Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03635-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03635-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03635-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
4 de junio de 2026
Demandante: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03635-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-00
Demandante: JESÚS ANTONIO RESTREPO VANEGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia de la acción
por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 de
Acuerdo 0801 del 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 12 de mayo de 2026, el señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas, por intermedio de
apoderado, promovió acción de amparo contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso, de defensa y contradicción y de acceso a la administración de justicia,
junto con el principio de dignidad humana.
La parte demandante consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de la
sentencia del 12 de septiembre de 2025 de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño, que confirmó el fallo del 21 de marzo de la misma anualidad, a
través del cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el
radicado 52001-33-33-006-2022-00173-00/01, promovida por el accionante contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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Demandante: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
PRIMERO: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
DEFENSA Y CONTRADICCIÓN y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
previstos en los artículos 29 y 229, de la Constitución Política de Colombia, los cuales fueron
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, Magistrada Ponente, Doctora BEATRIZ ISABEL MELODELGADO PABÓN,
como consecuencia de la VÍA DE HECHO que se materializó en la providencia de fecha 12
de septiembre de 2025, notificada a través de correo electrónico de fecha 26 de noviembre
de 2025, mediante la cual se dispuso confirmar la decisión la Sentencia del 21 de marzo de
2025, emitida por el Juzgado (06) Sexto Administrativo Oral de Pasto (Nariño), que denegó a
nuestro prohijado Señor Mayor R JESÚS ANTONIO RESTREPO VANEGAS, las
pretensiones de la demanda, conforme a una interpretación y aplicación errada de la ley y,
con irrespeto de lo dispuesto en las (SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN S.U. – 091 DEL 25
DE FEBRERO DE 2016 Y S.U. – 217 DEL 28 DE ABRIL DE 2016 EMITIDAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL), en referencia a hechos discriminatorios o de persecución que
configuraría una desviación de poder.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha 12 de septiembre de 2025,
notificada a través de correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante la cual
se dispuso confirmar la decisión la Sentencia del 21 de marzo de 2025, emitida por el
Juzgado (06) Sexto Administrativo Oral De Pasto (Nariño), dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 52-001-33-33-006-2022-00173-
00.
TERCERO: Como consecuencia de dicha declaración, se sirva, además, ORDENAR a la
Corporación accionada, REVOCAR en todas sus partes la sentencia de fecha 12 de
septiembre de 2025, notificada a través de correo electrónico de fecha 26 de noviembre de
2025, mediante la cual se dispuso confirmar la decisión la Sentencia del 21 de marzo de
2025, emitida por el Juzgado (06) Sexto Administrativo Oral de Pasto (Nariño) dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 52-001-33-3-
006-2022-00173-00 y, como consecuencia de dicha declaración, disponer la materialización
de las pretensiones de restablecimiento de derecho que fueron deprecadas en la demanda
que dio origen al precitado proceso judicial.2
1.3. Hechos
De la solicitud de amparo presentada por el señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas y del
expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala, son
relevantes para la decisión que será adoptada en esta sentencia.
Relató que ingresó como cadete a la Policía Nacional en el año 2003, ascendió como
mayor dentro de la institución y que, durante su carrera, recibió múltiples condecoraciones
y felicitaciones públicas y especiales. Añadió que, durante sus últimos 5 años de servicio,
obtuvo el máximo puntaje de evaluación y fue calificado en el nivel «SUPERIOR», de
acuerdo con la escala establecida en los decretos 1791 y 1800 de 2000.
Puso de presente que, en el período comprendido entre 2017 y 2021, no fue sancionado
disciplinariamente ni registró antecedentes penales o administrativos; sin embargo, resaltó
que fue objeto de quejas anónimas por supuestas irregularidades durante su desempeño
como comandante del Distrito de Policía de Yarumal (Antioquia).
2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Expuso que, a pesar de lo anterior, le fueron otorgadas diversas condecoraciones,
menciones honoríficas y felicitaciones especiales con ocasión del ejercicio de sus
funciones en el mencionado municipio.
Indicó que, mediante Oficio No. 045317 ADEHU-GRUAS-1.10 expedido el 28 de
septiembre de 2021 por el director de Talento Humano de la Policía Nacional, se le solicitó
al director general de la referida institución su autorización para realizar el procedimiento
de evaluación de la trayectoria profesional de algunos oficiales superiores, dentro de los
cuales se encontraban los adscritos al curso de oficiales No. 082, del cual formaba parte.
Narró que, a través de comunicación oficial del mes de noviembre de 2021, le fue
participado el inicio del mencionado procedimiento y le fue requerida la documentación
necesaria para ello. Afirmó que, mediante comunicado electrónico No. 2716 DITAH
APGRUBI-OAC del 7 de noviembre de 2021, se le informó al entonces comandante del
Departamento de Policía de Antioquia que el accionante había sido destinado y requerido
a prestar sus servicios en el Departamento de Policía de Nariño.
Afirmó que dicha determinación fue adoptada por el Área de Procedimientos de Personal
DITAH de la Dirección General de la Policía Nacional y que, para ese momento, su
traslado no había sido publicado aún en el Sistema de Información para la Administración
del Talento Humano de la entidad.
Destacó que el 25 de noviembre de la misma anualidad remitió a la Dirección de Talento
Humano, Grupo de Ascensos de la Dirección General de la Policía Nacional, la
documentación requerida para la evaluación de su trayectoria profesional, conforme le fue
solicitado.
Luego de esto, y sin que se hubiera llevado a cabo la evaluación, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, mediante Acta No. 001 APROP-
GRURE-3.22 del 1 de febrero de 2022, recomendó su retiro en atención a que satisfacía
los requisitos para acceder a la asignación de retiro consagrada en el Decreto 1157 de
2014.
Aseveró que el 10 de febrero de 2022 se le informó que no había sido sometido al
procedimiento de evaluación de trayectoria profesional y, al día siguiente, fue publicada la
Resolución No. 00278 del 11 de febrero de 2022 en la cual se dispuso su traslado con
destino a Pasto (Nariño).
Adujo que, a través de la Resolución No. 1084 del 8 de marzo de 2022, el Ministerio de
Defensa Nacional ordenó su retiro del servicio activo a través del llamamiento a calificar
servicios, sin que hubiera sido calificada su trayectoria.
Con ocasión de lo anterior, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional con el fin
de obtener la nulidad de la referida resolución y, en consecuencia, su reintegro al servicio
activo.
En la demanda, alegó que el acto reprochado se produjo sin valorar su trayectoria, no fue
motivado de forma suficiente y agregó que no le fue notificada la expedición del acta de la
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Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional en la que se
recomendó su retiro, circunstancias que frustraron su posibilidad de ascenso al grado de
teniente coronel y por las cuales consideró que se constituyó una vía de hecho
administrativa y se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
El proceso fue identificado con el radicado 52001-33-33-006-2022-00173-00 y fue
conocido, en primera instancia, por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto, despacho que, en providencia del 21 de marzo de 2025, denegó las pretensiones
del medio de control al considerar que, toda vez que su retiro se realizó mediante la figura
del llamamiento a calificar servicios, no se encontraba condicionado a la evaluación de su
trayectoria profesional, sino al lleno de los requisitos impuestos por la ley, en virtud de que
dicho acto administrativo reviste del carácter discrecional del Estado.
Igualmente, el a quo explicó que, si bien en la demanda se adujo que su retiro se debió a
las quejas anónimas presentadas en su contra, no logró probar que su retiro hubiera sido
provocado por ello. Concluyó que no se acreditó la desviación de poder ni la falta de
motivación y, por el contrario, se encontró que la decisión plasmada en los actos
demandados se tomó con pleno apego a los presupuestos legales.
El accionante interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, el cual fue resuelto
por el Tribunal Administrativo de Nariño a través de sentencia del 12 de septiembre de
20253 que dispuso confirmar la sentencia de primera instancia, al estimar que la legalidad
de los actos cuestionados no fue desvirtuada, y que no era posible determinar que con la
expedición de estos se hubiera transgredido derecho fundamental alguno, máxime al tener
en consideración el factor discrecional que el legislador consagró para el uso de la figura
del llamamiento a calificar servicios.
1.4. Sustento de la petición
El accionante manifestó que el amparo impetrado cumple con todos los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial y expuso que la sentencia
enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico, en virtud de la presunta
indebida valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial al sustraerse de estudiar
diversas pruebas que, a su juicio, daban cuenta de que su retiro respondió a hechos
discriminatorios y de persecución.
Para fundamentar lo anterior, afirmó que no se tuvieron en cuenta los múltiples oficios y
comunicaciones oficiales por medio de los cuales se inició el procedimiento de evaluación
de su trayectoria profesional, se le solicitó la remisión de la documentación necesaria para
ello y, posteriormente, se le informó que no sería sometido al referido procedimiento.
En su criterio, dichos medios de prueba acreditaban que las actuaciones surtidas por la
Policía Nacional desconocieron abiertamente las normas en las que debían fundarse,
puesto que de conformidad con el artículo 1° de la Ley 857 de 2003 y el artículo 23 del
3 Notificada a través de correo electrónico el 26 de noviembre de 2025. Índice 9 de Samai del proceso 52001-
33-33-006-2022-00173-01.
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Decreto Ley 1791 de 2000, para disponer el retiro por llamamiento a calificar servicios era
necesario no solo analizar el lleno de los requisitos para la asignación de retiro, sino
también evaluar previamente su trayectoria profesional.
Argumentó que lo propio era que la institución llevara a cabo la evaluación de la
trayectoria profesional y, en caso de decidir no recomendarlo para adelantar el curso de
capacitación de ascenso, subsiguientemente ordenar su retiro. Sin embargo, alegó que al
no haber sido calificada su trayectoria, fue discriminado y puesto en una situación de
desigualdad con respecto a sus compañeros pertenecientes al curso de oficiales No. 082,
cuyas trayectorias sí fueron evaluadas.
Reprochó que las pruebas mencionadas no hubieran sido tenidas en cuenta por el ad
quem para determinar la exclusión de la que fue objeto y, de igual manera, adujo que en el
proceso se probó que, conforme al Decreto 1008 del 14 de junio del 2022, expedido por la
Policía Nacional, la planta autorizada para el grado de teniente coronel para dicho año
correspondía a 720 vacantes, lo que demostraba la causal de nulidad de falsa motivación
con respecto al acto que dispuso su retiro, en el cual se afirmó que respondía a la
inexistencia de suficientes vacantes para el cargo.
Aseveró que, contrario a lo estimado por los jueces de instancia, su retiro fue realmente
motivado por las quejas anónimas presentadas en su contra, situación que fue
menospreciada por las autoridades judiciales a pesar de que, en su criterio, constituyó el
verdadero móvil de la decisión.
De igual forma manifestó que el fallo objeto de reparo incurrió en desconocimiento del
precedente, e hizo referencia a las sentencias SU-091 de 2016 y SU-217 de 2016 de la
Corte Constitucional, al igual que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-26-2022 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Aseguró que dichos pronunciamientos
establecen que el retiro por llamamiento a calificar servicios no puede ser utilizado como
una herramienta de persecución y discriminación, puesto que se configuraría una
desviación de poder.
Reiteró que su retiro fue motivado por otras razones distintas a los requisitos legales y el
mejoramiento del servicio público, y que dicha situación fue efectivamente probada en el
proceso ordinario, lo que resultaba suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del
acto demandado.
1.5. Trámite y contestaciones
Mediante auto del 14 de mayo de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados que conforman la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Nariño.
De igual forma, se ordenó vincular a la juez sexta administrativa del Circuito Judicial de
Pasto, al ministro de Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional, en calidad de
terceros con interés en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes intervenciones:
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1.5.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
Por medio de escrito enviado el 15 de mayo de la presente anualidad, la titular del
despacho remitió el expediente digital correspondiente al proceso de nulidad y
restablecimiento del cual se derivan las pretensiones del amparo y realizó un recuento de
las actuaciones surtidas dentro del medio de control.
Asimismo, indicó que estas se adecuaron y ajustaron a las disposiciones legales vigentes y
fueron proferidas con sustento legal, probatorio y fáctico, sin incurrir en vulneración a
derecho fundamental alguno, así que solicitó declarar la improcedencia de la demanda
constitucional, al no satisfacerse los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.
1.5.2. Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión
Mediante comunicación allegada el 19 de mayo de 2026, la magistrada ponente de la
decisión cuestionada se pronunció acerca de las pretensiones del presente mecanismo y
reiteró los argumentos expuestos en el fallo objeto de reparo.
Manifestó que, tal como allí se explicó, el llamamiento a calificar servicios no se trata de
una sanción sino de un movimiento normal de personal, y adujo que en el trámite no se
demostró que existieran motivos aviesos o que se utilizara la medida para ocultar razones
diferentes o abuso de autoridad, ni se desvirtuó la presunción de legalidad del acto
administrativo.
Aseveró que lo pretendido por el tutelante es convertir esta acción en una tercera instancia
para, con ello, conseguir que se acceda a sus pretensiones, lo cual desconoce que este no
es el escenario idóneo para plantear inconformidades con las decisiones judiciales.
Agregó que, si bien el fallo no fue favorable a los intereses del accionante, ello no es
motivo para predicar la violación de sus derechos fundamentales, máxime cuando estos
fueron plenamente garantizados en el proceso. Con fundamento en lo anterior, solicitó
denegar el amparo solicitado.
1.5.3. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
En oficio remitido el 19 de mayo de 2026, la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General
de la institución adujo que no se evidencia vulneración alguna de los derechos
fundamentales que el actor aduce quebrantados, en atención a que la decisión adoptada
por la autoridad judicial en segunda instancia abordó de manera integral todas las
pretensiones y argumentos expuestos en la demanda ordinaria.
De la misma forma, hizo referencia a la figura del llamamiento a calificar servicios como
causal de terminación normal de la carrera policial, la cual se aplica como un mecanismo
de renovación dentro de la línea jerárquica institucional y busca garantizar la excelencia en
la institución.
Puso de presente que es una facultad que ostenta el director general de la Policía Nacional
que se habilita una vez el uniformado cumple con el tiempo mínimo de servicio y se hace
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acreedor de la asignación de retiro, y anotó que dicha causal no constituye sanción,
despido ni exclusión deshonrosa de la institución.
Adujo que las pretensiones de la parte accionante no están llamadas a prosperar, toda vez
que se acreditó que el acto administrativo demandado en el medio de control fue expedido
con estricta sujeción al marco normativo aplicable y en ejercicio legítimo de la facultad
discrecional reglada de la administración, aunado a que la presunción de legalidad del acto
no fue desvirtuada.
Por último, argumentó que en el caso concreto no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela como mecanismo para
acceder a lo pretendido por el accionante. En atención a lo expuesto, solicitó denegar las
súplicas de la parte actora en atención a la improcedencia de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer del presente amparo, según lo previsto en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20154, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de
20195 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción y de acceso a la administración de justicia, junto con el principio de dignidad
humana del señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas, con ocasión de la sentencia proferida
el 12 de septiembre de 2025, que confirmó el fallo del 21 de marzo de la misma anualidad,
a través del cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el
radicado 52001-33-33-006-2022-00173-00/01, promovida por el accionante contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la
sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se
estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
4 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5 Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.
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pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la procedencia
de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten
contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamental, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento
jurisprudencialmente (…)».
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros
específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda
o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente
el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el contrario, cumplidos
esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los
argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia. Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias hacen
tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial «(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros
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puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte, el
análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró
que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por
lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural.
Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional
«protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que este mecanismo se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios
que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se
limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se
dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la providencia del 12 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión, que confirmó el fallo del 21 de marzo de la misma anualidad a través del cual el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto denegó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
52001-33-33-006-2022-00173-00/01, promovido por el accionante contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
En criterio del accionante, la decisión reprochada incurrió en: i) defecto fáctico, por
presuntamente omitir la valoración de diversas pruebas que, a su juicio, daban cuenta de
que su retiro respondió a hechos discriminatorios y de persecución, lo que acreditaba las
causales de nulidad del acto administrativo de falsa motivación y desviación del poder, y ii)
desconocimiento del precedente, por no haber atendido la postura jurisprudencial
sostenida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que consagra que el retiro por
llamamiento a calificar servicios no puede ser utilizado como una herramienta de
persecución y discriminación.
En primera medida, en cuanto a la presunta configuración del defecto fáctico, la sala
advierte que la controversia planteada persigue modificar la estimación probatoria
efectuada por el tribunal, puesto que no se alinea con los intereses de la parte accionante.
En este sentido, busca demostrar que la autoridad judicial se sustrajo de valorar diversas
pruebas que, en su criterio, acreditaban los hechos discriminatorios y de persecución que
causaron su retiro.
Ahora, si bien alegó que el hecho de que se hubiera dispuesto su retiro por llamamiento a
calificar servicios sin evaluar su trayectoria profesional vulneró su derecho al debido
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Demandante: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03635-00
proceso y, además, lo puso en una situación de desigualdad en relación con el resto de los
uniformados pertenecientes al curso de oficiales No. 082, a quienes sí se les realizó la
evaluación, lo cierto es que dicha consideración corresponde a una discrepancia con el
criterio adoptado por el ad quem, que se pronunció de la siguiente forma en el fallo objeto
de reparo:
En efecto, aunque se demostró que el demandante fue inicialmente convocado al
procedimiento de evaluación de trayectoria profesional, también se acreditó que la Junta
Asesora recomendó su retiro antes de que se consolidara ese procedimiento sin que ello
implique en sí mismo una vulneración del debido proceso, toda vez que la evaluación de
trayectoria no constituye un requisito legal y definitivo para el ascenso, ni la convocatoria un
óbice para que se aplique la figura del llamamiento a calificar servicios.
Es indudable que no está demostrado que la negativa de la entidad para evaluar la
trayectoria profesional del demandante obedeciera a una retaliación, pero, además, como
antes se advirtió, el litigio gira en torno al adecuado ejercicio de la facultad discrecional, y
solo ante la demostración de un vicio de legalidad en este ámbito (lo que no ha ocurrido),
sería procedente decidir en forma favorable a las pretensiones de la demanda y acceder al
restablecimiento del derecho.6
Igualmente expuso el accionante que no se tuvieron en cuenta los medios de convicción
que demostraban que, contrario a lo manifestado en el acto administrativo que ordenó su
retiro, sí existían suficientes vacantes para el grado de teniente coronel para el 2022,
circunstancia que evidenciaba la falsa motivación del acto demandado.
Sin embargo, y de la misma forma que el anterior argumento, lo aducido no va más allá de
un desacuerdo con lo decidido en el fallo enjuiciado, aunque dicho reproche hubiera sido
elevado en el proceso ordinario y, por consiguiente, estudiado en su momento por el
tribunal, como se observa:
En cuanto a la alegada falsa motivación, la Sala considera que el argumento relativo a la
existencia de vacantes para el grado de teniente coronel no resulta determinante para
decidir sobre la legalidad del acto, toda vez que el retiro por llamamiento a calificar servicios
jurídicamente no está condicionado a la disponibilidad de cargos para ascenso, sino a que
se hubiera servido el tiempo necesario para acceder a la asignación de retiro y al concepto
de la Junta Asesora.
Por tanto, la existencia de vacantes no constituye, según el ordenamiento jurídico un
elemento que obligue a la administración a mantener en sus filas a un oficial en procura de
ascenso, no desvirtúa la legalidad del retiro ni configura un error en la motivación del acto.7
Por último, el señor Restrepo Vanegas afirmó que las quejas anónimas formuladas en su
contra fueron el «verdadero y oculto móvil del acto», y fueron estas las que realmente
motivaron la expedición de la resolución que ordenó su retiro. Al respecto, se debe resaltar
que los reparos formulados ya fueron analizados por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño, y aunque son reiterados en esta sede, no trascienden la
mera inconformidad con lo ya concluido.
Se evidencia que, al abordar dichos cargos, el fallador de instancia se pronunció de la
siguiente manera:
6 Sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, de radicado 52001-33-33-006-2022-00173-01.
7 Ibidem.
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Asimismo, si bien se allegaron al expediente quejas y anónimos que se formularon contra el
demandante, no se demostró que estos fueran suficientes para adelantar una actuación
disciplinaria, determinantes para decidir sobre el retiro, ni que se hubiesen utilizado como
fundamento oculto del acto administrativo.
Por el contrario, la institución acreditó que esas quejas se archivaron y que el retiro
obedeció al cumplimiento de los requisitos legales, sin que se evidencie una motivación
desviada o una finalidad distinta de la prevista en el ordenamiento jurídico.
(…)
Respecto de los extensos argumentos de la parte demandante consignados en la demanda
y en su recurso, aunque es posible evidenciar que se presentaron quejas anónimas en
contra del demandante, no es posible advertir que esto se relacione con el objeto del acto
demandado pues, se repite, su finalidad era actualizar y renovar la institución castrense.
Pese a lo manifestado por la parte demandante y de acuerdo con lo que se demostró en el
proceso, si bien el señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas tuvo una trayectoria destacada,
lo cierto es que no se acreditó que fueran diferentes los motivos que orientaron la decisión
que se cuestiona, de aquellos que ampliamente se han establecido en la jurisprudencia
transcrita, y tampoco la parte demandante desvirtuó que ese objetivo fuera el que determinó
el actuar institucional
No se demostró pues, que existiera falsa motivación o exceso en la discrecionalidad del
acto acusado, o que con la decisión adoptada se encubrieran razones diferentes de las de
la renovación de la línea de mando, sobre todo porque el actor cumple los requisitos para
obtener una asignación de retiro.8
Como se logra avizorar, los reparos traídos por el tutelante en el mecanismo constitucional
no denotan una vulneración de sus derechos fundamentales, sino que, al ser una
reiteración de los argumentos ya debatidos, demuestran simplemente un disenso con la
postura adoptada en la sentencia accionada.
Asimismo, se encuentra que las consideraciones de la autoridad judicial, a primera vista,
no se muestran caprichosas o arbitrarias, por lo que es claro que el cargo por yerro fáctico
no satisface el requisito de relevancia constitucional, de modo que no es posible invadir el
ámbito del juez natural de la causa.
Por otra parte, en lo que concierne al cargo presentado por desconocimiento del
precedente, explicó el señor Restrepo Vanegas que la providencia cuestionada no atendió
la postura jurisprudencial contemplada en las sentencias SU-091 de 2016 y SU-217 de
2016 de la Corte Constitucional, al igual que en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-26-
2022 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Al respecto, manifestó que dichos precedentes consagran que no es aceptable que la
figura del llamamiento a calificar servicios sea utilizada como una herramienta de
persecución por razones de discriminación o abuso de poder, iteró los razonamientos
esbozados en el anterior cargo y, en síntesis, insistió en que en el proceso se probaron los
hechos discriminatorios de los que presuntamente fue objeto.
Con relación al referido cargo, considera esta sección que coincide con los reproches que
sustentan el cargo por defecto fáctico, y se dirige a alcanzar lo mismo, esto es, modificar la
8 Ibidem.
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valoración probatoria efectuada por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión para que, por medio de este mecanismo, se acoja su criterio particular.
Es evidente entonces que lo pretendido es la reapertura del debate surtido dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que exista tampoco en lo
expuesto en este reparo una argumentación tendiente a demostrar la grave violación de
sus derechos fundamentales y, por ende, resulta evidente que tampoco se cumple el
presupuesto de la relevancia constitucional en lo atinente al desconocimiento del
precedente.
Se advierte que lo argumentado por el demandante discute el análisis interpretativo
aplicable al caso concreto efectuado por la autoridad judicial accionada, así que dista del
objeto de la acción de tutela, que no es otro que el de resguardar derechos fundamentales
cuando se vean transgredidos o amenazados.
Esto es de suma importancia por cuanto el juez de amparo no puede realizar de nuevo el
estudio que cimentó la decisión controvertida, y al no advertirse la trascendencia
constitucional de la discusión planteada, no es dable en este escenario asumir las
facultades propias del funcionario judicial de instancia, en tanto que conllevaría un
deterioro del principio de juez natural; además porque esta acción no es un «juicio de
corrección» de la apreciación o valoración probatoria ya realizada en el trámite ordinario.
Entonces, la discusión sugerida por el tutelante no podía circunscribirse a la inconformidad
de criterios con el fallo refutado, pues debía explicar por qué la decisión tomada por el
tribunal resultó contraria a la Constitución, a la normativa y a la jurisprudencia,
especialmente si se tiene en cuenta que los jueces que conocen de la litis establecen el
alcance de los elementos probatorios aportados al plenario en ejercicio de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.
Así las cosas, no se cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis debido a que, con
los argumentos expuestos en la demanda constitucional, no se observa a primera vista
alguna actuación arbitraria de la autoridad accionada que desencadene la posible
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, sino el desacuerdo que tiene
respecto de la tesis adoptada por los jueces de primera y segunda instancia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.4.2. En todo caso, es necesario poner de presente que los argumentos presentados con
respecto al desconocimiento del precedente tampoco cumplen con el requisito de
subsidiariedad, ya que si el actor considera que la providencia enjuiciada aplicó de
manera errónea el precedente judicial contenido en la sentencia CE-SUJ-SII-26-2022,
contaba con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, consagrado en los
artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, para ventilar dicho reproche.
De tal manera, si el señor Restrepo Vanegas estimaba que el tribunal se alejó sin
justificación alguna de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida por esta
corporación, tuvo la oportunidad de hacer uso del mencionado recurso extraordinario para
que el Consejo de Estado determinara si había sido desconocido o no dicho precedente,
sin embargo, no hizo uso de dicho mecanismo en tiempo.
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Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de amparo de la
referencia por no cumplir los requisitos de relevancia constitucional, toda vez que el
accionante no desarrolló planteamientos que permitan considerar, prima facie, que su caso
amerita algún pronunciamiento adicional al realizado en el proveído objeto de reproche, y
de subsidiariedad, por haber contado con el recurso extraordinario de unificación para
elevar su inconformidad sobre la aplicación de la sentencia CE-SUJ-SII-26-2022.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Jesús
Antonio Restrepo Vanegas por no cumplir los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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