Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03609-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03609-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03609-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03609-01
Accionante: JULIÁN DAVID AGUDELO OSORIO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL1 Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra autoridad administrativa / Improcedencia de la
acción de tutela – incumplimiento requisito subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se confirmará la sentencia de tutela proferida el 18 de junio de 2026 por la
Sección Cuarta de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de subsidiariedad. El Registro Nacional
de Elegibles es un acto administrativo de carácter definitivo que puede ser
demandado mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 11 de mayo de 2026, el señor Julián David Agudelo Osorio, presentó acción
de tutela en nombre propio, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, mérito, acceso a cargos públicos y a
una “evaluación objetiva”.
3. Atribuyó la vulneración a la Resolución CJR26-292 del 28 de abril de 2026 que
resolvió el recurso de reposición y modificó parcialmente la Resolución CJR26-0011
del 13 de enero de 2026 otorgándole un puntaje de 34.86 en el factor experiencia
adicional y docencia.
Hechos relevantes
4. Julián David Agudelo Osorio participó en la Convocatoria 27 de la Rama Judicial
para el cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo, superando todas las etapas
del concurso.
1 En adelante UACJ
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5. En la etapa clasificatoria, mediante la Resolución CJR26-0011 de 2026, la Unidad
de Administración de la Carrera Judicial le asignó 27,28 puntos en el factor
denominado “Experiencia Adicional y Docencia”.
6. Consideró que esa calificación era incorrecta porque, según las reglas de la
convocatoria, para los 23 semestres de docencia de tiempo completo se le debió
otorgar el puntaje máximo permitido en ese factor, es decir, 70 puntos, por lo que
interpuso recurso de reposición.
7. Mediante Resolución CJR26-292 de 2026 la UACJ resolvió el recurso y aumentó
la calificación de 27,28 a 34,86 puntos.
8. Sostiene que la entidad modificó indebidamente las reglas del concurso y
confundió el concepto de docencia con el de experiencia adicional. Además, afirmó
que la administración incurrió en un error de valoración probatoria al contabilizar
3.050 días de experiencia profesional, cuando la documentación aportada
acreditaba 3.956 días.
Pretensiones
9. Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales, se deje sin efectos
parciales la Resolución CJR26-292 de 2026, se recalifique correctamente su
experiencia docente y se le otorguen los 70 puntos máximos previstos para ese
factor, con la correspondiente modificación del registro de elegibles si este ya
hubiera sido expedido.
Fundamentos de la demanda de tutela
10. Sostiene que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial incurrió en
defecto sustantivo porque interpretó erróneamente las reglas de la Convocatoria 27
y modificó las condiciones del concurso y; en defecto fáctico por realizar una
valoración incorrecta de la experiencia y la documentación acreditada, lo que habría
ocasionado una calificación de 34,86 puntos en lugar de los 70 puntos que reclama.
Trámite en primera instancia
11. Mediante auto del 13 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla.
Intervenciones
12. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial - Consejo Superior de
la Judicatura solicitó negar la tutela al considerar que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante. Sostuvo que la Resolución CJR26-292 de 28 de abril
de 2026 resolvió de manera oportuna y motivada el recurso de reposición
presentado por Julián David Agudelo, aplicando estrictamente las reglas
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establecidas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que constituye la ley del
concurso.
13. Según la entidad, no se introdujeron nuevos criterios de evaluación ni se
modificaron las reglas de la convocatoria, sino que se aplicaron de forma uniforme
a todos los participantes. Defendió que la calificación de 34,86 puntos fue correcta
porque se limitó a aplicar las reglas del concurso, valorando únicamente la
experiencia que excedía el requisito mínimo y los semestres de docencia de tiempo
completo que consideró computables conforme al Acuerdo de la Convocatoria.
14. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” Explicó que su participación en la
Convocatoria 27 se limitó al desarrollo del Curso de Formación Judicial y que no
intervino en la evaluación ni en la asignación de los puntajes objeto de controversia,
por lo que solicitó su desvinculación.
15. Adicionalmente, sostuvo que la tutela es improcedente porque el accionante
cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos, especialmente los medios de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante los cuales
puede cuestionar los actos expedidos en el concurso e incluso solicitar medidas
cautelares.
16. Maycol Rodríguez Díaz, concursante de la Convocatoria 27 para Magistrado
de Tribunal Administrativo y quien fue vinculado al trámite como tercero interesado,
considera procedente examinar si la autoridad convocante introdujo
interpretaciones o requisitos no previstos expresamente en el Acuerdo de
Convocatoria al momento de valorar la experiencia adicional de los aspirantes.
17. Manifestó no tener reparo frente a las pretensiones de la tutela, ya que estas
buscan que el actor sea calificado correctamente conforme a las reglas del
concurso, lo que, a su juicio, garantiza los derechos a la igualdad y al debido proceso
y señaló que él mismo habría sido perjudicado por una valoración restrictiva de su
experiencia como conjuez, situación que afirma discutirá por las vías
correspondientes.
18. Sentencia Impugnada. La Sección Cuarta de esta Corporación declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
porque el actor dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
controvertir la calificación obtenida en el concurso, concretamente el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante el cual puede cuestionar la legalidad de los
actos administrativos que fijaron su puntaje y conformaron el registro de elegibles.
19. Destacó que, aunque inicialmente se cuestionaban actos de trámite
relacionados con la etapa clasificatoria, durante el trámite de la tutela se expidió la
Resolución PCSJSR26-116 del 8 de mayo de 2026, mediante la cual se conformó
el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de Tribunal
Administrativo, acto que tiene naturaleza definitiva, porque fija la ubicación de los
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concursantes y crea situaciones jurídicas concretas, por lo que es susceptible de
ser demandado ante la jurisdicción contenciosa.
20. Señaló que el accionante hace parte del registro de elegibles y que las
inconformidades planteadas se refieren a cuestiones de legalidad, tales como la
interpretación de las reglas de la convocatoria, la valoración de la experiencia y la
docencia, la motivación de los actos administrativos y la correcta asignación del
puntaje, asuntos que deben ser resueltos por el juez contencioso administrativo y
no por el juez constitucional.
21. Impugnación. El accionante sostiene que la tutela resulta procedente al existir
un perjuicio irremediable derivado de la calificación de 34,86 puntos en el factor
“Experiencia Adicional y Docencia”, pues dicha puntuación lo ubicó en una posición
desfavorable dentro del Registro de Elegibles y en las listas para los Tribunales
Administrativos de Arauca y Chocó, lo que le impidió acceder a alguna de las
vacantes disponibles.
22. Argumenta que, si se le reconocieran los 70 puntos que reclama, tendría una
ubicación que le permitiría ser nombrado, por lo que la protección judicial debe ser
inmediata. Añade que existe una interpretación arbitraria de las reglas del concurso
y un trato desigual frente a otros concursantes a quienes, según afirma, se les valoró
la docencia con criterios diferentes, por ello solicita revocar el fallo, estudiar el fondo
de la controversia y ordenar la corrección de su puntaje y de los actos derivados de
dicha calificación
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, conforme a los artículos 86 de la Constitución y
32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual
se expidió el reglamento interno de esta corporación.
Cuestión previa
24. Luego de que el expediente ingresara al despacho para fallo y fuera registrado
para su estudio en Sala, el 6 de agosto2 el accionante presentó escrito de alegatos
de conclusión en el que manifiesta la configuración de un hecho sobreviniente
relacionado con la presencia de una nueva vacante en el Tribunal Administrativo de
la Guajira, según la cual justifica una decisión de fondo, inmediata e impostergable
ante la existencia de un perjuicio irremediable continuado.
25. Respecto a la manifestación se le precisa al accionante que la existencia de
vacantes definitivas de magistrado a lo largo del territorio nacional y que son
2 Índice 7 de SAMAI
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ocupadas por los integrantes de la lista de elegibles de la convocatoria 27 no es un
hecho que modifique la determinación que se realiza a continuación.
Problema jurídico y metodología de la decisión
26. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
proferida el 18 de junio de 2026 por la Sección Cuarta de esta Corporación que
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no superar el requisito
de subsidiariedad.
Análisis de la Sala
27. De entrada, la Sala advierte que en efecto la tutela cumple los requisitos
generales de procedencia3, excepto el requisito de subsidiariedad.
28. La subsidiariedad se encuentra consagrada en el tercer inciso del artículo 86 de
la Constitución4 y en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 19915.
Según estos, la acción de tutela resulta improcedente ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que ellos no sean eficaces o idóneos, o sea
necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable. Frente a este último
escenario, la Corte Constitucional6 ha explicado que, si el medio idóneo no impide
la configuración de tal perjuicio, la solicitud de amparo constitucional procede como
instrumento transitorio.
29. En el presente asunto, el accionante pretende que el juez constitucional deje sin
efectos la Resolución CJR26-292 de 28 de abril de 2026, mediante la cual se
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la calificación obtenida en el
factor "Experiencia Adicional y Docencia", y que, en consecuencia, se ordene la
asignación de 70 puntos en dicho factor, así como la modificación del Registro
Nacional de Elegibles y de las listas de candidatos conformadas para la provisión
de vacantes de Magistrado de Tribunal Administrativo.
30. Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra actos dictados dentro
de los concursos de méritos esta Corporación fijó reglas claras en el siguiente
3 Legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, pues el accionante es el titular de los derechos
fundamentales cuya protección se reclama y la autoridad judicial demandada es la presunta causante de su
vulneración, por lo que es la llamada a responder por ella, si se comprueba. También se satisface el requisito
de inmediatez, ya que la acción de tutela se ejerció en un término razonable, pues la resolución que se resolvió
el recurso de reposición y que le asignó el puntaje en el factor “Experiencia Adicional y Docencia” se profirió el
28 de abril de 2026, la tutela se interpuso el 11 de mayo de 2026. Además, en la solicitud de amparo se identificó
claramente la causa de la lesión de derechos fundamentales alegada y la providencia controvertida.
4 De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
5 Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
6 Sentencia de unificación 075 de 2018, reiterada en la sentencia T-138 de 2022.
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sentido7: “(…) esta sala8 ha precisado que la tutela será procedente, en estos
casos, solamente si no se ha configurado una lista definitiva de elegibles, dado que
una vez la mencionada lista se encuentre en firme, se podría atentar contra los
derechos subjetivos de sus integrantes, los cuales pueden tener situaciones
jurídicas consolidadas, motivo por el cual ha considerado que no es pertinente la
modificación y mucho menos la suspensión de la lista. (…)”.
31. La Corte Constitucional también ha sostenido que, por regla general, los actos
administrativos definitivos expedidos en concursos de méritos deben ser
controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La tutela sólo procede
de manera excepcional cuando se acredita la inexistencia de otro mecanismo eficaz
o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, regla reiterada en las sentencias T-081
de 2022, T-156 de 2024 y T-008 de 2026.
32. La sentencia T-156 de 2024 reiteró que cuando la discusión versa sobre la
legalidad de los actos expedidos dentro de un concurso de méritos, corresponde al
juez contencioso administrativo determinar si dichos actos fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse o con error en su aplicación.
33. La SU-446 de 2011 precisó que la lista o registro de elegibles es un acto
administrativo definitivo que consolida situaciones jurídicas particulares y concretas
para los concursantes y que sirve de base para los nombramientos. Por ello, una
vez expedido el registro de elegibles, la controversia debe ser planteada, ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.
34. Asimismo, el Consejo de Estado ha indicado que los actos previos expedidos
durante el concurso son generalmente actos de trámite, mientras que el acto que
contiene la lista o registro de elegibles es el verdadero acto definitivo susceptible de
control judicial9.
35. La Sala encuentra que la presente acción de tutela no se satisface el requisito
de subsidiariedad, en efecto, para el momento de decidir el amparo se encontraba
expedida la Resolución PCSJSR26-116 de 8 del mayo de 2026, mediante la cual
se conformó el Registro Nacional de Elegibles para el cargo de Magistrado de
Tribunal Administrativo, acto administrativo definitivo que consolidó una situación
jurídica particular respecto de los participantes del concurso y que es susceptible de
control ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: Alberto Yepes
Barreiro, providencia de febrero cuatro (4) de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 25000 2336-000-
2015-02718-01(AC).
8 Entre otras en la sentencia de 9 de febrero de 2012, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
el proceso radicado No. 15001-23-15-000-2011-00407-01(AC) siendo accionante: EDWIN IGNACIO FONSECA
SALAMANCA.
9 Sección Segunda, subsección A, Sentencia Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00680-01
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36. Entonces, contrario a lo sostenido por el impugnante, la controversia planteada
gira alrededor de la interpretación y aplicación de las reglas de la Convocatoria 27,
específicamente respecto de la forma como la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial valoró la experiencia docente acreditada y determinó el puntaje
correspondiente en el factor "Experiencia Adicional y Docencia". Tales
cuestionamientos suponen un juicio de legalidad sobre actos administrativos
expedidos en desarrollo del concurso de méritos, aspecto que compete analizar al
juez natural de la controversia y no al juez de tutela.
37. Tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que habilite
la intervención excepcional del juez constitucional. Aunque el actor afirmó que la
provisión de las vacantes podría afectar sus expectativas de acceder al cargo, lo
cierto es que continúa integrando el Registro Nacional de Elegibles y conserva la
posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales ordinarios para controvertir los
actos administrativos cuestionados, solicitar medidas cautelares y obtener, de
resultar procedente, el restablecimiento de los derechos que considera vulnerados.
38. Asimismo, los argumentos relacionados con una presunta valoración desigual
de la experiencia docente frente a otros concursantes requieren un análisis
probatorio y de legalidad que excede el ámbito propio de la acción de tutela.
Determinar si existió un tratamiento diferenciado injustificado, una indebida
interpretación de las normas de la convocatoria o una errónea valoración de la
prueba son cuestiones que deben ser resueltas por el juez contencioso
administrativo dentro del respectivo medio de control.
39. Los recientes nombramientos o la inconformidad con la posición ocupada en el
registro de elegibles no constituyen, por sí mismas, un perjuicio irremediable que
torne procedente la tutela.
40. En consecuencia, al existir un mecanismo judicial idóneo y eficaz para
controvertir los actos administrativos demandados y no acreditarse circunstancias
excepcionales que justifiquen la intervención del juez constitucional, la Sala
concluye que la acción de tutela resulta improcedente tal como lo consideró la
primera instancia. Por tanto, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 18 de junio de 2026 por
la Sección Cuarta de esta Corporación que declaró improcedente la acción de tutela
por incumplir el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03609-01
Accionante: Julián David Agudelo Osorio
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
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