Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03617-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA, actuando a través
1
En adelante Sección Segunda.
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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la
providencia de 23 de octubre de 2025 dentro del recurso
extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 2020-01037-00.
I.2. Hechos
Manifestó que fue soldado profesional del Ejército Nacional desde el
19 de septiembre de 1991 al 1o. de julio de 2012, cuando fue retirado
del servicio por tener derecho a la asignación de retiro, la cual le fue
reconocida por medio de la Resolución núm. 2898 de 11 de mayo de
2012, por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
(CREMIL)2.
Mencionó que al estimar que su asignación de retiro se encontraba
indebidamente liquidada, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra CREMIL, al cual le fue asignado
el número único de radicación 2017-00275-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL
2
En adelante CREMIL.
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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
CIRCUITO DE RIOHACHA3 que, mediante sentencia de 19 de
marzo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que
ordenó la inclusión del subsidio familiar en su asignación de retiro en
un 70% del valor devengado en actividad.
Aseveró que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA al
conocer del proceso en segunda instancia mediante sentencia de 30
de septiembre de 2019, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
denegó la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro y
ordenó únicamente su reajuste, en lo referente a la fórmula para
liquidar la prima de antigüedad.
Advirtió que por lo anterior, interpuso recurso extraordinario de
revisión, argumentando la causal prevista en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, el cual fue desatado por la SECCIÓN
SEGUNDA que, a través de providencia de 23 de octubre de 2025,
lo declaró infundado.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada vulneró sus
derechos fundamentales invocados al revocar el reconocimiento
prestacional concedido en primera instancia, pese a que ostentaba la
condición de apelante único.
3
En adelante Juzgado.
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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al realizar una interpretación irrazonable y
desproporcionada de los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso (CGP) y del principio de la non reformatio in pejus, pues
concluyó que el TRIBUNAL estaba habilitado para revocar el
reconocimiento del subsidio familiar, bajo el entendido de que la
discusión propuesta en el recurso de apelación comprendía aspectos
íntimamente relacionados con la titularidad del derecho reclamado.
Destacó que, para el TRIBUNAL, la aplicación de la sentencia de
unificación SUJ-015-CE-S2-2019 sin efectuar una ponderación real
frente a los límites constitucionales derivados de la condición de
apelante único lo habilitaba para desmejorar su situación, lo cual
resulta contrario a las garantías constitucionales y desconoce el
ejercicio de la competencia funcional del superior.
Señaló que la autoridad judicial accionada también incurrió en
defecto procedimental absoluto por exceso al validar que la
actuación del TRIBUNAL gozaba de exceso de competencia
funcional y desbordaba los límites impuestos por el recurso de
apelación, además de que le otorgó un alcance desproporcional e
irrazonable al recurso, pues bajo ningún entendido solicitó la
revocatoria de la inclusión del subsidio familiar.
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Así mismo, aseguró que incurrió en violación directa de la
Constitución al desconocer de manera directa el núcleo esencial del
debido proceso y el acceso a la administración de justicia y los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues legitimó
que una situación jurídica favorable y reconocida en primera
instancia, pudiera ser revocada pese a que fue apelante único.
Finalmente, sostuvo que desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre los límites funcionales
de la segunda instancia y el principio de congruencia,
específicamente de la sentencia de 26 de junio de 20254.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
“[…] se deje sin efecto la providencia de fecha 23 de octubre de
2025 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado.
3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 23 de octubre
de 2025, se ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado a que profiera nueva decisión en la que se declare
fundado el recurso extraordinario de revisión que se presentó
contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira […]”.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, M.P.
Luis Eduardo Mesa Nieve, Rad, 11001-03-25-000-2020-00993-00 (3030-2020)
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA, pese a ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL, el JUZGADO y CREMIL, pese a ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
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porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 23 de octubre de 2025, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del recurso extraordinario de
revisión identificado con el número único de radicación 2020-01037-
00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a juicio del
actor, incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por
exceso ritual manifiesto, violación directa de la Constitución
y desconocimiento del precedente jurisprudencial comoquiera
que, al ser apelante único dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, el TRIBUNAL debía ceñirse a lo
dispuesto en el recurso de apelación, por lo que no podía agravar su
situación al revocar el reconocimiento del subsidio familiar en la
reliquidación de la asignación de retiro.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
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tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
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económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el
actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a
consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al recurso
extraordinario cuestionado.
En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en
que la autoridad judicial accionada pasó por alto que el TRIBUNAL
no estaba habilitado para revocar el reconocimiento del subsidio
familiar, pues su condición de apelante único impedía desmejorar su
situación, por lo que validó su actuación y le otorgó un alcance
desproporcional e irrazonable al recurso de alzada, pues bajo ningún
entendido solicitó la revocatoria de la inclusión del subsidio familiar.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la
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SECCIÓN SEGUNDA, así:
“[…] Con tal propósito, deberá establecerse si, como lo afirma
la parte recurrente, se configura la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a la
existencia de nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.
Esto, debido a que el Tribunal Administrativo de La Guajira
revocó la inclusión del subsidio familiar como partida computable
para liquidar su asignación de retiro, desconociendo el principio
de non reformatio in pejus, dado que el recurrente era el único
apelante.
[…]
Debido a esto, aunque existe una restricción de la competencia
del superior para estudiar la apelación, ello debe ser entendido
en el sentido de que «[…] la competencia del juez de segunda
instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido
expresamente mencionados en el recurso, que estén
íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»15.
Ello impone subrayar que, como la propia Corte Constitucional
lo ha manifestado, la non reformatio in pejus no es un principio
absoluto porque existen casos en que se exige un
pronunciamiento cuando la decisión es ilegítima o contraria el
ordenamiento jurídico. En este sentido se pronunció la Sección
Cuarta de la corporación en fallo del 19 de enero de 201716:
[…]
Lo anterior implica que, la eventual transgresión al principio de
non reformatio in pejus, al comprender una de las
manifestaciones del principio de congruencia, debe examinarse
de forma correlativa con este último, porque la imposibilidad de
desmejorar la situación del apelante único se predica sobre la
base de los límites impuestos por el recurso de apelación, que
en últimas define el marco de competencia del juez de segunda
instancia. Adicionalmente, porque el operador jurídico no puede
desligarse de lo pedido, probado y planteado al interior del
proceso, por lo cual se ha reconocido como posibilidad
excepcional la alteración de la situación del recurrente cuando
existen situaciones objeto del debate que contraían
abiertamente el ordenamiento jurídico.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp.
11001-03-15-000-2016-02271-00 y 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de enero
de 2017, exp. 11001-03-15-000-2015-02281-01(AC).
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[…]
El demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en el que expuso su
inconformidad en punto a los cuatro reajustes solicitados en la
demanda. Manifestó que el Juzgado erró en el porcentaje
reconocido por concepto de subsidio familiar, ya que tuvo en
cuenta el Decreto 1161 de 2014 sin considerar que este se
expidió el 24 de junio de 2014, de forma posterior a cuando
causó su derecho a percibir la asignación de retiro.
72. Además, reparó en que no se hubiera incluido como factor
la duodécima parte de la prima de navidad pese a estar enlistada
en el Decreto 1794 de 2000, en que no se hubiera accedido al
reconocimiento de la diferencia salarial del 20% lo que generó
que se afectara doblemente la prima de antigüedad y respecto
a la prescripción, porque para su asunto debió acogerse lo
dispuesto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
73. El Tribunal Administrativo de la Guajira, en sentencia del 30
de septiembre de 2019, revocó la inclusión del subsidio familiar
en el marco de la liquidación de la asignación de retiro del
recurrente, ya que el señor Victoriano Valencia Córdoba causó
su derecho antes de julio de 2014, y el Decreto 4433 de 2004
no preveía como partida computable la citada en el caso de los
soldados profesionales, como sí ocurría respecto de los oficiales
y suboficiales. Por tal motivo, dispuso que aplicaría las reglas
fijadas en la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del
Consejo de Estado.
74. De lo anterior se destaca que, contrario a lo manifestado por
el aquí recurrente, aunque gozó de la condición de apelante
único, refirió expresamente en su recurso de apelación que se
erró al aplicar el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014 porque este
se expidió el 24 de junio de 2014, de forma posterior a cuando
adquirió el derecho a devengar la asignación de retiro. Por
consiguiente, dispuso que esta norma no podría emplearse para
su situación concreta, de forma tal que debía acogerse el artículo
14 del Decreto 4433 de 2004 relativo a los oficiales y suboficiales
del Ejército Nacional.
[…]
Por ende, se advierte que pese a que la intención de único
apelante, favorable para sus intereses, era que se aumentara el
70% reconocido por concepto de subsidio familiar, lo cierto es
que aclaró que el Decreto 1161 de 2014 fue posterior a la fecha
en que adquirió su derecho y se refirió al contenido del artículo
13 del Decreto 4433 de 2004 que enlistó las partidas
computables. Como resultado, el Tribunal no podía dar
respuesta al cargo planteado sin referirse necesariamente a la
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normativa que rige el emolumento y, por supuesto, al derecho
en sí del actor.
77. Dicho en otras palabras, era necesario que el Tribunal
definiera sí el señor Victoriano Valencia Córdoba tenía derecho a
la inclusión del subsidio familiar, para luego abordar el
porcentaje de esta partida respecto de lo percibido en actividad,
con efectos en el cálculo del reajuste de la asignación de retiro.
De suerte que, aunque la revocatoria de este reconocimiento
implicó una desmejora para el apelante único, se hizo como una
medida para garantizar el principio de congruencia en su faceta
externa, pues no de otra forma se hubiera podido resolver el
reparo del demandante en sede de segunda instancia.
[…]
Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de
revisión no es una oportunidad para que la parte recurrente
cuestione el contenido de la sentencia de segunda instancia por
estar en desacuerdo con alguno de los aspectos decididos en
ella, cuando de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido
dentro del marco de las competencias del Tribunal
Administrativo de la Guajira, conforme a los reparos del recurso
de apelación interpuesto por el señor Victoriano Valencia
Córdoba, la jurisprudencia aplicable y los límites del principio de
non reformatio in pejus.
86. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo
estudio no se configuró la causal de revisión dispuesta en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, ya que el Tribunal
Administrativo de la Guajira tenía la competencia para revocar
el reconocimiento del subsidio familiar, sin que al hacerlo
hubiera violado el principio de non reformatio in pejus. Por
consiguiente, este recurso extraordinario de revisión se
declarará infundado […]”. (Destacado pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que la SECCIÓN SEGUNDA declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión al estimar que ese no era el escenario para
cuestionar el contenido de la sentencia de segunda instancia dictada
dentro del proceso ordinario, máxime cuando aquella fue proferida
dentro de su competencia, de conformidad con los argumentos
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planteados en el recurso, la jurisprudencia aplicable y los límites
previstos por el principio de la non reformatio in pejus.
En consecuencia, concluyó que no se configuró la causal 5º del
artículo 250 del CPACA, pues el TRIBUNAL sí tenía la facultad para
revocar el reconocimiento del subsidio familiar sin vulnerar el
mencionado principio.
Para lo anterior, explicó que el actor apeló la sentencia de primera
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho al considerar que existían errores en relación con los
ajustes reclamados, para lo cual cuestionó el porcentaje reconocido
por concepto de subsidio familiar y que se aplicó indebidamente lo
dispuesto en el Decreto 1161 de 24 de junio de 201417.
En ese contexto, el TRIBUNAL revocó la inclusión del subsidio
familiar en la reliquidación de la asignación de retiro del actor, al
concluir que este había adquirido el derecho con anterioridad a la
expedición del Decreto 1161 y, que, en el Decreto 4433 de 31 de
diciembre de 200418, no se contempló dicho factor para los soldados
17
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones”.
18
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.”
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profesionales. Tal decisión se sustentó en la sentencia de unificación
SUJ-015-CE-S2-2019 proferida por el Consejo de Estado.
Asimismo, señaló que, aunque el demandante tenía la condición de
apelante único, fue él mismo quien cuestionó la aplicación de la
normativa utilizada en primera instancia, circunstancia que obligaba
al ad quem a determinar previamente si realmente existía el derecho
reclamado al subsidio familiar antes de examinar el porcentaje
correspondiente. En consecuencia, aunque la decisión implicó una
desmejora en su situación jurídica, se consideró necesaria para
garantizar el principio de congruencia en la segunda instancia.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial
accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora
alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece
del requisito general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a
su consideración.
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Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del
desconocimiento del precedente jurisprudencial no cumple con
la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto
la parte actora se limitó a citar la sentencia que hace alusión, sin
precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí
resuelto y su caso ventilado en el recurso extraordinario
cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto, en el cual el juez de tutela no puede
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inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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