Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03662-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03662-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03662-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
23 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03662-00
Demandante ANGIE JHOANNA PARDO PENCUA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y
sustantivo. Medio de control de reparación directa. Falla en el servicio.
Daños causados por accidente en un columpio.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua, quien actúa en nombre
propio y en representación de su hija menor SGP, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de mayo de 20261, la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua, quien actúa en
nombre propio y en representación de su hija menor SGP, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión a la sentencia del 11 de noviembre de 2025,
mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda en el medio de
control de reparación directa 76001-33-33-002-2018-00053-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«Sírvase H. Consejero, TUTELAR mi DERECHO A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO,
y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Tratados Internacionales; por analogía
y demás Pilares fundamentales que irradia toda la Carta Constitucional vulnerados por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y se me conceda
las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Dejar sin efecto la sentencia No. 232 del 11 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de Reparación
Directa con radicación 76001-33-33-002-2018-00053-01.
SEGUNDO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que en su
lugar, profiera dentro del proceso de Reparación Directa promovido, un fallo que valore
íntegramente el acervo probatorio y dé aplicación a la jurisprudencia y la Ley.»
1
Samai, índice 2.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
2. Hechos
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 30 de enero de 2016, la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua se encontraba
junto a su hija menor en el Parque Bosque Municipal de Florida Valle, cuando
sufrió fracturas de astrágalo bilateral y epífisis de tibia al utilizar un columpio.
Ese hecho le causó una disminución de la capacidad laboral del 13,83%.
2.2. Para el año 2018 las señoras Irene Pencua Muñoz, Angélica María Pardo
Pencua, Yenny Rocío Pardo Pencua y Angie Jhoanna Pardo Pencua, en
nombre propio y en representación de su hija menor SGP haciendo uso del
medio de control de reparación directa presentaron demanda contra el
municipio de Florida y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER
del Municipio de Florida, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Angie
Jhoanna Pardo Pencua.
2.3. En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Cali (Expediente
76001-33-33-002-2018-00053-00) mediante sentencia del 2 de junio de 2023
accedió parcialmente a las pretensiones.
Como fundamento de su decisión encontró acreditada la transgresión a la
obligación que tenía el municipio de Florida Valle, Instituto para el Deporte y la
Recreación IMDER, en relación con el mantenimiento de los escenarios
deportivos como espacio público destinado al uso común.
Indicó que si bien la parte demandada manifestó que tenía señalizada la
atracción exclusivamente para niños no se aportó prueba de ello; tampoco
consideró como prueba la factura del mantenimiento del 28 de diciembre de
2016 dado que el accidente fue el 30 de enero de 2016; tuvo en cuenta el
testimonio de Ferid Camilo Anturi Santander; de ahí que el juzgado concluyera
que existía falla en el servicio y se debía indemnizar a la parte demandante,
salvo a la hija de la víctima por tener dos años y unos meses y no comprender
el sufrimiento de la madre.
Esta decisión fue apelada por la Previsora Compañía de Seguros S.A. (llamada
en garantía), el municipio de Florida Valle y por la parte demandante.
2.4. El 14 de junio de 2023, la Previsora Compañía de Seguros S.A. presentó
solicitud de adición de la sentencia aduciendo que no se resolvió la excepción
propuesta frente al llamamiento en garantía que realizó el municipio de Florida
Valle.
2.5. El 24 de agosto de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali negó la
solicitud de adición al considerar que en la parte resolutiva se declaró como
no probada esa excepción, de ahí que las objeciones que se proponen en el
escrito de adición le corresponden resolverlas al juez de segunda instancia al
revisar la cuestión decidida.
2.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con sentencia del 11 de
noviembre de 2025 revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Cali.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
Afirmó que si bien se causó el daño, no se acreditó la imputabilidad a las
demandadas pues no se demostraron las circunstancias en las que ocurrió el
accidente de la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua.
Indicó que la demanda se contradice con lo que afirmó el testigo, que no
obraba prueba que permitiera establecer el deterioro de la estructura por
alguna irregularidad en el mantenimiento realizado en el mes anterior al
accidente que fue causa del daño y, por último, que la parte demandante
tampoco cumplió con la carga de identificar el fundamento normativo que
refiere la obligación de la entidad de ubicar señal del uso de los juegos en el
parque.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión a la sentencia del 11 de noviembre de 2025,
mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Cali
que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda en el medio de
control de reparación directa 76001-33-33-002-2018-00053-00/01.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia del 11 de noviembre de 2025
incurrió en un defecto fáctico y sustantivo.
3.1. Defecto fáctico: Señaló que el tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria al afirmar que obraba como prueba una cuenta de cobro que
demostraba el mantenimiento que se realizó previo al accidente (3 de diciembre
de 2015), cuando lo cierto era que el mantenimiento se realizó en diciembre de
2016, es decir con posterioridad al accidente conforme lo demostró el IMDER.
Añadió que el tribunal «restó valor al testimonio del señor Ferid Camilo Anturi, quien
presenció cómo la base de madera se quebró», pues la parte actora considera que
esa prueba demuestra que el daño no fue por un uso inadecuado sino por la
falla estructural del bien.
3.2. Defecto sustantivo: Se manifestó que el tribunal cometió un error al
considerar que «no existe norma que obligue a la señalización y mantenimiento de juegos
en parques urbanos», cuando los artículos 1, 12 y 17 del Decreto 1504 de 1998,
establecen que es deber de los municipios el mantenimiento y protección del
espacio público incluidos los parques urbanos; y el artículo 70 de la Ley 181
de 1995 señala que los municipios tienen a su cargo la administración,
mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos.
Adujo que conforme al principio de confianza legítima el ciudadano puede
acceder a un parque público con la tranquilidad de que la administración ha
garantizado la seguridad de las instalaciones, y que si no existen señales de
prohibición se entiende tácitamente el uso seguro de las mismas al «público
general».
Por último, señaló que la Ley 1225 de 2008, que exige la señalización de los
parques de diversiones, es aplicable al caso por analogía.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 14 de mayo de 20262 el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela presentada por la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua, quien actúa
en nombre propio y en representación de su hija menor SGP, contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés al municipio de Florida, al
Instituto para el Deporte y la Recreación de Florida IMDER, a las señoras Irene
Pencua Muñoz, Angélica María Pardo Pencua y Yenny Rocío Pardo Pencua,
a la Previsora Compañía de Seguros S.A., al Ministerio Público y al Juzgado
Segundo Administrativo de Cali. Se ofició al juzgado para que autorizara el
acceso al expediente del proceso con radicado 76001-33-33-002-2018-00053-
00/01 y se notificara a las señoras Irene Pencua Muñoz, Angélica María Pardo
Pencua y Yenny Rocío Pardo Pencua.
Por Secretaría General se ordenó fijar un aviso dando a conocer la existencia
de la acción a las partes y a los terceros; y ordenó las notificaciones
correspondientes.
4.2. La Previsora Compañía de Seguros S.A.3 rindió informe en el que solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción al considerar que lo pretendido
por la parte actora era reabrir el debate probatorio y jurídico ya resuelto como
si se tratara de una instancia adicional.
Indicó que no se configura el defecto fáctico planteado dado que el juez de
segunda instancia valoró de forma íntegra el material probatorio obrante en el
expediente, sin que se evidenciara una actuación arbitraria sino una
interpretación legítima dentro de la autonomía judicial. Aseguró que fue
adecuado que el tribunal concluyera que: las declaraciones testimoniales
presentaban inconsistencias para estructurar la responsabilidad estatal bajo el
régimen de falla del servicio, que no existía soporte normativo expreso que
impusiera a la administración municipal el deber específico de señalización del
uso de juegos infantiles en parques públicos, y que se debía valorar como
indicios las gestiones de mantenimiento que daban cuenta de la gestión
administrativa de conservación del espacio público.
Señaló que tampoco se configuró el defecto sustantivo ya que la interpretación
normativa se encuentra dentro del marco legítimo de autonomía judicial y la
circunstancia de que la accionante considere aplicable analógicamente la Ley
1225 de 2008 no implica que la interpretación acogida por el Tribunal sea
irrazonable.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el municipio de Florida, el
Instituto para el Deporte y la Recreación de Florida IMDER, las señoras
Irene Pencua Muñoz, Angélica María Pardo Pencua y Yenny Rocío Pardo
Pencua, el Ministerio Público y el Juzgado Segundo Administrativo de
Cali guardaron silencio a pesar de haber sido notificados4.
2
Samai, índice 4.
3
Samai, índice 16.
4
Samai, índice 7, 8, 13 y 15.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, teniendo en cuenta que se trata de
una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala determinar
si se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad.
De superar dicho estudio, se analizará si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en un defecto fáctico y sustantivo al dictar la sentencia del 11 de
noviembre de 2025, mediante la cual se revocó la decisión del Juzgado Segundo
5
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
Administrativo de Cali que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda en el medio de control de reparación directa 76001-33-33-002-2018-00053-
00/01.
4. Requisito de relevancia constitucional. Análisis de los planteamientos
relacionados con el «defecto sustantivo»
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores9.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, tratándose de tutela
contra providencia judicial, implica un conjunto de elementos que deben
reunirse. En este sentido, son varios los aspectos que se estudian a fin de
definir si un asunto es de relevancia constitucional. Entre estos elementos, se
requiere que la acción constitucional no se esté empleando como una instancia
adicional para reabrir o prolongar el mismo debate ya surtido ante el juez
natural; que se cumpla con una carga argumentativa suficiente; que no se trate
de una discusión eminentemente legal o de contenido económico que no
comprometa derechos fundamentales; que no se utilice para proponer nuevos
argumentos y que los propuestos se acompasen con las razones de la decisión
judicial cuestionada, entre otras condiciones.
4.2. El argumento que la accionante planteó como un defecto sustantivo no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, lo que hace que sea
improcedente, ya que se trata de un planteamiento nuevo que no fue
cuestionado en el proceso ordinario.
9
A saber: Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción
de tutela.
Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La
discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia
en el sentido de la propia decisión cuestionada.
Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela
contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida
la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del
proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
En la acción de tutela la accionante considera que el tribunal cometió un error
al determinar que «no existe norma que obligue a la señalización y mantenimiento de
juegos en parques urbanos», cuando los artículos 1, 12 y 17 del Decreto 1504 de
1998, establecen que es deber de los municipios el mantenimiento y
protección del espacio público incluidos los parques urbanos; y el artículo 70
de la Ley 181 de 1995 señala que los municipios tienen a su cargo la
administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y
recreativos, esto conforme al principio de confianza legítima. De ahí que, si no
existen señales de prohibición se entiende tácitamente el uso seguro de las
mismas al «público general». Por último, señaló que la Ley 1225 de 2008, que
exige la señalización de los parques de diversiones, es aplicable al caso por
analogía.
4.3. Ahora bien, de la revisión del expediente se advierte que en la demanda solo
se hizo referencia a que el artículo segundo de la Constitución Política
consagra los fines del Estado, entre ellos la recreación de la primera infancia,
por lo que, a la administración le asiste una responsabilidad de revisar las
instalaciones, hacer mantenimiento y garantizar la debida señalización de los
parques públicos. Esto en los siguientes términos:
«la recreación, la primera infancia entre otros, son la razón de que el Municipio de Florida y
sus entidades encargadas instalen juegos de diversión en el Parque Bosque Municipal, los
cuales de acuerdo a nuestra legislación, son responsabilidad de las entidades demandadas,
pues tienen a su cargo la labor de revisar las instalaciones, de comprobar que están conformes
a la normativa, de hacer el mantenimiento periódicamente y garantizar la debida señalización
de los mismos.» (Sic a toda la cita)
Sin embargo, esta Sala advierte que en la demanda no se invocó como
vulnerados los artículos 1, 12 y 17 del Decreto 1504 de 1998; ni el artículo 70
de la Ley 181 de 1995; ni el principio de confianza legítima; ni tampoco se
solicitó una aplicación por analogía de la Ley 1225 de 2008, argumentos que
sí fueron planteados en el escrito de tutela al considerar que el tribunal
desconoció el deber de señalización. De ahí que, no está permitido incluir
argumentos nuevos que no fueron objeto de debate en el proceso ordinario,
pues este no es el escenario para adicionar, modificar o complementar los que
se dejaron de plantear ante el juez natural. Por esta razón este planteamiento
no supera el requisito de relevancia constitucional y se hará la correspondiente
declaración de improcedencia.
5. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional para el estudio del
«defecto fáctico»
En el caso concreto se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para estudiar el alegado defecto
fáctico. Esto porque:
(i) De cara al presupuesto de relevancia constitucional, se manifestó que se vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia. A su vez, no se observa que se pretenda interponer la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario, pues el Juzgado
Segundo Administrativo de Cali en la sentencia de primera instancia declaró
administrativamente responsable al Municipio de Florida Valle de los daños y
perjuicios causados a la víctima directa, a la madre y a las hermanas, y declaró no
probadas las excepciones de inexistencia de la falla en el servicio, de inexistencia del
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nexo causal y de la culpa exclusiva de la víctima propuestas por el Municipio de
Florida Valle y la Previsora Compañía de Seguros S.A., decisión apelada por la parte
demandante, demandada y la llamada en garantía. Mientras que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó la decisión del juez de primera instancia
para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
(ii) La acción de tutela fue radicada dentro de los 6 meses establecidos en la
jurisprudencia de esta Corporación, ya que la sentencia del 11 de noviembre de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue notificada el 19 de
noviembre de 202510 y esta acción fue radicada el 12 de mayo de 2026.
(iii) En el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y de los defectos de
los que la parte actora considera adolece la providencia.
(iv) No proceden recursos ordinarios o extraordinarios contra la sentencia cuestionada.
(v) Finalmente, se advierte que la providencia cuestionada no corresponde a una
decisión dictada en el trámite de una acción de tutela.
6. Alcance del defecto fáctico y de los dos cargos propuestos
6.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es
necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de
ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la
decisión que se cuestiona.
En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver
determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el caso
concreto11. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica 12,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. Refiriéndose al
defecto fáctico, la Corte Constitucional13 reconoce dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso14; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo15.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
10
Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. Índice 15.
11
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
12
Sentencia T-442 de 1994.
13
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
14
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
15
Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión16;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia17.
El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea «ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el
juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»18
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial.
No pueden reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y
apreciación de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada
en clave de violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio
o de opinión.
6.2. La inconformidad de la parte accionante con el juicio de valoración probatoria
adelantado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia
del 11 de noviembre de 2025 guarda relación con las siguientes pruebas:
(i) El valor que se le dio al testimonio del señor Ferid Camilo Anturi « quien
presenció cómo la base de madera se quebró», pues la parte actora considera
que esa prueba demuestra que el daño no fue por un uso inadecuado
sino por la falla estructural del bien.
(ii) La cuenta de cobro que según el tribunal demostraba el mantenimiento
que se realizó previo al accidente (3 de diciembre de 2015), pero que la
accionante considera no fue realizado en esa fecha pues el
mantenimiento se llevó a cabo en diciembre de 2016, es decir con
posterioridad al accidente conforme lo demostró el IMDER.
6.3. Ahora bien, del análisis y revisión del medio de control de reparación directa
76001-33-33-002-2018-00053-00/01 esta Sala advierte que en la audiencia inicial
celebrada el 8 de septiembre de 202219 el Juzgado Segundo Administrativo de
Cali decretó como pruebas los documentos aportados con la demanda y la
contestación de la demanda.
A la parte demandante le negó las pruebas que hacían referencia a las
solicitudes de oficiar a: (i) el gerente del Hospital Benjamín Berney Gasca de
Florida Valle, (ii) al Director de la Clínica Palma Real de Palmira Valle, (iii) al
16
Ibidem. Óp. Cit. 10.
17
Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
19
La audiencia inicial obra en la página: https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public. Despacho
Administrativo del Valle del Cauca. Código del proceso 76001-33-33-002-2018-00053-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03662-00
Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
Director de la Clínica San Fernando de Cali, (iv) al Director de la Clínica Los
Andes de Cali, (v) al Director del Centro Especializado en Fracturas de Cali y
(vi) al Director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Florida
IMDER, por considerar que en el expediente (Proceso Digitalizado 1era Parte)
obraba la historia clínica a partir de la página 26 a 50 (para los enunciados del i
al v), además porque en el numeral 10 del artículo 78 de la Ley 1564 se
establece como deberes de las partes y sus apoderados abstenerse de
solicitar al juez la consecución de documentos que pudieron haber sido
conseguidos en ejercicio del derecho de petición.
Se decretaron los testimonios de Lesli Daniela Arroyave Diaz, Ferid Camilo
Anturi Santander, Stephany González Castaño, Jair Alvarado Escobar, y
Yamileth Trujillo Cobo. Se decretó la prueba dirigida a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Valle del Cauca a fin de que dictaminara la pérdida
de capacidad laboral y secuelas de Angie Jhoanna Pardo Pencua. A su vez,
decretó como prueba de oficio que el Alcalde Municipal del Florida Valle
certificara algunos puntos relacionados con la señalización de las atracciones,
el mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Bosque Municipal y los
informes que se rindieron de los hechos ocurridos el día del accidente.
En lo que respecta a las pruebas de la parte demandada, se negó la prueba
pericial por haberse decretado la pericia solicitada por la parte demandante,
como se mencionó en el párrafo anterior, y se decretó el interrogatorio de parte
a la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua.
Finalmente manifestó que el llamado en garantía no solicitó prueba alguna.
6.4. El 6 de diciembre de 202220 se celebró la audiencia de pruebas. De la totalidad
de las pruebas decretadas en la audiencia inicial fue posible practicar algunas
de ellas como se advierte a continuación:
• Frente a los testimonios decretados, que fueron solicitados por la parte
demandante, el juez determinó que se limitarían a 2, a lo que la apoderada de
la parte demandante puso de presente que únicamente se contaba con el señor
Ferid Camilo Anturi Santander, dado que la señora Yamileth Trujillo Cobo se
encontraba en incapacidad médica y las demás personas no pudieron ser
ubicadas.
• Se aportó el dictamen pericial de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Valle del Cauca, en donde se determinó la pérdida de capacidad laboral
ocupacional de la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua en un porcentaje del
13.83%.
• Respecto de la prueba documental solicitada al Alcalde Municipal de Florida
Valle, la apoderada de la parte demandante informó que a pesar de haber sido
radicados los oficios no había sido allegada aún. Sin embargo, al ingresar con
posterioridad a la audiencia la apoderada de la parte demandada puso de
presente que remitió al juzgado la prueba solicitada, la cual fue allegada por el
Director del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Florida IMDER.
Finalmente, el juzgado concluyó que se incorporarían todas las pruebas
allegadas hasta ese momento.
20
Samai Tribunal. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. Índice 3. En donde obra acta y video.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
6.5. Ahora bien, teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente se debe
analizar lo referente a la valoración probatoria que le dio el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al testimonio del señor Ferid Camilo Anturi
Santander, la parte accionante manifiesta que esta autoridad judicial «restó
valor» a esa prueba pese a tratarse de la persona «quien presenció cómo la base de
madera se quebró». Destacó que esa prueba lograba demostrar que el daño no
fue por un uso inadecuado sino por la falla estructural del bien.
El tribunal accionado en lo referente a esta prueba manifestó que, en efecto el
señor Ferid Camilo Anturi Santander rindió su testimonio en la audiencia de
pruebas, sin embargo, lo allí manifestado no permitió establecer las
circunstancias de hecho del accidente, dado que de la valoración de la prueba
se determinó que existía una contradicción entre la versión del testigo y los
hechos descritos en la demanda.
El tribunal expuso que el testigo indicó que el accidente ocurrió cuando se dio
la «ruptura de la base de la estructura», mientras que la parte demandante afirmó
que el accidente se dio cuando el columpio «se desbalanceó», pues en la
demanda se describieron las circunstancias de hecho así: «estando en el juego,
este se desbalanceó y debido a las malas condiciones del mismo, los pies de la joven no
encontraron apoyo y pasaron de largo por las rejas, golpeando el piso y sufriendo fractura de
sus dos tobillos» (Énfasis propio), versión que coincidía con la brindada en la
petición que se dirigió a la personería municipal al indicar: «Llegamos al sitio dicho
anteriormente con dos amigos, minutos más tarde de nuestra llegada, como una actividad que
cualquier ciudadano haría, nos montamos en el columpio que tiene forma como de una barca,
luego de montarnos solo dos personas; mi amiga y yo, el columpio se desbalanceó estando
en movimiento y me resbalé en medio de las rejas de este, ya que no tiene seguridad en la
parte de abajo, por lo tanto mis pies tuvieron un choque con el columpio y se detuvo» (Énfasis
propio).
Lo anterior, llevó al tribunal a indicar que no obraba prueba de las
circunstancias reales de hecho, pues no era posible determinar «cuál fue la base
que según el testigo se quebró, máxime cuando él afirmó que su material era “de madera”»,
como tampoco cuál fue la acción que produjo la ruptura de ese elemento.
Esta prueba fue parte de las que llevaron al juez de segunda instancia a
concluir que no era posible determinar si la lesión fue producto del «deterioro de
la estructura» o si el «movimiento que realizó la demandante incidió en ese hecho» . Por lo
que, esta Sala precisa que la conclusión a la que llegó el tribunal no fue
producto del análisis de esa única prueba, sino que realizó una valoración
conjunta, tan es así, que se valoró la petición que presentó la señora Irene
Pencua Muñoz el 11 de marzo de 2016 a la personería municipal (documento
aportado con la demanda folio 51 -53 del Proceso Digitalizado 1era Parte) del cual
trajo a colación las fotografías que se aportaron allí, para señalar que no existía
certeza respecto de la autenticidad de ellas y que se «desconoce quién las tomó y
las condiciones en las que fueron captadas», además dijo que de esas fotos no se
podía establecer cuál fue la base que según el testigo se quebró,
adicionalmente en ese punto se valoraron también algunas de las cuentas de
cobro presentadas por el IMDER.
Además, esta Sala observó que en el acta de la audiencia del 8 de septiembre
de 202221, el juez procedió a fijar el litigio estableciendo que se pretendía que
se declarara administrativamente responsable a los demandados por los
21
Samai Tribunal. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. Índice 3.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
perjuicios causados a las demandantes en razón a las lesiones sufridas por
Angie Jhoanna Pardo Pencua el 30 de enero de 2016 en el Parque Bosque
Municipal de Florida, cuando al subirse en un juego «éste se desbalanceo y “debido
a las malas condiciones del mismo, los pies de la joven no encontraron apoyo y pasaron de
largo por las rejas golpeando el piso y sufriendo fractura de sus dos tobillos», sin que contra
esta fijación las partes presentaran recursos, a lo que manifestaron estar de
acuerdo.
Lo que permite evidenciar nuevamente la contradicción mencionada por el
tribunal, pues en la acción de tutela (hecho 4) la parte actora manifestó que sí
había certeza sobre las circunstancias del accidente pues el testimonio de
Ferid «señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente y
corroboró que el juego estaba deteriorado y sin señalización y que la base de este se rompió
durante el uso» sin que en la demanda se hubiera planteado la situación de la
base de madera que presuntamente se rompió.
6.6. En lo que respecta a la cuenta de cobro que según el tribunal demostraba el
mantenimiento que se realizó previo al accidente (3 de diciembre de 2015), pero
que la accionante considera no fue realizado en esa fecha sino en diciembre
de 2016, es decir con posterioridad al accidente conforme lo demostró el
IMDER. Al respecto se debe indicar lo siguiente:
El Juzgado Segundo Administrativo de Cali en la sentencia de primera
instancia del 2 de junio de 2023, en la parte considerativa, en el ítem de «Hechos
probados» identificó como uno de los hechos probados que el IMDER anexó
«copia de un recibo de pago de mantenimiento calendado el 28 de diciembre de 2016».
Al resolver el caso concreto el juzgado señaló que el Instituto para el Deporte
y la Recreación IMDER en respuesta del 26 de octubre de 2022 dijo que no
era prueba de la diligencia de la administración «una factura del 28 de diciembre
sobre el mantenimiento del bien, porque como bien lo puso de presente la parte demandante,
corresponde a una fecha posterior -28 de diciembre de 2016- al accidente -30/01/2016-.»
(Énfasis propio), prueba que fue tenida en cuenta para determinar la transgresión
a la obligación de la administración de realizar mantenimiento a los bienes a
su cargo.
Por su parte, en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca al determinar «La imputabilidad de la lesión» para establecer si
se debía atribuir responsabilidad a la administración por la presunta omisión
del deber de mantenimiento indicó que valoró como pruebas las cuentas de
cobro «presentada por persona natural al IMDER el 8 de julio, 1 y 3 de diciembre de 2015»
para determinar que a los juegos infantiles del Parque Bosque Municipal se le
realizó mantenimiento «el 3 de diciembre de 2015, esto es, 1 mes y 27 días antes del
accidente» (Énfasis propio) luego la parte demandante no probó que ese
mantenimiento fuera irregular o incompleto.
Al respecto esta Sala debe mencionar que tal como se identificó en el anterior
numeral 4.3, el Juzgado Segundo Administrativo de Cali en la audiencia inicial
decretó como pruebas los documentos aportados con la demanda y la
contestación de la demanda, entre otras (numeral 4.4.). Esta precisión se realiza
pues es necesario indicar que en diferentes etapas del proceso ingresaron
como pruebas cuentas de cobro. Del estudio del expediente se identifican las
siguientes:
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
(i) El municipio de Florida Valle contestó la demanda y con ella aportó pruebas,
dentro de las que se observan varias cuentas de cobro22.
(ii) El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER contestó la demanda
y con ella aportó varias pruebas, dentro de las que obran varias cuentas de
cobro23.
(iii) El 6 de diciembre de 202224 se aportó al proceso informe del director del Instituto
Municipal para el Deporte y Recreación de Florida IMDER que había sido
decretado en la audiencia inicial, en donde se aportaron como pruebas cuentas
de cobro.
Para identificar las cuentas de cobro que fueron aportadas como pruebas
desde la primera instancia se realiza el siguiente cuadro conforme a cada una
de las contestaciones y los documentos allí aportados:
Contestación de la demanda – Municipio de Florida
Nro. Comprobante de Egreso Concepto Cuenta de cobro
1 Comprobante de Egreso: «PAGO DE CUENTA DE COBRO POR Fecha:
2 de diciembre de 2015. TEMPLANA DE 90 MTRS DE LÍNEA 1 de diciembre de 2015
ACSR No4, REPARACION DE 4
Fecha: LAMPARAS ENTRADA PARQUE
23 de octubre de 2015 BOSQUE, INSTALACION DE
PROYECTOR Y REFLECTOR.» (Sic a
toda la cita)
2 Comprobante de Egreso: «CORTE DE CUATRO (4) ARBOLES, Fecha:
4 de diciembre de 2015. PODA DE 25 ABRBOLES (sic), DESPEJE 3 de diciembre de 2015
DE RAMAS AL TENDIDO ELECTRICO
Fecha: DENTRO DEL PARQUE BOSQUE Y
3 de diciembre de 2015 MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS
INFANTILES»
(Sic a toda la cita)
Contestación de la demanda – Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER Florida
Nro. Comprobante de Egreso Concepto Cuenta de cobro
1 Comprobante de Egreso: «ADECUACION DE LA CANCHA DE Fecha:
3 de agosto de 2015. FUTBOL DE PARQUE BOSQUE Y 8 de julio de 2015
MANTENIMIENTO DE LA ASEQUIA DEL
Fecha: PARQUE POR 20 DIAS» (Sic a toda la cita)
8 de julio de 2015
2 Comprobante de Egreso: «PAGO DE CUENTA DE COBRO POR Fecha:
2 de diciembre de 2015. TEMPLANA DE 90 MTRS DE LÍNEA ACSR 1 de diciembre de 2015
No4, REPARACION DE 4 LAMPARAS
Fecha: ENTRADA PARQUE BOSQUE,
23 de octubre de 2015 INSTALACION DE PROYECTOR Y
REFLECTOR.» (Sic a toda la cita)
3 Comprobante de Egreso: «CORTE DE CUATRO (4) ARBOLES, Fecha:
4 de diciembre de 2015. PODA DE 25 ABRBOLES, DESPEJE DE 3 de diciembre de 2015
RAMAS AL TENDIDO ELECTRICO
Fecha: DENTRO DEL PARQUE BOSQUE Y
3 de diciembre de 2015 MANTENIMIENTO A LOS JUEGOS
INFANTILES»
(Sic a toda la cita)
Informe del Director del Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Florida IMDER - Decretado en
la audiencia inicial
Nro. Comprobante de Egreso Concepto Cuenta de cobro
1 Comprobante de Egreso: «ARREGLO Y REFORZAMIENTO DE Fecha:
PARALES, CAMBIO DE CHAPA Y 28 de diciembre de 2016
22
Samai Tribunal. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. índice 3. Archivos: «Proceso Digitalizado 1era Parte.pdf»,
folios 102 a 108. «Proceso Digitalizado 2nda Parte.pdf», folios 1 a 39.
23
Samai Tribunal. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. índice 3. Archivos: «Proceso Digitalizado 2nda Parte.pdf»,
folios 40 a 93.
24
Samai Juzgado. Expediente 76001-33-33-002-2018-00053-01. índice 30.
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Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
28 de diciembre de 2016 ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES.»
(Sic a toda la cita)
Fecha:
28 de diciembre de 2016
2 Comprobante de Egreso: «ABONO DEL 50% DE LA CUENTA DE Fecha:
8 de mayo de 2018. COBRO DE REPARACION DE LOS 2 de mayo de 2018
JUEGOS INFANTILES METALICOS QUE
Fecha: ESTAN UBICADOS EN EL PARQUE
4 de mayo de 2018 BOSQUE MUNICIPAL, Y SE PAGARA AL
FINAL OTRO 50%, CUENDO TERMINE
LA REPARACION»
(Sic a toda la cita)
3 Comprobante de Egreso: «PAGO DE TOTAL DE LA CUENTA Y Fecha:
15 de mayo de 2018. FACTURA ($3.920.000) DE 2 de mayo de 2018
REPARACION DE JUEGOS Y PINTADA
Fecha: EN GENERAL DE LOS JUEGOS
15 de mayo de 2018 INFANTILES Y PINTADA DE BANCAS
DEL PARQUE BOSQUE,» (Sic a toda la
cita)
4 Comprobante de Egreso: «PAGO DE FACTURA No. 73 DE Fecha:
25 de mayo de 2018. COMPRA E INSTALACION DE DOS ------------
VIDRIOS DE VENTANA DE LA OFICINA
Fecha: DEL IMDER CON PELICULA DE
25 de mayo de 2018 SEGURIDAD Y COMPRA E
INSTALACION DE LAMINA DE
ALUMINIO PARA JUEGOS INFANTIL
DEL PARQUE BOSQUE» (Sic a toda la
cita)
Visto lo anterior, no es de recibo lo afirmado por la accionante, que indicó que
el tribunal erró al determinar que existía evidencia del mantenimiento previo al
accidente, pues para la señora Angie Jhoanna Pardo Pencua el IMDER
únicamente acreditó que el mantenimiento se realizó en diciembre de 2016, es
decir luego del accidente.
La postura de la accionante, y del juez de primera instancia, sería adecuada si
el IMDER solo hubiera allegado al proceso el informe que se decretó en la
audiencia inicial y que se aportó el día que se celebró la audiencia de pruebas,
pues en ese momento únicamente se relacionaron comprobantes de egreso y
cuentas de cobro de mantenimientos del parque con fechas posteriores al
accidente (28 de diciembre de 2016, 8 de mayo de 2018, 15 de mayo de 2018, 25
de mayo de 2018).
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el municipio y el IMDER al
contestar la demanda aportaron pruebas que fueron tenidas como tal por el
juez en la audiencia inicial, por lo que, la valoración probatoria debía realizarse
no solo al último informe del IMDER, sino a la totalidad de las pruebas, de allí
que obraban en el expediente otros comprobantes de egreso y cuentas de
cobro por mantenimientos previos al accidente (3 de agosto de 2015, 2 de
diciembre de 2015 y 4 de diciembre de 2015), de los cuales el del 4 de diciembre
de 2015 indica que se realizó mantenimiento a los juegos infantiles, fecha que
fue previa al accidente.
De ahí que no se advierta una valoración arbitraria, irrazonable o abiertamente
contraria al acervo probatorio, por lo cual resulta adecuada la valoración
realizada por el tribunal.
6.7. Así las cosas, la Sala observa que las conclusiones a las que arribó el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca fueron consecuencia de un análisis
motivado de los elementos probatorios que obran en el expediente y del marco
jurídico pertinente, a partir de los cuales se argumentó que no se logró probar
14
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03662-00
Demandante: Angie Jhoanna Pardo Pencua
las circunstancias en las que ocurrió el hecho objeto de ese proceso o de
alguna irregularidad en el mantenimiento realizado a la zona de juegos en la
que se encontraba la estructura en la que resultó lesionada la señora Angie
Jhoanna Pardo Pencua, por lo que la consecuencia era la revocatoria de la
decisión de primera instancia.
Asunto diferente es que la parte actora no comparta la aplicación,
interpretación y valoración realizada por la autoridad accionada en el caso
particular y pretenda obtener del juez constitucional una decisión favorable a
sus pretensiones.
7. Conclusión
En ese orden de ideas, la Sección declarará improcedente la acción de tutela
respecto de los planteamientos que se hicieron frente al defecto sustantivo, y negará
el amparo solicitado en relación con el defecto fáctico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las pretensiones en relación con el defecto fáctico, conforme se expuso
en la parte considerativa de esta decisión.
2. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Angie
Jhoanna Pardo Pencua en relación con las alegaciones referentes al defecto
sustantivo, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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