Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03625-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03625-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03625-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03625-00
Demandante CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GRASS EN CALIDAD DE PRESIDENTE
DEL SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA, FUERZAS MILITARES, POLICÍA NACIONAL Y SUS
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS SINSERGEN MINDEFENSA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA Y SECCIÓN QUINTA
Temas Medio de control de nulidad simple. Tutela contra providencia judicial.
Defecto procedimental y por violación directa a la Constitución.
Requisito general de procedencia: relevancia constitucional. Mora
judicial. Remisión por competencia. Carencia actual de objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de presidente del
Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares,
Policía Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas SINSERGEN
MINDEFENSA, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y
333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de mayo de 20261, el señor Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de
presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas
Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas SINSERGEN
MINDEFENSA, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda y Sección Quinta, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la libertad de expresión, al acceso a la administración de
justicia, a la seguridad jurídica y a la participación política, con ocasión de: (i) el «auto
del 24 (Sic) de marzo de 2026 de la Sección Quinta» mediante el cual se remitió el
expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado y, (ii) a la presunta mora
judicial en la que estaría incurriendo la Sección Segunda del Consejo de Estado al
no haberse pronunciado luego de que se le remitiera el expediente de nulidad simple
11001-03-28-000-2026-00047-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.), al DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.P.) y a la SEGURIDAD
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Samai, índice 2.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03625-00
Demandante: Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de presidente de
SINSERGEN MINDEFENSA
JURÍDICA (Arts. 1 y 2 C.P.) del señor Carlos Alberto Sánchez Grass y de los miembros de las
organizaciones sindicales que representa, vulnerados por la Sección Quinta y la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDA: DECLARAR que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
DEFECTO PROCEDIMENTAL al no resolver el conflicto de competencia de manera definitiva,
limitándose a remitir el expediente a la Sección Segunda sin agotar el mecanismo del artículo
18 del CPACA (remisión al superior común en caso de nuevo conflicto).
TERCERA: DECLARAR que la OMISIÓN ABSOLUTA de la Sección Segunda del Consejo
de Estado para pronunciarse sobre su competencia para conocer el proceso de nulidad (Rad.
11001-03-28-000-2026-00047-00), durante más de 45 días, constituye una DILACIÓN
INJUSTIFICADA que viola el debido proceso y el acceso a la justicia.
CUARTA: ORDENAR al Presidente o a la Sala Plena del Consejo de Estado que, en el
término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a la notificación de
esta sentencia, DESATE DEFINITIVAMENTE EL CONFLICTO DE COMPETENCIA entre sus
Secciones Segunda y Quinta, aplicando el artículo 18 del CPACA y las reglas del Acuerdo 434
de 2024, y ASIGNAR EL PROCESO A LA SECCIÓN COMPETENTE (ya sea Segunda,
Quinta o, en su defecto, la Sala Plena).
QUINTA: ORDENAR a la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el mismo
término de 48 horas, si aún está dentro de sus facultades resolver la competencia, emita un
auto motivado aceptando o declarando su incompetencia y, en este último caso, REMITIR
EL EXPEDIENTE A LA SALA PLENA tal como lo exige la ley, so pena de incurrir en desacato.
SEXTA: ORDENAR a la SECCIÓN QUE RESULTE COMPETENTE dar trámite prioritario a
la solicitud de SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto demandado (Directiva 013 de 2025),
presentada dentro de la demanda de nulidad, atendiendo al periculum in mora (peligro por
la demora) y al fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) que se deriva de la posible
falta de competencia material del Procurador.
SÉPTIMA: ADVERTIR a los Magistrados OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ (Sección
Quinta) y al Magistrado Ponente de la Sección Segunda que, de persistir en la dilación o en la
configuración arbitraria de un conflicto de competencia, se compulsarán copias a la
COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL (antes Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura), para que se investigue su posible responsabilidad en la comisión
de la falta disciplinaria prevista en el artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 (Código General
Disciplinario) ["Incumplir los deberes del cargo o excederse en el ejercicio de sus funciones"]
y el artículo 44 numeral 1 ["Incurrir en extrema gravedad por violación de los derechos
humanos"].
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El accionante asegura que, el 18 de marzo de 2026 interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad contra la directiva 013 de 28 de agosto
de 2025, que desarrolla las «RECOMENDACIONES RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES Y CONTROVERSIAS POLÍTICAS Y PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON LOS
PROCESOS ELECTORALES PARA ELEGIR CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PERIODO 2026-2030». Expediente que le fue
asignado al Juzgado 68 Administrativo de Bogotá quien lo remitió por
competencia al Consejo de Estado.
2.2. Mencionó que el 24 (sic) de marzo de 2026, el Consejo de Estado Sección
Quinta «declaró su falta de competencia y remitió las diligencias a la Sección Segunda. No
resolvió el conflicto, sino que lo trasladó».
2.3. El accionante asegura que para la fecha de radicación de la acción de tutela
han transcurrido 45 días sin que la Sección Segunda del Consejo de Estado
se haya pronunciado respecto de su competencia.
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3. Fundamentos de la acción
El señor Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de presidente del Sindicato de
Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y
sus entidades adscritas y vinculadas SINSERGEN MINDEFENSA, consideró que el
Consejo de Estado, Sección Segunda y Sección Quinta, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad de expresión, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la participación política, con
ocasión de: (i) «auto del 24 (Sic) de marzo de 2026 de la Sección Quinta» mediante el cual
se remitió el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado y (ii) a la
presunta mora judicial en la que estaría incurriendo la Sección Segunda del Consejo
de Estado al no haberse pronunciado luego de que se le remitiera el expediente de
nulidad simple 11001-03-28-000-2026-00047-00, como se explica a continuación.
3.1. Se cuestionó el auto de la Sección Quinta del Consejo de Estado proferido el
20 de marzo de 2026. El accionante manifestó que se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues:
(i) este asunto tiene relevancia constitucional ya que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia; (ii) «No existe otro mecanismo de defensa judicial para impugnar un auto que
resuelve un conflicto de competencia negativo y que, además, se demora en aceptar
competencia»; (iii) esta acción de tutela se interpone dentro de los 6 meses
siguientes a la ocurrencia del hecho vulnerador, en razón a que «El auto de
remisión es del 24 (sic) de marzo de 2026, y al 10 de mayo de 2026 aún no hay decisión de
la Sección Segunda, lo que constituye un comportamiento dilatorio continuado en el tiempo»;
(iv) se identificaron los hechos y vicios, ya que se individualizó el auto
cuestionado, las autoridades accionadas y la configuración de los defectos
especiales; y (v) no se trata de una tutela contra tutela pues la providencia
atacada fue dictada en un proceso de nulidad.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que el auto cuestionado incurrió en un
defecto procedimental y por violación directa de la Constitución.
Defecto procedimental: Señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado
procedió a remitir el expediente a la Sección Segunda de la misma
Corporación, sin resolver el conflicto de competencia. Añadió que, conforme
al artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la Sección Segunda considera que no es la autoridad
competente para conocer del asunto debe enviar el expediente
«INMEDIATAMENTE A LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, que es el superior
común funcional» para que esta resuelva el conflicto de competencia, sin
embargo, la Sección Segunda no se ha pronunciado.
Defecto por violación directa de la Constitución: Mencionó que se vulneró
el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, ya
que el expediente ha pasado de despacho en despacho sin que se defina «una
sola autoridad judicial competente», lo que hace que el caso siga en el limbo.
3.2. Frente a la mora judicial aclaró que la vulneración no radica en la «simple
remisión» que se realizó de una sección a otra, sino en que la Sección Segunda
«aún no ha aceptado la competencia» y remitirá, muy seguramente, el expediente
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por competencia a la Sección Primera del Consejo de Estado conforme «su
jurisprudencia reiterada», lo que genera que no se defina aún el juez competente.
Indicó que, ya existe una dilación injustificada pues «han pasado más de 45 días
desde la remisión (24 (sic) de marzo de 2026) y la Sección Segunda no ha emitido
pronunciamiento alguno sobre su competencia», mientras tanto el acto demandado
sigue produciendo efectos, destacó que adjuntó prueba del trámite del
expediente en donde se evidencia que en el proceso solo se ha dado un
traslado a otra sección sin que exista una decisión sobre la competencia.
Adujo que se presenta un perjuicio irremediable pues el acto demandado fue
expedido sin competencia material y violando el principio de legalidad, ya que
se continúan restringiendo los derechos políticos de los servidores públicos en
Colombia durante la campaña electoral de 2026.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 13 de mayo de 20262 el despacho sustanciador requirió a la parte
actora para que allegara los documentos que permitieran verificar la
legitimación en la causa por activa del señor Carlos Alberto Sánchez Grass,
aportara las pruebas y anexos enunciados en el escrito de tutela, e indicara
cuál era la medida provisional solicitada. Con memorial del 17 de mayo de
2026 la parte actora subsanó lo requerido3.
4.2. El 1 de junio de 2026 se admitió4 la acción de tutela presentada por el señor
Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de presidente del Sindicato de
Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía
Nacional y sus entidades adscritas y vinculadas SINSERGEN MINDEFENSA
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda y Sección Quinta.
Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al Juzgado 68
Administrativo del Circuito de Bogotá; se negó la medida provisional; se solicitó
a la Secretaría General del Consejo de Estado que concediera el acceso al
expediente 11001-03-28-000-2026-00047-00 a través del aplicativo Samai; se
ofició al Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado Luis Eduardo Mesa
Nieves, para que allegara informe del trámite que le ha dado al medio de
control de nulidad simple y aportara cualquier medio de prueba conducente a
demostrar la diligencia del trámite impartido; y ordenó las notificaciones
correspondientes.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta5 rindió informe en el que realizó un
recuento del trámite que se le impartió al expediente 11001-03-28-000-2026-
00047-00.
Indicó que el proceso ingresó al despacho el 18 de marzo de 2026 y que con
auto del 20 de marzo de esta misma anualidad se dispuso su remisión a la
Sección Segunda de la misma Corporación, esto al considerar que «la directiva
demandada: i) no es un acto susceptible de control por esta sección porque no crea, extingue
o modifica situaciones de naturaleza electoral; y ii) por ser un acto expedido por el Procurador
General de la Nación, en virtud de la cual se señalan prohibiciones que dan lugar a sanciones
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Samai, índice 4.
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Samai, índice 8.
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Samai, índice 10.
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Samai, índice 16.
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disciplinarias, se ordenó su remisión a la Sección Segunda por ser la autoridad competente
para conocer de su nulidad, de conformidad con las reglas de reparto y el criterio de
especialidad previsto en el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024».
Señaló que los reproches del actor no se dirigen contra el auto que remitió, ni
contra las actuaciones que adelantó la Sección Quinta, por lo que al no
vulnerarse los derechos fundamentales de la parte actora consideró que debía
ser desvinculado.
4.4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, magistrado Luis Eduardo Mesa
Nieves6, manifestó que en ese despacho cursa el medio de control de nulidad
11001-03-28-000-2026-00047-00.
Expuso que la demanda fue radicada el 14 de octubre de 2025,
correspondiéndole por reparto al Juzgado 68 Administrativo de Bogotá, el cual
mediante auto del 5 de marzo de 2026 declaró la falta de competencia para
conocer el asunto, por lo que lo remitió al Consejo de Estado. Mencionó que
el 18 de marzo de 2026 el expediente le fue repartido a la Sección Quinta y
que a través de auto del 20 de marzo de 2026 dicha dependencia remitió por
competencia la demanda a la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El 7 de abril de 2026, el expediente le fue asignado a ese despacho, el cual
dictó el auto del 5 de junio de 2026 inadmitiendo la demanda por incumplir con
un requisito establecido en el artículo 166 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para ello explicó en la
providencia que «como la UTC es una persona jurídica de derecho privado, el interesado
debía allegar el registro sindical, certificado de existencia y representación legal o su
equivalente y los documentos que acrediten que quien comparece al proceso, en calidad de
representante, tiene autorización o atribución para hacerlo».
Conforme a lo anterior concluyó que ese despacho ha actuado en término, por
lo que, no ha incurrido en la mora alegada por el accionante, pues el tiempo
que ha tomado el trámite del proceso se encuentra justificado, ya que existe
congestión en el despacho y además se atienden conforme a un «orden de
estudio de los procesos que puede obedecer al criterio de antigüedad -según la fecha de
ingreso al Despacho- o al criterio temático». En consecuencia, solicitó se negaran las
pretensiones.
4.5. El Juzgado Sesenta y Ocho Administrativo de Bogotá, Sección Primera7,
señaló que se pronunciaría frente al proceso 11001-33-41-068-2025-00447-00
que fue el que se tramitó en ese despacho. Dijo que mediante auto del 5 de
marzo de 2026 remitió el proceso por competencia al Consejo de Estado para
que fuera asignado por reparto.
Manifestó que la solicitud de amparo se centra en reprochar una conducta que
es ajena a ese juzgado, y que la autoridad a quien le corresponde atender las
pretensiones se ha pronunciado en el proceso, al punto que inadmitió la
demanda con auto del 5 de junio de 2026, por consiguiente, se debería
declarar la carencia de objeto. Finalmente, solicitó su desvinculación de la
acción.
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Samai, índice 17.
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Samai, índice 19.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa. Legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional9 ha señalado que la
legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que
tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta
resulte demostrada.
En el presente asunto, el accionante cuestiona (i) el «auto del 24 (Sic) de marzo de 2026
de la Sección Quinta» mediante el cual se remitió el expediente a la Sección Segunda
del Consejo de Estado y (ii) la presunta mora judicial en la que estaría incurriendo
la Sección Segunda del Consejo de Estado al no haberse pronunciado luego de que
se le remitiera el expediente de nulidad simple 11001-03-28-000-2026-00047-00.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Juzgado Sesenta y Ocho
Administrativo de Bogotá, Sección Primera, señalaron que carecían de legitimación
en la causa por pasiva, pues, el primero, manifestó que en este proceso solo se
estaba cuestionando la presunta mora judicial en la que estaría incurriendo la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, el segundo, porque asegura que no es
la autoridad llamada a atender las pretensiones de la acción.
Respecto de la Sección Quinta del Consejo de Estado se debe indicar que el
accionante formuló pretensiones contra esa sección al cuestionar el auto que remitió
el expediente a la Sección Segunda, así: «DECLARAR que la Sección Quinta del Consejo
de Estado incurrió en un DEFECTO PROCEDIMENTAL al no resolver el conflicto de competencia
de manera definitiva, limitándose a remitir el expediente a la Sección Segunda sin agotar el
mecanismo del artículo 18 del CPACA».
A su vez, el actor explicó los requisitos generales y especiales de procedibilidad de
la acción de tutela contra esa providencia judicial; y frente al Juzgado Sesenta y
Ocho Administrativo de Bogotá, Sección Primera, se advierte que la vinculación de
esa autoridad no fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con interés,
en consecuencia, no hay lugar a acceder a las solicitudes de desvinculación.
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Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
9
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, corresponde
a la Sala abordar este caso en dos partes, así:
(i) Teniendo en cuenta que frente a la Sección Quinta del Consejo de Estado se
trata de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde
determinar si se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad, especialmente el de relevancia constitucional.
De superar dicho estudio, se analizará si la Sección Quinta incurrió en un
defecto procedimental y por violación directa de la Constitución al dictar el auto
del 20 de marzo de 2026, por medio del cual se remitió el expediente a la
Sección Segunda en el medio de control de nulidad simple 11001-03-28-000-
2026-00047-00.
(ii) Respecto a la Sección Segunda del Consejo de Estado se debe verificar si
operó la figura de la carencia actual de objeto, debido a que, en el trámite de
la acción de tutela se adelantaron gestiones tendientes a garantizar los
derechos fundamentales de la parte actora.
4. Requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela.
Pretensiones respecto de la Sección Quinta del Consejo de Estado
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales»11. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
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(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.
Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. En ese sentido, son
varios los aspectos que se estudian a fin de definir si un asunto es de
relevancia constitucional. Entre estos elementos, se requiere que la acción
constitucional no se esté empleando como una instancia adicional para reabrir
o prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez natural; que se cumpla con
una carga argumentativa suficiente; que no se trate de una discusión
eminentemente legal o de contenido económico que no comprometa derechos
fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos argumentos y que los
propuestos se acompasen con las razones de la decisión judicial cuestionada,
entre otras condiciones.
4.2. En el caso objeto de análisis, la Sala considera que no se satisface el requisito
de relevancia constitucional respecto del cuestionamiento formulado contra la
providencia proferida el 20 de marzo de 2026, por la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado dispuso la remisión del expediente de nulidad simple
11001-03-28-000-2026-00047-00 a la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en razón a que no se supera la carga argumentativa mínima.
Es oportuno recordar que la parte accionante planteó como razón de
desacuerdo con la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que
se hubiera remitido el expediente a la Sección Segunda de la misma
Corporación, sin resolver el conflicto de competencia. Sin embargo, no se
establecieron argumentos que atacaran de forma puntual el contenido de esta
providencia, más aún cuando en el fondo su inconformidad radicó en la
presunta mora en la que se está incurriendo.
Al respecto se debe indicar que no es de recibo que el actor manifieste su
inconformidad de manera general, sin que se exponga de manera fundada las
razones que sustentan esa afirmación y que evidencien que se vulneran los
derechos fundamentales alegados, pues de la revisión del expediente esta
Sala advirtió que la Sección Segunda del Consejo de Estado luego de recibir
el proceso avocó el conocimiento del asunto, ya que dictó auto inadmitiendo
la demanda (5 de junio de 2026), y que el pasado 2 de julio de 2026 el
expediente ingresó al despacho para verificar la subsanación.
Lo anterior que significa que la Sección Segunda del Consejo de Estado no
ha planteado su incompetencia (generando más retardo al enviar a otra
autoridad), sino que se encuentra revisando los requisitos de ley para proceder
con la admisión, lo que resulta contrario a la vulneración de derechos
planteada por el accionante.
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4.3. De otro lado, la presunta urgencia de utilizar la acción de tutela como un
mecanismo transitorio no es de recibo pues las elecciones presidenciales se
surtieron en primera y segunda vuelta, el pasado 31 de mayo y 21 de junio de
2026, luego no se advierte una urgencia actual. No obstante, el accionante
cuenta con los mecanismos propios del medio de control, en donde le
corresponderá al juez natural resolver las medidas cautelares que se hayan
solicitado desde la presentación de la demanda al momento de admitirla,
conforme lo establece el artículo 233 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. Carencia actual de objeto por hecho superado. Pretensiones respecto de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
5.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones
de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho
fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer
que cese.
Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando
no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este
fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como
carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado10; (ii)
daño consumado11 y (iii) situación sobreviniente12.
Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia
T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
«[…] la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
10
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
11
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
12
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
9
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Demandante: Carlos Alberto Sánchez Grass en calidad de presidente de
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Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los
casos en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela
y la expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las acciones
tendientes a superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la
interposición de la acción de tutela. Por sustracción de materia tal gestión hace
inocuo efectuar cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para
lograr el amparo de los derechos.
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante
la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así
como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».
De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la
presentación de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación
del juez constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un
evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de
las pretensiones».
5.2. Ahora bien, le corresponde a la Sala analizar si de conformidad con el segundo
ítem del planteamiento del problema jurídico, en el caso en estudio se presenta
actualmente carencia de objeto en relación con la inactividad que planteó el
accionante respecto de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
expediente de nulidad simple 11001-03-28-000-2026-00047-00.
De la revisión del expediente y de los informes rendidos, es posible advertir
que al medio de control de nulidad se le ha dado el siguiente trámite:
Actuación adelantada en el expediente
Fecha de actuación Juzgado 68 Administrativo de Bogotá: 11001-33-41-068-2025-00447-00
Consejo de Estado: 11001-03-28-000-2026-00047-00
Radicación de la demanda por ventanilla virtual. Repartido al Juzgado 68
14 de octubre de 2025
Administrativo, Sección Primera de Bogotá (Samai, índice 3)
El Juzgado 68 Administrativo, Sección Primera dictó auto en el que declaró su
5 de marzo de 2026 falta de competencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado.
(Samai, índice 3)
Fue radicado y repartido el expediente ante el Consejo de Estado, Sección
18 de marzo de 2026
Quinta. (Samai, índice 1)
La Sección Quinta del Consejo de Estado remitió el expediente a la Sección
20 de marzo de 2026
Segunda del Consejo de Estado. (Samai, índice 5)
24 de marzo de 2026 Se notifica por estado el auto del 20 de marzo de 2026. (Samai, índice 7)
Se remite el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado. (Samai,
6 de abril de 2026
índice 9)
7 de abril de 2026 Ingresa el expediente al despacho. (Samai, índice 12)
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A dicta auto que inadmite la
5 de junio de 2026
demanda. (Samai, índice 15)
5 de junio de 2026 El expediente pasó a la Secretaría. (Samai, índice 16)
10 de junio de 2026 Se notificó electrónicamente el auto del 5 de junio de 2026. (Samai, índice 18)
Contrario a lo afirmado por el accionante en el escrito de tutela, el expediente
no fue radicado el 18 de marzo de 2026, sino el 14 de octubre de 2025, y no
10
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le fue repartido en un primer momento al Consejo de Estado sino al Juzgado
68 Administrativo de Bogotá, Sección Primera, despacho que remitió por
competencia el expediente al Consejo de Estado para conocer en única
instancia al considerar que el acto administrativo demandado fue expedido por
una autoridad del orden nacional.
Una vez el expediente llegó al Consejo de Estado le fue repartido a la Sección
Quinta, despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, autoridad
que mediante auto del 20 de marzo de 2026 remitió el expediente a la Sección
Segunda del Consejo de Estado conforme al numeral 1 del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 (Reglamento
Interno del Consejo de Estado), pues señaló que la directiva demandada no es
un acto susceptible de control por esa Sección ya que no crea, extingue o
modifica situaciones de naturaleza electoral, por el contrario, indicó que el acto
demandado señala prohibiciones que dan lugar a sanciones disciplinarias que
le corresponderían a la Sección Segunda del Consejo de Estado, según las
reglas de reparto.
Una vez enviado el expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado,
fue repartido a la Subsección A, magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves, quien
con auto del 5 de junio de 2026 dispuso inadmitir la demanda de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley 1437 de 2011, al mencionar que no
se aportó el registro sindical ante el Ministerio del Trabajo de la UTC y/o la
certificación de su representación legal. Esto en los siguientes términos:
«2. Sin embargo, una vez revisada la demanda, se advierte que incumple el requisito formal
consagrado en el artículo 166 del CPACA.
3. En efecto, la disposición preceptúa que a la demanda debe anexarse «la prueba de la
existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado».
4. Al respecto, se observa que el señor Carlos Alberto Sánchez Grass interpuso la demanda
como representante de las organizaciones sindicales UTC y SINSERGEN
MINDEFENSA. Dicho ciudadano allegó la certificación expedida el 7 de octubre de 2025
por la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Archivo Sindical del Ministerio del
Trabajo en la que consta que es el representante legal de SINSERGEN MINDEFENSA.
5. No obstante, el interesado omitió allegar como anexo de la demanda el registro sindical
ante el Ministerio del Trabajo de la UTC y/o la certificación de su representación legal.
6. En consecuencia, como la UTC es una persona jurídica de derecho privado, se requiere
allegar el registro sindical, certificado de existencia y representación legal o su
equivalente y los documentos que acrediten que quien comparece al proceso, en calidad
de representante, tiene autorización o atribución para hacerlo.2 A su vez, dichos
documentos deben contener información actualizada.»
Establecido lo anterior, se advierte que, si bien el accionante manifestó que la
Sección Segunda «no ha aceptado la competencia», ni ha dictado providencia en
ese medio de control pues «han pasado más de 45 días desde la remisión (24 de marzo
de 2026) y la Sección Segunda no ha emitido pronunciamiento alguno sobre su competencia»
lo cierto es que la solicitud de amparo fue satisfecha en el curso de la acción
de tutela, como quiera que el 5 de junio de 2026, se profirió el auto que
inadmitió la demanda lo que significa que de subsanarse en debida forma se
estudiará la admisión de la misma.
Por lo anterior, esa actuación materializó lo que pretendía el accionante en sus
peticiones y carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo en razón a
que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la justifique.
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6. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sección declarará improcedente la acción de tutela
respecto de los planteamientos que se hicieron frente a la Sección Quinta del
Consejo de Estado, y se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de los planteamientos realizados a la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Alberto Sánchez Grass respecto de los planteamientos realizados a la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2. DECLARAR LA CARENCIA DE OBJETO en relación con las pretensiones de acción
de tutela que se dirigían contra la Sección Segunda del Consejo de Estado,
conforme se expuso en la parte considerativa.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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