Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03659-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03659-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: MIGUEL JUAN PABLO HINESTROSA VÉLEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales a la defensa y a la igualdad /
PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Supresión de cargo
de carrera de persona nombrada en provisionalidad. Reestructuración administrativa
motivada en el cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera / REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción de tutela con el propósito de reabrir la discusión
definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en el
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 12 de mayo de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. El señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad parcial
de (i) la Resolución núm. 02358 del 29 de junio de 2017, por medio del cual
distribuyeron los cargos de la planta de personal de la FGN, sin ser vinculado en
aquellos que no fueron suprimidos; y (ii) la Resolución núm. 02386 del 30 de junio
de 2017, a través de la cual se aclaró y modificó el acto administrativo precitado, sin
su inclusión en la nueva planta de personal de la entidad.
1 Que ingresó al despacho para fallo el 1.° de junio de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
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Referencia: Acción de tutela
3. Asimismo, solicitó la nulidad total del (iii) Oficio núm. STH 67 del 30 de junio de
2017, mediante el cual el subdirector de talento humano de la Fiscalía General de
la Nación le comunicó la supresión del cargo de fiscal delegado ante el tribunal de
distrito judicial.
4. A título de restablecimiento del derecho, el demandante pidió2 (i) el reintegro al
cargo que ocupaba al momento de su desvinculación, sin solución de continuidad;
(ii) el pago de los salarios, prestaciones sociales, auxilios y demás emolumentos a
que tiene derecho, desde la fecha en que fue retirado del servicio y hasta su
reincorporación; (iii) la declaratoria de que debía continuarse con la ejecución del
Convenio núm. 309 de 2016, celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y el
señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez, en virtud del cual el servidor se obligó a
dar cumplimiento a la Resolución 02533 del 21 de julio de 2016, a través de la cual
se otorgó comisión de estudios al exterior; (iv) el reconocimiento y pago de cien
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios morales;
(v) la actualización de las sumas reconocidas; y (vi) el cumplimiento de la sentencia
según los términos del artículo 192 del CPACA.
5. El proceso correspondió a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, por medio de sentencia del 24 de enero de
2024, negó las pretensiones de la demanda.
6. Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que los actos administrativos
contenidos en la Resolución núm. 2358 de 2017 y el Oficio núm. STH 67 del 30 de
junio de esa anualidad, tuvieron como sustento el Acto Legislativo 01 de 2016 y el
Decreto Ley 898 de 2017, que reestructuraron la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación con el objeto de efectivizar la implementación del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.
7. De esta manera, indicó que la designación de los empleos en la nueva planta de
personal de la FGN no fue voluntad caprichosa del nominador, sino que se basó en
la creación de la unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las
organizaciones y conductas criminales de homicidios y masacres que atentaran
contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos y que
amenazaran o afectaran a quienes participaran en la implementación de los
acuerdos y la construcción de paz.
8. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 29 de octubre de 2025,
notificada el 14 de noviembre de 2025, confirmó lo fallado por el a quo.
9. En criterio de esta Corporación, “en el Oficio STH del 67 del 30 junio de 2017 que
el retiro del servicio obedeció a la supresión del empleo de fiscal delegado ante
tribunal de distrito ordenada por el Decreto Ley 898 de 2017, es claro que se indicó
2 Tal como se indica en la sentencia del 29 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Folio 2. Archivo “015_DemandaWeb_Anexos_Anexo7”.
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Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
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Referencia: Acción de tutela
la razón de la desvinculación del demandante y bastaba solo con ir al texto de esa
norma para corroborarlo, de tal manera que para la Sala sí se cumplió con el
principio de «razón suficiente» exigido por la sentencia SU-917 de 2010, en tanto la
supresión del empleo es una razón constitucional y legalmente admisible para
disponer el retiro de un empleado en provisionalidad, por lo que no prospera el cargo
del recurso”3.
10. Así, el ad quem sostuvo que, si bien no se expidió un acto administrativo
individual que ordenara expresamente el retiro del señor Miguel Juan Pablo
Hinestrosa Vélez, dicha situación se derivó de la aplicación del Decreto Ley 898 de
2017. En particular, del artículo 59 que suprimió 73 cargos de fiscal delegado ante
tribunal de distrito y del artículo 63 que otorgó al Fiscal General de la Nación la
facultad de distribuir, trasladar y reubicar los empleos conforme a las necesidades
del servicio, con el propósito de implementar la nueva estructura organizacional de
la entidad.
Pretensiones
11. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“PRIMERO. Se declare la violación de los derechos fundamentales a la
DEFENSA y a la IGUALDAD de JUAN PABLO HINESTROSA VÉLEZ.
SEGUNDO. Se declare la cesación de efectos jurídicos de las providencias:
del 24 de enero de 2024, proferida por la Subsección C, de la Sección
Segunda, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA; y del
29 de octubre de 2025, notificada el día 14 de noviembre de 2025, proferida
por la Subsección B, de la Sección Segunda del CONSEJO DE ESTADO.
TERCERO. Se ordene a la Subsección C, de la Sección Segunda, del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, emitir una nueva
providencia, que reemplace a la del día del 24 de enero de 2024, con
radicado: 25000-23-42-000-2017-05846-00, bajo los parámetros de la
práctica obligatoria de prueba relevante, demostrados en esta acción de
tutela”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. La parte accionante manifiesta que las autoridades judiciales acusadas
incurrieron en un defecto fáctico en su dimensión negativa, en razón a que negaron
injustificadamente la práctica de pruebas relevantes para la resolución del litigio, sin
exponer razones que sustentaran dicha decisión. En particular, plantea que era
indispensable recaudar la totalidad de la información, documentos y estudios
elaborados o tenidos en cuenta por la FGN para adoptar la decisión contenida en la
Resolución núm. 2358 del 29 de junio de 2017, mediante la cual se distribuyeron los
cargos de la planta de personal de la entidad, con el fin de establecer si la supresión
de 73 cargos de fiscal delegado ante tribunal de distrito obedeció a criterios
3 Folio 31. Archivo “015_DemandaWeb_Anexos_Anexo7”.
4 Folios 25 y 26 del escrito de tutela.
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Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
objetivos, razonables y proporcionales, de conformidad con las exigencias
constitucionales y legales aplicables.
13. Asimismo, aduce un desconocimiento del precedente por cuanto las
providencias cuestionadas omitieron aplicar diversos precedentes constitucionales
y de lo contencioso administrativo que, a su juicio, resultaban vinculantes para la
resolución del caso. En particular, sostiene que se desconocieron las sentencias
SU-960 de 1999, T-242 de 1999 y C-795 de 2009 de la Corte Constitucional,
relativas al deber de decretar las pruebas relevantes, a la necesidad de que los
supuestos fácticos correspondan a la realidad y a la observancia de los principios
que rigen la función administrativa.
14. De igual modo, afirma que las decisiones enjuiciadas se apartaron del
precedente horizontal fijado por el Consejo de Estado en las sentencias del 30 de
noviembre de 2006 (rad. 13074) y del 2 de octubre de 2008 (rad. 0018-2008), según
las cuales las decisiones adoptadas en procesos de reestructuración administrativa
deben fundarse en criterios objetivos, técnicos y razonables.
15. Por otro lado, señala que se configura un defecto sustantivo por la aplicación
indebida del artículo 167 del Código General del Proceso, “ya que la prueba del
estudio de la aplicación de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la pidió,
vía derecho de petición, y le fue negada; la rogó como prueba en la demanda y los
jueces no la practicaron sin justificación; y la única manera de probar era a través
de esas dos modalidades. Por tanto, era inaplicable la regla de que todo hecho debe
ser probado, existiendo imposibilidad física de hacerlo, y es imposibilidad fue creada
por la Fiscalía y por los dos jueces de instancia ordinarios”5.
16. Finalmente, alega una violación directa de la Constitución por cuanto no se
realizó el juicio de convencionalidad solicitado, pese a que existe jurisprudencia
interamericana vinculante y similar al asunto bajo estudio, como lo es el precedente
fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Martínez
Esquivia vs. Colombia.
Trámite procesal
17. Por medio de auto del 14 de mayo de 20266, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado como accionados, y a la Fiscalía General
de la Nación, al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 25000-23-42-000-
2017-05846-00/02 como terceros con interés en las resultas del proceso.
18. De igual modo, se ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
5 Folio 22 ibid.
6 Índice 5 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
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Referencia: Acción de tutela
Intervenciones
19. Por conducto del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que se niegue el amparo
constitucional, en la medida en que considera que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una tercera instancia para revivir interpretaciones o valoraciones que
fueron contrarias a las pretensiones de la parte actora.
20. En ese orden de ideas, indicó que la solicitud de amparo está encaminada a
proponer un debate como si se tratara de una instancia adicional al proceso
ordinario, pues lo planteado en la petición ya fue considerado, controvertido y
juzgado en el escenario que correspondía, esto es, el del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Máxime, si se tiene en cuenta que (i) la
discrepancia con la decisión no genera el desconocimiento ni los defectos que se
alegan; y (ii) la decisión obedeció a los principios de sana crítica y autonomía
judicial, en respeto de las pruebas y alegaciones de las partes.
21. La Fiscalía General de la Nación y la Procuradora 144 Judicial II Asuntos
Administrativos de la Procuraduría General de la Nación solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
22. Pese a ser notificadas en debida forma7, las demás partes guardaron silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
24. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, particularmente el de relevancia
constitucional?
25. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de
las providencias del 24 de enero de 2024 y del 29 de octubre de 2025,
respectivamente, proferidas en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 25000-23-42-000-2017-05846-00/02,
incurrieron en un defecto fáctico, un desconocimiento del precedente, un defecto
sustantivo y una violación directa de la Constitución y, por consiguiente, en la
7 Véase índices 8 y 14 de Samai.
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Referencia: Acción de tutela
vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y a la igualdad de la parte
accionante?
26. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, (iii) la legitimación en la causa por activa
y pasiva y (iv) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
28. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional11 o el Consejo de Estado12,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP13; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable14 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
12 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
14 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
Del requisito de relevancia constitucional
29. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
30. La Corte Constitucional indicó15 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
31. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que se pretende reabrir el debate16, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre
un asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre en el contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
32. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia17.
Análisis del caso concreto
33. En el presente asunto, el señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez solicita la
protección de sus derechos fundamentales a la defensa y a la igualdad,
presuntamente vulnerados por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Lo anterior, con ocasión de la expedición de las providencias
del 24 de enero de 2024 y del 29 de octubre de 2025, respectivamente, proferidas
en el curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
núm. 25000-23-42-000-2017-05846-00/02.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
16 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
34. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se cumplen los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De la legitimación en la causa por activa y pasiva
35. En primer lugar, el señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez cuenta con
legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la presunta vulneración de derechos fundamentales en
que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
36. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, entidades a las cuales
se les atribuye la transgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
actor.
37. Asimismo, se mantendrá la vinculación como terceros con interés de la Fiscalía
General de la Nación y del Ministerio Público, por haber sido intervinientes dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
25000-23-42-000-2017-05846-00/02.
Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
38. La Subsección considera que no hay lugar a realizar un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de relevancia constitucional.
39. Revisada la demanda, se evidencia que la parte accionante acudió a la acción
de tutela con el propósito de que se estudiara nuevamente si, como se discutió en
el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos
administrativos que dieron lugar al retiro del señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa
Vélez del cargo de fiscal delegado ante tribunal de distrito se adoptaron sin plena
observancia de los parámetros legales establecidos por la ley para la inclusión o el
retiro de los servidores a quienes se les suprimieron los cargos de los cuales eran
titulares.
40. Tan evidente resulta que la parte actora busca un nuevo análisis de los aspectos
definidos por el juez natural, que los argumentos que se plantean en la presente
acción ya fueron analizados y resueltos de manera razonada por la Subsección C
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que concluyeron que
en el trámite del medio de control se encontró acreditado que la determinación de
retiro se adoptó con fundamento en estudios técnicos previos, en el marco de un
proceso de reorganización institucional orientado al cumplimiento de finalidades de
interés general.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
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Referencia: Acción de tutela
41. Al respecto, las autoridades judiciales accionadas advirtieron que la Resolución
núm. 2358 de 2017 se ajustó a los propósitos de la reestructuración institucional
prevista en el Decreto Ley 898 de 2017 y al estudio técnico que sirvió de fundamento
para su expedición. Indicaron que dicho estudio comprendió, entre otros aspectos,
un análisis de la estructura organizacional de la entidad, las modificaciones
introducidas, las cargas de trabajo, los perfiles de los cargos, la planta de personal
y el impacto presupuestal de la reforma, todo ello elaborado conforme a los
parámetros metodológicos y técnicos exigidos en la Guía de Rediseño Institucional
de Entidades Públicas de julio de 2014, emitida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública – DAFP.
42. En ese sentido, la parte demandada concluyó que el estudio técnico abordó de
manera concienzuda, meticulosa y detallada cada uno de los diversos componentes
necesarios que justificaban el proceso de reestructuración de la entidad, basado en
una metodología de diseño organizacional y ocupacional que tuvo en cuenta “i) el
análisis de los procesos misionales y de apoyo; ii) evaluación de la prestación de
los servicios; y iii) evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo
de los empleos y por supuesto, la focalización en la investigación y el ejercicio de la
acción penal orientada al fortalecimiento de las capacidades de la FGN a nivel
nacional, particularmente, en los territorios más afectados por la criminalidad, todo
ello con ocasión justamente de la implementación del acuerdo final para la paz”18.
43. Lo anterior, por cuanto la supresión de cargos y la modificación de la planta de
personal de la FGN obedecieron a razones de interés general, particularmente a la
necesidad de fortalecer las capacidades de persecución penal mediante la creación
de la Unidad Especial de Investigación, en desarrollo del Acto Legislativo 01 de 2016
y del Decreto Ley 898 de 2017, disposiciones orientadas a la implementación del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
44. Por último, si bien el demandante invocó el precedente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para sostener la existencia de garantías
reforzadas de estabilidad, dicho referente no resulta aplicable al presente asunto,
en tanto la autoridad judicial concluyó que la desvinculación no obedeció a un acto
arbitrario o individual, sino a un proceso general de reestructuración institucional
fundado en normas de rango constitucional y legal, avaladas por la Corte
Constitucional. En consecuencia, no se desvirtúa la presunción de legalidad de los
actos acusados ni se acredita la vulneración de los principios de igualdad, debido
proceso o la configuración de desviación de poder.
45. Así las cosas, la tutela ejercida por la parte accionante busca prolongar el debate
ante el juez natural, como si se tratara de un recurso ordinario, situación que
claramente escapa de la competencia del juez de tutela, ya que no se advierte un
argumento que identifique la cuestión debatida como un asunto de genuina
relevancia constitucional. Además, la presente tutela cuestiona la interpretación
normativa y probatoria realizada por la autoridad accionada en ejercicio de su
18 Folio 28. Archivo “015_DemandaWeb_Anexos_Anexo7”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
actividad judicial, por lo que no se evidencia que la demanda entrañe un tema que
recaiga sobre el goce de los derechos fundamentales.
46. Adicionalmente, se tiene que el peticionario dispuso de un acceso real, efectivo
y sin restricciones a la jurisdicción competente, así como a los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro del
proceso. Además, no obra prueba que permita inferir que se le negó la posibilidad
de acudir al aparato judicial, que se hubiere obstaculizado el normal desarrollo del
trámite, o que se le hubieran restringido sus facultades procesales para ejercer su
derecho de defensa y contradicción. Por el contrario, el expediente refleja que las
garantías propias del debido proceso fueron respetadas, lo cual descarta cualquier
afectación a la tutela judicial efectiva.
47. En este punto, la Sala considera que no se configura un defecto fáctico, porque
la acción de tutela presentada busca, en realidad, volver a discutir lo ya resuelto el
proceso ordinario. Por tanto, la tutela no demuestra un desconocimiento del material
probatorio, sino una inconformidad con la interpretación jurídica adoptada por el juez
natural, lo cual corresponde a un debate legal y no a un problema de relevancia
constitucional.
48. Aunado a lo anterior, frente al reproche relacionado con la presunta omisión en
la práctica de pruebas, la Sala advierte que del trámite ordinario no se desprende
una actuación judicial arbitraria o irrazonable. Por el contrario, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se dejó constancia de que la prueba
documental solicitada por la parte demandante fue inicialmente negada; sin
embargo, ante el recurso de reposición interpuesto, el despacho repuso la decisión
y ordenó oficiar a la FGN para que allegara la información requerida.
49. Posteriormente, el juez de conocimiento dispuso el cierre de la etapa probatoria
al considerar que los medios de prueba decretados habían sido aportados e
incorporados al expediente y que resultaban suficientes para proferir sentencia.
Esta actuación descarta, prima facie, que se hubiere presentado una negativa
inmotivada o absoluta de recaudo probatorio con entidad suficiente para configurar
un defecto fáctico en dimensión negativa.
50. En ese contexto, el desacuerdo de la parte actora no recae propiamente sobre
la imposibilidad real de ejercer su derecho de contradicción o defensa, sino sobre la
apreciación judicial del alcance, suficiencia y eficacia del material probatorio obrante
en el proceso. Ese tipo de cuestionamiento corresponde al ámbito de autonomía del
juez natural y no puede ser reabierto en sede de tutela, salvo que la valoración
probatoria resulte manifiestamente irrazonable, contraevidente o arbitraria,
circunstancias que no se acreditan en el presente caso.
51. Tampoco se acredita un defecto sustantivo ni un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, pues la interpretación efectuada por las autoridades
judiciales accionadas coincide con decisiones de la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo y no implica un cambio arbitrario de criterio ni una creación de reglas
nuevas. En consecuencia, no se evidencia una vulneración del debido proceso ni
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
se supera el requisito de relevancia constitucional, ya que la tutela pretende sustituir
el análisis propio del juez ordinario por el del juez constitucional.
52. En conclusión, esta Sala de Subsección considera que la intención de la parte
demandante es someter a un nuevo estudio lo que ya ha sido definido de manera
válida y razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
53. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la petición de amparo por el incumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General
de la Nación y por la Procuradora 144 Judicial II para Asuntos Administrativos de la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez, por conducto de apoderado, contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03659-00
Accionante: Miguel Juan Pablo Hinestrosa Vélez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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