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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03617-00 Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03617-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03617-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA, actuando a través

1
En adelante Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03617-00
Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA

de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a los principios de seguridad jurídica y de

prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido la

providencia de 23 de octubre de 2025 dentro del recurso

extraordinario de revisión identificado con el número único de

radicación 2020-01037-00.

I.2. Hechos

Manifestó que fue soldado profesional del Ejército Nacional desde el

19 de septiembre de 1991 al 1o. de julio de 2012, cuando fue retirado

del servicio por tener derecho a la asignación de retiro, la cual le fue

reconocida por medio de la Resolución núm. 2898 de 11 de mayo de

2012, por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

(CREMIL)2.

Mencionó que al estimar que su asignación de retiro se encontraba

indebidamente liquidada, promovió medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra CREMIL, al cual le fue asignado

el número único de radicación 2017-00275-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL

2
En adelante CREMIL.

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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA

CIRCUITO DE RIOHACHA3 que, mediante sentencia de 19 de

marzo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que

ordenó la inclusión del subsidio familiar en su asignación de retiro en

un 70% del valor devengado en actividad.

Aseveró que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA al

conocer del proceso en segunda instancia mediante sentencia de 30

de septiembre de 2019, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro y

ordenó únicamente su reajuste, en lo referente a la fórmula para

liquidar la prima de antigüedad.

Advirtió que por lo anterior, interpuso recurso extraordinario de

revisión, argumentando la causal prevista en el numeral 5º del

artículo 250 del CPACA, el cual fue desatado por la SECCIÓN

SEGUNDA que, a través de providencia de 23 de octubre de 2025,

lo declaró infundado.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada vulneró sus

derechos fundamentales invocados al revocar el reconocimiento

prestacional concedido en primera instancia, pese a que ostentaba la

condición de apelante único.

3
En adelante Juzgado.

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Actor: VICTORIANO VALENCIA CÓRDOBA

Alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

sustantivo al realizar una interpretación irrazonable y

desproporcionada de los artículos 320 y 328 del Código General del

Proceso (CGP) y del principio de la non reformatio in pejus, pues

concluyó que el TRIBUNAL estaba habilitado para revocar el

reconocimiento del subsidio familiar, bajo el entendido de que la

discusión propuesta en el recurso de apelación comprendía aspectos

íntimamente relacionados con la titularidad del derecho reclamado.

Destacó que, para el TRIBUNAL, la aplicación de la sentencia de

unificación SUJ-015-CE-S2-2019 sin efectuar una ponderación real

frente a los límites constitucionales derivados de la condición de

apelante único lo habilitaba para desmejorar su situación, lo cual

resulta contrario a las garantías constitucionales y desconoce el

ejercicio de la competencia funcional del superior.

Señaló que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto procedimental absoluto por exceso al validar que la

actuación del TRIBUNAL gozaba de exceso de competencia

funcional y desbordaba los límites impuestos por el recurso de

apelación, además de que le otorgó un alcance desproporcional e

irrazonable al recurso, pues bajo ningún entendido solicitó la

revocatoria de la inclusión del subsidio familiar.

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Así mismo, aseguró que incurrió en violación directa de la

Constitución al desconocer de manera directa el núcleo esencial del

debido proceso y el acceso a la administración de justicia y los

principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues legitimó

que una situación jurídica favorable y reconocida en primera

instancia, pudiera ser revocada pese a que fue apelante único.

Finalmente, sostuvo que desconoció el precedente

jurisprudencial del Consejo de Estado sobre los límites funcionales

de la segunda instancia y el principio de congruencia,

específicamente de la sentencia de 26 de junio de 20254.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] se deje sin efecto la providencia de fecha 23 de octubre de
2025 proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia del 23 de octubre
de 2025, se ordene al Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado a que profiera nueva decisión en la que se declare
fundado el recurso extraordinario de revisión que se presentó
contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de la Guajira […]”.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, M.P.
Luis Eduardo Mesa Nieve, Rad, 11001-03-25-000-2020-00993-00 (3030-2020)

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA, pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL, el JUZGADO y CREMIL, pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa

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porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

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i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 23 de octubre de 2025, proferida

por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del recurso extraordinario de

revisión identificado con el número único de radicación 2020-01037-

00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia y a los principios de seguridad jurídica y de prevalencia del

derecho sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a juicio del

actor, incurrió en los defectos sustantivo, procedimental por

exceso ritual manifiesto, violación directa de la Constitución

y desconocimiento del precedente jurisprudencial comoquiera

que, al ser apelante único dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, el TRIBUNAL debía ceñirse a lo

dispuesto en el recurso de apelación, por lo que no podía agravar su

situación al revocar el reconocimiento del subsidio familiar en la

reliquidación de la asignación de retiro.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

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tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en el defecto alegado.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa

6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

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económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el

actor es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al recurso

extraordinario cuestionado.

En efecto, la inconformidad del actor se sustenta, básicamente, en

que la autoridad judicial accionada pasó por alto que el TRIBUNAL

no estaba habilitado para revocar el reconocimiento del subsidio

familiar, pues su condición de apelante único impedía desmejorar su

situación, por lo que validó su actuación y le otorgó un alcance

desproporcional e irrazonable al recurso de alzada, pues bajo ningún

entendido solicitó la revocatoria de la inclusión del subsidio familiar.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por la

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SECCIÓN SEGUNDA, así:

“[…] Con tal propósito, deberá establecerse si, como lo afirma
la parte recurrente, se configura la causal de revisión prevista
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, relativa a la
existencia de nulidad en la sentencia que puso fin al proceso.
Esto, debido a que el Tribunal Administrativo de La Guajira
revocó la inclusión del subsidio familiar como partida computable
para liquidar su asignación de retiro, desconociendo el principio
de non reformatio in pejus, dado que el recurrente era el único
apelante.

[…]

Debido a esto, aunque existe una restricción de la competencia
del superior para estudiar la apelación, ello debe ser entendido
en el sentido de que «[…] la competencia del juez de segunda
instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos
propuestos por el recurrente, aunque no hayan sido
expresamente mencionados en el recurso, que estén
íntimamente ligados con el aspecto materia de impugnación»15.

Ello impone subrayar que, como la propia Corte Constitucional
lo ha manifestado, la non reformatio in pejus no es un principio
absoluto porque existen casos en que se exige un
pronunciamiento cuando la decisión es ilegítima o contraria el
ordenamiento jurídico. En este sentido se pronunció la Sección
Cuarta de la corporación en fallo del 19 de enero de 201716:

[…]

Lo anterior implica que, la eventual transgresión al principio de
non reformatio in pejus, al comprender una de las
manifestaciones del principio de congruencia, debe examinarse
de forma correlativa con este último, porque la imposibilidad de
desmejorar la situación del apelante único se predica sobre la
base de los límites impuestos por el recurso de apelación, que
en últimas define el marco de competencia del juez de segunda
instancia. Adicionalmente, porque el operador jurídico no puede
desligarse de lo pedido, probado y planteado al interior del
proceso, por lo cual se ha reconocido como posibilidad
excepcional la alteración de la situación del recurrente cuando
existen situaciones objeto del debate que contraían
abiertamente el ordenamiento jurídico.

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, exp.
11001-03-15-000-2016-02271-00 y 11001-03-15-000-2016-02306-00 (ACUMULADO).
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de enero
de 2017, exp. 11001-03-15-000-2015-02281-01(AC).

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[…]

El demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, en el que expuso su
inconformidad en punto a los cuatro reajustes solicitados en la
demanda. Manifestó que el Juzgado erró en el porcentaje
reconocido por concepto de subsidio familiar, ya que tuvo en
cuenta el Decreto 1161 de 2014 sin considerar que este se
expidió el 24 de junio de 2014, de forma posterior a cuando
causó su derecho a percibir la asignación de retiro.

72. Además, reparó en que no se hubiera incluido como factor
la duodécima parte de la prima de navidad pese a estar enlistada
en el Decreto 1794 de 2000, en que no se hubiera accedido al
reconocimiento de la diferencia salarial del 20% lo que generó
que se afectara doblemente la prima de antigüedad y respecto
a la prescripción, porque para su asunto debió acogerse lo
dispuesto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

73. El Tribunal Administrativo de la Guajira, en sentencia del 30
de septiembre de 2019, revocó la inclusión del subsidio familiar
en el marco de la liquidación de la asignación de retiro del
recurrente, ya que el señor Victoriano Valencia Córdoba causó
su derecho antes de julio de 2014, y el Decreto 4433 de 2004
no preveía como partida computable la citada en el caso de los
soldados profesionales, como sí ocurría respecto de los oficiales
y suboficiales. Por tal motivo, dispuso que aplicaría las reglas
fijadas en la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 del
Consejo de Estado.

74. De lo anterior se destaca que, contrario a lo manifestado por
el aquí recurrente, aunque gozó de la condición de apelante
único, refirió expresamente en su recurso de apelación que se
erró al aplicar el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014 porque este
se expidió el 24 de junio de 2014, de forma posterior a cuando
adquirió el derecho a devengar la asignación de retiro. Por
consiguiente, dispuso que esta norma no podría emplearse para
su situación concreta, de forma tal que debía acogerse el artículo
14 del Decreto 4433 de 2004 relativo a los oficiales y suboficiales
del Ejército Nacional.

[…]

Por ende, se advierte que pese a que la intención de único
apelante, favorable para sus intereses, era que se aumentara el
70% reconocido por concepto de subsidio familiar, lo cierto es
que aclaró que el Decreto 1161 de 2014 fue posterior a la fecha
en que adquirió su derecho y se refirió al contenido del artículo
13 del Decreto 4433 de 2004 que enlistó las partidas
computables. Como resultado, el Tribunal no podía dar
respuesta al cargo planteado sin referirse necesariamente a la

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normativa que rige el emolumento y, por supuesto, al derecho
en sí del actor.

77. Dicho en otras palabras, era necesario que el Tribunal
definiera sí el señor Victoriano Valencia Córdoba tenía derecho a
la inclusión del subsidio familiar, para luego abordar el
porcentaje de esta partida respecto de lo percibido en actividad,
con efectos en el cálculo del reajuste de la asignación de retiro.
De suerte que, aunque la revocatoria de este reconocimiento
implicó una desmejora para el apelante único, se hizo como una
medida para garantizar el principio de congruencia en su faceta
externa, pues no de otra forma se hubiera podido resolver el
reparo del demandante en sede de segunda instancia.

[…]

Finalmente, la Sala reitera que el recurso extraordinario de
revisión no es una oportunidad para que la parte recurrente
cuestione el contenido de la sentencia de segunda instancia por
estar en desacuerdo con alguno de los aspectos decididos en
ella, cuando de lo visto está demostrado que el fallo fue proferido
dentro del marco de las competencias del Tribunal
Administrativo de la Guajira, conforme a los reparos del recurso
de apelación interpuesto por el señor Victoriano Valencia
Córdoba, la jurisprudencia aplicable y los límites del principio de
non reformatio in pejus.

86. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo
estudio no se configuró la causal de revisión dispuesta en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, ya que el Tribunal
Administrativo de la Guajira tenía la competencia para revocar
el reconocimiento del subsidio familiar, sin que al hacerlo
hubiera violado el principio de non reformatio in pejus. Por
consiguiente, este recurso extraordinario de revisión se
declarará infundado […]”. (Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN SEGUNDA declaró infundado el recurso

extraordinario de revisión al estimar que ese no era el escenario para

cuestionar el contenido de la sentencia de segunda instancia dictada

dentro del proceso ordinario, máxime cuando aquella fue proferida

dentro de su competencia, de conformidad con los argumentos

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planteados en el recurso, la jurisprudencia aplicable y los límites

previstos por el principio de la non reformatio in pejus.

En consecuencia, concluyó que no se configuró la causal 5º del

artículo 250 del CPACA, pues el TRIBUNAL sí tenía la facultad para

revocar el reconocimiento del subsidio familiar sin vulnerar el

mencionado principio.

Para lo anterior, explicó que el actor apeló la sentencia de primera

instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho al considerar que existían errores en relación con los

ajustes reclamados, para lo cual cuestionó el porcentaje reconocido

por concepto de subsidio familiar y que se aplicó indebidamente lo

dispuesto en el Decreto 1161 de 24 de junio de 201417.

En ese contexto, el TRIBUNAL revocó la inclusión del subsidio

familiar en la reliquidación de la asignación de retiro del actor, al

concluir que este había adquirido el derecho con anterioridad a la

expedición del Decreto 1161 y, que, en el Decreto 4433 de 31 de

diciembre de 200418, no se contempló dicho factor para los soldados

17
“Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales
y se dictan otras disposiciones”.
18
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.”

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profesionales. Tal decisión se sustentó en la sentencia de unificación

SUJ-015-CE-S2-2019 proferida por el Consejo de Estado.

Asimismo, señaló que, aunque el demandante tenía la condición de

apelante único, fue él mismo quien cuestionó la aplicación de la

normativa utilizada en primera instancia, circunstancia que obligaba

al ad quem a determinar previamente si realmente existía el derecho

reclamado al subsidio familiar antes de examinar el porcentaje

correspondiente. En consecuencia, aunque la decisión implicó una

desmejora en su situación jurídica, se consideró necesaria para

garantizar el principio de congruencia en la segunda instancia.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a

su consideración.

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Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial no cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar la sentencia que hace alusión, sin

precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí

resuelto y su caso ventilado en el recurso extraordinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto, en el cual el juez de tutela no puede

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inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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