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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03640-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03640-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03640-00 Actor: EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03640-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03640-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDWUAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEFENSA Y CONTRADICCIÓN.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

I.- ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03640-00
Actor: EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ

I.1.- La solicitud

El señor EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la defensa y al principio de

contradicción, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN

SEGUNDA al haber proferido la providencia de 13 de noviembre de

2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-

42-000-2013-00611-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

SEGURIDAD2 (DAS), mediante contratos de prestación de servicios

de forma continua e ininterrumpida desde el 16 de octubre de 2001

hasta el 31 de diciembre de 2011.

2
En adelante DAS.

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3

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Actor: EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ

Sostuvo que, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio núm.

1 2012 118911 3 de 13 de agosto de 2012 y, en consecuencia, se

reconociera que entre las partes existió un vínculo laboral entre las

fechas antes mencionadas, presentó demanda en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el DAS

y, posteriormente, se aceptó a la UNIDAD NACIONAL DE

PROTECCIÓN3 (UNP) como sucesora procesal.

Manifestó que el referido proceso fue identificado con el número de

radicación 2013-00611-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA4 que, mediante

providencia de 10 de marzo de 2023, accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda, por cuanto comprobó la prestación del

servicio de manera continua e ininterrumpida durante el período

comprendido entre el 17 de septiembre de 2010 y el 30 de diciembre

de 2011 y, en consecuencia, condenó a la UNP.

3
En adelante UNP.
4
En adelante TRIBUNAL.

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Actor: EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ

Señaló que, al igual que la parte demandada, interpuso recurso de

apelación, los cuales fueron desatados por la SECCIÓN SEGUNDA

que, mediante sentencia de 13 de noviembre de 2025, modificó la

decisión del a quo y, en su lugar, le ordenó a la allí demandada

reconocerle una indemnización equivalente a $22.506.116 (veintidós

millones quinientos seis mil ciento dieciséis pesos), liquidada de

conformidad con los honorarios pactados, por el período

comprendido entre el 17 de septiembre de 2010 y el 15 de noviembre

de 2011, sin tener en cuenta los períodos en que existieron

suspensiones.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la SECCIÓN SEGUNDA vulneró sus derechos

fundamentales al incurrir en defecto fáctico por indebida valoración

probatoria, por cuanto excluyó de su estudio elementos que fueron

legalmente aportados al proceso ordinario y que no fueron objeto de

tacha, con fundamento en que la certificación aportada era

insuficiente, lo cual, en su sentir, no obedeció a la realidad, puesto

que existían otras piezas procesales que dejaron de ser valoradas y

que, de haber sido analizadas en conjunto, se habría podido

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determinar con claridad que laboró todos y cada uno de los períodos

señalados en la demanda.

Afirmó que la autoridad judicial accionada le trasladó una carga

desproporcionada, pues pese a que aportó la totalidad de las

pruebas, optó por dejar de apreciarlas y, adicionalmente, “[…]

CULPAR a la parte actora del análisis de las pruebas que solo

correspondía realizar detalladamente al operador […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor solicitó el amparo de sus

derechos fundamentales invocados como violados y, en

consecuencia:

“[…] 2. Se DECLARE SIN VALOR NI EFECTO la SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 13 de noviembre de 2025
proferida por el LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A del
CONSEJO DE ESTADO dentro del medio de control ACCION
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
promovido por EDWAR FERNANDO MONTOYA GOMEZ contra
UNP, Expediente No. 25000234200020130061100 UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE en cuanto NEGO OTORGAR VALOR
PROBATORIO a la CERTIFICACION aportada legal y
oportunamente al proceso, con la existencia de adicionales
soportes documentales que acreditan el tiempo real de servicios
por mi prestados y en su lugar se orden proferir una sentencia
de reemplazo que valide la prueba oportunamente aportada,
reconociendo los periodos salariales, prestacionales e
indemnizatorios adeudados por la UNP al acreditarse la

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existencia de una relación laboral subordinada. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNP solicitó ser desvinculado del presente trámite

constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, por

cuanto las pretensiones del actor están orientadas a cuestionar la

valoración probatoria realizada por la autoridad judicial accionada

dentro del proceso ordinario objeto de estudio, frente a lo cual no

tiene competencia funcional.

I.5.2.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el link contentivo del

expediente de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual

se profirió la sentencia cuestionada, sin hacer pronunciamiento

alguno frente el fondo del asunto.

I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala advierte que la UNP solicitó ser desvinculada de la presente

acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la UNP fungió como parte demandada dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, objeto

del presente estudio, como tercera, le asiste interés en la resulta de

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la acción de tutela de la referencia, razón por la que la Sala denegará

su solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa

por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera

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del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que

deje sin efecto la providencia de 13 de noviembre de 2025,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2013-00611-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, a la defensa y al principio de contradicción, habida cuenta

que, a juicio del actor, la SECCIÓN SEGUNDA incurrió en defecto

fáctico, en la medida en que omitió otorgarle valor probatorio a la

certificación aportada legal y oportunamente al proceso ordinario,

con la existencia de adicionales soportes documentales, los cuales

acreditaban el tiempo real durante el cual prestó sus servicios.

Precisado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos deprecados e incurrió en

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el defecto fáctico alegado, al haber proferido la providencia de 13

de noviembre de 2025.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es que

se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del

juez natural, como si este mecanismo se tratara de una instancia

adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad del accionante

se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

omitió la valoración del material probatorio a partir del cual se

lograría determinar con claridad que laboró todos y cada uno de los

períodos señalados en la demanda, específicamente, de la

certificación laboral aportada.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, frente

al tiempo durante el cual el actor prestó sus servicios en el DAS,

concluyó lo siguiente:

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“[…] De los términos de prestación del servicio y la
prescripción e interrupciones contractuales.

64. Con el fin de probar la fecha de inicio de la prestación del
servicio, la parte actora considera que se debe tener en cuenta
la siguiente certificación:

“Que el señor EDWAR FERNANDO MONTOYA GÓMEZ
Identificado con cedula de ciudadanía xxxx, prestó sus servicios
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde el 16 de
octubre de 2001 hasta el 1 de septiembre de 2009, como escolta
contratista al servicio del Programa Especial de Protección del
Ministerio del Interior y de Justicia, el cual es administrado por
el DAS.” (Subrayas para resaltar).

65. Sin embargo, para la Sala la certificación allegada carece de
fuerza probatoria para establecer que la fecha de iniciación de
las actividades del actor fue el 16 de octubre de 2001, por lo que
no se le puede dar valor como indicio suficiente, ya que, si bien
no se ha exigido como única prueba para demostrar la
prestación, sea el contrato escrito, no existe prueba
complementaria que aclare las circunstancias, -en particular las
de orden temporal- en las que supuestamente se desarrolló la
labor.

66. De su contenido se desprende que el actor hubiera
desarrollado una única prestación del servicio, lo cual contrasta
con las vinculaciones posteriores al año 2002 que sí cuentan con
contrato escrito, en las que se advierten múltiples suspensiones;
tanto que estas fueron determinantes para que el Tribunal
declarara probada la prescripción de algunos periodos, lo que
refuerza la falta de continuidad que existió durante toda su
vinculación a la entidad.

67. En relación con el año 2001 -periodo expresamente negado
en primera instancia-, no obra en el expediente prueba alguna
que permita corroborar la supuesta prestación del servicio. Por
el contrario, al revisar las colillas de pago, los comprobantes a
aportes al sistema de seguridad social, las minutas y los libros
de registro, se constata que todos son exclusivamente del 2002
en adelante; por lo que resulta llamativo para la Sala, que la
parte actora no haya aportado un solo elemento que respalde su
afirmación respecto de ese año y pretenda acreditarlo con una
simple certificación.

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68. Por lo anterior, frente a la inconformidad, referente a tener
como extremo de la relación laboral el 16 de octubre de 2001,
considera esa Sala que no le asiste razón al demandante y se
confirmará la decisión de primera instancia en este sentido.
(…)

70. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyó que
las interrupciones que se presentaron generaron solución de
continuidad y que el vínculo fue ininterrumpido únicamente
desde el 17 de septiembre de 2010 hasta el 30 de diciembre de
2011, motivo por el cual declaró la prescripción de los contratos
anteriores a este periodo.

71. Si bien esto es cierto, es importante analizar una a una las
suspensiones, pues se presentaron tres interrupciones
significativas: 1. entre la culminación del contrato 016 de 2011
(30 de noviembre de 2002) y el inicio del 061 de 2003 (1 de
junio de 2003), existió una interrupción de 123 días hábiles; 2.
Entre la culminación del contrato 227 de 2004 (28 de febrero de
2005) y el inicio del 467 de 2005 (31 de agosto de 2005), existió
una interrupción de 122 días hábiles y 3. entre la culminación
del contrato 149 de 2008 (28 de septiembre de 2009) y el inicio
del 296 de 2010 (17 de septiembre de 2010), existió una
interrupción de 11 meses y 16 días calendario.

72. Lo anterior se traduce en términos ostensiblemente amplios,
que implican un rompimiento del vínculo contractual entre las
partes, que no se logra desvirtuar con ninguna de las pruebas
aportadas. En ese sentido, a partir de la finalización de los
contratos 016 de 2002, 227 de 2004 y 149 de 2008, surgió la
obligación de la parte demandante de reclamar su derecho
dentro de los tres años siguientes.

73. Está acreditado que solo el 09 de agosto de 2012 solicitó al
DAS en supresión, el reconocimiento de la relación laboral y las
prestaciones sociales derivadas de aquella. Por esa razón, operó
la prescripción extintiva frente a los derechos laborales causados
antes del 17 de septiembre de 2010, fecha en la que inició la
última relación contractual que se prorrogó de manera continua
hasta el 15 de noviembre de 2011 y, presentó la reclamación el
9 de agosto de 2012 y la demanda el 18 de diciembre de 2012,
por lo que la decisión de primera instancia se encuentra ajustada
a la realidad y se confirmará este punto.

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74. Se advierte que, tal como lo ordenó la primera instancia,
esta prescripción no afecta los periodos pensionales.

75. Ahora bien, revisada la última vinculación mediante el
contrato Nro. 265 de 2011, se observa que la misma fue hasta
el 15 de noviembre de 2011 y no hasta el 30 de diciembre de
2011, como lo indicó la primera instancia.

76. Es por esto, que deberá modificarse el numeral segundo en
cuanto a los extremos encontrados, y tener por probado, el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 15 de
noviembre de 2011, pues no obran pruebas que permitan
establecer unos extremos diferentes. […]”.

De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que, al resolver el problema jurídico la SECCIÓN

SEGUNDA efectuó un análisis del material probatorio obrante en el

proceso, frente al cual determinó que se encontraba acreditado que

el tiempo durante el cual el actor prestó sus servicios fue desde el 17

de septiembre de 2010 hasta el 15 de noviembre de 2011.

Ahora, frente a la inconformidad del demandante relativa a que se

dejó de valorar la certificación laboral aportada, la autoridad judicial

accionada explicó que dicho documento carecía de fuerza probatoria

para establecer que la fecha de inicio de sus actividades fue el 16 de

octubre de 2001, por lo que no se le podía dar valor como indicio

suficiente, ya que, si bien no se había exigido el contrato escrito como

única prueba para demostrar la prestación, no obraba una

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complementaria que aclarara las circunstancias de tiempo en las que

supuestamente aquel desarrolló su labor.

Asimismo, resaltó que el actor no aportó un solo elemento que

respaldara su afirmación respecto del inicio de la prestación del

servicio desde el 2001, la cual pretendía acreditar únicamente con la

certificación allegada y, por el contrario, de la revisión del material

probatorio, esto es, las colillas de pago, los comprobantes a aportes

al sistema de seguridad social, las minutas y los libros de registro, se

constató que todos correspondían exclusivamente del 2002 en

adelante.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN SEGUNDA

se pronunció, precisamente, frente a las inconformidades que ahora

alega el actor en sede constitucional, sin que se vislumbre que pudo

haber actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los

límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto

carece del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

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de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN SEGUNDA decidió el asunto sometido a

su consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez constitucional, quien no puede desconocer

la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD

NACIONAL DE PROTECCIÓN (UNP), por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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