Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03635-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03635-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03635-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionante: JESÚS ANTONIO RESTREPO VANEGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
4 de junio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas, a través de apoderado judicial, solicitó
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 12 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 52001-33-33-
006-2022-00173-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Sostuvo que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 52001-33-33-006-2022-00173-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución núm. 1084 de 8 de marzo
de 2022, por medio del cual el Ministro de Defensa Nacional resolvió retirarlo del
servicio activo de la Policía Nacional “por llamamiento a calificar a servicios”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
2.2. Señaló que el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Pasto, autoridad judicial que, mediante sentencia de 21
de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Nariño, a través de sentencia de 12 de septiembre de 2025,
confirmó la anterior decisión.
2.4. Manifestóque las providencias antes referidas vulneraron los derechos
indicados supra, por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Referente al defecto fáctico señaló que “[…] el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN […] se sustrajo de analizar una serie de
pruebas que merecían una mayor importancia dentro de la relación probatoria, dada
su trascendencia y contundencia de acreditación de los hechos discriminatorios o
de persecución del cual padeció el Sr. Mayor JESÚS ANTONIO RESTREPO
VANEGAS y se configura flagrantemente la desviación de poder […]”.
2.6. Sobre el desconocimiento del precedente judicial indicó que “[…] pese a que al
TRIBUNAL ACCIONADO se le puso de presente la solicitud de aplicación del
precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia de Unificación SU. del 7 de
abril de 2022, expediente 520012331000- 2009-00349-01 (4288-2016) emitida por
el Consejo de Estado y, las Sentencias de Unificación SU-091 del 25 de febrero de
2016 y SU- 217 del 28 de abril de 2016 emitidas por la Corte Constitucional, dicha
Corporación optó por menospreciar las mismas y, contrario sensu, impartir una
interpretación errada y sesgada en el sub lite, pese a la clara orientación y alcance
que se le dio en la demanda, en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación. […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Que se AMPAREN los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, previstos en los artículos 29 y 229, de la
Constitución Política de Colombia, los cuales fueron vulnerados por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN,
Magistrada Ponente, Doctora BEATRIZ ISABEL MELODELGADO PABÓN,
como consecuencia de la VÍA DE HECHO que se materializó en la providencia
de fecha 12 de septiembre de 2025, notificada a través de correo electrónico
de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso confirmar la
decisión la Sentencia del 21 de marzo de 2025, emitida por el Juzgado (06)
Sexto Administrativo Oral De Pasto (Nariño), que denegó a nuestro prohijado
Señor Mayor ® JESÚS ANTONIO RESTREPO VANEGAS, las pretensiones de
la demanda, conforme a una interpretación y aplicación errada de la ley y, con
irrespeto de lo dispuesto en las (SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN S.U. - 091
DEL 25 DE FEBRERO DE 2016 Y S.U.- 217 DEL 28 DE ABRIL DE 2016
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
EMITIDAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL), en referencia a hechos
discriminatorios o de persecución que configuraría una desviación de poder.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha 12 de septiembre
de 2025, notificada a través de correo electrónico de fecha 26 de noviembre de
2025, mediante la cual se dispuso confirmar la decisión la Sentencia del 21 de
marzo de 2025, emitida por el Juzgado (06) Sexto Administrativo Oral De Pasto
(Nariño)5, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 52-001-33-33-006-2022-00173-00.
TERCERO: Como consecuencia de dicha declaración, se sirva, además,
ORDENAR a la Corporación accionada, REVOCAR en todas sus partes la
sentencia de fecha 12 de septiembre de 2025, notificada a través de correo
electrónico de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso
confirmar la decisión la Sentencia del 21 de marzo de 2025, emitida por el
Juzgado (06) Sexto Administrativo Oral De Pasto (Nariño) dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 52-001-
33-33-006-2022-00173-00 y, como consecuencia de dicha declaración,
disponer la materialización de las pretensiones de restablecimiento de derecho
que fueron deprecadas en la demanda que dio origen al precitado proceso
judicial. […]” . [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 14 de mayo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, ordenó comunicar la iniciación del trámite procesal a la Juez
Sexta Administrativa del Circuito de Pasto, al Ministro de Defensa Nacional y al
Director de la Policía Nacional en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto solicitó declarar la
improcedencia de la demanda constitucional, al no satisfacerse los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Asimismo, indicó
que las decisiones fueron proferidas con sustento legal, probatorio y fáctico, sin
incurrir en vulneración a derecho fundamental alguno.
5.2. El Tribunal Administrativo de Nariño señaló que no ha incurrido en la emisión
de una sentencia irrazonable, ni tampoco en la vulneración de los derechos
fundamentales alegados, por lo anterior, solicitó no acceder a las pretensiones del
accionante. Adicionalmente, indicó que “[…] el actor debió demostrar la inminencia
de un perjuicio grave e irremediable que no podría ser conjurado de otra forma
distinta que el ejercicio de este mecanismo de protección, lo cual en este caso no
puede configurarse, si se tiene en cuenta que su retiro discrecional data de hace
mucho más de tres años y que dentro del proceso ordinario el actor no demostró
aquello por lo que ahora acude a la vía constitucional. […]”.
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
5.3. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional solicitó
denegar las súplicas de la parte accionante ante la improcedencia de la acción de
tutela, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración alguna a sus
derechos fundamentales o que se esté ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o de una amenaza inminente e injustificada.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 4 de junio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela al no superar los requisitos de
relevancia constitucional y subsidiariedad.
7. Respecto del requisito de relevancia constitucional manifestó que “[…] no se
cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis debido a que, con los argumentos
expuestos en la demanda constitucional, no se observa a primera vista alguna
actuación arbitraria de la autoridad accionada que desencadene la posible
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, sino el desacuerdo que
tiene respecto de la tesis adoptada por los jueces de primera y segunda instancia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. […]”.
8. En cuanto al requisito de subsidiariedad indicó que el actor contaba con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, en caso de que este consideraba
que la providencia enjuiciada aplicó de manera errónea el precedente judicial
contenido en la sentencia CE-SUJ-SII-26-2022. Precisó que “[…] De tal manera, si
el señor Restrepo Vanegas estimaba que el tribunal se alejó sin justificación alguna
de la sentencia de unificación de jurisprudencia proferida por esta corporación, tuvo
la oportunidad de hacer uso del mencionado recurso extraordinario para que el
Consejo de Estado determinara si había sido desconocido o no dicho precedente,
sin embargo, no hizo uso de dicho mecanismo en tiempo. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo
siguiente:
“[…] denótese Honorables Consejeros que, aquí no estamos efectuando ninguna
reiteración de argumentos expuestos en sede judicial, sino que, por el contrario, lo
que se está predicando verdaderamente es que, en sede judicial el Tribunal
Accionado NO VALORÓ LAS DOCUMENTALES TRAÍDAS A COLACIÓN
DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL CONFORME A LAS NORMAS QUE
TAXATIVAMENTE SÍ ESTABLECEN UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE TRAYECTORIA PROFESIONAL PARA EFECTOS DE ASCENSO, LAS QUE
ADEMÁS DESATENDIÓ O IGNORÓ EN EL MARCO DE UNA ACTUACIÓN
PROCESAL QUE, POR LOGICA Y RESPETO POR EL DEBIDO PROCESO,
DENFENSA Y CONTRADICCIÓN, DEBIÓ SURTIRSE DE MANERA INTEGRAL;
circunstancias éstas que, materializan el DEFECTO FÁCTICO traído a
colación para efectos de invalidar la providencia judicial contenida en la sentencia
de fecha 12 de septiembre de 2025, la que, por demás, presentó un análisis
sesgado y sin apego a las normas que regulan expresamente el procedimiento de
evaluación de trayectoria profesional, el que, además, le impone al citado órgano
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
colegiado, el deber inicial de EVALUAR LA TRAYECTORIA PROFESIONAL del
personal oficial, para seguidamente proponer los nombres de quienes se quedan o
no en la institución, lo cual es a penas lógico, en la medida en que dicha
herramienta, esto es, la EVALUACIÓN deviene siendo el único instrumento legal
con el que cuenta la Policía Nacional, para efectos descubrir, conocer y
PROPONER EL NOMBRE O NO, de los señores oficiales que de manera real y
efectiva, garantizará el mejoramiento del servicio dentro de la Institución policial
(ART. 22 DECRETO 1791 DE 2000), y que en el caso de los no seleccionados,
subsiguientemente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° DE LA LEY 857
DE 2003, explicado renglones atrás, se deja entrever claramente el proceso que
debe continuar por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional de
la Policía Nacional, para efectos de abordar la última función que ahí se depone,
esto es, la relacionada con el retiro de la institución policial por llamamiento a
calificar servicios.
[…]
Así las cosas, y teniendo en cuenta los anteriores criterios legales y
jurisprudenciales, así como, los fundamentos facticos (sic) y a los suficientes
elementos de juicio que fueron ampliamente expuestos dentro del escrito de tutela
y, que, además podrá ser corroborado con el material probatorio que fue allegado
con todo el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho laboral por parte de la accionada la Honorable Magistrada Ponente, Dra.
BEATRIZ ISABEL MELODELGADO PABÓN, por tanto el Honorable Consejero
Ponente y demás integrantes de su digna sección del consejo de estado que
conozca de la presente impugnación, corroborarán que no solo el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO accionado en la providencia cuestionada, sino
también el Honorable Consejero Ponente, DR. OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ, y sus demás integrantes de su digna sección quinta del Consejo de
Estado, no solo incurrió en la desatención de unas pruebas trascendentales,
inclusive decretadas de oficio por la misma Honorable Magistrada Ponente, Dra.
BEATRIZ ISABEL MELODELGADO PABÓN dentro del medio de control, sino que
también, efectuó de por demás, una valoración defectuosa y contraevidente de las
pruebas existentes, dado el estudio imparcial y sesgado que desplegó frente a cada
una de las pruebas señaladas. […]”. [Negrilla del texto]
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…]Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico y en un desconocimiento del
precedente judicial.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. El señor Jesús Antonio Restrepo Vanegas, a través de apoderado judicial,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia y a la dignidad humana, cuya vulneración le atribuyó a
la sentencia de 12 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 52001-33-33-
006-2022-00173-00/01.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional.
VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de subsidiariedad
22. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
24. Advierte la Sala que la acción de amparo deviene improcedente por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad, en tanto que el accionante cuenta con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, mediante el cual puede cuestionar
las presuntas irregularidades presentadas por la autoridad accionada en la
aplicación del precedente judicial contenido en la sentencia CE-SUJ-SII-26-2022.
25. En ese orden de ideas, el accionante dispone de otro medio de defensa judicial
como lo es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, para
controvertir la providencia acusada.
26. Por lo expuesto, la solicitud de tutela resulta improcedente por no cumplir el
requisito general de procedencia de subsidiariedad.
VIII.4.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
27. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental12 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones13.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
28. En las acciones de tutela contra providencias judiciales14 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces15.
29. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].
30. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03635-01
Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
31. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
32. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
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Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
32.1. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico
y en un desconocimiento del precedente judicial.
32.2. Referente al defecto fáctico señaló que “[…] el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NARIÑO, SALA PRIMERA DE DECISIÓN […] se sustrajo de analizar una serie
de pruebas que merecían una mayor importancia dentro de la relación probatoria,
dada su trascendencia y contundencia de acreditación de los hechos
discriminatorios o de persecución del cual padeció el Sr. Mayor JESÚS ANTONIO
RESTREPO VANEGAS y se configura flagrantemente la desviación de poder […]”.
32.3. Sobre el desconocimiento del precedente judicial indicó que se desconocieron
“[…] las Sentencias de Unificación SU-091 del 25 de febrero de 2016 y SU- 217 del
28 de abril de 2016 emitidas por la Corte Constitucional, dicha Corporación optó
por menospreciar las mismas y, contrario sensu, impartir una interpretación errada
y sesgada en el sub lite, pese a la clara orientación y alcance que se le dio en la
demanda, en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación. […]”.
33. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural del asunto.
34. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
35. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad se sustenta, básicamente, en que el Tribunal confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
36. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo de Nariño en la providencia cuestionada:
“[…] En el caso bajo estudio es indudable que cuando la entidad demandada,
Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, expidió el acto acusado por
medio del cual se retiró del servicio activo a un personal actuó de conformidad
con las facultades previstas en el artículo 54, el ordinal 2 del artículo 55 y el
artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000 “por el cual se modifican las normas
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de
la Policía Nacional” […].
[…]
Sin perjuicio de lo anterior, en la Ley 857 de 2003 se dispuso que además de
las causales de retiro del servicio contempladas en el Decreto Ley 1791 de
2000, el retiro para suboficiales y oficiales de la Policía Nacional procederá
por llamamiento a calificar servicios, voluntad del Gobierno Nacional en el caso
de oficiales, del director general de la entidad cuando se trata de suboficiales o
por incapacidad académica (artículo 2). El artículo 3 de la misma norma
establece que el personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
podrá ser llamado a calificar servicios “solo cuando cumpla los requisitos para
hacerse acreedor a la asignación de retiro”.
[…]
A la luz de este contexto, resulta necesario precisar que el retiro por
llamamiento a calificar servicios constituye una facultad discrecional de la
administración regulada por la Ley 857 de 2003 y el Decreto Ley 1791 de 2000,
cuyo ejercicio exige únicamente que se verifiquen dos requisitos, i) que el oficial
haya cumplido el tiempo mínimo de servicio para acceder a la asignación de
retiro y, ii) que exista recomendación previa de la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa Nacional.
[…]
En el caso objeto de estudio el primer requisito es evidente, pues del contenido
de los documentos que se aportaron al expediente se desprende que, para la
fecha del llamamiento a calificar servicios el Mayor Jesús Antonio Restrepo
Vanegas había prestado sus servicios como oficial de la Policía Nacional
durante más de diecinueve (19) años (Fs. 374 a 377 archivo 2 SAMAI).
Es indudable, entonces, que el Mayor contaba en la época de su retiro con el
tiempo que exigen las normas legales para gozar de la asignación económica
respectiva, que se generaba por la dejación del servicio.
[…]
En efecto, aunque se demostró que el demandante fue inicialmente convocado
al procedimiento de evaluación de trayectoria profesional, también se acreditó
que la Junta Asesora recomendó su retiro antes de que se consolidara ese
procedimiento sin que ello implique en sí mismo una vulneración del debido
proceso, toda vez que la evaluación de trayectoria no constituye un requisito
legal y definitivo para el ascenso, ni la convocatoria un óbice para que se
aplique la figura del llamamiento a calificar servicios.
Es indudable, que no está demostrado que la negativa de la entidad para
evaluar la trayectoria profesional del demandante obedeciera a una retaliación,
pero, además, como antes se advirtió, el litigio gira en torno al adecuado
ejercicio de la facultad discrecional, y solo ante la demostración de un vicio de
legalidad en este ámbito (lo que no ha ocurrido), sería procedente decidir en
forma favorable a las pretensiones de la demanda y acceder al restablecimiento
del derecho.
Asimismo, si bien se allegaron al expediente quejas y anónimos que se
formularon contra el demandante, no se demostró que estos fueran suficientes
para adelantar una actuación disciplinaria, determinantes para decidir sobre el
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
retiro, ni que se hubiesen utilizado como fundamento oculto del acto
administrativo.
Por el contrario, la institución acreditó que esas quejas se archivaron y que el
retiro obedeció al cumplimiento de los requisitos legales, sin que se evidencie
una motivación desviada o una finalidad distinta de la prevista en el
ordenamiento jurídico.
[…]
Teniendo en cuenta que no se trata de una sanción, no tiene incidencia alguna
la debida prestación del servicio que debe ser una constante de todos los
servidores de la Policía Nacional y del Estado en general, porque como se ha
recabado se trata de una forma de relevo normal del personal, que se realiza
con honor, teniendo en cuenta que no de otra forma se podría atender el
número menor de cargos que existen en la cúspide de la pirámide que se
conforma con los oficiales superiores de este tipo de instituciones con el
propósito de actualizar el cuadro de mando, y siempre y cuando el destinatario
de la figura tenga derecho a su asignación de retiro.
[…]
Respecto de los cargos de nulidad tendientes a identificar el acto como
falsamente motivado o con desviación de poder, cabe recalcar que la carga de
la prueba correspondía al actor y, aunque no se desconoce la dificultad que
hay para demostrar los posibles aspectos psicológicos desviados que podrían
implicar que se emita la decisión de retirar a un miembro de la Policía
Nacional, pues en casos como estos es necesario acudir a una serie de
indicios toda vez que difícilmente se encontrará prueba directa de la desviación
de poder, es lo cierto que en este caso no hay siquiera un indicio que permita
advertir que no se actuó a la luz de los principios de proporcionalidad o
razonabilidad en la expedición del acto, y que su fundamento no fuera el de
terminar de manera normal y con las garantías legales la vinculación del
servidor, en procura de la renovación del personal de la institución.
[…]
Por último, la publicidad y contradicción que pretende el actor en relación con
el acto demandado, en sede administrativa, sin dudarlo terminaría con la
discrecionalidad que el legislador ha consagrado para hacer uso de la figura
del llamamiento a calificar servicios.
Precisado lo anterior, advierte la Sala que en atención al marco jurisprudencial
y normativo que se analizó, es indudable que la parte actora no cumplió con la
carga argumentativa y probatoria que le correspondía, tendiente a desvirtuar la
presunción de legalidad del acto administrativo. […]”. [Negrilla del texto]
37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.
38. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo de Nariño realizó un
estudio razonable del caso.
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”21. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
41. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de junio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibid.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionantes: Jesús Antonio Restrepo Vanegas
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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