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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03627-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03627-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 16 Esto es, en sentencias de 22 de febrero de 2024 y 9 de julio de 2026, expedientes números 2023- 00859-01 y 2026-00456-01, respectivamente, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón y Carlos Fernando Mantilla Navarro. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-3627-01 Actora: ASOVEDO PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03627-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03627-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE VÍCTIMAS DESPLAZADAS POR
EL CONFLICTO ARMADO DE LA VEREDA VILLA OLIVIA DEL MUNICIPIO
DE SAN MARTÍN (CESAR)1

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE AMPARÓ EL
DERECHO DE PETICIÓN. EN EL PRESENTE CASO NO SE CONFIGURÓ CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, SINO LA CESACIÓN DE LA
VULNERACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN Y DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN

DE TIERRAS DESPOJADAS2 contra la sentencia de 26 de junio de

2026, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-

DEL CONSEJO DE ESTADO3 amparó parcialmente el derecho de

petición y denegó las demás pretensiones de la demanda.

1
En adelante ASOVEDO.
2
En adelante UNIDAD.
3
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-3627-01
Actora: ASOVEDO

I. ANTECEDENTES

La asociación ASOVEDO, actuando a través de su representante

legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de

la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales estima

vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA4, la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN5 y el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA6, por cuanto al parecer no ha recibido una respuesta

de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica,

el 31 de marzo de 2026, en la que puso en conocimiento presuntos

actos de ocupación irregular de unos predios ubicados en la zona

rural del MUNICIPIO DE SAN MARTÍN (CESAR)7, que actualmente

se encuentran en proceso de restitución y/o formalización.

I.2.- Hechos

Señaló que las familias que integran su organización fueron

reconocidas como víctimas del conflicto armado, mediante

providencias proferidas por la SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y

4
En adelante PRESIDENCIA.
5
En adelante FISCALÍA.
6
En adelante CONSEJO.
7
En adelante MUNICIPIO.

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3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-3627-01
Actora: ASOVEDO

la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA8.

Afirmó que en la actualidad cursa en el JUZGADO PRIMERO CIVIL

DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

DE BARRANCABERMEJA9 un proceso de restitución o formalización

de tierras que promovió la UNIDAD respecto de algunos predios

ubicados en la zona rural del MUNICIPIO.

Manifestó que desde algunos meses se vienen presentando algunos

actos de ocupación ilegal, amenazas e intimidaciones dirigidas en

contra de las personas que habitan en el sector y que son parte del

proceso de restitución mencionado.

Indicó que tales circunstancias fueron puestas en conocimiento

previamente del JUZGADO y, con posterioridad, a las accionadas a

través de la citada petición de 31 de marzo de 2026, en la que

además solicitaron adopción de medidas orientadas a iniciar las

investigaciones correspondientes y proteger a las víctimas que hacen

parte del proceso de restitución.

8
Expediente identificado con el número de radicación 11001-60-00-253-2015-00072.
9
En adelante JUZGADO.

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4

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-3627-01
Actora: ASOVEDO

Arguyó que en respuesta a la petición, las autoridades adelantaron

las siguientes actuaciones: i) la FISCALÍA asignó la apertura de la

noticia criminal identificada con el número NUNC

200016001231202612544 respecto de los hechos denunciados.

Además, la FISCALÍA 34 DELEGADA dispuso el traslado de la

información a la Estación de Policía de San Martín para que adoptara

medidas de protección de carácter policivo; y ii) la PRESIDENCIA

trasladó la solicitud a la UNIDAD y a la UNIDAD NACIONAL DE

PROTECCIÓN10 (UNP), esta última entidad le remitió la información

del trámite para la evaluación del nivel del riesgo.

I.3. Fundamentos de derecho

Indicó que la solicitud fue radicada en debida forma, sin embargo, no

se adoptaron las medidas necesarias para atender su situación.

Asimismo, indicó que no recibió respuesta clara, integral y de fondo

por parte de la UNIDAD y el CONSEJO.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

10
En adelante UNP.

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5

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Actora: ASOVEDO

“[…] Con base en los hechos relacionados y la Jurisprudencia
Constitucional al respecto, solicito del Juez Constitucional quien
desatara la presente Acción Constitucional, inicie el respetivo
estudio e investigación de los hechos mencionados y se proteja en
el término a partir de la ejecutoria de la Sentencia de Tutela lo
siguiente:

1.Se me TUTELEN mis derechos fundamentales y constitucionales
al derecho de petición, al debido proceso y el derecho a la vida.

2.Favor ORDENAR al PRESIDENTE DE COLOMBIA, A LA FISCAL
GENERAL DE LA NACIÓN, AL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS
FORZOSAMENTE – UAEGRTD, entregar respuesta integra,
completa, de fondo a lo solicitado desde el día 31 de marzo de
2026, en lo siguiente:

1. Favor ORDENAR realizar inspección judicial a los predios objeto
del presente proceso para que se confirme por parte de su
despacho lo expuesto y se ordenen los correctivos urgentes.

2. Favor ORDENAR investigar en forma urgente, a las autoridades
competentes para que no se repitan los mismos hechos que están
en la sentencia del radicado 68081312100120220006900, que fue
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –
Sala de Justicia y Paz.

2A. Adicionalmente favor ORDENAR medidas urgentes en defensa
de nuestra condición como víctimas de desplazamiento forzado en
relación con el señor LUIS ALFREDO GONZALEZ BAYONA
identificado con la C.C. No. 1.693.790.

3.Favor ORDENAR las demás pretensiones que el juez
Constitucional considere indispensables para el restablecimiento de
mis derechos Constitucionales y fundamentales […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La FISCALÍA OCTAVA ESPECIALIZADA manifestó que

respecto a las denuncias presentadas por miembros de la asociación

ASOVEDO se dio apertura a la noticia criminal número

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Actora: ASOVEDO

200016001231202612544, la cual se encuentra en etapa de

indagación.

Igualmente, informó que no es la competente para conocer y dar

respuesta a la petición presentada por la actora.

I.5.2.- La FISCALÍA 34 DELEGADA - UNIDAD DE

INTERVENCIÓN TEMPRANA mencionó que, una vez conocidos los

hechos mencionados por la actora, procedió a la asignación de la

denuncia a la FISCALÍA OCTAVA ESPECIALIZADA.

I.5.3.- El JUZGADO ÚNICO PROMISCUO DE FAMILIA DE PLATO

(MAGDALENA) informó que en ese despacho cursa un asunto de

sucesión intestada del señor EMILIANO GONZÁLEZ ARMERO

(q.e.p.d.), identificado con el número de radicación 2015-00095-00,

en el que se encuentran involucrados los predios identificados con las

matrículas inmobiliarias núms. 192-5206 y 196-8293, y que no

fueron incorporados a la masa sucesoral debido a que cada uno de

estos se encuentran sometidos a las medidas adoptadas dentro del

proceso de restitución de tierras que cursa ante el JUZGADO.

I.5.4.- La PRESIDENCIA señaló que la solicitud de amparo debe ser

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Actora: ASOVEDO

negada, pues a través del grupo de atención a la ciudadanía se

expidieron los oficios núms. OFI26-00062655 / GFPU 13150000 y

OFI26-00062656 / GFPU 13150000 de 9 de abril de 2026, mediante

los cuales remitió la petición objeto de tutela a la UNIDAD y a la

UNP, por ser las competentes.

I.5.5.- El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL (CENDOJ)

del CONSEJO, aseguró que la petición fue remitida al CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER y al JUZGADO,

por ser las autoridades competentes para conocer de los asuntos

planteados en la solicitud objeto de controversia.

Igualmente, arguyó que no goza de legitimación en la causa por

pasiva para acceder a las pretensiones de la demanda.

I.5.6.- La UNP señaló que la presente solicitud de amparo debe ser

denegada, por cuanto lo pretendido escapa de sus funciones

misionales.

I.5.7.- La FISCALÍA solicitó ser desvinculada del trámite

constitucional de la referencia, por carecer de legitimación en la

causa por pasiva para actuar.

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Actora: ASOVEDO

I.5.8.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL11 (DEAJ) mencionó que no puede atender las peticiones

formuladas en la presente solicitud de amparo, toda vez que sus

funciones y competencias están relacionadas con la ejecución de las

actividades administrativas de la Rama Judicial. Por lo tanto, señaló

que no goza de legitimación en la causa para actuar como accionada,

ya que no cuenta con la atribución legal para atender los

requerimientos de la actora.

I.5.9.- La UNIDAD advirtió que los hechos narrados por la actora

no corresponden a acciones u omisiones que le sean atribuibles, por

lo tanto, solicitó ser desvinculada.

I.5.10.- El JUZGADO pidió ser desvinculado del presente trámite

constitucional, por cuanto los hechos objeto de estudio no hacen

referencia a una actuación judicial que haya desplegado.

Asimismo, efectuó una relación de los procesos que cursan en el

despacho que se relacionan con las solicitudes de restitución de

tierras acumuladas en el expediente identificado con el numero único

11
En adelante DEAJ.

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Actora: ASOVEDO

de radicación 2022-00069, en el que de manera individual distintos

habitantes reclaman la restitución. Sin embargo, resaltó que no cursa

ninguna petición por parte de la actora.

I.5.11.- El MUNICIPIO indicó que no advierte una actuación u

omisión que le sea atribuible y que incida en los derechos

fundamentales de los miembros de la asociación actora.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 26 de junio de 2026,

resolvió:

“[…] 1º) Ampárase el derecho fundamental de petición
únicamente frente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente
– UAEGRTD, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Ordénase a la directora general o a la coordinadora de
Atención al Ciudadano, o quien haga sus veces, de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente – UAEGRTD que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, responda de manera clara, congruente y
completa la petición presentada por la parte accionante el 31 de
marzo de 2026, pronunciándose sobre los asuntos comprendidos
dentro de su ámbito funcional y, respecto de aquellos sobre los
cuales carezca de competencia, proceda en los términos previstos
en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015; en el mismo término
deberá notificar dicha respuesta al peticionario.

3º) Niéganse el amparo del derecho fundamental de petición
frente a la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la

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Actora: ASOVEDO

Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4º) Niégase las solicitudes de desvinculación, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”
(Destacado pertenece al texto).

La SECCIÓN TERCERA consideró que no se vulneró el derecho

fundamental de petición por parte de la PRESIDENCIA, dado que

acreditó la respuesta oportuna y el traslado legal de la solicitud

conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1755 de 201512.

Igualmente, señaló que respecto de la FISCALÍA no se encontró

probada la vulneración al constatarse que la petición dio origen a una

noticia criminal y a la adopción de órdenes de policía para medidas

de protección.

En ese mismo sentido, lo advirtió respecto del CONSEJO pues este

orientó al peticionario sobre los canales institucionales vigentes

durante la vacancia judicial y efectuó los traslados a los despachos

competentes, recordando además que el núcleo esencial del derecho

no impone la obligación de acceder a lo pretendido sino de emitir una

respuesta de fondo clara y congruente.

12
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Sin embargo, el a quo estimó que frente a la UNIDAD sí se encontró

probada la vulneración del derecho de petición, toda vez que, a pesar

de habérsele remitido la solicitud por competencia desde el 9 de abril

de 2026 por parte de la PRESIDENCIA, esta omitió pronunciarse y

no acreditó respuesta alguna dentro de su órbita funcional, razón por

la que procedió a amparar el derecho reclamado únicamente frente

a esta y denegó respecto de las demás autoridades accionadas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La UNIDAD impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA y manifestó su desacuerdo, al considerar que en el

presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho

superado.

Argumentó que, en estricto cumplimiento de la decisión de primera

instancia, expidió y notificó debidamente el contenido del Oficio núm.

202621200712791 de 27 de julio de 2026, mediante el cual le brindó

a la actora una respuesta de fondo, clara, congruente y completa a

la petición de 31 de marzo de este año, informándole el estado del

trámite administrativo de restitución, la inscripción en el registro de

tierras mediante la Resolución núm. RG 00872 de 2022 y su

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radicación ante el JUZGADO.

Por lo anterior, solicitó revocar el amparo concedido en su contra y,

en su lugar, se declare la carencia actual de objeto, dado que la

finalidad de la acción constitucional ya fue plenamente satisfecha.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199113. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo

de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, los

cuales estima vulnerados por la PRESIDENCIA, la FISCALÍA y el

CONSEJO, por cuanto al parecer no ha recibido una respuesta de

fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió, vía electrónica, el

31 de marzo de 2026, en la que puso en conocimiento presuntos

actos de ocupación irregular de unos predios ubicados en la zona

rural del MUNICIPIO, que actualmente se encuentran en proceso

de restitución y/o formalización.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 26 de junio de

13
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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2026, amparó parcialmente el derecho de petición y denegó las

demás pretensiones de la demanda.

Inconforme con lo anterior, la UNIDAD impugnó la decisión proferida

en primera instancia y manifestó su desacuerdo, al considerar que

en el asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho

superado, ya que en cumplimiento de la decisión de primer grado

expidió y notificó debidamente el contenido del oficio núm.

202621200712791 de 27 de julio de 2026, mediante el cual le brindó

a la actora una respuesta de fondo, clara, congruente y completa a

su petición de 31 de marzo de este año.

En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará únicamente

a analizar las inconformidades expuestas en el escrito de

impugnación, dirigidas a obtener la declaratoria de la carencia actual

de objeto por hecho superado ante el cumplimiento de la orden de

primera instancia, comoquiera que los demás aspectos resueltos por

el a quo no fueron objeto de apelación.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

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verificará si la UNIDAD vulneró el derecho fundamental deprecado,

al no emitir una respuesta de fondo, clara y concreta a la petición

presentada por la actora, y si se configura la carencia actual de objeto

por hecho superado tal como lo señaló en el escrito de impugnación.

De la carencia actual de objeto por hecho superado

La entidad impugnante señaló que se debe revocar la sentencia de

primera instancia y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto

por hecho superado, por cuanto el 27 de julio de 2026 le brindó a la

actora una respuesta de fondo, clara, congruente y completa a la

petición que elevó el 31 de marzo de este año.

Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:

En cumplimiento del fallo proferido en primera instancia, a través de

Oficio núm. 202621200712791 de 27 de julio de 2026, la UNIDAD

dio respuesta a la actora, manifestando lo siguiente:

“[…]

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[…]”.

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Asimismo, la Sala advierte que la UNIDAD envío la respuesta en cita

al correo electrónico asociacionasodevo@gmail.com el 28 de julio de

2026, dirección que concuerda con la suministrada por la actora para

efectos de notificaciones.

De lo anterior se infiere que la actuación adelantada por la UNIDAD

acaeció en virtud de la orden de amparo decretada en la sentencia

de primera instancia, por lo que no podría adecuarse dentro de la

definición de hecho superado contenida en el artículo 26 del

Decreto 2591 de 1991, cuyo tenor indica:

“[…] Artículo 26. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes […]”.

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Empero, para resolver lo concerniente a la solicitud de declarar la

carencia actual de objeto de la presente tutela, por hecho superado,

es menester precisar lo que la Jurisprudencia Constitucional ha

sostenido sobre este concepto.

Frente a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte

Constitucional, en la sentencia T-581 de 2010, expresó:

“[…] El fenómeno de la carencia actual de objeto por un
hecho superado. Reiteración de jurisprudencia.

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 consagró la acción
de tutela con la finalidad de garantizar la efectiva protección de los
derechos fundamentales de las personas cuando quiera que éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o de un particular (en los casos
establecidos en la ley), protección que se ve materializada con la
emisión de una orden por parte del juez de tutela dirigida a impedir
que tal situación se prolongue en el tiempo[33].

Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela esta
Corporación ha señalado que la misma se extingue cuando ‘la
vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que
configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez
de amparo. Es decir, aquella acción por parte del demandado,
que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela,
ha acaecido antes de la mencionada orden’[34]. Cuando la
vulneración o la amenaza de los derechos cuya protección se
reclama cesan, se presenta lo que la jurisprudencia constitucional
ha denominado ‘hecho superado’”. Al respecto, la Corte indicó en
Sentencia T- 957 de 2009:

“El ‘hecho superado’, ha dicho esta Corporación, se
presenta cuando por la acción u omisión del obligado,
desaparece la afectación del derecho cuya protección se
reclama, de tal manera que ‘carece’ de objeto el
pronunciamiento del Juez Constitucional. La
Jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión

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‘hecho superado’, en el sentido obvio de las palabras, es
decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido
en tutela.”

Esta situación se puede presentar en dos ocasiones: ‘(i) antes de
iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el
trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de
revisión ante esta Corporación[35].En este último evento, la
Jurisprudencia Constitucional ha señalado que la acción de tutela
se torna improcedente[36] por no existir un objeto jurídico sobre el
cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio
(por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de
1991)’[37].

En efecto, esta Corporación ha sostenido que cuando se presenta
este fenómeno el Juez de tutela debe proferir un fallo de fondo,
analizando si realmente existió una amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales invocados y determinando el alcance de
los mismos[38]. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia T-722
de 2003 la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

‘i.) Así, pues, cuando el fundamento fáctico del amparo
se supera antes de iniciado el proceso ante los Jueces de
tutela de instancia o en el transcurso de este y así lo
declaran en las respectivas providencias, la Sala de
Revisión no puede exigir de ellos proceder distinto y, en
consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado
quedando a salvo la posibilidad de que en ejercicio de su
competencia y con el propósito de cumplir con los fines
primordiales de la Jurisprudencia de esta Corte, realice
un examen y una declaración adicional relacionada con
la materia, tal como se hará en el caso sub-examine.

ii.) Por su parte, cuando la sustracción de materia tiene
lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone a tomar
una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los
jueces de instancia ha debido concederse el amparo de
los derechos fundamentales invocados y así no se
hubiere dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de
esta Corporación, de conformidad con la Jurisprudencia
reciente, consistirá en revocar los fallos objeto de
examen y conceder la tutela, sin importar que no se
proceda a impartir orden alguna […]”.

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Sobre el mismo asunto, en la sentencia T-612 de 31 de julio de

201214, la Corte precisó:

“[…] En cuanto al hecho superado, la Corte ha indicado que se
presenta cuando antes de que se profiera el fallo, el
demandado satisface lo solicitado. En efecto, ‘si lo pretendido
con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo
requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo,
porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando,
se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual la
posible orden que impartiera el Juez caería en el vacío[15].

En ese sentido, la sentencia T-027 de 1999, estableció que ‘(…) la
protección ofrecida por la acción de tutela pierde sentido, por
innecesaria, cuando durante el curso del proceso desaparece la
amenaza o cesa la vulneración. El Juez queda inhabilitado, por
tanto, para emitir orden alguna tendiente a restablecer el orden
jurídico quebrantado, porque éste ha recobrado su normalidad sin
la intervención de la autoridad del Estado […]” (Negrilla y
subrayas por fuera del texto original).

De lo analizado por la Corte se pueden extraer los siguientes

elementos para declarar la carencia actual de objeto, por hecho

superado:

1. Que se reclame ante el Juez de tutela la protección de un

derecho fundamental, cuando es amenazado o vulnerado por

la acción o la omisión de la autoridad o de un particular.

14
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15
SU - 540 de 2007

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2. Que antes de que se profiera la decisión del juez, esto es, como

medida cautelar, en la primera instancia, en la segunda

instancia o en sede de revisión, desaparezca la vulneración o

amenaza de vulneración de los derechos fundamentales,

porque se satisface lo pedido en la tutela.

La consecuencia inmediata de estos dos eventos es que la orden que

eventualmente decretaría el juez carecería de objeto y, por ende,

se torna inoficiosa.

Ahora bien, en estos eventos ha explicado la Corte que se debe

diferenciar la labor de los jueces de instancia y la de esa Corporación

en sede de revisión, por cuanto “[…] no es perentorio para los Jueces

de instancia […] incluir en la argumentación de su fallo el análisis

sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la

demanda. Sin embargo, pueden hacerlo, sobre todo si consideran

que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del

caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de

conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o

para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su

repetición, so pena de las sanciones pertinentes, tal como lo

prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991. Lo que es

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potestativo para los Jueces de instancia, se convierte en obligatorio

para la Corte Constitucional en sede de revisión pues como autoridad

suprema de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de

determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección

se solicita. Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos casos,

tanto para los Jueces de instancia como para esta Corporación, es

que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad

se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción

de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo que

autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia

actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia

de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado sobre la

inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a

las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor

del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 […]”.

En el presente caso, es claro que no nos encontramos frente a lo que

la jurisprudencia constitucional ha denominado hecho superado,

pues aun cuando ya cesó la vulneración, no se puede señalar que la

orden de amparo carezca de objeto, todo lo contrario, como

estuvo ajustada a derecho, lo que corresponde es confirmarla e

incluso, prevenir a la autoridad para que en adelante se abstenga de

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dicha conducta, es decir, de la necesidad de que medie una orden de

un juez para garantizar el derecho fundamental de petición de los

ciudadanos.

En otras palabras, no es que resulte innecesario decretar orden

de amparo -que es el efecto práctico del hecho superado- sino que

debe confirmarse en todas sus partes la que ya se decretó, por

cuanto, además, sirvió para la protección cabal del derecho

reclamado.

Distinto sería si, por ejemplo, la SECCIÓN TERCERA no hubiese

concedido el amparo y aun así la UNIDAD hubiese contestado el

derecho de petición elevado por la actora, ya que en esta instancia sí

habría lugar a declarar el hecho superado, por cuanto, efectivamente

se constató que se violó el derecho, pero es inane decretar orden

alguna, en atención a que la situación de vulneración ya fue

superada.

Se insiste entonces en que el evento del hecho superado está

previsto para aquellos casos en los que el juez constitucional, en

cualquiera de las instancias, advierte que el hecho vulnerador

desapareció y, por tanto, resulta innecesario impartir orden alguna

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encaminada a superar una situación que ya fue finiquitada, pero si la

intervención del juez sirvió para la cesación de la vulneración y

estuvo ajustada a derecho, corresponde confirmarla.

De igual forma, es pertinente precisar que en asuntos similares esta

Sección16 ha reiterado dicha postura, bajo el entendido de que las

actuaciones posteriores al fallo de primera instancia obedecen al

acatamiento de la orden de amparo. En consecuencia, ello no

desvirtúa que, al momento de proferirse la decisión impugnada, la

vulneración del derecho de petición sí se encontraba plenamente

acreditada.

En las condiciones anotadas, se impone a la Sala confirmar la

sentencia impugnada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

16
Esto es, en sentencias de 22 de febrero de 2024 y 9 de julio de 2026, expedientes números 2023-
00859-01 y 2026-00456-01, respectivamente, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón y Carlos Fernando
Mantilla Navarro.

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Actora: ASOVEDO

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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