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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03619-00

Fecha
10 de julio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03619-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Leyla Alicia Andrade Pérez contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03619-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03619-00
Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03619-00
Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila y otro
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia-
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por Leyla Alicia Andrade Pérez contra el
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Leyla Alicia Andrade Pérez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social, a la vida digna, al debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad, a la confianza
legítima y a la buena fe que estima vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila, con ocasión de las sentencias proferidas
el 31 de marzo de 2025 y el 28 de abril de 2026, respectivamente, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 41001-33-
33-007-2021-00242-00/01.

2. Hechos

Con fundamento en el escrito de tutela1 y en los documentos allegados al expediente,
la Sala encuentra acreditados los siguientes supuestos fácticos:

2.1. La accionante es madre del soldado profesional Wilmer Ricardo Acosta Andrade,
quien falleció el 3 de junio de 2013 mientras prestaba servicio en el Ejército Nacional.
Según afirmó dependía económicamente de su hijo fallecido.

1 Índice 0002 del aplicativo Samai, certificado 15DC48D887480CC9 D0D80D6F2DCFB9AC A4C03E8A01A4F7B5

438A14813D31CC86. Si bien se anexó otro escrito de tutela al expediente electrónico, se entiende que se trata de
una reproducción material de lo señalado en el escrito previo. Cfr. Índice 0002 del aplicativo Samai, certificado
0C4256CF00522E38 6780754C5188BD75 4CC6832C68D0B8D4 370704CD25638B2B.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03619-00
Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

2.2. Mediante Resolución No. 4135 del 30 de octubre de 2013, el Ministerio de Defensa
Nacional le reconoció pensión de sobrevivientes en calidad de progenitora del
causante, prestación que percibió, según adujo, de buena fe durante aproximadamente
siete años.

2.3. En el año 2019, con ocasión de un proceso de filiación promovido por la propia
actora en favor de su nieto, Wilmer Andrés Acosta Cárdenas, el Ministerio de Defensa
Nacional expidió las Resoluciones núm. 0687 y 4258 de 2020, mediante las cuales dejó
sin efectos el reconocimiento prestacional otorgado a la accionante y se ordenó iniciar
una actuación administrativa tendiente a obtener la devolución de las mesadas
pagadas desde 2014. En particular:

2.3.1. A través de la Resolución No. 0687 de 2020 se declaró la pérdida de ejecutoria
del acto administrativo que reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de la
accionante y, en su lugar, se ordenó reconocer dicha prestación al menor referido, así
como iniciar una actuación administrativa dirigida al cobro de los dineros cancelados a
la accionante desde el 8 de enero de 2014 hasta cuando fuera excluida definitivamente
de la nómina de pensionados.

2.3.2. Mediante Resolución 4258 de 2020 se resolvió desfavorablemente el recurso de
reposición interpuesto por la accionante.

2.4. En virtud de lo anterior, la actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las Resoluciones No. 0687 y 4258 de 2020. En consecuencia, como
restablecimiento del derecho buscó obtener el reconocimiento del 50% de la pensión
de sobrevivientes y ser exonerada del pago de los dineros recibidos como única
beneficiaria de la pensión.

2.5. Mediante sentencia del 31 de marzo de 2025 2, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Neiva negó las pretensiones de la demanda. Consideró que el menor Wilmer Andrés
Acosta Cárdenas ostentaba un mejor derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, conforme al orden de beneficiarios previsto en el artículo 11 del Decreto
4433 de 2004, en la medida en que los padres únicamente acceden a esa prestación
en ausencia de hijos con derecho. En consecuencia, concluyó que no era procedente
distribuir la pensión en partes iguales entre el hijo del causante y la accionante.

De otra parte, se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la orden de iniciar la
actuación administrativa para obtener la devolución de las sumas pagadas, por
considerar que dicha determinación no constituía un acto administrativo definitivo, sino
una decisión orientada únicamente a dar inicio al respectivo procedimiento
administrativo.

2 Índice 0002 del aplicativo Samai, certificado 15DC48D887480CC9 D0D80D6F2DCFB9AC A4C03E8A01A4F7B5

438A14813D31CC86, p. 9-17.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

2.6. La parte actora interpuso recurso de apelación 3. En su escrito sostuvo que la
dependencia económica entre la accionante y el causante se encontraba plenamente
acreditada. Asimismo, afirmó que siempre actuó de buena fe, razón por la cual no
estaba obligada a devolver las sumas recibidas, como se dispuso en los actos
administrativos demandados. Bajo ese entendido, solicitó la protección de sus
derechos al mínimo vital y a la salud, así como la aplicación del principio de solidaridad,
dado que dependía económicamente del causante.

Como sustento de su inconformidad invocó como precedente las sentencias T-378 de
2018 y T-370 de 2017 de la Corte Constitucional; sentencia de 8 de febrero de 2018
(rad 52001-23-33-000-2012-00067-01) del Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B y SL 650 de 2020 del 19 de febrero de 2020 de la Corte Suprema de
Justicia-Sala de Casación Laboral.

2.7. Mediante sentencia del 28 de abril de 2026 4, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, confirmó la decisión de primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud:

La parte actora solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida digna, al debido proceso,
a la igualdad, a la favorabilidad, a la confianza legítima y a la buena fe que estima
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, ordenar la emisión
de una decisión de reemplazo conforme a las pretensiones planteadas en el proceso
ordinario, así como la suspensión de cualquier acción de cobro o recuperación de
dineros.

En sustento de sus pretensiones, la accionante afirma que las decisiones judiciales
cuestionadas la dejaron en estado de indigencia. Sostiene que tiene 58 años de edad
y que, por tanto, es una persona de la tercera edad y sujeto de especial protección
constitucional. Agrega que padece síndrome del túnel carpiano, cervicalgia y escoliosis
cervicodorsal, patologías que le impiden desempeñar su oficio de modista o desarrollar
otra actividad productiva que le permita obtener ingresos, circunstancia que, aunada a
la ausencia de recursos para su subsistencia, compromete su mínimo vital. En ese
contexto, considera que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable.

Ahora bien, a partir de una interpretación integral del escrito de tutela, la Sala identifica
que los reproches formulados por la accionante pueden sistematizarse en los
siguientes defectos:

3.1. Defecto fáctico. Sostiene que las autoridades judiciales accionadas realizaron una
valoración indebida del material probatorio, pues omitieron apreciar elementos

3 Índice 00013 del aplicativo Samai, certificado 6782812B441A5243 8BC8B9A87C20D151 62B2F6185EA2B5E6

BBBBF92AFA1B53FE, archivo: “055SamaiRecursoApelacionSentencia.pdf”.
4 Índice 0002 del aplicativo Samai, certificado 15DC48D887480CC9 D0D80D6F2DCFB9AC A4C03E8A01A4F7B5

438A14813D31CC86, p. 18-31.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

determinantes para establecer su situación económica real, tales como la dependencia
económica exclusiva respecto de su hijo fallecido y la ausencia de ingresos o bienes
propios. Agrega que las providencias otorgaron prevalencia al artículo 11 del Decreto
4433 de 2004, con desconocimiento de la jurisprudencia constitucional relativa a la
protección de los padres que dependían económicamente del causante. Asimismo,
afirma que no se valoró adecuadamente su condición de sujeto de especial protección
constitucional.

3.2. Defecto Sustantivo. Afirma que las autoridades judiciales aplicaron de manera
restrictiva, rígida y desproporcionada el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, sin
atender la finalidad constitucional del régimen de sustitución pensional ni los principios
de protección del mínimo vital, la vida, la salud, la seguridad social y la especial
protección de las personas adultas mayores. Como sustento de este cargo invoca las
sentencias T-190 de 1993 y T-701 de 2006 de la Corte Constitucional.

3.3. Desconocimiento del precedente. Señala que las autoridades accionadas
desconocieron la jurisprudencia constitucional que autoriza interpretaciones favorables
cuando se encuentra comprometido el mínimo vital de personas en situación de
vulnerabilidad, particularmente la Sentencia T-113 de 2016. Asimismo, sostiene que se
omitió la aplicación de precedentes vinculantes relacionados con los principios de
favorabilidad, buena fe y protección reforzada en materia pensional. En especial,
destaca la Sentencia SU-471 de 2023, en la que, según afirma, la Corte Constitucional
amparó el derecho a la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de un hijo.

3.4. Violación directa de la Constitución. Manifiesta que las providencias
cuestionadas desconocieron directamente los artículos 1, 2, 13, 48, 53 y 83 de la
Constitución Política.

3.5. Decisión sin motivación. Sostiene que las sentencias cuestionadas carecen de
una motivación constitucional suficiente, por cuanto omitieron examinar su condición
de vulnerabilidad, la dependencia económica acreditada dentro del proceso, el principio
de buena fe y la afectación de su mínimo vital.

Finalmente, la accionante agrega que, conforme a la Sentencia T-043 de 2007, ostenta
la condición de sujeto de especial protección constitucional y que, en atención a lo
señalado en la Sentencia T-339 de 2017, las autoridades judiciales debieron adoptar
un enfoque diferencial al resolver su caso. Asimismo, invoca la Sentencia T-760 de
2008 para sostener que el mínimo vital debe garantizarse a las personas que se
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, cita la Sentencia SU -159 de
2022 para afirmar que, en su caso, las autoridades judiciales privilegiaron una
interpretación estrictamente formal de las normas, en detrimento de la prevalencia del
derecho sustancial.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 13 de mayo de 20265, el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado
Séptimo Administrativo de Neiva; vinculó como terceros con interés a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, así como a Wilmer Andrés Acosta Cárdenas
y, a su representante legal y madre, Yazmin Cárdenas Verjan; negó la medida
provisional solicitada; y requirió a las autoridades judiciales mencionadas para que
quien tuviera a su cargo, remitiera copia digital del expediente identificado con el
radicado número 41001-33-33-007-2021-00242-00/01.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2 La Secretaría del Tribunal Administrativo del Huila 6 remitió copia del expediente
tramitado ante esa Corporación, actuación que en idéntico sentido desarrolló el
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva 7. No obstante, no allegaron manifestación
en cuanto al fondo del asunto.

4.3. La Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional se opuso a las pretensiones
de la tutela y solicitó declarar la improcedencia de esta por falta de relevancia
constitucional. Sostuvo que la cesación del pago de la mesada pensional a favor de la
accionante no era un acto caprichoso, sino el resultado de la comprobación del
parentesco civil del menor Acosta Cárdenas. En esta medida, la garantía del mínimo
vital y seguridad social de la actora no podía fundamentarse en quitarle la mitad de los
recursos que le correspondían al menor en condición de orfandad.

En esta línea, se opuso a invalidar los fallos acusados, pues la acción de tutela no era
una instancia adicional para surtir debates ya cerrados. Profundizó que la tutela
incumplía el requisito de relevancia constitucional, en tanto planteaba un debate
económico y legal ya resuelto por el juez natural. Por último, indicó que la accionante
fundamentaba su reclamo en la lectura descontextualizada de la jurisprudencia
constitucional (sentencia T-113 de 2016). Del mismo modo, precisó que no era
adecuada la alusión a otras providencias de la referida corporación , en razón a que la
negativa de la pensión se sustentó en la barrera normativa que supone la existencia
del nieto. Concluyó que se trataba de un caso donde debía privilegiarse los derechos
del menor (CP, art. 44).

Por último, indicó que en lo relativo a suspender el cobro coactivo, la tutela era
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, ya que la Resolución No.
0687 de 2020 era un acto de trámite que ordenaba iniciar la actuación administrativa,
por lo que le corresponde a la actora ejercer su derecho de defensa y probar los

5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado DE2287B8C9DAE783 69C5674C0CD29DDB 104622C8B02036F9

B0575255A767F195.
6 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, certificado 642E2AD1D1357E60 804D893F3455B1E7 632BD790A82B8BC5

210D8E1CC1E82389.
7 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado FA33F1AD7EE37880 03CBB7BBF77CC3A0 5DBDC981C081D7DE

405D45DCAF73680C.

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eximentes en el respectivo procedimiento, aunque sus argumentos de buena fe eran
precarios.

4.4. En auto de 11 de junio de 2026 8, el despacho de la magistrada ponente advirtió
que la notificación dirigida al menor Wilmer Andrés Acosta y su madre/representante
legal fue remitida a quien actuó como curador ad litem en el proceso ordinario. Por
tanto, subsistía incertidumbre respecto de si estas personas conocieron de la admisión
de la acción constitucional. En consecuencia, se dispuso la notificación a una dirección
electrónica personal que fue encontrada en el expediente ordinario9 y en todo caso, la
publicación del auto admisorio del asunto en la página web del Consejo de Estado 10.
Sin embargo, no se recibió intervención adicional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que
Leyla Alicia Andrade Pérez es titular de los derechos fundamentales que estima
vulnerados, en su condición de demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 41-001-33-33-007-
2021-00242-00/01.

2.2. De igual manera, está acreditada la legitimación en la causa por pasiva, en tanto
el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el Tribunal Administrativo del Huila
fueron las autoridades judiciales que profirieron las decisiones judiciales a las que se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.

2.3. Previo a abordar el estudio de fondo, la Sala advierte que, si bien la parte actora
hizo alusión a la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Neiva, el análisis se circunscribirá a la decisión emitida por el Tribunal
Administrativo del Huila, en tanto constituyó la providencia que puso fin a la actuación
judicial, sin perjuicio de las referencias que resulten necesarias respecto de las
decisiones precedentes.

8 Índice 00019 del aplicativo SAMAI, certificado 6D451A3837859FAC 851A698D81B499F1 300865EAD54B6DE7

DFE7DA9EAD6612BA.
9 Cfr. Índice 00025 del aplicativo SAMAI.
10 En el índice 00024 del aplicativo SAMAI, si bien no se adjuntó captura de pantalla de la publicación, se registró

constancia secretarial que señala: “Se publica la providencia del once 11 de junio de dos mil veintiséis 2026, en la
página web del Consejo de Estado”, anexándose el escrito de tutela, el auto admisorio y el auto de 11 de junio de
2026.

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3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 13.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla
con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en
principio, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y,
de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexis tentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.

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4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en

15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación.

5.1. La parte actora cuestiona las sentencias proferidas el 31 de marzo de 2025 por el
Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el 28 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Huila, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido contra las Resoluciones núm. 0687 y 4258 de 2020.

En sustento de la solicitud de amparo, afirma que las decisiones judiciales
desconocieron su condición de sujeto de especial protección constitucional, derivada
de su estado de salud, y que la dejaron sin los recursos necesarios para garantizar su
subsistencia, pues las patologías que padece le impiden desempeñar su oficio de
modista u obtener ingresos por otra actividad económica. Con fundamento en tales
circunstancias, sostiene que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

En esencia, atribuye a las providencias cuestionadas la configuración de los siguientes
defectos: (i) fáctico, por cuanto, a su juicio, las autoridades judiciales omitieron valorar
adecuadamente las pruebas que acreditaban su dependencia económica respecto de
su hijo fallecido, la ausencia de ingresos y bienes propios y su condición de sujeto de
especial protección constitucional; (ii) sustantivo, al considerar que aplicaron de
manera restrictiva el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, con desconocimiento de la
finalidad constitucional del régimen de sustitución pensional y de la jurisprudencia
constitucional sobre la materia; (iii) desconocimiento del precedente, por haber omitido
la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la protección
reforzada del mínimo vital y a la interpretación favorable en materia pensional; (iv)
violación directa de la Constitución, por el presunto desconocimiento de los artículos 1,
2, 13, 48, 53 y 83 de la Constitución Política; y (v) decisión sin motivación, al estimar
que las autoridades judiciales no efectuaron un análisis suficiente de su situación de
vulnerabilidad, de la dependencia económica acreditada, del principio de buena fe y de

16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

la afectación de su mínimo vital. Finalmente, sostiene que el asunto debió resolverse
con enfoque diferencial.

5.2. Delimitados los cuestionamientos planteados en la solicitud de amparo,
corresponde examinar el contenido de la sentencia proferida el 28 de abril de 202617
por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual puso fin al proceso, con el fin de
establecer si los reproches formulados plantean una controversia de relevancia
constitucional o si, por el contrario, evidencian una simple discrepancia con la
interpretación y valoración efectuada por el juez natural. En dicha providencia, la
autoridad judicial accionada formuló la siguiente tesis:

“La Sala confirmará la sentencia, comoquiera que no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, ya que de
acuerdo al artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, la demandante, en su
condición de madre del causante -hijo soldado profesional-, no tiene derecho a
la cuota solicitada por concepto de pensión de sobrevivientes, dado que el
menor Wilmer Andrés Acosta Cárdenas, en su calidad de hijo del S.P. Wilmer
Ricardo Acosta Andrade (q.e.p.d.), es el único que tiene derecho a ello, esto es,
no se prevé compartir tal pensión con los padres del causante.”

Para sustentar esa conclusión, el Tribunal se pronunció sobre el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública,
en particular, el relativo a la pensión de sobrevivientes. De ese análisis resultan
relevantes las siguientes consideraciones:

“La pensión de sobrevivientes ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como una ‘prestación que se reconoce a los miembros del grupo
familiar más próximos del pensionado o afiliado que fallece, con el fin de
garantizar, al menos, el mismo grado de seguridad social y económica con que
contaban en vida del causante.’ Con ella se busca ‘evitar el abandono al que se
verían sometidos los beneficiarios ante la ausencia del apoyo material de
quienes con su trabajo o a través de una pensión preexistente contribuían a
proveer lo necesario para su sustento.´ 6

En ese orden, en el caso de ausencia de hijos y ante la existencia de cónyuge
o compañero (a) permanente, corresponderá a este último el reconocimiento de
una pensión, en el porcentaje equivalente a la mitad, siendo acreedores de la
otra mitad en partes iguales, los padres, siempre que estos hubiesen dependido
económicamente de su hijo.

La Corte Constitucional en sentencia T-113 de 2016, en sede de tutela, analizó
un caso en el cual la madre de un miembro de la Fuerza Pública fallecido, a
quien la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares le negó la sustitución de la
asignación de retiro, con fundamento entre otras razones, en la existencia de
dos hijas del militar que eran mayores de 25 años al momento de su
fallecimiento y no habían sido calificadas con algún grado de discapacidad, de
conformidad con el Decreto 4433 de 2004.

En esa oportunidad la entidad expuso acerca de los descendientes del causante
que, ‘aun cuando no tienen derecho a acceder a la referida prestación, por razón
de la edad, si existen, y la norma no es clara en este aspecto ya que indica ‘(…)
si no hubiere hijos’ sin hacer ninguna precisión al respecto…’ [65] y la Corte

17 Índice 0002 del aplicativo Samai, certificado 15DC48D887480CC9 D0D80D6F2DCFB9AC A4C03E8A01A4F7B5

438A14813D31CC86, p. 18-31.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

sostuvo que, con respecto a la exigencia de que no hubiera hijos en los casos
en que los padres son los económicamente dependientes del causante, del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 podían desprenderse dos interpretaciones
razonables con respecto a los beneficiarios de la sustitución de la asignación de
retiro. Una que denominó ‘literal’, en cuyo caso, ‘la existencia [de] un
descendiente del causante inhabilita a los padres para reclamar la sustitución
pensional, puesto que su reconocimiento se limita al hecho de que ‘no hubiere
hijos’ del militar fallecido, sin importar si ellos tienen derecho o no a la prestación’
[66]
; y una segunda interpretación denominada ‘finalista’, que se enmarca en el
propósito del régimen prestacional especial de los miembros de la Fuerza
Pública, de ‘otorgarles una mayor protección a sus afiliados’ [67] .

De acuerdo con esta interpretación, finalista y favorable, ‘debe entenderse que
la disposición hace referencia a ‘los hijos sin derecho a la prestación’, pues de
lo contrario [los beneficiarios del militar fallecido] quedarían en un déficit de
protección injustificado frente a la mayoría de los ciudadanos a quienes se les
aplica el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993’. En efecto, para la Corte,
la interpretación literal supondría sustraer a un grupo poblacional de una
protección pensional que sí se garantiza en el régimen pensional general y
comparó a los beneficiarios de las prestaciones indicadas en tal Decreto 4433
de 2004 y la Ley 100 de 1993 y señaló que si bien contemplan un orden similar,
‘la […]redacción reseñada en torno a la existencia de hijos con o sin derecho
económico para efectos de reconocer la prerrogativa de sobrevivientes a los
ascendientes del causante, [puede] configurar (…) una desigualdad en caso de
acogerse la hermenéutica literal, ya que tal discriminación no está compensada
con alguna contraprestación especial del régimen de las Fuerzas Militares’.

La Corte agrega que ante las dos interpretaciones posibles del precepto en
cuestión y que conducían a conclusiones opuestas, debía “aplicar el principio in
dubio pro operario” contenido en el artículo 53 de la Constitución, “el cual
establece que toda duda hermenéutica en relación con la norma aplicable a un
caso ha de resolverse en favor del trabajador, y por tanto, al examinarse asuntos
como el estudiado en esta ocasión, los operadores jurídicos deben optar por la
segunda interpretación, por cuanto resulta más propicia a los intereses de los
beneficiarios de la prestación” y con fundamento en ello, concluyó que las dos
hijas del militar, ambas con 25 años de edad como mínimo y sin ningún grado
de discapacidad, no desplazaban a la accionante en el orden de beneficiarios
de la sustitución de la asignación de retiro, “ya que de conformidad con la
interpretación finalista del numeral 4 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004
explicada anteriormente, los padres de un oficial fallecido pueden acceder a
dicha prestación si no existen descendientes con derecho a la misma”. En
consecuencia, luego de encontrar acreditados los demás requisitos para el
reconocimiento de la sustitución, ordenó a la CREMIL que reconociera, liquidara
y pagara a favor de la actora la sustitución en la asignación de retiro de la que
gozaba su hijo, junto con el respectivo retroactivo. (…)

En la sentencia C-111 de 2006, la Corte Constitucional declaró inconstitucional
la disposición que permitía a las entidades encargadas de otorgar prestaciones
de seguridad social exigir a los padres del causante una dependencia
económica total y absoluta respecto de su hijo fallecido. En consecuencia, se
declaró la inconstitucionalidad de la expresión «de forma total y absoluta» del
artículo 13, literal d, de la Ley 797 de 2003, que contenía dicho requisito.
Además, la Corte determinó que las autoridades correspondientes deben
evaluar si quienes solicitan la pensión de sobrevivientes se encuentran en
condiciones de especial protección constitucional, como es el caso de padres
de avanzada edad que son los únicos beneficiarios. (…)

Por lo tanto, el requisito de dependencia económica para acceder a la pensión
de sobrevivientes o la sustitución pensional no puede interpretarse como una

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

falta total y absoluta de recursos, ya que esto implicaría que el solicitante se
encontraría en una situación de indigencia para poder acceder a este derecho
de seguridad social. En consecuencia, esta exigencia debe evaluarse de
manera razonable para proteger y respetar los derechos al mínimo vital y a una
vida digna. (…)”

Con fundamento en las anteriores consideraciones y una vez establecidos los hechos
acreditados en el proceso, el Tribunal resolvió el caso concreto en los siguientes
términos:

“A fin de resolver tales cargos, la Sala encuentra necesario precisar inicialmente
que en el presente asunto no existe controversia frente a la calidad de soldado
profesional del Ejército Nacional que ostentaba el señor Wilmer Ricardo Acosta
Andrade, tampoco se discute la fecha del fallecimiento ni calificación del deceso,
pues según lo descrito en las consideraciones de la resolución No. 4135 de
2013 se observa que su deceso ocurrió 3 de junio de 2013 catalogada como
muerte “en simple actividad”.

Así las cosas, el reconocimiento de prestaciones derivadas del fallecimiento de
miembros de la Fuerza Pública, debe efectuarse con estricta sujeción al régimen
especial vigente para la categoría del personal y a la fecha del deceso, sin que
resulte jurídicamente admisible, trasladar beneficios previstos para otros
regímenes o calidades.

En ese orden, tenemos que el Decreto 4433 de 2004 en su artículo 11 regula el
orden de beneficiarios de pensiones por muerte de los soldados profesionales,
entre otros, y según lo probado en este asunto, en aplicación de este, el
Ministerio de Defensa inicialmente le reconoció pensión de sobrevivientes a la
ahora demandante Leyla Alicía Andrade Pérez en calidad de madre, mediante
Resolución No. 4135 de 2013.

Asimismo, está acreditado que, en el año 2019, la señora Yazmin Cárdenas
Verjan, en su calidad de representante legal del menor Wilmer Andrés Acosta
Cárdenas, solicitó al Ministerio de Defensa el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de este, lo cual originó que se expidieran los actos
administrativos aquí demandados y que se extinguiera el derecho pensional a
favor de la señora Leyla Alicía Andrade Pérez.

Ahora bien, la señora Andrade Pérez en calidad de madre del S.P Wilmer
Ricardo Acosta Andrande (q.e.p.d), pretende que la pensión de sobreviviente
originada ante el fallecimiento del soldado profesional, sean reconocida de
manera compartida con el menor Wilmer Andrés Acosta Cardenas, en calidad
de hijo del causante, en procura de garantizar su derecho fundamental al
mínimo vital, ya que en vida dependía económicamente de su hijo.

Al respecto, la parte actora debe tener en cuenta que la mencionada disposición
normativa establece un orden preferencial y excluyente de las personas
beneficiarias de la pensión de sobrevivencia y tal disposición impide que la
prestación sea pagada a un miembro del grupo familiar que no se encuentre en
orden preferente. (…)

Si bien es cierto, en casos excepcionales, la Corte Constitucional ha ordenado
el reconocimiento pensional a los padres del causante, pese a la existencia de
los hijos, ello ha ocurrido en situaciones en las cuales los hijos no cumplen con
los presupuestos mínimos para acceder a la prestación periódica al momento
del fallecimiento del padre, situación que no ocurre en este caso, dada la
existencia del menor Wilmer Andrés Acosta Cardenas.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

Ahora bien, en cuanto a las sentencias citadas en el recurso de apelación, la
Sala advierte que el análisis jurídico y fáctico de las mismas es distinto a la
situación particular de la demandante, por lo que no pueden ser tenidos como
precedentes jurisprudenciales.

Para la Sala es claro que, el orden de los beneficiarios para acceder a la pensión
de sobrevivientes es excluyente y no concurrente, razón por la cual, la titularidad
del derecho a la pensión, a partir del reconocimiento de la calidad de hijo del
menor Wilmer Andrés impide que la madre del SLP Leyla Alicia Andrade Pérez,
continúe gozando de tal derecho y por lo tanto, aunque la demandante hubiere
acudido al momento del fallecimiento de su hijo causante del derecho, al no
existir hijos, es claro que al acreditarse este pariente, se extingue el derecho
pensional que se le reconoció, pues debe pasar al hijo por estar en el primer
orden legal de beneficiarios.

En cuanto a la no devolución o no cobro de los dineros pagados a la
demandante por concepto de mesadas pensionales, se observa que como bien
lo indicó el juzgado, al no existir una orden de pago en ese sentido mediante
acto administrativo, resulta improcedente tal determinación.

Si bien se observa, en la Resolución 687 del 20 de febrero de 2020 solo se
indicó que, a través del área de nómina del Grupo de Prestaciones Sociales, se
“iniciaría” la actuación administrativa tendiente al cobro de los dineros
cancelados sin corresponder a favor de la aquí demandante y, por lo tanto, es
claro que como en tal acto administrativo no se decidió de fondo ese aspecto,
es improcedente anular algo que no existe.

Frente a este punto, la recurrente manifiesta que se encuentra en desacuerdo
con la decisión, por cuanto los dineros fueron recibidos de buena fe, no
obstante, es evidente que esa conducta solo podrá ser examinada cuando se
expida el acto administrativo respectivo en el que se le exija la devolución de
tales dineros, no antes. (…)”.

5.3. Con fundamento en lo expuesto, la Subsección considera que la presente acción
de tutela pretende, en esencia, reabrir el debate jurídico que fue planteado y resuelto
dentro del proceso ordinario. En efecto, los argumentos expuestos en la solicitud de
amparo constituyen una reiteración de los reparos formulados en sede de apelación y
reflejan la inconformidad de la accionante con la interpretación jurídica y la valoración
efectuada por el juez natural, sin que evidencien, prima facie, una controversia de
relevancia constitucional.

En efecto, el Tribunal Administrativo del Huila analizó el alcance de la pensión de
sobrevivientes dentro del régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública y
examinó la jurisprudencia constitucional relativa a la protección reforzada de los
beneficiarios de dicha prestación. Asimismo, explicó que la dependencia económica no
puede entenderse como la ausencia absoluta de recursos económicos. No obstante,
concluyó que, en el caso concreto, la existencia de un hijo con derecho prevalente
impedía reconocer la prestación a favor de la accionante, por cuanto el artículo 11 del
Decreto 4433 de 2004 establece un orden de beneficiarios que otorga preferencia a los
hijos sobre los padres. Igualmente, precisó que no era posible pronunciarse acerca de
la devolución de las sumas percibidas por la demandante, dado que la administración
únicamente había dispuesto el inicio de la correspondiente actuación administrativa,
sin que existiera una decisión definitiva sobre esa materia.

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

En ese contexto, la Sala no advierte que las conclusiones alcanzadas por el juez de
segunda instancia sean manifiestamente irrazonables, caprichosas o arbitrarias. En
relación con el defecto fáctico, la accionante sostiene que el Tribunal desconoció las
pruebas relativas a su dependencia económica, a la ausencia de ingresos y a su
condición de sujeto de especial protección constitucional. Sin embargo, de la
providencia cuestionada se desprende que la negativa de las pretensiones no obedeció
a la falta de acreditación de tales circunstancias, sino a la conclusión según la cual el
hijo del causante ostentaba un mejor derecho para acceder a la pensión de
sobrevivientes, de conformidad con el orden de beneficiarios previsto en la ley.

En otras palabras, los planteamientos formulados en la acción de tutela no desvirtúan
el supuesto jurídico que sustentó la decisión del Tribunal, esto es, la existencia de un
beneficiario con derecho preferente a la prestación. Por esa misma razón, tampoco se
advierte, en principio, la configuración del defecto por decisión sin motivación, pues la
autoridad judicial explicó las razones por las cuales no resultaba procedente acceder a
las pretensiones de la demanda ni pronunciarse sobre la eventual devolución de las
sumas percibidas por la accionante.

Igual conclusión se impone respecto de los cargos por defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución. En efecto, la providencia cuestionada expuso las razones
por las cuales estimó que las interpretaciones excepcionales desarrolladas por la
jurisprudencia constitucional no resultaban aplicables al caso concreto, dado que la
existencia de un hijo con derecho prevalente impedía reconocer la pensión de
sobrevivientes a favor de la madre del causante, conforme al régimen legal aplicable.

Finalmente, en cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala observa
que el Tribunal explicó expresamente por qué los precedentes invocados por la
accionante no resultaban aplicables al asunto sometido a su consideración. Aunado a
ello, si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido el carácter vinculante del
precedente, en especial del precedente vertical fijado por los órganos de cierre de cada
jurisdicción, lo cierto es que la accionante no identificó una subregla jurisprudencial
concreta y obligatoria que hubiera sido desatendida por la autoridad judicial accionada,
ni explicó la identidad fáctica y jurídica entre los asuntos comparados. En esas
condiciones, la argumentación desarrollada en la solicitud de amparo resulta
insuficiente para habilitar un estudio de fondo del defecto alegado.

En efecto, aunque algunas de las providencias citadas corresponden, en términos
generales, a decisiones relacionadas con el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, esa sola coincidencia temática no permite concluir que se configuró el
defecto por desconocimiento del precedente. La parte actora incumplió la carga
argumentativa mínima exigida para este tipo de censura, pues no acreditó la identidad
fáctica y jurídica relevante entre los casos invocados y el asunto objeto de estudio, ni
identificó la subregla jurisprudencial que estimaba aplicable, ni explicó de qué manera
esta fue desconocida por el Tribunal Administrativo del Huila.

En particular, omitió demostrar que las providencias invocadas hubieran resuelto un
supuesto análogo al debatido en el proceso ordinario, esto es, la procedencia del

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Accionante: Leyla Alicia Andrade Pérez

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del padre o de la madre del
causante cuando concurre un hijo con derecho preferente a dicha prestación. En
consecuencia, la sola cita de decisiones judiciales que abordan, de manera general, el
régimen de la pensión de sobrevivientes resulta insuficiente para estructurar el defecto
alegado.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido. En ese orden, el juicio que efectúa el juez
en sede de tutela es de validez y no de corrección de la decisión cuestionada 18, lo que
se opone a que use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho, que fueron resueltos en
el curso del proceso ordinario 19.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Leyla
Alicia Andrade Pérez contra el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva y el Tribunal
Administrativo del Huila, por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

LMSG

18 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19 Ibidem.

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