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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03609-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03609-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la desvinculación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Julián David Agudelo Osorio, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 13 Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000- 2023-00129-01. M.P. Wilson Ramos Girón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03609-00 Accionante: Julián David Agudelo Osorio Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03609-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03609-00
Accionante: JULIÁN DAVID AGUDELO OSORIO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Actos administrativos mediante
los cuales se determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del
concurso para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo y se
conformó el Registro Nacional de Elegibles en el marco de la
Convocatoria n.º 27. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Julián David Agudelo Osorio, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de mayo de 2026, la parte accionante acudió al juez constitucional con el fin
de que protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mérito, de acceso a cargos públicos, y a una “evaluación objetiva”, supuestamente
vulnerados por las autoridades accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: solicito al honorable Consejo de Estado y/o Corte Suprema, se protejan mis
derechos fundamentales al debido proceso (derecho a ser calificado conforme a las
normas preexistentes del concurso), la igualdad en el acceso a los cargos públicos, la
igualdad en la interpretación y aplicación de las reglas del concurso, el mérito y el
derecho a una evaluación objetiva.

SEGUNDA: solicito se declare la existencia de una vía de hecho por los defectos
sustantivo y fáctico de la Resolución CJR26-292 del 28 de abril de 2026 que resolvió el
recurso de reposición de Julián David Agudelo.

TERCERA: en consecuencia, solicito se ordene la modificación parcial de Resolución
CJR26-292 de 28 de abril de 2026, para que se califiquen y puntúen de forma correcta
los 23 semestres de docencia de tiempo completo que están acreditados en el proceso.

CUARTA: solicito que, en aplicación estricta del Párrafo II del Numeral 4.2 IV) del
Acuerdo PCJA 18-11077, se le ordene a la Unidad de Administración de la Carrera

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Accionante: Julián David Agudelo Osorio

Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, otorgarme en el factor de “Experiencia
Adicional y Docencia”, los 70 puntos a que tengo derecho, según las reglas
preestablecidas del concurso.

QUINTA: en caso de que para la fecha de la sentencia de tutela ya exista registro de
elegibles de la Convocatoria 27 para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo,
solicito que este acto administrativo sea modificado con mi nueva calificación.”.

2. Hechos

El actor manifestó que en virtud del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de
2018, “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”, el Consejo Superior de la Judicatura convocó a los interesados en
vincularse a dichos cargos para que se inscribieran en el concurso de méritos
destinado a la conformación de los correspondientes registros nacionales de
elegibles.

Señaló que en dicho acuerdo se establecieron los términos y condiciones para la
asignación de puntajes por experiencia adicional y docencia (numeral 4.2 IV), a lo
que agregó que mediante la Resolución CJR26-0011 del 13 de enero de 2026, se
publicaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo de
magistrado de Tribunal Administrativo, y que, en su caso particular, le fueron
asignados los siguientes puntajes:

Indicó que contra esa decisión interpuso recurso de reposición, al considerar que
debía otorgársele el puntaje máximo (70 puntos), toda vez que, a la fecha de
inscripción acreditaba experiencia como docente de tiempo completo y 3146 horas
de cátedra en programas de pregrado y posgrado en el área del derecho, por lo cual
solicitó la modificación del puntaje obtenido en ese factor.

Aludió que por medio de la Resolución CJR26-0292 de 28 de abril de 2026, se
modificó el factor de experiencia adicional y docencia para el actor, quedando como
resultado final el siguiente:

Adujo que dicha decisión interpretó erróneamente las reglas del concurso, al
equiparar la docencia con la experiencia adicional y exigir, de manera arbitraria, que
aquella fuera posterior al cumplimiento del requisito mínimo, pese a que el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018 no impone tal condición para la docencia de tiempo
completo.

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Finalmente, indicó que, mediante la Resolución PCSJSR26-116 del 8 de mayo de
2026, se conformó el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de magistrado
de Tribunal Administrativo, acto en el cual se le fue asignado el siguiente orden y
puntaje:

3. Fundamentos de la acción

La parte actora expuso que se inscribió, fue admitido y superó todas las fases de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial como aspirante al cargo de magistrado de
Tribunal Administrativo. Indicó que al momento de la inscripción acreditó 23
semestres ininterrumpidos de docencia de tiempo completo, así como 3146 horas
adicionales de cátedra en programas de pregrado y posgrado en el área del
derecho, resaltando que su ejercicio profesional se ha desarrollado de manera casi
exclusiva en la docencia universitaria.

Refirió que conforme al Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, específicamente el
párrafo II del numeral 4.2 IV), la docencia de tiempo completo da lugar al
reconocimiento de cinco puntos por cada semestre acreditado, sin que en dicha
disposición se establezca que esta deba ser posterior o adicional al cumplimiento
del requisito mínimo para el cargo. En ese sentido, sostuvo que la norma regula de
manera autónoma la docencia frente a la experiencia adicional, por lo que no resulta
jurídicamente válido trasladar a aquella las condiciones previstas para esta última.

Manifestó que, pese a ello, la Resolución CJR26-292 de 28 de abril de 2026
interpretó erróneamente las reglas del concurso al equiparar la docencia con la
experiencia adicional y exigir, de manera arbitraria, que los semestres de docencia
únicamente pudieran ser puntuados en cuanto excedieran el requisito mínimo de
experiencia profesional, condición que -según indicó- no está prevista en la
convocatoria. Añadió que, en su caso particular, no acreditó ejercicio profesional
independiente ni desempeño en cargos con funciones relacionadas, por lo que no
le era aplicable el párrafo I del citado numeral, sino exclusivamente la regla especial
de docencia.

Sostuvo que, con dicha interpretación, la administración desconoció el tenor literal
de la norma y omitió la aplicación del argumento a contrario, introduciendo requisitos
no previstos que alteran las reglas del concurso y desnaturalizan la diferenciación
entre “docencia” y “experiencia adicional”. Como consecuencia, se le asignó una
calificación inferior a la que correspondía, al reconocerse únicamente algunos
semestres como “adicionales”.

Adujo, además, la configuración de un defecto fáctico, porque la entidad computó
de manera errónea tanto los días de experiencia profesional como los semestres de
docencia acreditados, al reducir estos últimos a seis semestres, pese a estar
demostrados veintitrés, lo que incidió directamente en la puntuación final.

Igualmente, alegó la existencia de un defecto sustantivo, por cuanto se aplicó una
norma inaplicable al caso concreto -relativa a la experiencia adicional- y se dejó de
aplicar la disposición pertinente que regula la docencia, generándose una indebida

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confusión entre ambas categorías. En este sentido, resaltó que la administración no
explicó qué actividad distinta a la docencia habría desarrollado para efectos de
reconocer puntaje por “experiencia adicional”.

Por último, precisó que la autoridad administrativa interpretó de manera equivocada
la prohibición de concurrencia prevista en el párrafo III del numeral 4.2 IV), al
extenderla a la relación entre docencia y experiencia mínima, cuando la norma
únicamente prohíbe la concurrencia entre docencia y experiencia adicional. Señaló
que, en su caso, resulta imposible predicar concurrencia alguna, al haber ejercido
exclusivamente la docencia, lo que, en su criterio, evidencia una aplicación arbitraria
e inconsistente de las reglas del concurso frente a otros participantes.

4. Trámite procesal

Por auto de 13 de mayo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a las autoridades accionadas -Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla-. De
igual modo, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso1.

También se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración
de la Carrera Judicial - que informara a todas las personas que hacen parte del
listado de aspirantes al cargo de magistrado de Tribunal Administrativo (código
270001) señalado en la Resolución No. CJR26-0011 de 13 de enero de 2026,
mediante publicación en la página web y/o aplicativo dispuesto para tales fines,
sobre la admisión de la presente acción de tutela, con el fin de que tuvieran
conocimiento de la existencia de este mecanismo constitucional como terceros
interesados.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad solicitó negar el amparo al considerar que el acto
administrativo cuestionado no vulneró los derechos fundamentales del actor. Señaló
que los motivos de inconformidad planteados contra la Resolución CJR26-0011 de
13 de enero de 2026 fueron resueltos oportunamente mediante la Resolución
CJR26-0292 de 28 de abril de 2026, cuya motivación se fundamentó en las
disposiciones del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, norma reguladora del
concurso de méritos.

Indicó que, en el caso del accionante, se acreditó un total de 3055 días de
experiencia profesional, de los cuales, una vez descontado el requisito mínimo
exigido para el cargo -equivalente a ocho (8) años, es decir, 2880 días-, resultaban
175 días adicionales, correspondientes a 4,86 puntos.
1
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 91053 a 91057 de 15 de
mayo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión. Así mismo, se publicó la providencia en la
página web del Consejo de Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados.

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En relación con el factor de docencia, precisó que el actor acreditó ejercicio como
docente de tiempo completo únicamente en los siguientes periodos: segundo
semestre de 2015, semestres I y II de 2016, semestres I y II de 2017 y semestre I
de 2018, razón por la cual le fueron reconocidos 30 puntos. En consecuencia, al
sumar los 4,86 puntos por experiencia adicional con los 30 puntos por docencia, se
obtuvo un total de 34,86 puntos en el factor “experiencia adicional y docencia”.

Asimismo, sostuvo que la experiencia acreditada como docente de cátedra y de
medio tiempo en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Santo Tomás no
era susceptible de valoración, en la medida en que conforme al numeral 4.2 IV) del
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, únicamente se reconoce puntaje por la docencia
ejercida en tiempo completo, en los términos allí previstos. Añadió que dicha
disposición establece, además, que la docencia y la experiencia adicional no
pueden ser concurrentes en el tiempo.

En ese orden de ideas, concluyó que la calificación asignada como experiencia
adicional y docencia se ajustó a las reglas del concurso, motivo por el cual el puntaje
fue modificado en la resolución que resolvió el recurso de reposición, el cual quedó
establecido en 34,86 puntos.

5.2. Respuesta de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”

La directora de la Escuela solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que
carece de competencia para atender las pretensiones de la presente acción de
tutela, en tanto estas se encuentran dirigidas a obtener la modificación de la
calificación y puntuación de los factores de experiencia adicional y docencia
contenidos en el acto administrativo proferido por la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

Adicionalmente, indicó que mediante la Resolución PCSJSR26-116 del 8 de mayo
de 2026, se conformó el registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado
de Tribunal Administrativo, y que dicho acto administrativo es susceptible de control
judicial, por lo que la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad.

5.3. Intervención del señor Maycol Rodríguez Díaz

En su calidad de integrante de la lista de elegible para el cargo de magistrado de
Tribunal Administrativo mencionó que no tiene reparo frente a las pretensiones del
accionante, en tanto persiguen que sea calificado de manera correcta. A lo que
agregó que en su caso en particular le fue desestimada la experiencia como
conjuez, que trajo como consecuencia una calificación menor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

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2. Cuestión preliminar

2.1. De la falta de legitimación en la causa por pasiva

En el escrito de contestación, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, solicitó su
desvinculación porque las pretensiones de la acción de tutela escapan de su
competencia. Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5
del Decreto 2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en la que al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva
ha explicado que este requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra
quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte
demostrada” . Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación, en tanto
2

el accionante la incluyó como entidad accionada y manifestó que diversas fases y
pruebas del concurso de méritos fueron adelantadas por dicha institución, lo que
permite evidenciar un interés en el resultado del proceso.

2.2. De la solicitud de medida provisional

En el presente asunto, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, la
parte actora solicitó como medida provisional que, antes de la ejecutoria de la
Resolución PCSJSR26-116 del 8 de mayo de 2026 , proferida por la Unidad de
3

Administración de la Carrera Judicial, se le calificara provisionalmente en el factor
“experiencia adicional y docencia” con un puntaje de 70 puntos, lo que arrojaría una
calificación total de “700,68 puntos”. En ese sentido, solicitó la modificación parcial
de los actos administrativos mediante los cuales se le asignó una puntuación de
34,86 puntos en dicho factor.

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 2591 de
1991, cuyo propósito es evitar la consumación de un perjuicio irremediable o la
agravación de la vulneración de los derechos fundamentales mientras se adopta
una decisión de fondo, la Sala se abstiene de emitir un pronunciamiento mediante
auto separado sobre la medida solicitada, en atención a que el proceso se encuentra
en etapa de fallo, razón por la cual la decisión correspondiente será adoptada en la
presente sentencia.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, la acción de tutela
satisface el requisito de subsidiariedad y, de ser así, establecer si el Consejo
Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mérito, al acceso a
cargos públicos y a la “evaluación objetiva” del actor, con ocasión de los actos
administrativos mediante los cuales se determinaron los resultados de la etapa
clasificatoria del concurso para el cargo de magistrado de Tribunal Administrativo y
se conformó el registro nacional de elegibles.

2
Sentencia T-005 de 2022.
3
Fijado por aviso el 11 de mayo de 2026, en la página Web de la Rama Judicial, por el término de cinco días.

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4. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos
en el marco de los concursos de méritos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”, toda vez que para
controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes medios de control en la
jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen idóneos para restablecer
el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
públicos de méritos, la jurisprudencia de esta Sala ha identificado dos supuestos
de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos dictados en el
marco de los concursos de méritos. El primero, hace relación con los actos de
trámite en cuyo caso ha considerado que el medio de defensa judicial idóneo es la
4
acción de tutela porque los mismos no son susceptibles de control judicial . El
segundo, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela cuando ha sido
publicada la lista de elegibles, teniendo en cuenta que es contra ese acto
administrativo que se debe dirigir el medio de control de nulidad y restablecimiento

4
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 5 de julio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-00372-
01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 9 de diciembre de 2020, exp Nº 11001-03-15-000-2020-
04643-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 12 de noviembre de 2020, exp. Nº 11001-03-15-
000-2020-03787-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); sentencia de 6 de agosto de 2020, exp. Nº 23001-
23-33-000-2020-00050-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 22 de abril de 2020, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-04821-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 6 de junio de 2019, exp. Nº 11001-
03-15-000-2019-00727-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 29 de abril de 2019, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-01111-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 14 de junio de 2018, exp.
Nº 68001-23-33-000-2017-01321-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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del derecho. Empero, ha considerado que en aquellos casos en los que se expidan
actos en desarrollo del concurso de méritos, antes de la lista de elegibles, es
procedente la acción de tutela para analizar, por ejemplo, que una decisión de
exclusión de un aspirante por no haber cumplido determinado requisito se encuentre
o no ajustada a la convocatoria que es donde se fijan las reglas aplicables en el
5
proceso de selección .
6
Sobre este particular, la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011
destacó que “la lista o registro de elegibles es un acto administrativo de carácter particular
que tiene por finalidad establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso,
con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la etapa de la convocatoria,
es una fase hito y concluyente del sistema de nombramiento por vía del concurso público,
dado que a través de su conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados
de las distintas fases de selección organiza en estricto orden de mérito el nombre de las
personas que deben ser designadas en las plazas ofertadas en la convocatoria, observando
para ello, las precisas reglas fijadas en ésta. Este acto tiene una vocación transitoria toda
vez que tiene una vigencia específica en el tiempo”.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia de las diferentes Secciones del
Consejo de Estado, la acción de tutela es improcedente cuando la lista de elegibles
se encuentra en firme y ha creado situaciones jurídicas particulares y derechos
ciertos porque se podrían afectar derechos subjetivos, sin embargo, en algunos
casos aun existiendo la lista de elegibles es procedente la acción de tutela cuando
se evidencia que los mecanismos de defensa ordinarios no son idóneos y eficaces
(T-551 de 2017 y T-160 de 2018).

En el caso de las acciones de tutela interpuestas en el trámite de los concursos
7
públicos de méritos, la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2022 señaló
que si bien la regla general indica la improcedencia de la acción de tutela para
resolver los conflictos que se enmarcan en los concursos de méritos cuando existen
actos susceptibles de control judicial, lo cierto es que la jurisprudencia ha fijado
algunas subreglas para los eventos en los cuales el medio de control no resulta
eficaz. En tal sentido que el mecanismo constitucional es procedente de forma
definitiva en los siguientes casos: (i) el empleo ofertado se encuentra con un periodo
fijo; (ii) se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer puesto
en la lista de elegibles; (iii) presenta elementos que podrían escapar del control del
juez de lo contencioso administrativo por su relevancia constitucional y, (iv) cuando
por las condiciones particulares del demandante resulta desproporcionado acudir al
mecanismo.
8
En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-156 de 2024 , indicó que
existe un medio de control idóneo y eficaz para controvertir los actos administrativos
definitivos dictados en un concurso de méritos, como lo es el de nulidad y
restablecimiento del derecho por cuanto la “(...) discusión se relaciona con un debate

5
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. Nº 25000-23-42-000-2017-05555-
01, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 13 de agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00928-00,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E).
6
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
7
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
8
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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sobre la legalidad del acto administrativo y las condiciones en las que este debía emitirse,
debate que es propio del juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Y recordó
que “el medio de control de nulidad puede adelantarse cuando los actos administrativos
“hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió”.

Así mismo, la sentencia referida analizó cuándo se configura un perjuicio
irremediable que haga viable el amparo de manera transitoria en dichos eventos,
ante lo cual sostuvo “no se configura un perjuicio irremediable cuando los accionantes
“contaban con una mera expectativa de ser nombradas en los cargos a los cuales
concursaron, sin que se haya consolidado un derecho a acceder de inmediato a los cargos
públicos”. Para considerar que existe un derecho adquirido en materia de concursos, esta
corporación ha sostenido que se requiere acreditar “(a) [que] la persona participó en un
concurso de méritos; (b) que el nombre fue incluido en la lista de elegibles y (c) que existe
una vacante para ser designado”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-008 de 20269, señaló que
la acción de tutela resulta improcedente respecto de actos administrativos definitivos
o de aquellos que definan una situación jurídica particular y concreta, en la medida
en que estos pueden ser controvertidos ante el juez natural mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa oportunidad, sostuvo que
ese mecanismo constituye la vía idónea y eficaz, pues prevé la adopción de
medidas cautelares, incluso de carácter urgente, que permiten al juez contencioso
administrativo adoptar decisiones encaminadas a proteger y garantizar
provisionalmente los derechos invocados mientras se resuelve el proceso.

En suma, la acción de tutela es procedente contra las decisiones que se dicten en
un concurso de méritos, siempre que se trate de actos de trámite, bajo los supuestos
que ha identificado la jurisprudencia constitucional. No obstante, cuando se
controvierte una decisión definitiva (como el acto que contiene el registro de
elegibles o el acto que excluye a un participante de un concurso), la acción de tutela,
en principio, es improcedente, porque existen otros medios de defensa judicial,
como los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
los que se puede hacer uso de las medidas cautelares, para lo cual se han precisado
unas subreglas jurisprudenciales que habilitan, excepcionalmente, el ejercicio de la
acción de tutela.

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Julián David Agudelo Osorio interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mérito, al acceso a cargos
públicos y a la “evaluación objetiva”, con ocasión de la expedición de la Resolución
CJR26-0011 del 13 de enero de 2026, mediante la cual se publicaron los resultados
de la etapa clasificatoria del concurso para el cargo de magistrado de Tribunal
Administrativo; la Resolución CJR26-292 del 28 de abril de 2026, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra dicha calificación; y la Resolución

9
M.P. Juan Carlos Cortés González.

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Accionante: Julián David Agudelo Osorio

PCSJSR26-116 del 8 de mayo de 2026, por la cual se conformó el registro nacional
de elegibles.

El actor indicó que se inscribió, fue admitido y superó todas las fases de la
Convocatoria 27 de la Rama Judicial para el referido cargo, acreditando 23
semestres de docencia de tiempo completo y 3146 horas de cátedra, y señaló que
su trayectoria profesional se ha desarrollado casi exclusivamente en la actividad
docente.

Afirmó que la Resolución CJR26-292 de 2026 incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, al interpretar de manera errónea las reglas del concurso, equiparar
ambos factores y exigir indebidamente que la docencia solo se puntuara cuando
excediera el requisito mínimo, lo que implicó desconocer el tenor literal de la norma
e introducir requisitos no previstos. Señaló que ello derivó en una calificación
inferior, al reconocerse únicamente algunos semestres de docencia.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, se advierte
que con posterioridad a los actos administrativos mediante los cuales se
determinaron los resultados de la etapa clasificatoria del concurso de méritos, la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial profirió la Resolución PCSJSR26-
116 del 8 de mayo de 2026, por la cual se conformó el registro nacional de elegibles
para el cargo de magistrado de Tribunal Administrativo, en la cual se incluyó al actor
en los siguientes términos:

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo mediante el cual se conformó el
registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Administrativo
tiene carácter definitivo, por cuanto define la ubicación del accionante en el concurso
y su situación frente al acceso a cargos de carrera. A ello se suma que, como lo ha
indicado la Corte Constitucional10, la conformación del registro de elegibles
materializa el principio del mérito previsto en el artículo 125 de la Constitución
Política.

En virtud de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela, por
cuanto en el caso bajo examen no se cumple el requisito de subsidiariedad, en la
medida en que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y
eficaz para resolver el debate planteado, esto es, controvertir la legalidad del acto
administrativo mediante el cual se conformó el registro nacional de elegibles para el
cargo de magistrado de Tribunal Administrativo, el cual, por su naturaleza definitiva,
es susceptible de control judicial.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción de tutela
se torna procedente, cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa
judicial, se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable y se esté en
presencia de las excepciones señaladas en la jurisprudencia para admitir de manera
excepcional el mecanismo constitucional para controvertir decisiones en concursos
10
Sentencia SU-446 de 2011.

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de méritos, tales como “(i) la inexistencia de un medio de control; (ii) la configuración de
un perjuicio irremediable; y (iii) que la discusión desborde la competencia del juez
administrativo”. Sobre el último supuesto, la Corte Constitucional ha sostenido que
se trata de argumentos de índole estrictamente constitucional que no puedan ser
conocidos por el juez de lo contencioso administrativo.

Adicional a lo anterior, la Sala debe precisar que el acto que contiene el registro de
elegibles que se utilizará para conformar las listas de elegibles con el fin de los
respectivos cargos es de naturaleza definitiva, por consolidar una situación
particular y concreta. Al respecto, esta corporación ha sostenido que “sea lo primero
aclarar que esta Corporación ha sido unificada en el criterio de que los actos expedidos
durante el transcurrir de una convocatoria son actos de trámite, pues solo se considera
definitivo el que contiene la lista de elegibles que ha de usarse para proveer los cargos que
11
se sometieron a concurso” .

Bajo ese contexto, la Sala no encuentra razones válidas para habilitar la
procedencia de este mecanismo de protección constitucional de naturaleza residual
y subsidiaria, pues ello sería desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto
un medio de defensa judicial con la aptitud suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que
no se está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se observan
circunstancias particulares que ameriten la intervención del juez constitucional ante
la existencia de una situación grave, urgente, inminente e impostergable que afecte
los derechos fundamentales del demandante, pues el mismo hace parte del registro
nacional de elegibles.

Por el contrario, se advierte que la inconformidad planteada por el accionante recae
sobre aspectos de estricta legalidad que desbordan el ámbito de competencia del
juez constitucional, tales como: (i) la correcta interpretación y aplicación del numeral
4.2 IV) del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, en relación con la diferenciación entre
los factores de experiencia adicional y docencia; (ii) la legalidad de la Resolución
CJR26-292 de 28 de abril de 2026, en cuanto al método empleado para asignar el
puntaje en el factor “experiencia adicional y docencia”; (iii) la eventual falta de
motivación del acto administrativo, derivada de la presunta indebida valoración de
los elementos probatorios y de las reglas de calificación previstas en la
convocatoria, y (iv) la conformación de la lista de elegibles con una calificación
inferior.

En ese sentido, se trata de cuestionamientos que implican un juicio de legalidad
sobre los actos administrativos expedidos dentro del concurso de méritos, cuya
controversia corresponde ser dirimida a través de los mecanismos ordinarios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no mediante la acción
de tutela.

Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”12.

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 1º de septiembre de 2014. Exp. 05001-
23-31-000-2008-01185-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
12
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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13
Conforme con lo ha señalado esta Sala , “esas situaciones están regladas en la Ley
270 de 1996 y, en los términos expuestos por el actor, antes que demostrar un perjuicio
irremediable, están encaminadas a una aparente infracción de las normas en que debería
fundarse. En efecto, el artículo 137 del CPACA prevé como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse. A modo ilustrativo, esta causal tiene que ver con la violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para el sustento del
acto administrativo y se configura por vulneración directa de esas normas, siempre que
ocurra en las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea”.

De allí que el demandante pueda cuestionar la legalidad de la Resolución
PCSJSR26-116 del 8 de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a partir de las causales de nulidad previstas
en el artículo 137 de la misma normativa. Sumado a ello, debe resaltarse que al
acudir a la jurisdicción contencioso administrativa el accionante puede reclamar la
adopción de medidas cautelares en virtud del artículo 229 y siguientes de la Ley
1437 de 2011.

Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es la vía judicial idónea y eficaz, pues como se indicó en precedencia no
está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco
resulta procedente como mecanismo transitorio, siendo en el marco del proceso
ordinario en donde deberá discutir lo que propone en esta sede constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por el señor Julián David Agudelo Osorio.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la desvinculación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Julián David Agudelo Osorio, quien actúa en nombre propio, contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la
Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

13
Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de
2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000-
2023-00129-01. M.P. Wilson Ramos Girón.

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03609-00
Accionante: Julián David Agudelo Osorio

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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