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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03645-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03645-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento del Chocó – Municipio del Río Quito. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto, así como también respecto a los argumentos planteados en la adición de la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora María Rosney Cabrera Rodríguez en lo demás, de conformidad con los argumentos expuestos en procedencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03645-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03645-00
Accionante: María Rosney Cabrera Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Chocó

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Acción de grupo.

Decisión: Declarar improcedente frente a los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental absoluto, así como de la adición de la acción de tutela
por incumplir el requisito de subsidiariedad y negar las pretensiones
respecto del defecto orgánico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la señora María Rosney Cabrera Rodríguez, a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Chocó, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la
administración de justicia, la igualdad y al principio de legalidad, con ocasión de la
expedición de las providencias del 14 y 27 de abril de 2026 al interior de la acción
de grupo con radicado 27001-33-33-001-2009-00224-04.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Un grupo de ciudadanos presentaron acción de grupo contra el municipio de Río
Quito, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
el Ministerio de Minas y Energía – Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial, con la finalidad de que se les ordenara cesar todo
tipo de actividad mineral ilegal en la cuenca del Río Quito y adoptar las medidas
necesarias para retrotraer las consecuencias de dicha actividad.

3. Además, solicitaron que se les condenara a pagar una indemnización i) colectiva
causada por la contaminación provocada en la fuente hídrica, los daños
ocasionados por desbordamiento y sedimentación en los corregimientos ubicados
sobre las riberas del río y ii) otra individual por concepto de daño emergente y lucro
cesante.

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, mediante sentencia del

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Accionante: María Rosney Cabrera Rodríguez

3 de marzo de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó que se
publicara la parte resolutiva de la decisión judicial en dos diarios de amplia
circulación nacional (el Tiempo y el Espectador) y regional, dentro del mes siguiente
a la ejecutoria, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por
los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presentaran
dentro de los 20 días siguientes y acreditaran su pertenencia a cualquiera de los
grupos afectados.

5. Inconformes, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible interpusieron recurso de apelación, pero el Tribunal
Administrativo del Chocó, a través de la sentencia del 27 de enero de 2017, confirmó
la decisión judicial anterior.

6. Sin embargo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó acción
de tutela en su contra por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Al respecto, el Consejo de Estado, mediante providencia del 9 de septiembre de
2021, dejó sin efectos la sentencia del 27 de enero de 2017 y ordenó su reemplazo,
pues consideró que no se analizaron todos los argumentos planteados en los
recursos de apelación y no se atendieron los criterios necesarios para la
conformación del grupo. En segunda instancia, a través de la sentencia del 2 de
mayo de 2022, se confirmó esta decisión.

7. En consecuencia, la autoridad judicial accionada, mediante sentencia del 27 de
mayo de 2022 y en atención a las órdenes de esta Corporación, profirió nueva
decisión, en el sentido de confirmar la sentencia del 3 de marzo de 2016. La
providencia quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2022. Con posterioridad, la
Secretaría General del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó
expidió el extracto de la sentencia para efectos de su publicación.

8. No obstante, la señora María Rosney Cabrera Rodríguez, por conducto de
apoderado judicial y otros interesados, promovieron incidente de nulidad dentro del
proceso ejecutivo seguido a continuación de la acción de grupo, alegando la
indebida notificación y publicación del extracto de la sentencia, así como la
necesidad de ordenar una nueva publicación conforme a lo dispuesto en el fallo de
27 de mayo de 2022.

9. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, a través del auto del 2
de octubre de 2025, rechazó de plano el incidente de nulidad, al considerar, entre
otros aspectos, que la solicitud era extemporánea y que algunos de los
incidentantes carecían de legitimación para promoverla a nombre propio cuando
debían actuar a través de apoderado.

10. Contra dicha decisión, la accionante y los demás incidentantes interpusieron
recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, insistiendo en que la
publicación del extracto no se había realizado en la forma prevista por la sentencia
y que ello configuraba una causal de nulidad procesal.

11. Por otro lado, el 9 de octubre de 2025, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Quibdó aceptó la transacción parcial celebrada entre la parte ejecutante

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y las entidades ejecutadas, mediante la cual acordaron la forma de pago del capital
reconocido en el proceso, las agencias en derecho de la acción de grupo y del
proceso ejecutivo conexo, así como los intereses causados hasta la fecha del primer
pago acordado. Contra esta decisión, la parte aquí accionante interpuso recurso de
apelación.

12. Luego, el Tribunal, a través del auto del 14 de abril de 2026 ordenó a Secretaría
digitalizar los folios 381 – 383 y 385 – 390, para que pudieran ser objeto de consulta
de forma expedita y fácil por los interesados en el proceso.

13. Sin embargo, la accionante presentó diversos memoriales, recursos y
observaciones solicitando su valoración y el pronunciamiento de la autoridad judicial
sobre inconsistencias advertidas.

14. El 27 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el rechazo
de plano del incidente de nulidad, al considerar que los solicitantes comparecieron
al proceso de reparación de perjuicios más de dos años y medio después del
emplazamiento de la sentencia, lo que les impedía integrarse al grupo para reclamar
la indemnización y les restaba legitimación para actuar como terceros con interés
legítima en el proceso ejecutivo.

2.2. Fundamento jurídico

15. La parte accionante sostuvo que la providencia del 27 de abril de 2026 vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y la igualdad. De igual forma, indicó que incurrió en los siguientes defectos:

16. Fáctico: al omitir valorar la prueba documental decretada de oficio mediante auto
del 14 de abril de 2026 y los documentos incorporados al expediente electrónico, lo
cuales, a su juicio, demostraban que el extracto utilizado correspondía a una
sentencia previamente anulada por el Consejo de Estado.

17. Procedimental absoluto: por cuanto el Tribunal profirió el auto del 27 de abril
de 2026 sin resolver previamente el recurso de reposición interpuesto contra el auto
del 14 de abril de 2026 y los múltiples memoriales presentados durante el trámite
de la apelación, lo que, a su juicio, desconoció el artículo 318 del CGP.

18. Sustantivo: dado que aplicó el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 para dar por
cumplida la publicación de la sentencia, pese a que la decisión judicial ejecutoriada
habría impuesto un requisito distinto y exigente.

19. Orgánico: debido a que el auto del 27 de abril de 2026 fue suscrito únicamente
por la magistrada ponente, sin la firma de los demás integrantes de la Sala, pese a
que, según la accionante, la decisión debía adoptarse de manera colegiada.

20. Aunado a lo anterior, la parte accionante estimó que se cumplen los requisitos
de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales. Al respectó destacó que
se cumple el requisito de subsidiariedad, aun cuando interpuso un recurso de
súplica contra la decisión judicial cuestionada que, a la fecha, no se ha resuelto,
pues, a su juicio, dicho medio de defensa es improcedente.

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21. Con posterioridad, la parte accionante presentó memorial de adición insistiendo
en algunos de los defectos previamente expuestos, y alegó que la autoridad judicial
accionada en la providencia del 27 de abril de 2026 «limitó su análisis
exclusivamente a la apelación del incidente de nulidad por indebida notificación,
omitiendo por completo plasmar los fundamentos jurídicos, motivacionales respecto
a la apelación de transacción».

22. De igual forma expuso lo siguiente: «incongruencia en la resolución EN marcado
contraste y contradicción, en la parte resolutiva (el RESUELVE), la magistrada
confirmó el auto del 09 de octubre de 2025 (relativo a la transacción), pero guardó
absoluto silencio y omitió resolver la apelación del auto del 02 de octubre de 2025
(relativo al incidente de nulidad)».

2.3. Pretensiones

23. La parte accionante solicitó:

4.1. TUTELAR los derechos fundamentales de MARIA ROSNEY CABRERA
RODRIGUEZ.

4.2. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado desde el auto
inexistente del 2 de marzo de 2026, incluyendo:

a) El Auto 14/04/2026 por Falsedad Ideológica, b) El Auto 27/04/2026 por:

b.1) Defecto Fáctico por Omisión Dolosa al no valorar folios 381, 382, 283, 384, 385,
386, 387, 388, 389 y 390. practicados que prueban sentencia anulada, b.2) Confesión
Judicial de Ilegalidad al aceptar cumplimiento con extracto de Secretaría violando
cosa juzgada Art. 303 C.G.P., b.3) Prevaricato por Omisión al no resolver recurso de
reposición, aclaración, ni 14 memoriales Art. 318 C.G.P., b.4) Defecto Sustantivo por
falta de motivación propia.

4.3. DECLARAR que la confesión de la Magistrada en el Auto 27/04/2026 prueba que
el "extracto" de Secretaría CARECE DE EFECTOS JURÍDICOS por violar cosa
juzgada y que la publicación en UN solo diario NO CUMPLE la sentencia No. 064 del
27/05/2022.

4.4. DECLARAR que la CONFESIÓN JUDICIAL del Abogado Coordinador prueba
que el "extracto" de Secretaría CARECE DE EFECTOS JURÍDICOS por violar la cosa
juzgada de la sentencia 27/05/2022, la cual exigía 3 diarios y solo se publicó en 1. La
confesión hace prueba plena Art. 191 C.G.P.

4.5. ORDENAR al Tribunal que en 10 días: a) Profiera nueva sentencia excluyendo
sentencia anulada del 23/03/2017, b) Resuelva todos los recursos pendientes, c)
Valore los folios 381, 382, 384,385,386,387,388,389 y 390., d) Se motive
autónomamente Art. 280 C.G.P., e) Exija publicación en 2 diarios nacionales + 1 local,
f) Se tramite con ponente diferente por impedimento Art. 140 C.P.A.C.A.

4.6. DECRETAR MEDIDA PROVISIONAL de suspensión inmediata de efectos del
proceso 2700133330020090022400, incluyendo prohibición de pago y de rechazar
de plano, hasta que se resuelva esta tutela. PERJUICIO IRREMEDIABLE: La
confesión prueba que el pago se haría con documento ilegal. 4.7 - COMPULSA DE
COPIAS: Fraude Procesal Art. 453 C.P. contra el Abogado Coordinador por afirmar
en escrito judicial que "se cumplió" cuando confiesa que solo publicaron en 1 diario,
induciendo en error al Tribunal Administrativo del Choco.

4.8. COMPULSAR COPIAS a Fiscalía por: Prevaricato por Acción y Omisión Arts.
413 y 414 C.P., Falsedad Ideológica Art. 286 C.P., Fraude Procesal Art. 453 C.P.,

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Concierto para Delinquir Art. 340 C.P. La confesión del Auto 27/04/2026 es prueba
reina de los delitos.

5.6. COMPULSAR COPIAS a la Fiscalía por:

c) Fraude Procesal Agravado Art. 453 C.P. contra el Abogado Coordinador por
reincidir 3 veces en afirmar bajo juramento que se cumplió con 1 diario, ocultando
que la sentencia exige 3,

e) Desacato a Orden Judicial Art. 454 C.P. por confesar reiteradamente que
desobedecen la sentencia 27/05/2022.

6. SOLICITO que se ampare el derecho fundamental al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, pido se declare la NULIDAD
INSUBSANABLE del auto que resolvió la apelación proferida el 27 de abril del 2026,
dentro del proceso rad: 2700133330020090022404, por incurrir en un defecto
orgánico y procedimental absoluto al haber sido dictado de forma unipersonal y no
colegiada. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Sala de Decisión del
Tribunal [Nombre del Tribunal] proferir una nueva providencia que cumpla con los
requisitos legales de deliberación y firma de todos sus integrantes"».

2.4. Intervenciones

24. Por medio del auto del 26 de junio de 2026, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Chocó como accionado y al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Quibdó, al municipio de Rio Quito, a la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, a la
Agencia Nacional de Minería, al Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo
Territorial, al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, a los señores Sandra
Patricia Romaña palacios, María Osiris Mosquera Palacios, Hocraciano Lemos
Cabrera, José Ricael Palacios Cabrera, Carlos Marios Palacios y a todos los demás
vinculados al proceso en cuestión como terceros interesados en el resultado del
proceso.

25. El Tribunal Administrativo del Chocó solicitó declarar improcedente la acción
de tutela o, subsidiariamente, negar el amparo, al considerar que carece de
relevancia constitucional, pues los accionantes buscan reabrir el debate sobre
asuntos ya resueltos dentro del proceso principal y del incidente de nulidad.

26. Por otro lado, sostuvo que no incurrió en los defectos alegados, ya que la decisión
cuestionada se fundamentó en la falta de legitimación de los accionantes para
intervenir en el proceso ejecutivo derivado de la acción de grupo, al no haber
acreditado oportunamente su calidad de integrantes del grupo beneficiario.

27. En consecuencia, confirmó que no podían promover el incidente de nulidad,
solicitar medidas, actuar como beneficiarios de la sentencia colectiva ni cuestionar
actuaciones procesales, dado que la oportunidad para integrar el grupo había
precluido conforme a la Ley 472 de 1998.

28. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó señaló que remitió
el expediente físico y electrónico del proceso ejecutivo a la oficina de reparto de los
juzgados administrativos del circuito de Medellín, en atención a la orden proferida
por el Consejo de Estado dentro del radicado 11001-03-26-000-2025-00005-00.

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Señaló que, con posterioridad, se le repartió al Juzgado Veintisiete Administrativo
del Circuito de Medellín, con radicado 05001-33-33-027-2026-00206-00.

29. El Servicio Geológico Colombiano y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, para lo cual argumentó que no identificó
elementos que correspondan a su competencia o que se relacionen con el interés
de la accionante.

30. Departamento del Chocó – Municipio del Río Quito: adujo que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional, en la medida en que no cuenta con la
carga argumentativa necesaria para cuestionar providencias judiciales. En todo
caso, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

32. Si bien el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Departamento del Chocó – Municipio del Río Quito manifestaron una
supuesta falta de legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que su vinculación
obedeció a que en la acción de grupo objeto de análisis fungieron como
demandados, motivo por el cual sí cuentan con interés en el resultado de este
proceso. Luego, se negarán sus solicitudes.

3.3. Problema jurídico

33. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad.
En caso afirmativo, se deberá establecer si el Tribunal Administrativo del Chocó
incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto, sustantivo y orgánico al
interior del trámite de la acción de grupo con radicado 27001-33-33-001-2009-
00224-04.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

34. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

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35. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

37. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

38. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

39. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

40. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo

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constitucional, salvo lo relacionado con los presuntos defectos fáctico,
procedimental absoluto y sustantivo, como se explica a continuación:

41. La parte accionante sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico en la providencia del 27 de abril de 2026, al considerar que omitió
valorar la prueba documental decretada de oficio mediante auto del 14 de abril de
2026, así como los documentos incorporados al expediente electrónico, los cuales,
a su juicio, demostraban que el extracto publicado correspondía a una sentencia
previamente anulada por el Consejo de Estado.

42. Asimismo, la accionante sostuvo que la autoridad judicial incurrió en un defecto
sustantivo, al aplicar el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 para considerar cumplida
la publicación del extracto de la sentencia, pese a que, en su criterio, la providencia
ejecutoriada había impuesto un mecanismo de publicación distinto y más exigente.

43. Sin embargo, frente a los presuntos defectos fáctico y sustantivo, resulta
necesario aclarar que la autoridad judicial accionada en la providencia del 27 de
abril de 2026 no resolvió los recursos interpuestos contra el auto del 2 de octubre
de 20251, sino contra la providencia expedida el 9 de octubre del mismo año,
relacionada con la transacción acordada entra las partes de la acción de grupo. Por
ende, no se pronunció sobre los aspectos expuestos por la parte accionante.

44. De la revisión del expediente digital se evidencia que, a la fecha, el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 2 de octubre de 2025 no ha sido resuelto.
En esas condiciones, no resulta procedente el análisis de la acción de tutela frente
a los supuestos defectos fáctico y sustantivo, máxime cuando no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional.

45. De otra parte, la señora María Rosney Cabrera Rodríguez alegó la configuración
de un defecto procedimental absoluto, al considerar que el Tribunal profirió el auto
del 27 de abril de 2026 sin resolver previamente el recurso de reposición formulado
contra el auto del 14 de abril del mismo año, con lo cual desconoció lo previsto en
el artículo 318 del Código General del Proceso.

46. En relación con este defecto, conviene recordarle a la parte accionante que
contra el auto del 14 de abril de 2026 no procedía el recurso de reposición, en la
medida en que se trató de una providencia de trámite, es decir, que no resolvió de
fondo ninguna cuestión sustancial ni afectó derechos de las partes.

47. Con posterioridad, la parte accionante presentó un memorial de adición,
mediante el cual insistió en algunos de los defectos previamente alegados y sostuvo
que la autoridad judicial accionada, en la providencia del 27 de abril de 2026 «limitó
su análisis exclusivamente a la apelación del incidente de nulidad por indebida
notificación, omitiendo por completo plasmarlos fundamentos jurídicos y
motivacionales respecto de la apelación de la transacción».

1
Mediante el cual se resolvieron las solicitudes de «nulidad del extracto de la sentencia dentro del proceso».

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48. Igualmente, afirmó que existía una «incongruencia en la resolución», pues, según
su dicho, en la parte resolutiva la magistrada confirmó el auto del 9 de octubre de
2025, relativo a la transacción, mientras guardó silenció respecto de la apelación
interpuesto, contra el auto del 2 de octubre de 2025, relacionada con el incidente de
nulidad.

49. Sinembargo, como quedó expuesto, dicho reproche parte de una premisa
equivocada, ya que la autoridad judicial accionada únicamente resolvió la apelación
promovida contra el auto del 9 de octubre de 2025, mientras que el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 2 de octubre de 2025 continúa pendiente de
decisión. En consecuencia, no puede afirmarse que la autoridad judicial hubiera
omitido pronunciarse sobre un recurso que aún no ha sido objeto de resolución.

50. Así las cosas, esta Subsección advierte que declarará la improcedencia de la
acción de tutela frente a los defectos fáctico, sustantivo y procedimental absoluto,
así como de los argumentos planteados en la adición de la acción de tutela, por
incumplir el requisito de subsidiariedad.

3.3.4. Continuando, con la revisión del cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, se observa que la acción de tutela se presentó 2 en un lapso
«razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde se
notificó la providencia cuestionada3.

3.3.5. La parte accionante no alegó una irregularidad procesal.

3.3.6. El asunto reviste relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer una presunta vulneración iusfundamental derivada de la supuesta
configuración del defecto orgánico, causal que se encuentran debidamente
fundamentada. Aunado a ello, no se pretende habilitar una tercera instancia del
proceso ordinario, en tanto, como se dijo, la causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial se encuentra debidamente argumentada.

3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.

51. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto orgánico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

52. En lo que atañe al defecto orgánico, la Corte Constitucional sostuvo, en la
sentencia T-643-2017, que se refiere a un vicio relacionado a la competencia, es
decir que la autoridad que profirió la providencia cuestionada carece de
competencia para conocer del asunto a resolver. Tiene como fuente principal el
artículo 121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del Estado solo
pueden ejercer las funciones que les asigna la Constitución y la ley.4

2 12 de mayo de 2026.
3 28 de abril de 2026.
4 Corte Constitucional SU072 - 2018

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03645-00
Accionante: María Rosney Cabrera Rodríguez

53. Al respecto, la misma Corte, en la sentencia SU 072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a
una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo
de defensa como es el caso de una decisión que está en firme y fue dada por un
funcionario que carecía de manera absoluta de competencia, y cuando (ii) en el
transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de
incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia,
incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente5.

54. Según la Corte Constitucional6, este defecto tiene un (i) carácter funcional cuando
los jueces desconocen su esfera de competencias y por el contrario interfieren en
ámbitos funcionales que no les corresponden de acuerdo a lo que dicta la
Constitución Política y la ley, y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho
fundamental al debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a
pesar de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por
fuera del término consagrado para ello7.

3.5.1. Análisis del presunto defecto orgánico en el caso concreto

55. En cuanto al defecto orgánico, la accionante sostuvo que el auto del 27 de abril
de 2026 fue suscrito únicamente por la magistrada ponente, sin la firma de los
demás integrantes de la Sala, pese a que, en su criterio, la decisión debía adoptarse
de manera colegiada.

56. Al respecto el artículo 35 del Código General del Proceso, aplicable por remisión
del numeral 4° del artículo 65 de la Ley 472 de 1998:

«Artículo 35. Atribuciones de las salas de decisión y del magistrado
sustanciador. Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos
que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios
de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de
entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que
no correspondan a la sala de decisión.

Los autos que resuelvan apelaciones, dictados por la sala o por el magistrado
sustanciador, no admiten recurso.

A solicitud del magistrado sustanciador, la sala plena especializada o única podrá
decidir los recursos de apelación interpuestos contra autos o sentencias, cuando se
trate de asuntos de trascendencia nacional, o se requiera unificar la jurisprudencia o
establecer un precedente judicial».

57. En el presente asunto, el auto del 27 de abril de 2026 resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la providencia del 9 de octubre de 2025, mediante la
cual se aprobó la transacción celebrada entre las partes dentro de la acción de
grupo.

5 Corte Constitucional SU072-2018
6 Sentencia T-267-2013
7 Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03645-00
Accionante: María Rosney Cabrera Rodríguez

58. Tal actuación no corresponde a ninguno de los eventos del artículo 35 del Código
General del Proceso reserva a las Salas de Decisión; por el contrario, se trata de
una actuación cuya expedición compete al magistrado sustanciador. En
consecuencia, el hecho de que la providencia haya sido suscrita únicamente por la
magistrada ponente no configura un defecto orgánico.

59. En conclusión, esta Subsección negará las pretensiones de la acción de tutela
presentada por la señora María Rosney Cabrera Rodríguez en relación con el
supuesto defecto orgánico, toda vez que no se demostró la falta de competencia de
la autoridad judicial accionada para proferir la providencia del 27 de abril de 2026.

60. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Servicio
Geológico Colombiano, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el
Departamento del Chocó – Municipio del Río Quito.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a los defectos
fáctico, sustantivo y procedimental absoluto, así como también respecto a los
argumentos planteados en la adición de la acción de tutela por incumplir el requisito
de subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
señora María Rosney Cabrera Rodríguez en lo demás, de conformidad con los
argumentos expuestos en procedencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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