Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03624-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03624-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03624-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03624-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Demandante: ALFREDO DARÍO MÁRQUEZ MÁRQUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional y deniega
frente al defecto por violación directa de la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito enviado el 11 de mayo de 2026, el señor Alfredo Darío Márquez
Márquez, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción, a la
igualdad, al trabajo, al libre acceso a la administración de justicia y seguridad
social.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 23 de
octubre de 2025, emitida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-000-2015-00452-00/01/02
(2930-2021), el cual promovió contra la Procuraduría General de la Nación. Con
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
dicha providencia se revocó la decisión de primera instancia1 que había accedido
a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, denegarlas.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
…se decrete la respectiva revocatoria de la sentencia del día 23 de octubre de 2025
• Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A del
Consejo de Estado, que revocó o negó las pretensiones de la demanda de primera
instancia del Tribunal Administrativo de Córdoba y en su lugar se amparen los
derechos fundamentales violados y las pretensiones de dicha demanda.
…
22) De otra parte y no es mi estilo ni mi voluntad, pero con mucho respeto se le
solicita al H.M.P. de esta tutela, que compulse copias a la jurisdicción disciplinaria y
penal correspondientes en contra del M.P. Juan Camilo Morales Trujillo, para que
se investigue su presunta culpabilidad en este asunto de dejar que el magistrado
impedido, Dr. Meza participara o interviniera en esa decisión o demanda, y por lo de
la foto del Mag. Morales, con nuestro Senador, Dr. Marcos Daniel Pineda, donde
según Instagram y el Diario El Reportero, dicen tiene algo de política y también se
compulsa copias por lo mismo contra el Mag. Meza, quien a sabiendas que no
podía firmar o actuar en ese proceso como lo hizo en dicha sentencia o fallo del 23
de octubre de 2025 revocatorio – Con razón decían los Romanos – ...Dios salve a
la justicia…2
1.3. Hechos
El demandante sostuvo que fue vinculado en provisionalidad a la Procuraduría
General de la Nación el 12 de enero de 2011 en el cargo de procurador Judicial I
Penal, código 321, con sede en Planeta Rica (Córdoba). Afirmó que, en ejercicio
de sus funciones, intervenía ante juzgados de conocimiento en diversas sedes del
circuito, entre ellas Planeta Rica, Montelíbano y Ayapel.
Indicó que la procuraduría declaró la insubsistencia de su nombramiento mediante
el Decreto 1149 del 25 de marzo de 2014, con apoyo en un informe denominado
«análisis conceptual de desempeño» correspondiente al período enero de 2013 a
febrero de 2014, pero con sustento en dicho documento que tenía fecha del 31 de
marzo de 2014, esto es, posterior al acto de insubsistencia.
Mencionó que el 11 de julio de 2014 promovió acción de tutela contra la referida
entidad por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y al
trabajo, la cual resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B en sentencia del 30 de julio de 2014, al conceder el amparo
y ordenar su reintegro3. Precisó que, con fallo del 23 de octubre del mismo año, el
1 Dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
2 Transcrito con posibles errores del escrito original.
3 Esta acción constitucional se identificó con el radicado 25000-23-37-000-2014-00801-00/01. En
primera instancia se ordenó lo siguiente:
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Consejo de Estado, Sección Segunda revocó la decisión el para declarar la
improcedencia de esa vía constitucional.
Añadió que, en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, mediante
Decreto 3096 del 21 de agosto de 2014 se dispuso su reintegro en el cargo de
procurador 231 Judicial I Penal; no obstante, debido a que dicha orden fue
revocada por el superior, la PGN a través del Decreto 0031 del 15 de enero de
2015 dejó sin efecto el acto administrativo anterior y lo retiró del servicio de la
entidad. De este último fue notificado el 23 del mismo mes y año.
Agregó que el 15 de julio de 2015 presentó una demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del órgano de
control para que se declarara la nulidad del acto administrativo que declaró
insubsistente su nombramiento como procurador y, en consecuencia, se ordenara
su reintegro al mismo cargo o en uno igual o de mejor categoría, así como para
que se reconociera el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir 4.
Este proceso se identificó con el radicado 23001-23-33-000-2015-00452-00/01/02.
Mencionó que, durante el trámite de la primera instancia, el magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, en calidad de integrante del Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante escrito del 4 de diciembre de 2015 manifestó su impedimento
para conocer del proceso debido a la causal descrita en el numeral 9 del artículo
141 del Código General del Proceso5, el cual fue declarado fundado con auto del
16 de marzo de 2016 y, en consecuencia, se le separó del conocimiento del
asunto.
Señaló que la precitada corporación, con sentencia del 11 de febrero de 20216,
accedió a las pretensiones de la demanda tras considerar que la evaluación
aplicada desnaturalizaba la finalidad de la calificación de servicios, concebida
para empleados de carrera o en período de prueba y porque, adicionalmente, el
«análisis conceptual de desempeño» no le fue debidamente notificado.
«1.- Se CONCEDE la tutela por violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2.- Se declara la ineficacia del Decreto 1149 de 25 de marzo de 2014, por el cual la Procuraduría
General de la Nación declaró la insubsistencia del señor ALFREDO DARÍO MÁRQUEZ
MÁRQUEZ. Como consecuencia de ello SE ORDENA a dicha entidad que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, reintegre al
demandante al mismo cargo que desempeñaba o a otro de condiciones equivalentes.
3.- Se ORDENA a la Procuraduría General de la Nación que una vez le dé cumplimiento a lo
dispuesto en los numerales que preceden, acredite con prueba idónea tal circunstancia ante esta
Corporación.
…»
4 Inicialmente este proceso se identificó con el radicado 25000-23-42-000-2015-03661-00 y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, el cual mediante providencia del 8 de octubre de 2015 declaró su falta de
competencia, por el factor territorial y, en consecuencia, lo remitió al Tribunal Administrativo de
Córdoba.
5 «9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante
o apoderado.»
6 Suscrita por los magistrados Pedro Olivella Solano, Nadia Patricia Benítez Vega (con salvamento
de voto) y Luz Elena Petro Espitia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Mencionó que en dicha providencia también se advirtió que como cumplió la edad
de retiro forzoso de 65 años el 2 de junio de 2015, con anterioridad a la Ley 1821
de 2016 que la elevó a 70, se denegó el reintegro, pero se ordenó el
reconocimiento y el pago de los salarios, prestaciones sociales y cotizaciones a
seguridad social causados entre el 25 de marzo de 2014 y el 2 de junio de 2015
(bajo los topes indemnizatorios fijados en la sentencia SU-556 de 2014 de la
Corte Constitucional, mínimo de 6 y máximo de 24 meses de salario)7.
Precisó que presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión y que
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante sentencia del 23
de octubre de 2025 la revocó para, en su lugar, denegarlas8.
Agregó que en este pronunciamiento se incluyó como cuestión previa lo relativo al
impedimento del magistrado Mesa Nieves, el cual, como integrante de la
precitada subsección, puso de presente las circunstancias por las cuales se
declaró fundado en primera instancia y, por ende, las sometió nuevamente en
esta oportunidad. En la sentencia se aceptó la manifestación de impedimento
debido a que las causas que dieron lugar a su aceptación en primera instancia
permanecían incólumes.
Refirió que en dicha sentencia de segunda instancia se concluyó que el decreto
demandado mediante el cual la Procuraduría General de la Nación declaró
insubsistente su nombramiento en provisionalidad fue debidamente motivado y no
estaba sujeto a la obligación de notificar previamente el documento interno que
sirvió de soporte a la decisión. Por lo anterior, se consideró que su derecho de
defensa quedó salvaguardado mediante la motivación del acto y la posibilidad de
ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como
efectivamente lo hizo.
Agregó que la corporación demandada también señaló que el documento
denominado «análisis conceptual de desempeño» no constituía una calificación
formal sujeta a notificación previa porque no era un acto administrativo definitivo y
que el decreto acusado sí contenía una motivación clara, concreta y verificable,
por lo que concluyó que la procuraduría actuó dentro del marco constitucional y
legal al declarar la insubsistencia del nombramiento provisional.
De la revisión del expediente en el aplicativo Samai, se observa que, la
providencia de segunda instancia se notificó vía electrónica el 26 de noviembre de
2025.
7 A su vez, se precisó lo siguiente: «De ese periodo indemnizatorio se excluirá el tiempo en que el
demandante fue reintegrado en virtud del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y que fue revocado por el Consejo de Estado, tiempo que debió o deberá ser
cancelado a título de ejercicio efectivo del cargo.»
8 Suscrita por los magistrados Juan Camilo Morales Trujillo y Jorge Iván Duque Gutiérrez.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la decisión acusada se incurrió en lo siguiente:
1.4.1. Defecto fáctico y violación directa de la Constitución:
Indicó que se incurrió en una defectuosa valoración de las pruebas pues la
evaluación de desempeño no coincidía cronológicamente con su desvinculación,
pues el decreto que declaró insubsistente su nombramiento se expidió el 25 de
marzo de 2014, mientras que las calificaciones que lo sustentan fueron del 31 del
mismo mes y año. Por lo anterior, consideró que la autoridad se basó en
documentos que no existían al momento de la firma del decreto que lo desvinculó.
Agregó que también se configura un defecto fáctico porque a pesar de que en
primera y segunda instancia del proceso ordinario se separó al magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo «…lo convocó
y acept[ó] que FIRMARA con él y el otro Magistrado la sentencia revocatoria tal
como está, cuando debió nombrarse un conjuez para remplazar al impedido, que
no podía hacer absolutamente nada en ese proceso, y no se hizo dado lugar a
otra causal de investigación y a nulidad y a un defecto fáctico también.»
Refirió que no recuerda algún incidente grave que diera lugar a que el magistrado
Mesa Nieves se declarara impedido en su caso, pero se declaró fundada la causal
ante la manifestación del funcionario, por lo que, a su juicio, también se violó el
debido proceso y se configuró una consecuente «nulidad» de todo lo actuado por
su participación en la decisión que revocó la sentencia primera instancia.
1.4.2. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente:
Señaló que se presentó una evidente y «grosera» contradicción entre los
fundamentos y la decisión que contraría la Constitución y la Ley, pues la autoridad
judicial demandada resolvió el asunto con base en unos argumentos, métodos y
principios de su propia autoría «o creada o ideada por dicha sección», los cuales
son contrarios a la Constitución Política y a la jurisprudencia del Consejo de
Estado y de la Corte Constitucional.
Mencionó que la sentencia de segunda instancia demandada creó su propio
concepto, reglas y métodos para que los funcionarios en provisionalidad puedan
ser insubsistentes, con una serie de requisitos para validar la desvinculación de
funcionarios nombrados en provisionalidad.
Expuso que se creó un marco normativo que no existe ni en la ley ni en la
jurisprudencia para justificar el uso del «análisis conceptual de desempeño» como
motivo de la insubsistencia declarada. Para ello, indicó que las evaluaciones por
desempeño son exclusivas para empleados de carrera administrativa o en
período de prueba.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Destacó que como era un empleado nombrado en provisionalidad, no podía ser
evaluado ni desvinculado con base en un sistema de «análisis de resultados» que
la procuraduría utilizó internamente.
Cuestionó que en la providencia acusada se indicara que los documentos internos
que alimentaban la motivación del acto fueran notificados independientemente y
que, por tanto, su defensa podía ejercerla en sede judicial y no en la
administrativa que fue donde se originó el asunto, pues al no ser notificado de la
evaluación, se le privó de conocerla y controvertirla antes de ser desvinculado.
Adujo que en «Instagram Nacional» y en el «Reportero La Sonrisa del Día», se
publicó una foto del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, junto con el senador
Marcos Daniel Pineda, en la que informaron que «…algunos de sus decisiones
podían tener influencia política y/o de dicho político, que no le conviene ni al señor
Magistrado ni a la Justicia», además de denominarlos como «Valecita o llaves
(sic)».
1.5. Trámite
Una vez efectuado el reparto de la acción de tutela, a través de oficio del 13 de
mayo de 2026, el magistrado ponente de esta decisión manifestó su impedimento
para conocer del asunto con ocasión de la amistad con el magistrado Juan Camilo
Morales Trujillo, en calidad de ponente de la providencia acusada y con el señor
Juan Gregorio Eljach Pacheco, procurador General de la Nación.
Por medio de providencia del 4 de junio de 2026, se declaró infundado al no
encontrar demostrada la causal invocada respecto del mencionado magistrado; no
obstante, no se examinó la manifestación presentada en relación con el
procurador General de la Nación. En esta providencia también se declaró
infundado el impedimento que manifestó la magistrada Gloria María Gómez
Montoya.
Por lo anterior, mediante auto del 22 de junio de la misma anualidad, se ordenó la
devolución de las diligencias al despacho de la magistrada Gómez Montoya, tras
advertir que la decisión del 4 de junio únicamente examinó solo una de las
causales de impedimento manifestadas y, por tanto, permanecía pendiente el
estudio de la circunstancia expuesta frente al procurador en cita.
Con proveído del 30 del mismo mes y año, se declaró infundado el impedimento
que faltaba por resolver por cuanto lo pretendido en la acción de tutela no
involucraba en particular el ejercicio propio del procurador General de la Nación.
Con auto del 15 de julio de 2026, se admitió la demanda constitucional y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
A su vez, se dispuso la vinculación del procurador General de la Nación y de los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Córdoba, en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso. También se requirió el expediente
ordinario.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado ponente de la decisión demandada se opuso a la prosperidad de la
acción de tutela por los siguientes motivos:
Sostuvo que el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves no participó en la decisión:
su impedimento fue aceptado y se le separó del conocimiento del asunto. Adujo
que contrario a lo afirmado por el accionante, la sentencia del 23 de octubre de
2025 resolvió el impedimento como cuestión previa, en los párrafos 26 a 32.
Expuso que allí se dejó constancia de que, mediante escrito del 21 de agosto de
2024, el magistrado Mesa Nieves puso de presente las mismas circunstancias por
las cuales el Tribunal Administrativo de Córdoba había aceptado su impedimento
en primera instancia (providencia del 16 de marzo de 2016), con fundamento en la
causal prevista en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso.
Manifestó que la sala, con fundamento en el numeral 3 del artículo 131 del
CPACA, declaró probado el impedimento y lo separó del conocimiento del asunto,
precisamente porque las circunstancias que dieron lugar a su aceptación en
primera instancia permanecían incólumes.
Refirió que la constancia «Impedido» que acompaña el nombre del mencionado
funcionario en la parte final de la providencia no es una firma de aprobación de la
decisión, sino la anotación con la cual la plataforma SAMAI registra que el
magistrado separado no participó en la deliberación ni en la adopción del fallo.
Resaltó que la sentencia fue estudiada y aprobada en sala por los dos
magistrados restantes de la subsección, quienes conforman la mayoría decisoria
exigida para las salas de decisión integradas por tres magistrados.
Añadió que la sentencia no creó reglas propias ni desconoció el precedente:
reiteró la jurisprudencia sobre la motivación del retiro de servidores en
provisionalidad, pues con apoyo expreso en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencias SU-917 de 2010, SU-556 de 2014 y C-279 de 2007) y
de la Sección Segunda de esta corporación, se analizó el caso concreto.
Indicó que en la providencia demandada se señaló que la provisionalidad no
otorga la estabilidad propia de la carrera, pero el retiro no es discrecional y exige
un acto motivado con razones objetivas.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Asimismo, se mencionó que el sistema tipo de evaluación del desempeño aplica
exclusivamente a los empleados de carrera y en período de prueba, por lo que no
es viable evaluar a los provisionales con las reglas y consecuencias previstas
para el personal escalafonado.
Además, se precisó que los informes o análisis internos que el nominador elabore
para fundamentar la decisión de retiro no constituyen calificaciones en sentido
técnico ni actos administrativos autónomos sujetos a notificación independiente,
pues conforme al artículo 43 del CPACA solo se notifican los actos definitivos, y el
control sobre la veracidad y pertinencia de tales insumos se ejerce en sede
jurisdiccional.
Expuso que en la providencia acusada se verificó que el «análisis conceptual de
desempeño» no fue elaborado dentro del marco del sistema tipo ni confirió
derechos de carrera, sino que se limitó a recoger datos verificables sobre el
trabajo del actor (número de audiencias preliminares, de acusación y de juicio,
despachos ante los cuales intervino y comparación con procuradores de igual
categoría).
Agregó que también se señaló que el Decreto 1149 de 2014 –que declaró
insubsistente el nombramiento del actor- reprodujo y explicó esos hechos, con lo
cual superó el estándar de motivación exigible y garantizó al servidor la
posibilidad real de controvertir las razones de su retiro, como en efecto lo hizo
mediante el medio de control que dio origen al proceso.
Advirtió que la providencia cuestionada, lejos de desconocer el precedente sobre
la improcedencia de calificar a los provisionales como si fueran de carrera, lo
aplicó, pues distinguió entre la calificación formal y el insumo interno de gestión
que sirvió de soporte a la motivación del acto. Entonces, estimó que la
inconformidad del accionante constituye, en realidad, una discrepancia con la
interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada por el juez natural de
segunda instancia, que no configura defecto alguno con entidad constitucional.
Manifestó que la publicación en redes sociales invocada por el accionante es
ajena al proceso y no acredita parcialidad alguna, por cuanto se trata de una
publicación de terceros, ajena al expediente y al debate procesal, que no guarda
relación con el objeto del proceso ordinario, no corresponde a causal alguna de
impedimento o recusación prevista en la ley y no fue invocada en la oportunidad
procesal correspondiente.
Afirmó que la sentencia cuestionada fue una decisión colegiada, estudiada y
aprobada en sala conforme a las reglas de competencia y con fundamento
exclusivo en el análisis jurídico y probatorio que consta en su texto, por lo que la
afirmación del actor carece de todo sustento.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo invocado respecto de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, toda vez que la
sentencia del 23 de octubre de 2025 no incurrió en la nulidad alegada, pues el
magistrado cuyo impedimento fue aceptado no participó en la decisión, ni en
defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, y la acción constituye una
inconformidad con el resultado del proceso ordinario que no puede reabrirse por
vía de tutela.
1.6.2. Procuraduría General de la Nación
Esta entidad solicitó que se declare improcedente la acción de tutela puesto que
no puede utilizarse como una tercera instancia, ni como un mecanismo alternativo
para controvertir decisiones judiciales desfavorables, máxime cuando estas han
sido proferidas por el juez natural, con plena observancia del debido proceso.
Indicó que no existe vulneración a los derechos fundamentales citados por el
accionante tales como el debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo, al
acceso a la administración de justicia por vejez digna y justa, pues las decisiones
cuestionadas se adoptaron conforme al ordenamiento jurídico y al precedente
judicial obligatorio por lo que la presente acción de tutela se torna improcedente.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Córdoba
Esta corporación remitió el expediente virtual.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20159, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte accionante con ocasión de la sentencia del 23 de octubre de 2025, emitida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
23001-23-33-000-2015-00452-00/01/02 (2930-2021), el cual promovió contra la
Procuraduría General de la Nación, decisión con la que se revocó la sentencia de
primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda para, en
su lugar, denegarlas.
9 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
10 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
El señor Alfredo Darío Márquez Márquez consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia del 23 de octubre de 2025, emitida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
23001-23-33-000-2015-00452-00/01/02 (2930-2021), el cual promovió contra la
Procuraduría General de la Nación, pues con esta decisión se revocó la sentencia
de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda para,
en su lugar, denegarlas.
Para el actor con la providencia acusada se incurrió en defecto fáctico porque la
autoridad judicial realizó en una defectuosa valoración probatoria, toda vez que se
basó en documentos que no existían al momento de la firma del decreto que lo
desvinculó.
Adicionalmente, el accionante invocó la configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente porque la decisión cuestionada habría creado
reglas propias para validar la insubsistencia de servidores en provisionalidad con
fundamento en un documento interno no notificado y por la presunta afectación de
la imparcialidad del ponente, derivada de una publicación en redes sociales en la
que aparece junto a un congresista, con base en la cual solicitó la compulsa de
copias disciplinarias y penales.
Al respecto se encuentra que, respecto de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente, la acción de tutela no cumple el requisito de la
relevancia constitucional por los siguientes motivos:
En lo particular, la sala considera que el accionante pretende que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia del proceso ordinario que
promovió contra la Procuraduría General de la Nación por haber sido declarado
insubsistente su nombramiento en provisionalidad dicha entidad.
A su vez, se observa que, si bien el actor hizo referencia a una presunta
defectuosa valoración probatoria, al sostener que la autoridad judicial fundamentó
su decisión en documentos que, según se afirma, no existían al momento de la
expedición del decreto que declaró la insubsistencia de su nombramiento, lo cierto
es que dicho planteamiento carece de la carga argumentativa mínima para
acreditar la relevancia constitucional.
En efecto, el accionante no explicó de qué manera esa supuesta inconsistencia
temporal incidía en la vulneración de sus derechos fundamentales, ni explicó los
motivos por los cuales la providencia cuestionada hubiera incurrido en una
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
actuación caprichosa o arbitraria.
Al respecto, debe indicarse que en la sentencia acusada se precisó que el
documento denominado «análisis conceptual de desempeño» no constituía una
calificación formal sujeta a notificación previa y que el Decreto 1149 de 2014 sí
contenía una motivación clara, concreta y verificable, la cual era suficiente para
que el actor conociera las razones de su desvinculación y las controvirtiera
judicialmente.
De modo que, su inconformidad se limitó a cuestionar la valoración de los
elementos probatorios por parte del juez natural, sin identificar un error que
sustente el defecto fáctico invocado, ni la violación directa de la Constitución
alegada. Por lo que, el reparo formulado constituye una simple discrepancia con
las conclusiones de la autoridad judicial demandada.
Adicionalmente, se encuentra que el accionante invocó la configuración de los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente porque la decisión
cuestionada habría creado reglas propias para validar la insubsistencia de
servidores en provisionalidad con fundamento en un documento interno no
notificado.
Al respecto, se advierte que tales argumentos corresponden a una discrepancia
del demandante respecto al análisis efectuado por la autoridad judicial
cuestionada y frente a las conclusiones de la sentencia que revocó la decisión de
primera instancia que había resultado favorable a sus intereses.
En lo particular, tampoco se cumple el requisito de la relevancia constitucional
puesto que pretende reabrir el debate ya zanjado en la sentencia acusada, la cual
se sustentó en el régimen aplicable al retiro de servidores vinculados en
provisionalidad.
Además, el actor no identificó la regla jurisprudencial que hubiera sido
desconocida ni explicó por qué la interpretación de la autoridad judicial
cuestionada resultaba arbitraria o incompatible con la Constitución.
Por tanto, no basta con afirmar que existe un precedente, pues es indispensable
identificar la ratio decidendi, demostrar su aplicabilidad al caso concreto y explicar
el motivo por el cual el juez se apartó injustificadamente.
De modo que lo manifestado por el actor se limitó a expresar una discrepancia
sobre el alcance que el juez natural otorgó a las normas aplicables al caso
concreto, así como a la jurisprudencia sobre la cual fundó su decisión, con el
propósito de que por esta vía constitucional se obtenga una interpretación distinta.
En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para traer a colación el
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
análisis de la providencia acusada, sino que es un medio residual a través del cual
se revalúan las decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los principios
rectores de la autoridad judicial.
Adicionalmente, debe indicarse que, tratándose de providencias de altas cortes,
como lo es la que se cuestiona, esta carga argumentativa es aún más exigente,
debido a la función especial que cumplen como órganos de cierre de sus
respectivas jurisdicciones y al valor hermenéutico de sus decisiones.
Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional en
cuanto a los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, toda
vez que la parte accionante pretende reabrir el debate y no desarrolló
planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su caso amerite algún
pronunciamiento de orden constitucional.
No obstante, se observa que frente al defecto por la violación directa de la
Constitución sí se cumple dicho presupuesto porque existe una tensión entre el
derecho fundamental al debido proceso que alega el accionante en cuanto a la
suscripción de la providencia demandada por parte del magistrado que estaba
impedido para ello y las reglas propias del juicio.
Asimismo, se acreditan los requisitos de la inmediatez, la subsidiariedad y que no
se trate de una acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza, ya
que la sentencia acusada se notificó vía electrónica el 26 de noviembre de 2025 y
la acción de tutela se presentó el 11 de mayo de 2026, no existe otro medio de
defensa para cuestionar lo planteado por el actor, pues si bien mencionó se
configuró una nulidad, lo cierto es no existe causal taxativa para ello y, la
providencia se emitió en un medio de control ordinario11.
Por consiguiente, se procederá con el análisis de fondo del asunto en cuanto a la
violación directa de la Constitución alegada por el demandante.
2.6. Caso concreto
El accionante invocó la configuración del defecto por violación directa de la
Constitución debido a la transgresión del derecho fundamental al debido proceso
porque, a su juicio, se configuró una la nulidad de la sentencia por haber sido
suscrita por el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, cuyo impedimento por
enemistad grave había sido aceptado en ambas instancias, sin que se designara
conjuez para reemplazarlo.
De manera que el actor cuestionó la presunta participación del magistrado Luis
Eduardo Mesa Nieves en la sentencia demandada, al alegar que dicho funcionario
11Nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 23001-23-33-000-2015-
00452-00/01/02 (2930-2021).
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
firmó la providencia pese a encontrarse impedido para ello.
Al respecto, se precisa que para la sala no existe irregularidad alguna en cuanto a
la firma de la mencionada decisión, puesto que, si bien al finalizar dicho
documento aparece el nombre del citado funcionario, en este se visualiza la
palabra «impedido», así:
De igual manera, se precisa que en dicho proveído se incluyó el acápite de
cuestión previa en el cual se hizo referencia al impedimento formulado por el
magistrado Mesa Nieves cuando integraba el Tribunal Administrativo de Córdoba
y que fue aceptado en primera instancia del proceso ordinario. Además, en el
mismo aparte, la autoridad judicial se pronunció sobre la manifestación de la
misma naturaleza que presentó el referido funcionario en segunda instancia,
aceptándola.
Adicionalmente, debe señalarse que en el aplicativo SAMAI solo aparecen como
firmantes de la providencia en cuestión los magistrados Juan Camilo Morales
Trujillo (ponente) y Jorge Iván Duque Gutiérrez, tal y como se puede observar en
la siguiente imagen:
Firmante/ responsable de carga Estado Manifestación
Firmado en SAMAI
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Sin Manifestación
(25/11/2025)
JUAN CAMILO MORALES Firmado en SAMAI
Sin Manifestación
TRUJILLO (10/11/2025)
Por tanto, no se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso
del actor en cuanto a la suscripción de la providencia demandada, ni se observa
irregularidad alguna respecto al trámite del impedimento manifestado por el
magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves y, en tal sentido, no se configura el defecto
específico por violación directa de la Constitución alegado por la parte actora.
Finalmente, debe indicarse que la acción de tutela no es la vía que se adelanten
actos propios de las partes, como lo es una denuncia por la presunta afectación
de la imparcialidad del ponente, derivada de una publicación en redes sociales en
la que aparece junto a un congresista.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Alfredo Darío Márquez Márquez
Demandado: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03624-00
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Alfredo Darío Márquez Márquez por no cumplir el presupuesto de la
relevancia constitucional respecto de los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.
SEGUNDO: Denegar el amparo solicitado por el accionante frente al defecto por
violación directa de la Constitución, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto parcial
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.