Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03656-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03656-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
5 de junio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: SANDRA MARCELA ESTUPIÑÁN QUESADA Y OTRA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO
SUPERADO.
Síntesis del caso: la parte actora consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto no ha dado respuesta al derecho de petición elevado para
que se apliquen las reglas sobre permanencia en el registro de elegibles, la vigencia y el
alcance de la Circular no. PCSJC25-15. La Sala constató que durante el trámite de la acción
de tutela de la referencia la autoridad demandada emitió respuesta al derecho de petición y
notificó a la parte demandante dicha respuesta, razón por la cual se declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado.
La Sala decide la acción de tutela presentada1 por las señoras Sandra Marcela
Estupiñán Quesada y María Fernanda Echeverry en contra del Consejo Superior de la
Judicatura para la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente
vulnerado por la falta de contestación de un derecho de petición presentado el 17 de
abril de 2026.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 17 de abril de 2026, la parte demandante presentó un derecho de petición en el
que solicitó que se le explicara si los aspirantes de la Convocatoria no. 27 de la Rama
1 Mediante escrito del 12 de mayo de 2026.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
Judicial, dirigida a proveer cargos de jueces y magistrados de carrera, que optaran por
un cargo, pero no se posesionen conservan su permanencia en el registro de elegibles
o no, en los términos de la Circular no. PCSJ25-15; además, también pidió que se le
indicara si esa circular es de imperioso cumplimiento y si los aspirantes podían desistir
de la postulación antes de que se remitiera la lista al nominador con el fin de evitar ser
excluidos.
2) El 8 de mayo de 2026, recibieron una comunicación electrónica por parte del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga en la cual se les solicitó allegar la
documentación requerida para efectos del nombramiento en el cargo respecto al cual
aspiran dentro de la Convocatoria no. 27.
3) Desde el 11 de mayo de 2026, se encuentra en curso la actuación administrativa
para la adopción de dichos nombramientos, circunstancia que ha forzado a que las
accionantes adopten decisiones respecto de la aceptación, continuación o eventual
desistimiento del proceso.
4) Hasta la fecha de presentación de la acción no han recibido respuesta por parte del
Consejo Superior de la Judicatura.
El fundamento de la vulneración
La parte actora afirmó que, en razón de la falta de respuesta por parte de la autoridad
demandada, se les ha generado una situación de incertidumbre jurídica frente a las
consecuencias derivadas de la no aceptación o no posesión en el cargo,
particularmente respecto de la eventual exclusión del registro de elegibles.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“1. Que se ampare nuestro derecho fundamental de petición.
2. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura emitir respuesta clara,
expresa, congruente, completa y de fondo al derecho de petición presentado
el 17 de abril de 2026.
3. Que la respuesta sea emitida de manera inmediata y resuelva
integralmente la totalidad de las solicitudes formuladas en el referido derecho
de petición. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
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Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
Actuación procesal
Mediante auto del 14 de mayo de 2026 se admitió la acción de tutela, se negó la
solicitud de medida provisional solicitada por la parte actora y se ordenó notificar a la
presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, así como se ordenó la vinculación
del presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, al director
de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al secretario general y presidente
del Tribunal Superior de Buga, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos
que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura solicitó se niegue por
improcedente la presente acción constitucional por cuanto la entidad, en efecto,
garantizó el derecho fundamental de petición de las accionantes, puesto que brindó
respuesta de fondo, clara y coherente a la petición elevada.
La presidencia del Tribunal Superior de Buga alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva habida cuenta de que el derecho de petición fue presentado ante el Consejo
Superior de la Judicatura y no ante esa Corporación, razón por la cual no le
correspondía emitir pronunciamiento alguno respecto de la solicitud objeto de
reclamación.
El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, el secretario
general del Tribunal Superior de Buga y el director de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial no rindieron informe de respuesta, pese a haber sido notificados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se proteja su derecho
constitucional fundamental de petición vulnerado debido a la falta de respuesta sobre
el derecho de petición elevado por la parte demandante el día 17 de abril de 2026.
Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala negará la solicitud de desvinculación del
Tribunal Superior de Buga, pues, dicha autoridad fue vinculada en condición de tercero
con interés ya que las actoras manifestaron que recibieron un requerimiento de esa
Corporación para efectos de que aportaran la documentación para proceder con los
respectivos nombramientos, de modo que a ese tribunal le asiste interés en la
controversia ya que lo que aquí se discute está precisamente relacionado con una
petición en el marco de la Convocatoria no. 27 a efectos de establecer si la no posesión
en un cargo por el que se optó previamente constituye una causal de exclusión de la
lista de elegibles, de modo que su comparecencia era necesaria en su condición de
eventual nominador de las demandantes, por lo que en la parte resolutiva de esta
sentencia se negará dicha solicitud.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará la carencia
actual del objeto por hecho superado, por las razones que procederán a exponerse:
2.1 El fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado
La figura de la carencia actual de objeto se presenta cuando la causa que motivaba la
solicitud de amparo se extingue o “ha cesado2 ” y se caracteriza principalmente por
hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia carezca de efectos o se torne
inocua, pues en tales casos resulta intrascendente que este se pronuncie de fondo
frente a la amenaza de derechos fundamentales cuando esta situación ha
desaparecido en el transcurso de la acción de tutela.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto se presenta cuando la acción de tutela ha perdido su razón de ser
para la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, debido a tres
circunstancias puntuales: i) hecho superado, ii) daño consumado y iii) acaecimiento de
una situación sobreviniente. Al respecto, dicha Corporación indicó:
“41. Inicialmente, la jurisprudencia solo contempló dos categorías en las que
podían subsumirse los casos de carencia actual de objeto: hecho superado
y daño consumado. Aunque la distinción no siempre fue clara, el hecho
superado responde al sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en
tutela, como producto del obrar de la entidad accionada. En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar
que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que: (i)
efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la
acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en
su accionar) a motu proprio, es decir, voluntariamente.
42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se ha
perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para
retrotraer la situación (…).
44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales. Se trata de un concepto más reciente y amplio, el cual
fue propuesto por primera vez con la Sentencia T-585 de 2010, en un caso
2 Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1994, T-285 de 2019 y T-060 de 2019.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
originado por las trabas administrativas impuestas por una EPS para impedir
la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de revisión, la Sala fue
avisada que la accionante “no había continuado con el embarazo”. No se
trataba entonces de un hecho superado, pues la pretensión de la actora de
acceder a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de calidad fue
rechazada, pero tampoco de un daño consumado en vista de que el
nacimiento tampoco se produjo. La Sala Octava de Revisión explicó
entonces que existen “otras circunstancias” en las que la orden del juez
resultaría inocua dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción
de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo3”.
En particular, esa misma Corporación ha considerado que la figura del hecho superado
se configura cuando entre la fecha de interposición de la acción de tutela y la decisión
del juez constitucional, esto es, en el curso del proceso de acción de tutela, la autoridad
demandada pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de las
garantías fundamentales, en los siguientes términos:
“3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el
momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que,
como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha
superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u
abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier
intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (…)”4 .
En suma, para constatar que en una determinada hipótesis se está en presencia de
un hecho superado es necesario verificar tres requisitos concurrentes, a saber, i) que
haya una variación en los hechos que dieron lugar a la acción de tutela; ii) que esta
suponga la garantía o protección de los derechos fundamentales invocados como
amenazados o vulnerados, y iii) que haya obedecido a una conducta voluntaria de la
accionada5.
a) La configuración del hecho superado en el caso concreto
1) En primer lugar, conviene aclarar que lo deprecado por la actora en su escrito de
acción de tutela es que el Consejo Superior de la Judicatura brinde respuesta clara y
expresa a su petición relacionada con la vigencia y aplicación de la Circular PCSJC25-
15, su obligatoriedad para los Consejos Seccionales de la Judicatura y autoridades
3 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, MP Diana Fajardo Rivera
4 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2016, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
5 Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023, MP Paola Andrea Meneses
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
nominadoras, así como la viabilidad jurídica de desistir de la postulación antes de la
remisión de la lista al respectivo nominador.
2) Al respecto, se tiene que la autoridad demandada explicó en el informe que rindió a
esta Corporación que garantizó el derecho fundamental de petición de las accionantes,
puesto que brindó respuesta de fondo, clara y coherente a la petición elevada por la
parte demandante.
3) En consecuencia, la Sala observa que, en efecto, el Consejo Superior de la
Judicatura contestó6 y notificó esa respuesta a los correos electrónicos aportados por
la parte demandante7 y, en dicho pronunciamiento, informó que a los integrantes de
los registros seccionales y nacionales de elegibles de las Convocatorias 4 y 27 no se
les aplican las modificaciones introducidas por la Ley 2430 de 2024 respecto al periodo
de prueba, la exclusión de la lista de elegibles, ni la actualización o reclasificación de
la inscripción cada dos años, de manera congruente con lo solicitado.
4) En consideración de lo antes expuesto, es evidente que se cumplieron los requisitos
previamente analizados que ha establecido la jurisprudencia constitucional para
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto entre la fecha de
presentación de la demanda y la expedición de la presente decisión a) variaron los
hechos que dieron lugar a la acción de tutela, b) se conjuró o puso fin a la amenaza
del derecho fundamental invocado por la parte demandante, por cuanto se profirió y
notificó respuesta al derecho de petición y, c) ello obedeció a una decisión voluntaria
de la accionada.
5) Por consiguiente, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
puesto que lo requerido fue efectivamente atendido y la providencia se notificó a la
parte actora.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
6 Mediante escrito del 25 de mayo de 2026.
7La notificación fue remitida a las siguientes direcciones de correo electrónico:
mariafernanda_a77@hotmail.com; mafejuzgado20@gmail.com y sandraestupinan@gmail.com
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03656-00
Demandante: Sandra Marcela Estupiñán Quesada y otra
Acción de tutela
FALLA:
1°) Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Buga.
2º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
presentada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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