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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03643-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03643-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03643-00 Actores: MARCO OLIVIO MORA ORTEGA Y OTROS

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03643-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03643-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: MARCO OLIVIO MORA ORTEGA Y OTROS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Los señores MARCO OLIVIO MORA ORTEGA, BENIGNO MUÑOZ,

GENARO CARVAJAL CÓRDOBA, CARLOS BUESAQUILLO DÍAZ y

EUGENIO ADADIER RUIZ ORTEGA, actuando a través de

1
En adelante Tribunal.

2

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apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso

a la administración de justicia y al principio de reparación integral,

los cuales estiman vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido

la providencia 20 de noviembre de 2025 dentro del medio de control

de reparación directa identificado con el número único de radicación

2016-00705-01.

I.2. Hechos

Señalaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de

control de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL2 - POLICÍA NACIONAL3, con el fin de que

se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por los

perjuicios materiales y morales sufridos con ocasión de la actividad

lícita de fumigación aérea con el herbicida glifosato, adelantada por

la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS los días 19, 20, 23 y 31 de

octubre de 2014, en diferentes veredas del MUNICIPIO DE

PUERTO ASÍS4 (PUTUMAYO), la cual habría afectado cultivos lícitos

en su propiedad, entre ellos, chontaduro, maíz, pasto, cacao y caña.

2
En adelante Ministerio.
3
En adelante Policía.
4
En adelante Municipio.

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Afirmaron que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2016-00705-00 y fue conocido en primera instancia por el

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MOCOA5 que, en sentencia de 13 de mayo de 2020, accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Manifestaron que la parte vencida interpuso recurso de apelación,

que fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia de 20 de

noviembre de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda, sumado a ello, los condenó

en costas.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la providencia judicial acusada incurrió en

defecto fáctico al desconocer las reglas de la sana crítica y omitir

apreciar las pruebas en conjunto, situación que llevó a concluir

erróneamente la inexistencia del nexo causal y del daño.

En particular, alegaron que el TRIBUNAL desestimó

injustificadamente los informes técnicos del Centro Provincial de

Gestión Agroempresarial, pese a que estos acreditaban la ausencia

de cultivos ilícitos, su afectación y la proximidad geográfica de las

5
En adelante Juzgado.

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operaciones de aspersión, por lo que se impuso una exigencia

desproporcionada de georreferenciación exacta y se desconoció el

precedente jurisprudencial dispuesto por el Consejo de Estado sobre

la suficiencia de la prueba indiciaria en casos de daños por glifosato.

De otra parte, reprocharon que se restó valor probatorio a las

certificaciones expedidas por las juntas de acción comunal, pese a

que no fueron tachadas de falsas y constituían, junto con otros

elementos, un indicio válido de la ocurrencia de las aspersiones y de

la afectación de los cultivos en zonas rurales de difícil acceso.

Destacaron que el TRIBUNAL realizó una indebida valoración de la

tacha formulada contra el testimonio del señor CARLOS EVERT

PACHICHANA SOLARTE, pues descartó su declaración por tener un

interés similar en otro procesal judicial, sin efectuar el análisis íntegro

de credibilidad y corroboración exigido por la sana crítica. De igual

forma, que se descartaron documentos relevantes como créditos del

Banco Agrario, tablas de amortización, resoluciones del INCODER y

escrituras públicas, que acreditaban la existencia y explotación de

cultivos lícitos.

Finalmente, afirmaron que frente al caso del señor GENARO

CARVAJAL CÓRDOBA, el TRIBUNAL interpretó erradamente una

supuesta discrepancia temporal entre la fecha de aspersión y la fecha

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del reporte del daño, sin considerar los efectos diferidos del glifosato

y la prueba indiciaria que demostraba la relación entre las

fumigaciones realizada en octubre de 2014 y la afectación posterior

de los cultivos.

Señalaron que también incurrió en defecto sustantivo por

desconocimiento precedente jurisprudencial al aplicar un

estándar desproporcionado y contrario a lo dispuesto por el Consejo

de Estado6, pues se les exigió una prueba técnica o científica

definitiva para acreditar el nexo causal entre las aspersiones con

glifosato y los daños a los cultivos, desconociendo que se ha admitido

la prueba indiciaria como mecanismo suficiente en este tipo de casos,

lo que significa que, a su juicio, el daño puede acreditarse a partir de

indicios concurrentes como la existencia de aspersiones en la zona,

la presencia de siembras lícitas, su afectación, la ausencia de cultivos

ilícitos y la inexistencia de otra causa probable del daño.

En ese orden de ideas, refirieron que se les impuso una carga

irrazonable e imposible de satisfacer para campesinos afectados

cuyos cultivos ya habían desaparecido al momento del proceso, pese

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de febrero
de 2014, radicación 41001-23-31-000-2000-02956-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación 19001-23-31-
000-2010-00350-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia
de 17 de septiembre de 2018, radicación 19001-23-31-000-2010-00350-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo
de 2025, radicación 19001-23-33-000-2014-00488-01.

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a que la POLICÍA NACIONAL no probó la existencia de factores

alternativos que explicaran su pérdida y, que, de conformidad con la

jurisprudencia constitucional, se debe flexibilizar la valoración

probatoria en contextos rurales y de conflicto armado.

Finalmente, indicaron que se incurrió en violación directa de la

Constitución al desconocer el artículo 90 que establece la

responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos que le

sean imputables, así como los derechos a la igualdad y al acceso a la

administración de justicia, al negar sin justificación objetiva la

reparación integral de los daños causados, en contraste con casos

similares resueltos por el Consejo de Estado.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 20 de noviembre
de 2025 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO –
SALA DE DECISIÓN, dentro del medio de control de reparación
directa radicado 86001-33-31-001-2016-00705-01, que revocó la
sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.

TERCERO: ORDENAR al Honorable Tribunal accionado que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la sentencia de tutela, profiera una nueva sentencia de segunda
instancia en la que, con libertad de criterio pero respetando las
reglas de la sana crítica, el precedente jurisprudencial vinculante y
el principio de reparación integral (artículo 90 C.P.), valore
integralmente todas las pruebas (incluyendo los informes del
Centro Provincial de Gestión Agroempresarial, las certificaciones de

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las Juntas de Acción Comunal, los créditos del Banco Agrario, el
testimonio del señor Carlos Evert Pachichana Solarte y demás
documentos), aplique el régimen de responsabilidad por riesgo
excepcional conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado,
declare la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional por los daños causados a los cultivos lícitos de los
accionantes, y condene en abstracto al pago de perjuicios
materiales (daño emergente y lucro cesante) de conformidad con
lo establecido en el artículo 193 del CPACA y los criterios fijados en
la parte motiva de la sentencia de primera instancia, que fueron
correctos, respetando el derecho a la reparación integral.

CUARTO: (Subsidiario) En caso de no accederse a lo anterior, y
con el fin de poner fin a la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, solicito se ordene al Honorable
Tribunal accionado CONFIRMAR la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa el 13 de
mayo de 2020, o se dicten las medidas que correspondan para
cesar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
[…]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y la POLICÍA sostuvieron que la solicitud de

amparo resulta improcedente, por falta del requisito de la relevancia

constitucional.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el link contentivo del

expediente ordinario digital, sin emitir pronunciamiento alguno.

I.6.2.- El MINISTERIO, pese a ser notificado en debida forma,

guardó silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las

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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se

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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 20 de noviembre de 2025,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

2016-00705-01.

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de justicia y al principio de reparación integral, habida

cuenta que, a juicio de la parte actora, incurrió en los defectos

fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente y

violación directa de la Constitución, al valorar de manera errada

y sesgada las pruebas, aplicar un estándar probatorio

desproporcionado y rechazar sin justificación alguna las que

acreditaban la ocurrencia del daño y su nexo causal, así también, por

desconocer la postura del Consejo de Estado frente a la prueba

indiciaria en casos de glifosato.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial; y ii) de superarse tal derrotero,

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

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por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

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judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

presente acción de tutela no cumple con el requisito general de la

relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por la

parte actora es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a

consideración del juez natural, como si este mecanismo

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constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso

ordinario.

En efecto, la inconformidad de los actores se sustenta, básicamente,

en que la autoridad judicial accionada no valoró adecuadamente el

material probatorio allegado al proceso ordinario, mediante el cual

se lograba establecer el daño causado y el nexo causal con la

aspersión de glifosato sobre sus cultivos.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, el cual fue resuelto por el

TRIBUNAL, así:

“[…] Ahora bien, los demandantes sostuvieron que los daños
tuvieron origen en las aspersiones realizadas entre el 19 y el 31
de octubre de 2014. No obstante, en el caso del señor Genaro
Carvajal Córdoba, el formulario de queja No. 199082 señala
como fecha del hecho el 23 de noviembre de 2014, lo cual ya de
entrada resulta inconsistente con el marco temporal alegado en
la demanda.

De acuerdo con la certificación No. 199082 del 25 de enero de
2015, expedida por la Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional, para esa fecha no se efectuaron operaciones de
aspersión aérea con glifosato en el municipio de Puerto Asís (P).
En virtud de ello, mediante Auto No. S-2015-008326/ARECI-
GRUAQ-44 del 10 de febrero de 2015, la autoridad competente
rechazó la queja, al no poder establecer relación de causalidad
entre los supuestos daños y las operaciones de erradicación.

Aunque el actor allegó un informe de visita del 10 de diciembre
de 2014 del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de los
Puertos, este no precisa la fecha de la aspersión que motivó la
diligencia, lo que impide vincularlo con los hechos narrados.

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Además, el propio libelo ubica los daños en octubre, mientras la
queja se refiere a noviembre, evidenciando una clara
discrepancia temporal y fáctica.

Por lo anterior, el Tribunal concluye que las pretensiones del
señor Genaro Carvajal Córdoba no prosperan, al no acreditarse
la ocurrencia del daño ni el nexo causal con la aspersión aérea,
ante la falta de correspondencia cronológica y la inexistencia de
prueba técnica que sustente su reclamación.

Por otro lado, en relación con los señores Benigno Muñoz, Carlos
Buesaquillo, Eugenio Adalier Ruiz Ortega y Marco Olivio Mora
Artega, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional,
mediante Oficio No. S-087729-DIRAN/SURAN-ARECI-29.25 del
2 de noviembre de 2016, informó que estos no presentaron
queja dentro del trámite administrativo establecido para
reportar las presuntas afectaciones ocasionadas por las
aspersiones aéreas.

No obstante, llama la atención del Tribunal que, pese a lo
anterior, en el expediente obra el formulario de queja radicado
por el señor Benigno Muñoz el 6 de noviembre de 2014, en el
cual reportó daños en cultivos de palmito, maíz y pasto como
consecuencia de la aspersión aérea con glifosato del 23 de
octubre de 2014, sobre un predio ubicado en la vereda La
Cabaña, municipio de Puerto Asís (P). Sin embargo, dicho
documento constituye el único antecedente del trámite
administrativo, sin que obre evidencia sobre su seguimiento,
resultado o eventual remisión a la Dirección Antinarcóticos.

Como prueba del daño, el señor Benigno Muñoz allegó el informe
de visita expedido por el Centro Provincial de Gestión
Agroempresarial de Puerto Asís el 7 de noviembre de 2014, en
el cual se dejó constancia de que, tras realizar una inspección al
predio denominado “El Cedrito”, de propiedad del demandante,
se certificó que:

[…]

Si bien el informe guarda proximidad temporal razonable con los
hechos denunciados, lo que permite considerar sumariamente
acreditado el daño, su alcance probatorio es limitado, toda vez
que solo registra las coordenadas de vuelo, sin identificar las
coordenadas exactas del predio, lo cual impide establecer con
certeza que la ruta de aspersión haya abarcado el inmueble
afectado. Esta omisión restringe la posibilidad de determinar un
nexo causal cierto entre la actividad estatal y la afectación
reportada.

Respecto de los señores Carlos Buesaquillo, Eugenio Adalier Ruiz
Ortega y Marco Olivio Mora Artega, se acreditó la ausencia de

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queja formal ante las autoridades competentes. Aunque tal
trámite no constituye requisito de procedibilidad, su omisión
limita la verificación técnica y temporal de los hechos, al tratarse
del primer medio institucional para documentar los daños.

En el caso del señor Carlos Buesaquillo Díaz, obran como
pruebas para acreditar el daño las certificaciones del 21 de
marzo de 2015 y del 18 de septiembre de 2015, suscritas por el
presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto
Santa María, en las cuales se dejó constancia de que:

[…]

Sin embargo, el Tribunal considera que tales certificaciones no
son medios probatorios idóneos, al tratarse de declaraciones
informales, de carácter testimonial y sin respaldo técnico o
institucional. Fueron expedidas varios meses después de los
hechos, lo que debilita su credibilidad, y no se encuentran
corroboradas por actas de visita, dictámenes técnicos ni
informes oficiales.

Situación similar se predica de los señores Eugenio Adalier Ruiz
Ortega y Marco Olivio Mora Artega, quienes solo allegaron
certificaciones comunales genéricas (10 de julio y 17 de marzo
de 2015, respectivamente), carentes de rigor técnico y sin
elementos verificables que acrediten daño o su imputación a la
entidad demandada.

Debe añadirse que no existe disposición normativa que habilite
a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para certificar
la existencia de cultivos ilícitos o los efectos de las aspersiones
aéreas, funciones de naturaleza técnica y especializada,
reservadas a las autoridades competentes.

En cuanto al señor Marco Olivio Mora Artega, si bien se allegó
un concepto técnico de verificación y viabilidad de plantación
forestal para registro ICA, derivado de visita del 10 de abril de
2014, dicho documento solo da cuenta del estado previo de los
cultivos, elaborado meses antes de las aspersiones que
originaron la demanda, por lo cual no constituye prueba idónea
del daño ni acredita afectación alguna derivada de la operación
aérea.

Respecto al testimonio del señor Carlos Evert Pachichana
Solarte, el Tribunal advierte que no reviste la solidez ni
credibilidad suficiente para otorgarle valor determinante dentro
del acervo probatorio. Si bien su declaración es amplia en la
descripción de los hechos y de los supuestos daños sufridos por
los demandantes, su imparcialidad se encuentra comprometida,
toda vez que el propio declarante reconoció haber sido víctima
de una situación similar, por la cual interpuso una acción de

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reparación directa con fundamento en los mismos hechos de
aspersión aérea con glifosato.

Adicionalmente, la parte demandada formuló tacha de testigo,
señalando el interés personal y directo del declarante en el
resultado del proceso, lo que reduce significativamente la fuerza
persuasiva de su testimonio. En consecuencia, el Tribunal
considera que su declaración carece de objetividad y no ofrece
garantías de independencia, pues proviene de una persona que
persigue un beneficio judicial análogo.

Por lo anterior, el dicho del señor Pachichana Solarte no puede
ser considerado prueba suficiente ni confiable para acreditar los
hechos alegados por los demandantes, limitándose a constituir
un relato subjetivo y parcial, sin respaldo técnico ni
corroboración con otras pruebas idóneas dentro del expediente.

Aunque es cierto que la aspersión aérea con glifosato constituye
una actividad peligrosa, cuyas consecuencias dañosas pueden
generar responsabilidad estatal bajo el régimen objetivo de
riesgo excepcional, dicha circunstancia no exonera al Tribunal
del deber de verificar la existencia del daño antijurídico y,
especialmente, del nexo causal entre la conducta administrativa
y la afectación reclamada. La sola realización de la aspersión no
comporta, por sí misma, una presunción automática de
responsabilidad, ni puede extenderse su alcance a perjuicios
cuya conexión con el hecho generador resulte meramente
eventual o hipotética, como se plantea en la demanda […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se advierte

que el TRIBUNAL elaboró un recuento de las pruebas aportadas al

proceso ordinario y, a partir de dicho análisis, concluyó que no se

acreditó de manera suficiente que las operaciones de aspersión con

glifosato realizadas en la región entre el 19 al 31 de octubre de 2014

hubiesen causado la pérdida de los cultivos de la parte actora, de tal

forma que no se demostró de manera suficiente ni el daño

antijurídico ni el nexo causal con la aspersión aérea, por lo que no

había lugar a declarar la responsabilidad estatal.

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Para lo anterior, destacó que en el caso del señor GENARO

CARVAJAL CÓRDOBA existía una inconsistencia temporal entre los

hechos narrados en la demanda y el formulario de queja, además,

que según el certificado de la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS,

en la fecha consignada no se realizaron operaciones de aspersión en

el MUNICIPIO, razón por la que la reclamación fue rechazada

administrativamente al no encontrarse acreditada la relación causal,

de tal forma que, aunque se aportó un informe técnico del Centro

Provincial de Gestión Agroempresarial, este no precisaba la fecha del

riego ni permitía vincular los daños reportados con los hechos

alegados, concluyendo así que no existía correspondencia

cronológica ni prueba técnica suficiente para demostrar la

responsabilidad del Estado.

Ahora, en cuanto a los demás demandantes, destacó que las

certificaciones expedidas por las juntas de acción comunal carecían

de idoneidad probatoria, por tratarse de declaraciones informales, sin

respaldo técnico o institucional y elaboradas varios meses después

de los hechos alegados.

Finalmente, la autoridad judicial accionada restó valor probatorio al

testimonio del señor CARLOS EVERT PACHICHANA SOLARTE al

considerar comprometida su imparcialidad, dado que el propio

declarante manifestó haber iniciado una acción judicial similar por los

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mismos hechos.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial

tampoco cumple con la carga argumentativa que fundamente dicha

afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a citar apartes de las

sentencias que hace alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica

que pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el

proceso ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sección16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al

proceso, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena

de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso adicional

para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

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competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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