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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03611-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03611-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 23 Corte Constitucional, sentencia T-464 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara. 12 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03611-01 Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente al amparo deprecado por la señora Beatriz Eugenia Luna Puello; y, en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, (i) resuelva la solicitud de la actora encaminada a que se aclaren todas las inquietudes expuestas sobre el concurso de méritos de la Convocatoria 28 y (ii) allegue constancia de su notificación a la peticionaria, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03611-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03611-011
Accionante : Beatriz Eugenia Luna Puello
Accionado : Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial
Vinculada : Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Derecho de petición, carencia actual de objeto por hecho
superado
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por Beatriz Eugenia Luna Puello

contra el fallo del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por

la accionante frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia
de la acción de tutela; y, finalmente, determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. La señora Beatriz Eugenia Luna Puello, actuando en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental de petición, que considera vulnerado por el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial.

4. Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente digital disponible en SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03611-01
Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial

[…] 2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, emita y notifique
respuesta de fondo, clara, precisa, completa y congruente frente a cada numeral de la petición
radicada el 8 de abril de 2026, registrada bajo el código EXTCSJ26-3962.

3. Ordenar que la respuesta indique expresamente, frente a cada solicitud, si la información o
documento requerido existe, no existe, se encuentra en elaboración, reposa en otra dependencia
o está sometido a reserva legal.

4. Ordenar que, si los documentos solicitados existen y no están sometidos a reserva legal, la
entidad proceda conforme al régimen legal aplicable, entregándolos, remitiéndolos o indicando de
manera precisa el enlace, repositorio, acto, dependencia o medio oficial donde puedan ser
consultados.

5. Ordenar que, si alguna solicitud corresponde a otra dependencia o autoridad, se acredite la
remisión por competencia conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y se me comunique
copia del oficio remisorio.

6. Ordenar que, si se invoca reserva legal, la entidad motive expresamente la negativa, identifique
la norma constitucional o legal aplicable y precise el recurso o mecanismo procedente.

7. Subsidiariamente, en caso de que durante el trámite de tutela la entidad accionada afirme haber
emitido respuesta, solicito que se verifique si aquella fue de fondo, clara, completa, congruente y
debidamente notificada, y que se declare la vulneración del derecho fundamental si la contestación
se produjo únicamente con ocasión de esta acción constitucional.

Hechos2

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
accionante en la tutela, se puede evidenciar que, el Siete (7) de Abril de Dos Mil
Veintiséis (2026), la señora Beatriz Eugenia Luna Puello presentó una petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
relacionada con el concurso de méritos de la Convocatoria 28.

6. La petición fue registrada el Ocho (8) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026) por el

Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales de la Rama
Judicial (en adelante SIGOBius), bajo el código EXTCSJ26-3962, según la constancia
remitida ese mismo día a la accionante desde el correo institucional
sigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co4.

7. La actora sostuvo que, tras vencerse el término de diez (10) días previsto en el artículo

14 de la Ley 1755 de 2015 el Veintidós (22) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), a la
fecha en que presentó la tutela, la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura no había dado una «respuesta de fondo, clara, precisa,
completa y congruente a la petición de información y documentos».

1.2. Contestaciones de la acción
2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03611-01
Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial

8. 1.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
Carrera Judicial (CARJUD)3 expuso que, «no se configura vulneración alguna del derecho
fundamental de petición alegado por la accionante, toda vez que […] mediante Oficio CJO26-2339 del 14
de mayo de 2026, dio respuesta a la petición elevada por la accionada». Precisó que, en su

comunicación, informó sobre «la documentación, el cronograma, las cargas administrativas y el
operador material del concurso de méritos Convocatoria 28 convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-
12348 del 13 de noviembre de 2025», y la remitió a la dirección electrónica compartida por la

peticionaria para ser notificada. En consecuencia, concluyó que se configura una
carencia actual de objeto por hecho superado. Adicionalmente, allegó copia del oficio
que brindó respuesta a la accionante, así como constancia de su notificación.

1.3. Providencia impugnada4

9. Mediante sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, porque, si bien la petición fue recibida el Ocho (8) de Abril
de Dos Mil Veintiséis (2026), y para el momento de la presentación de la tutela no se
había emitido pronunciamiento de fondo alguno, el Catorce (14) de Mayo de Dos Mil
Veintiséis (2026), la entidad notificó debidamente su oficio de respuesta. Agregó que
aquel documento «satisfizo los elementos estructurales del derecho fundamental de petición. En cuanto
a la formulación, la entidad recibió, radicó y tramitó la solicitud presentada por la accionante bajo el código
EXTCSJ26-3962, sin rechazarla ni abstenerse de darle curso».

1.4. La impugnación5

10. Inconforme con la decisión, la parte accionante impugnó el fallo del Veintiocho (28) de

Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026). Expuso entonces que, la respuesta emitida por la
entidad accionada mediante Oficio CJO26-2339 no satisfizo el núcleo esencial del
derecho invocado, en tanto, «la respuesta fue tardía, general, incompleta y no congruente con el
contenido específico de la solicitud elevada».

11. Explicó que no encuentra que la respuesta se ajustara a derecho porque «no resolvió el

núcleo concreto de la petición. La solicitud no pedía simplemente una explicación general sobre la
Convocatoria 28, sino que requería que la entidad informara, frente a cada punto, si los documentos e
instrumentos administrativos existían, no existían, estaban en elaboración, reposaban en otra dependencia
o estaban sujetos a reserva legal». Así, concluyó que la sentencia del a quo «dio por superada la

3
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índices 8 y 9.
4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 16.
3

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Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello
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vulneración sin realizar un contraste estricto entre lo pedido y lo respondido», en particular, sin revisar

que se cumpliera la «metodología» solicitada para la respuesta y, así, se respondiera
individualmente cada uno de los nueve puntos, no de forma global.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

12. En virtud de los artículos 326 del Decreto Ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80 del

Doce (12) de Marzo de Dos Mil Diecinueve (2019)9 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.

2.2. La acción

13. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

14. Se contrae a determinar si, respecto de la petición presentada por la accionante el

Siete (7) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), ante la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado o si, como lo afirma la recurrente, la vulneración persiste.

6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
9
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
4

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Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello
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2.4. La carencia actual de objeto por hecho superado

15. La acción de tutela se encuentra orientada a garantizar la efectividad de los derechos

fundamentales de las personas, cuando ellos sean vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una autoridad pública10. Sin embargo, si la circunstancia que dio
origen a la trasgresión desaparece, se configura el fenómeno que se conoce como hecho
superado, el cual da como resultado una carencia de objeto para decidir de fondo el
asunto. Al respecto, la Corte Constitucional11 ha definido este fenómeno jurídico en los
siguientes términos:

35. La carencia actual de objeto en los trámites de tutela. La carencia actual de objeto es un
fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se
extingue o “ha cesado”12 y, por lo tanto, el pronunciamiento del juez de tutela frente a las
pretensiones de la acción de tutela se torna innecesario, dado que “no tendría efecto alguno” o
“caería en el vacío”13. Este fenómeno puede configurarse en tres hipótesis: (i) daño consumado,
el cual tiene lugar cuando “se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar,
de forma que (…) no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación”14 ;
(ii) hecho sobreviniente, el cual se presenta cuando acaece una situación que acarrea la “inocuidad
de las pretensiones”15 y que no “tiene origen en una actuación de la parte accionada dentro del
trámite de tutela”16 ; y (iii) hecho superado, que ocurre cuando la “pretensión contenida en la acción
de tutela” se satisfizo por completo por un acto voluntario del responsable 17. La Corte
Constitucional ha aclarado que el hecho superado se configura cuando la satisfacción del derecho
parte de ‘una decisión voluntaria y jurídicamente consciente del demandado 18, por razones ajenas
a la intervención del juez constitucional19. El cumplimiento de los fallos de tutela de los jueces de
instancia no configura la carencia actual de objeto en sede de revisión.

16. Conforme a lo anterior, resulta necesario analizar si la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados en el caso sub examine aún persiste o si, por el
contrario, la pretensión planteada para procurar su defensa ha sido satisfecha, esto es,
si se configuró el fenómeno jurídico de carencia actual de objeto por hecho superado, de
acuerdo con lo afirmado por el a quo.

10
Artículo 86 de la Constitución Política.
11
Corte Constitucional Sentencia T-70 de 24 de febrero de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
13
Corte Constitucional, sentencia T-533 de 2009.
14
Corte Constitucional, sentencia SU- 522 de 2019.
15
Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2011.
16
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y SU-440 de 2021. Ver también, Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha
demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan
en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de
ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que
la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a
la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la Litis”.
17
Corte Constitucional, sentencias T-321 de 216 y T-154 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-344 de 2019. En el mismo sentido se encuentra la sentencia T-104 de 2020.
19
Corte Constitucional, sentencia T-321 de 2016. En el mismo sentido se encuentran las sentencias T-154 de 2017, T-715 de 2017 y
T-104 de 2020.
5

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2.5. Caso concreto

17. En el caso sub examine, la señora Beatriz Eugenia Luna Puello acude a la acción de

tutela, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición,
presuntamente vulnerado por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura.

18. Lo anterior por cuanto, el Siete (7) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), presentó una

petición dirigida a la entidad mediante la cual pretendía que se le brindara información
relacionada con «la planeación, estructuración, ejecución y desarrollo de las etapas administrativas del
concurso convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025».

19. Ahora, en la medida en que la accionante no discutió, en su impugnación, que haya

sido debidamente notificada por la peticionada del Oficio CJO26-2339, el Catorce (14)
de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), sino que, centró sus reparos en que no se trató
de una respuesta que cumpliera «los estándares de claridad, precisión, congruencia, completitud»,
la Sala se centrará en estudiar el contenido de la respuesta dada a la actora. Así, solo
es dable confirmar la decisión que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, en caso de advertir la existencia de una respuesta clara, completa y de fondo.

20. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho

a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución. A su vez, el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015
estableció que ese derecho supone obtener «pronta resolución completa y de fondo».

21. El núcleo esencial del derecho de petición comprende la obtención de una respuesta

a la solicitud que cumpla los siguientes requisitos: (i) ser oportuna, (ii) constituir una
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado y (iii) ser puesta en
conocimiento del peticionario. En caso de no cumplir con estos requisitos, se incurre en
una vulneración del derecho de petición.

22. Frente al segundo requisito, la Corte Constitucional20 ha establecido que la
contestación debe ser:

(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera
que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en
fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la
petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de

20
Corte Constitucional, sentencia T-610 de 2008 y T-814 de 2012.
6

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manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de
un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales
la petición resulta o no procedente.

23. Resolver de fondo supone, entonces, que la autoridad «se pronuncie de manera completa y

detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no
guardan relación con el tema planteado; esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea
favorable o no a lo solicitado»21. Por eso, no resultan acordes con el artículo 23 superior las

respuestas evasivas o abstractas, «como quiera que condenan al peticionario a una situación de
incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en
muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos»22.

24. En su petición, la señora Luna Puello solicitó lo siguiente:

1. Cronograma general
• Se informe si existe un cronograma general, integral o consolidado del Concurso convocado
mediante el Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 2025.
• En caso afirmativo, se remita copia íntegra del documento, indicando: (i) fecha de elaboración o
aprobación; (ii) dependencia responsable; (iii) acto, circular, instructivo o documento de soporte; y
(iv) medio oficial de publicación o divulgación.
• En caso de no existir aún un cronograma general consolidado, se informe expresamente: (i) si
dicho cronograma se encuentra en elaboración, estructuración, revisión o aprobación; (ii) qué falta
para su elaboración o adopción definitiva; (iii) de qué dependencia, autoridad o instancia
administrativa depende su elaboración, validación o aprobación; (iv) en qué etapa concreta de
construcción se encuentra actualmente; (v) si existe una programación preliminar, borrador, hoja
de ruta, matriz interna o instrumento equivalente; y (vi) cuál es la fecha estimada para su adopción
o publicación.

2. Cronogramas parciales por fases
• Se informe si existen cronogramas, programaciones, hojas de ruta, matrices de seguimiento,
planes de trabajo o instrumentos equivalentes, parciales o internos, respecto de alguna de estas
fases: verificación de requisitos; admisión y rechazo; pruebas; reclamaciones; curso de formación
judicial; consolidación de resultados; registro nacional de elegibles; listas de candidatos;
nombramientos y confirmaciones.
• En caso afirmativo, se remita copia de cada uno de dichos documentos.
• En caso de no existir aún alguno o algunos de esos cronogramas parciales o instrumentos
equivalentes, se informe, respecto de cada fase correspondiente: (i) qué falta para su elaboración,
definición o formalización; (ii) de qué dependencia o autoridad depende su construcción o
aprobación; (iii) en qué estado o etapa de construcción se encuentra cada uno; (iv) si existe una
versión preliminar, borrador, programación tentativa o instrumento interno de seguimiento; y (v)
cuál es la fecha estimada para su expedición, adopción o publicación.

3. Cargas administrativas por entidad y estado actual de ejecución
• Se informe, de manera discriminada, cuáles son las cargas administrativas concretas asignadas
dentro del concurso a: Consejo Superior de la Judicatura; Unidad de Administración de la Carrera
Judicial; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; Consejos Seccionales de la Judicatura;
Direcciones Seccionales de Administración Judicial; Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”; y
cualquier otra entidad pública o privada que intervenga materialmente en el proceso.
• Se remita copia de los actos, lineamientos, instructivos, comunicaciones, matrices de roles o
documentos en los que conste dicha asignación de cargas.
• Se informe, respecto de cada una de las entidades antes relacionadas, el estado actual de
definición, asignación, implementación, ejecución o cumplimiento de sus respectivas cargas
administrativas, precisando: (i) cuáles cargas ya fueron formalmente asignadas; (ii) cuáles se

21
Corte Constitucional, sentencia T-369 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22
Corte Constitucional, sentencia T-369 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7

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encuentran en ejecución; (iii) cuáles están pendientes de definición o activación; (iv) cuáles
dependen de decisiones posteriores, actos complementarios, convenios, contratos o validaciones
internas; (v) cuál es el nivel de avance o estado actual de cada una; y (vi) en caso de no haberse
activado una carga específica, qué falta para ello y de quién depende.

4. Entidad, universidad, operador o contratista de las pruebas
• Se informe si el Consejo Superior de la Judicatura ha definido o vinculado alguna universidad,
institución de educación superior, entidad pública, operador, contratista, consultor, aliado
institucional o tercero especializado para participar en una o varias de las siguientes actividades:
diseño de pruebas; elaboración de ítems; validación técnica; custodia; aplicación; soporte
tecnológico; procesamiento de resultados; auditoría; control o trazabilidad de las pruebas.
• En caso afirmativo, se indique: (i) nombre completo de la entidad; (ii) naturaleza jurídica; (iii)
objeto de su participación; (iv) fase o actividad específica a su cargo; (v) acto administrativo,
convenio, contrato, orden de servicio, estudio previo o documento que soporte su vinculación; (vi)
fecha de suscripción o expedición; (vii) plazo de ejecución; y (viii) medio oficial de publicación o
consulta, si existe.
• En caso negativo, se informe: (i) si actualmente se adelanta un proceso de selección,
contratación, convenio o definición interna para ese propósito; (ii) en qué estado se encuentra; (iii)
qué falta para su definición o formalización; y (iv) qué dependencia es responsable de ello.

5. Soporte documental sobre decisiones operativas
• Se remita copia de los documentos donde conste la definición institucional sobre: canales
oficiales de publicación, mecanismo de citación a pruebas, tratamiento de reclamaciones,
esquema de comunicación con aspirantes, soporte tecnológico del concurso y protocolo de
seguridad o trazabilidad de resultados, si existiere.

6. Publicidad oficial
• Se informe cuáles serán los canales oficiales y únicos de publicación o notificación para:
cronogramas; citaciones; resultados; reclamaciones; curso de formación judicial; y actos
administrativos relacionados con el concurso.

7. Remisión por competencia
• En caso de que alguna de las solicitudes anteriores no sea competencia de esa dependencia,
solicito se dé aplicación al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, remitiendo la petición a la autoridad
competente y comunicándome de ello con copia del oficio remisorio.

8. Reserva, si se alega
• En caso de negarse total o parcialmente el acceso a alguno de los documentos o informaciones
requeridos, solicito que la decisión sea expresamente motivada, indicando con precisión la norma
constitucional o legal de reserva aplicable a cada documento o información negada, de
conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley 1755 de 2015.

9. Metodología de respuesta
• Solicito que la respuesta se emita de manera individualizada frente a cada numeral de esta
petición; que indique expresamente si la información existe, no existe, está en elaboración o fue
remitida por competencia; que adjunte los documentos correspondientes o señale con precisión
dónde pueden ser consultados; y que evite respuestas generales o remisiones abstractas al texto
del acuerdo de convocatoria, toda vez que lo solicitado recae específicamente sobre los soportes
operativos y documentales de ejecución del concurso.

25. De las pruebas aportadas al expediente, se encuentra acreditado que, a través del

Oficio CJO26-2339, la autoridad accionada respondió lo siguiente, frente a los diferentes
puntos de la petición:

En atención a su petición allegada a esta Unidad mediante radicado del asunto, en la cual solicita
“el envío de información y documentación relacionada con el cronograma, las cargas
administrativas y el operador material del concurso convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-
12348 del 13 de noviembre de 2025”; de manera atenta, se da respuesta en los siguientes
términos:

El Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, que reglamentó la Convocatoria 28, define las etapas del
8

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proceso de selección y del concurso de méritos, el cual comprende dos etapas sucesivas, de
selección y de clasificación.

La etapa de selección está comprendida por las fases de i) verificación de requisitos; ii) pruebas
de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades y iii) curso de formación judicial inicial,
los cuales tienen carácter eliminatorio.

Cabe aclarar que la Convocatoria 28 se encuentra en la etapa de selección, fase I – verificación
de requisitos, en la cual se inscribieron más de 50.000 personas; en consecuencia, actualmente
se adelanta la verificación de todos los documentos aportados por los aspirantes, frente al
cumplimiento de los requisitos mínimos para el desempeño del cargo en las dos modalidades del
concurso como los requeridos para participar en el concurso de ascenso.

De conformidad con el numeral 4.1 del artículo 5 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, la
admisión o el rechazo de los aspirantes solo puede definirse mediante acto administrativo,
conforme lo dispone el Acuerdo de Convocatoria. Esta decisión se adoptará a través de resolución
debidamente expedida, en la cual se determinará la admisión o el rechazo al concurso, indicando
la causal o causales que dieron lugar a la decisión.

Adicionalmente, el acuerdo de convocatoria contempló la posibilidad de que los aspirantes
rechazados puedan pedir la verificación de su documentación, mediante escrito tramitado
únicamente en el software CARJUDAPP dentro de los tres (3) días siguientes a la se deberá
expedir el acto administrativo mediante el cual se resuelvan dichas solicitudes.

Por otra parte, se informa que la etapa contractual correspondientes a la Convocatoria 28 para la
provisión de cargos de Jueces, Magistrados y Consejeros Seccionales, ha sido estructurada para
su ejecución por etapas, en cumplimiento del principio de anualidad presupuestal, planeación,
seguridad jurídica y continuidad del proceso.

Esto implica que el proceso contractual correspondiente a la primera etapa de la Convocatoria 28
(verificación de requisitos) fuera adjudicado a la Universidad Libre, entidad encargada de ejecutar
las actividades de revisión, verificación y validación de la información y documentación relacionada
con el cumplimiento de requisitos mínimos habilitantes.

En cuanto a las etapas subsiguientes, estas se encuentran programadas para desarrollarse de
manera articulada, con el fin de dar cumplimiento al cronograma general del proceso. Para tal
efecto, los respectivos procesos de contratación serán publicados oportunamente y podrán ser
consultados por los interesados a través de la plataforma SECOP, garantizando los principios de
publicidad y transparencia.

La ejecución de dichas etapas estará sujeta a la culminación de los procedimientos contractuales
correspondientes y a la disponibilidad de los recursos presupuestales asignados por el ministerio
de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal respectiva.

Finalmente, se precisa que el numeral 5.1 del artículo 6 del Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025
dispone expresamente que, en aplicación del principio de transparencia y para conocimiento de la
comunidad en general, todos los actos administrativos que se expidan en desarrollo de la
convocatoria deberán ser publicados en el portal web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co, en el enlace correspondiente a Carrera Judicial – Concursos Nivel
Central.

En ese sentido, se informa que la totalidad de las comunicaciones o actos administrativos
expedidos en el marco de la Convocatoria 28 han sido publicados oficialmente en dicho portal, a
la fecha, con el fin de garantizar el principio de publicidad, la seguridad jurídica y la confianza
legítima de los aspirantes e interesados. Esta práctica se mantendrá de manera permanente
durante todas las etapas del proceso, hasta su culminación.

26. En este asunto, la Sala considera que, no se configura la carencia actual de objeto

por hecho superado, pues, la confrontación entre lo pedido en la petición y la respuesta
consignada en el Oficio CJO26-2339 del Catorce (14) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026) revela que, la contestación de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial no
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Accionante: Beatriz Eugenia Luna Puello
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial

fue de fondo, precisa y congruente frente a la mayoría de los asuntos planteados por la
accionante.

27. En el numeral 1 de su solicitud, la peticionaria pidió que se le informara «si existe un

cronograma general, integral o consolidado del Concurso convocado mediante el Acuerdo PCSJA25-
12348 del 13 de noviembre de 2025», y que, en caso afirmativo, se le remitiera «copia íntegra del

documento» o que, de no existir, se le indicara, entre otros aspectos, «si dicho cronograma se

encuentra en elaboración, estructuración, revisión o aprobación» , «de qué dependencia, autoridad o

instancia administrativa depende su elaboración» y «cuál es la fecha estimada para su adopción o

publicación». En respuesta a este punto, el oficio únicamente hizo alusión a ese
instrumento de forma tangencial, pues, señaló que las etapas subsiguientes de
contratación se desarrollarán «con el fin de dar cumplimiento al cronograma general del proceso» ,
sin precisar si tal cronograma existe como documento consolidado, sin remitir copia de
él y sin informar su estado de elaboración, la dependencia responsable o la fecha
estimada de adopción (información solicitada por la accionante).

28. En el numeral 2, la actora pidió que se le informara si existen «cronogramas,
programaciones, hojas de ruta, matrices de seguimiento, planes de trabajo o instrumentos equivalentes,
parciales o internos», respecto de cada una de las fases del concurso, y que se le remitiera

copia de ellos o, en su defecto, se le indicara el estado de construcción de cada uno.
Frente a este punto, la entidad se limitó a reproducir la estructura del proceso prevista
en el acuerdo de convocatoria, al indicar que «[l]a etapa de selección está comprendida por las
fases de i) verificación de requisitos; ii) pruebas de conocimientos, competencias, aptitudes y/o habilidades
y iii) curso de formación judicial inicial». Tal respuesta no precisó si existen o no los documentos

enunciados, de modo que no resulta congruente con lo pedido.

29. En el numeral 3, la tutelante solicitó que se le informara, «de manera discriminada», cuáles

son las cargas administrativas concretas asignadas dentro del concurso a siete entidades
u organismos que enunció de forma expresa, que se le remitiera copia de «los actos,
lineamientos, instructivos, comunicaciones, matrices de roles o documentos en los que conste dicha
asignación de cargas» y que se le precisara el estado actual de ejecución de cada una. La

respuesta, no obstante, solo permite inferir la labor de verificación que adelanta la propia
Unidad, en tanto informa que «actualmente se adelanta la verificación de todos los documentos
aportados por los aspirantes», y la participación de la Universidad Libre en esa misma fase.

No discriminó las cargas administrativas de cada entidad, ni remitió soportes de esa
asignación, de suerte que, la contestación resulta incompleta e incongruente.

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30. En el numeral 4, la señora Luna Puello preguntó si el Consejo Superior de la Judicatura

«ha definido o vinculado alguna universidad, institución de educación superior, entidad pública, operador,
contratista, consultor, aliado institucional o tercero especializado» para las actividades relacionadas

con las pruebas del concurso y, en caso negativo, pidió que se le informara «si actualmente
se adelanta un proceso de selección, contratación, convenio o definición interna para ese propósito» , «en

qué estado se encuentra», «qué falta para su definición o formalización» y «qué dependencia es

responsable de ello». Sobre el particular, la entidad respondió que el proceso contractual de

la primera etapa fue «adjudicado a la Universidad Libre, entidad encargada de ejecutar las actividades
de revisión, verificación y validación de la información y documentación relacionada con el cumplimiento
de requisitos mínimos habilitantes», y que, en cuanto a las etapas subsiguientes, «los respectivos
procesos de contratación serán publicados oportunamente y podrán ser consultados por los interesados a
través de la plataforma SECOP». Se trata de una respuesta parcial, pues, se refirió a la fase

de verificación de requisitos y no a las actividades relacionadas con las pruebas, y no
indicó si se adelanta algún proceso de selección o contratación para ese propósito, su
estado, lo que falta para su formalización ni la dependencia responsable.

31. En el numeral 5, la accionante pidió la copia de «los documentos donde conste la definición

institucional sobre» los canales oficiales de publicación, el mecanismo de citación a pruebas,

el tratamiento de reclamaciones, el esquema de comunicación con aspirantes, el soporte
tecnológico del concurso y el protocolo de seguridad o trazabilidad de resultados. El oficio
menciona que las solicitudes de verificación de documentación de los aspirantes
rechazados se tramitan «únicamente en el software CARJUDAPP» y que los actos
administrativos de la convocatoria se publican en el portal web de la Rama Judicial, pero
no se refirió a ningún mecanismo de citación a pruebas, tratamiento de reclamaciones o
protocolo de seguridad. Por lo tanto, esa respuesta no satisfizo el fondo de la solicitud.

32. En cambio, la Sala encuentra que el numeral 6 de la petición sí fue atendido de manera

completa. Ante la solicitud e informar «cuáles serán los canales oficiales y únicos de publicación o
notificación» de las actuaciones del concurso, la peticionada respondió que todos los actos

administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria «deberán ser publicados en el portal
web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co, en el enlace correspondiente a Carrera Judicial –
Concursos Nivel Central».

33. Por su parte, los numerales 7, 8 y 9 de la petición no exigían un pronunciamiento

autónomo de la entidad. El punto 7 solo debía ser atendido en el evento en que alguna
de las solicitudes escapara a la competencia de la Unidad, supuesto que no se presentó,
pues, aquella asumió el conocimiento de la petición y la respondió directamente. El 8

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estaba condicionado a que se invocara una reserva legal para negar el acceso a
documentos o información, lo cual no ocurrió. Y el 9 no contiene una solicitud de
información susceptible de una respuesta independiente, sino que, se evidencia la
inobservancia de la metodología solicitada en la respuesta a los numerales anteriores.

34. Así las cosas, a la luz de los criterios fijados por la Corte Constitucional, que ha

establecido que constituye una contestación vacía de contenido y evasiva aquella que
«deja en el mismo estado de desorientación a la persona» 23, la Sala encuentra que, efectivamente,

la Unidad de Administración de la Carrera Judicial incurrió en una fórmula general y
evasiva frente a lo pedido en los primeros cinco numerales de la petición, pues no atendió
directamente lo solicitado o brindó información impertinente o insuficiente. Con ello, la
peticionaria quedó en una situación de incertidumbre que vulneró su derecho
fundamental de petición.

III. DECISIÓN

35. Por las razones expuestas, comoquiera que, en el presente asunto la Sala encuentra

que la entidad accionada vulneró el derecho de petición de la señora Luna Puello, sin
que se haya configurado entonces la carencia actual de objeto por hecho superado, se
impone revocar la sentencia del a quo que declaró dicho evento para, en su lugar,
amparar el derecho invocado.

36. En consecuencia, la Sala le ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad

de Administración de la Carrera Judicial, responder de fondo, de manera clara, precisa
y congruente, los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la petición presentada por la señora Luna
Puello, evitando fórmulas evasivas, abstractas o elusivas, y sin que ello suponga,
necesariamente acceder a lo pretendido en cada uno de ellos. Además, dicha
respuesta deberá ser comunicada a la accionante dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, y la entidad deberá allegar
constancia de ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

23
Corte Constitucional, sentencia T-464 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.
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PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente al amparo deprecado por
la señora Beatriz Eugenia Luna Puello; y, en su lugar, AMPARAR el derecho
fundamental de petición de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, (i) resuelva la solicitud de la actora
encaminada a que se aclaren todas las inquietudes expuestas sobre el concurso de
méritos de la Convocatoria 28 y (ii) allegue constancia de su notificación a la peticionaria,
de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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