos.

7.3. Del análisis de las pruebas allegadas al expediente se concluye que no se
encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad. En efecto, la controversia
planteada recae sobre actos administrativos que gozan de presunción de legalidad
y cuya validez puede ser cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Además, la Resolución CJR26-0298 abordó los cuestionamientos formulados por
la interesada respecto de la decisión que negó el traslado solicitado y analizó las
circunstancias personales, familiares y de salud que expuso como fundamento de
su petición.

Cabe recordar que, junto con el medio de control ordinario, el ordenamiento jurídico
prevé mecanismos cautelares idóneos para la protección inmediata de los derechos
que se estimen amenazados o vulnerados. Así, la actora puede solicitar la
suspensión provisional de los actos administrativos cuestionados, en los términos
de los artículos 23010 y siguientes del CPACA, e incluso acudir a las medidas
cautelares de urgencia previstas en el artículo 234 ibidem.

En esas condiciones, la Sala no encuentra acreditada la ineficacia o insuficiencia
de los mecanismos judiciales ordinarios para la protección de los derechos
invocados. Tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que
habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela. Por el contrario, se

10 Ley 1437 de 2011. Artículo 230: “Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares

podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar
una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado
en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un
procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez
o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su
adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o
señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o
actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto
de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de
las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio
de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir
a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar
su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre
con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

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advierte que la controversia puede ser planteada ante el juez natural, quien cuenta
con herramientas procesales suficientes para adoptar las medidas que resulten
necesarias para la protección efectiva de los derechos que la actora considera
afectados.

Por lo anterior, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

7.4. En ese sentido, resulta improcedente que esta Subsección se aparte de la
jurisprudencia constitucional reiterada, según la cual la acción de tutela constituye
un mecanismo subsidiario y residual, que solo procede cuando el interesado ha
acudido previamente a los medios ordinarios de defensa judicial disponibles y estos
resultan ineficaces para la protección inmediata de los derechos fundamentales.

Tratándose de una controversia originada en una solicitud de traslado por razones
de salud, la Sala tampoco advierte que la eventual necesidad de protección
inmediata torne ineficaz el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. En efecto, dicho mecanismo permite solicitar medidas cautelares, incluso
de urgencia, orientadas a evitar la consumación de un perjuicio mientras se adopta
la decisión de fondo. Por ello, la sola invocación de una condición médica no
desplaza el requisito de subsidiariedad ni habilita, por sí misma, la intervención del
juez constitucional, máxime cuando no se acreditó un perjuicio irremediable en los
términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.

Permitir el uso de la tutela como vía principal, sin la acreditación previa de gestiones
ante las autoridades competentes, desnaturaliza el propósito excepcional de este
mecanismo constitucional, genera su utilización indebida e interfiere con las
competencias legalmente asignadas al juez natural.

7.5. Además de ello, tampoco se torna procedente la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio de protección, ya que la parte actora no acreditó la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permitiera una flexibilización de la regla de
subsidiariedad, pues los argumentos esbozados se presentaron sin tener cuenta la
la Resolución CJR26-0298 del 28 de abril de 2026, que resolvió el recurso de
apelación presentado en contra del Oficio CJO26-1758 de 9 de abril de 2026 y que
estudió todas las condiciones expuestas la presente acción de tutela.

La circunstancia de que la solicitud de traslado se fundamente en razones de salud
tampoco desvirtúa la subsidiariedad de la acción de tutela. La actora cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y con la posibilidad de
solicitar medidas cautelares idóneas para obtener una protección inmediata, sin que
se hubiera demostrado la existencia de un riesgo inminente, grave e impostergable
que hiciera indispensable la intervención transitoria del juez constitucional.

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Demandante: Rocío del Carmen Martínez López

7.6. Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela que interpuso
Rocío del Carmen Martínez López contra el Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Administración de la Carrera Judicial-CARJUD, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, en la
forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

ECG

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