Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03669-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03669-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03669-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
10 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03669-00
Accionante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03669-00
Accionante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio
S.A.
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo.
Requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Subsidiariedad. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por la Empresa de Transporte del
Tercer Milenio-Transmilenio S.A., en contra del Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
La Empresa de Transporte del Tercer Milenio-Transmilenio S.A. -en adelante
Transmilenio S.A.-, por intermedio del director de representación Judicial 1, formuló
acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa2, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado
Sección Tercera-Subsección B.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 10 de octubre de 2024, mediante la cual
esa corporación revocó parcialmente el fallo proferido el 6 de junio de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No. 25000-23-36-000-2017-01990-
00/01.
1 Conforme a las facultades conferidas en el numeral 2 del artículo 4 de la Resolución de delegación de
funciones 342 del 15 de octubre de 2025 al abogado Nelson David Calderón Calderón. Índice 00002 del
aplicativo SAMAI, certificado C969B417395DC915 A52A199F8C42B2B1 D29751975E1065A0
3D2CC2D19BC19C32.
2 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado B0EB6AB02534C9D0 34AB26499371ECA8
76853F1C5FB1012D 36A0FE65CF71B368.
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Accionante: Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Viviana Arciniegas Chaves, en nombre propio y en representación de sus hijos
José Julián Aranzalez Arciniegas y Paublina Tahel, Humberto Yaced y Viviana Yoel
Teherán Arciniegas; así como Humberto Sixto Teherán Méndez, promovieron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Empresa
de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A. y el Distrito Capital – Secretaría
Distrital de Movilidad, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el
25 de octubre de 2015, en el que resultaron lesionadas Viviana Arciniegas Chaves
y la menor Paublina Tahel Teherán Arciniegas.
2.2. El asunto le correspondió por reparto a la Subsección B de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado núm. 25000-23-36-
000-2017-01990-00, autoridad judicial que, mediante sentencia del 6 de junio de
2019, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Distrito Capital–Secretaría Distrital de Movilidad, encontró
acreditada la excepción de inexistencia del nexo causal formulada por Transmilenio
S.A. y Liberty Seguros S.A. y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.
2.3. Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto mediante sentencia del 10 de octubre de 2024 por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó parcialmente el fallo de
primera instancia y, en su lugar, declaró la responsabilidad patrimonial de
Transmilenio S.A. por los daños causados a las demandantes, al concluir que el
asunto debía analizarse bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional y que no se
acreditó ninguna de las causales eximentes de responsabilidad invocadas por la
entidad demandada. Asimismo, declaró que la Organización SUMA S.A.S., en virtud
del contrato de concesión No. 10 de 2010, debía reintegrar a Transmilenio S.A. el
valor que esta llegare a pagar como consecuencia de la condena impuesta.
2.4. El 14 de noviembre de 2024, Transmilenio S.A. presentó solicitud de aclaración
de la sentencia, al considerar que la parte resolutiva no precisaba adecuadamente
el alcance de la decisión relacionada con los llamamientos en garantía ni la orden
impartida respecto de Organización SUMA S.A.S.
2.5. Mediante auto del 28 de abril de 2025, la Subsección B negó la solicitud de
aclaración, al estimar que la sentencia se había pronunciado de manera expresa y
suficiente sobre los aspectos planteados y que la petición no recaía sobre conceptos
o frases oscuras o ambiguas susceptibles de aclaración en los términos del artículo
285 del Código General del Proceso.
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2.6. Posteriormente, la Organización SUMA S.A.S. manifestó no haber sido
notificada de la sentencia de segunda instancia, razón por la cual solicitó que se
surtiera dicha notificación. Una vez efectuada por la Secretaría de la Sección
Tercera, presentó solicitud de aclaración de la sentencia, la cual fue resuelta
mediante auto del 17 de octubre de 2025, en el que la Subsección B también negó
la petición, por considerar que los cuestionamientos formulados correspondían a
desacuerdos con el contenido de la providencia y no a aspectos susceptibles de
aclaración.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
Como pretensiones de amparo deprecó:
“Se solicita: (i) Que se declaren configurados los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental absoluto en la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por
el Consejo de Estado, por las razones explicadas anteriormente; (ii) dejar sin
efectos la sentencia proferida el 10 de octubre 2024 por el Consejo de Estado
y (iii) ordenar la emisión de una nueva decisión que se ajuste a los límites
funcionales del recurso de apelación, adelante el juicio de imputación conforme
al artículo 90 de la Constitución Política, previa valoración integral del acervo
probatorio, motivando de manera suficiente cualquier conclusión relativa a la
existencia de un nexo causal entre las competencias de TRANSMILENIO S.A.
y el daño cuya reparación se reclama”3.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la decisión
cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
(i) Defecto sustantivo. Sostuvo que la autoridad judicial accionada interpretó
erróneamente el régimen jurídico aplicable a Transmilenio S.A., pues le atribuyó
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos con ocasión de un accidente de
tránsito generado por un operador privado del Sistema Integrado de Transporte
Público, pese a que dicha entidad no presta materialmente el servicio de transporte
ni ejerce la guarda de la actividad peligrosa. En ese sentido, afirmó que la
providencia desconoció las funciones asignadas a Transmilenio S.A. por el Acuerdo
Distrital 4 de 1999 y desbordó el alcance del artículo 90 de la Constitución Política
al extender indebidamente el régimen de responsabilidad del Estado.
(ii) Defecto fáctico. Manifestó que la Subsección accionada efectuó una valoración
irrazonable del material probatorio, al concluir que la responsabilidad debía recaer
sobre Transmilenio S.A. sin que existiera prueba técnica o jurídica que permitiera
imputarle el daño. Agregó que la providencia omitió valorar adecuadamente los
elementos probatorios relacionados con la actuación del concesionario y con las
circunstancias en que ocurrió el accidente, lo que condujo a una conclusión contraria
a la realidad procesal.
(iii) Defecto procedimental absoluto. Afirmó que la autoridad judicial vulneró el
principio de congruencia al resolver el litigio con fundamento en una causa petendi
3 Ibid.
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distinta de la planteada en la demanda, pues sustituyó una controversia centrada
en la actuación del concesionario operador del vehículo por una teoría de
responsabilidad basada en la condición de Transmilenio S.A. como ente gestor del
sistema y en la ejecución de funciones estatales por parte del concesionario. Agregó
que la autoridad judicial desbordó los límites funcionales del recurso de apelación,
al pronunciarse sobre aspectos que no habían sido objeto de reproche por el
apelante, y sostuvo indebidamente la competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa mediante una imputación estatal construida oficiosamente, con lo
cual desconoció el principio de congruencia y vulneró sus derechos de defensa y
contradicción.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 14 de mayo de 20264 el Despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela; vinculó como terceros con interés al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, al Distrito Capital
de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad, a Suma SAS, a Seguros del Estado
S.A., a Liberty Seguros S.A., a Viviana Arciniegas Chavez, a Humberto Sixto
Teherán Méndez, a José Julián Aranzalez Arciniegas, a Paublina Tahel Teherán
Arciniegas, a Humberto Yaced Teherán Arciniegas y a Viviana Yoel Teherán
Arciniegas; ofició a la autoridad accionada y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para que remitieran el expediente objeto de la solicitud de amparo;
además, ordenó la notificación a las partes y suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. El Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B 5, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que tanto la providencia
objeto de la acción de tutela como el expediente del medio de control de reparación
directa contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez
constitucional adopte la decisión que corresponda en derecho. En consecuencia,
manifestó que se atenía a lo que resolviera la Sala competente para decidir la
presente acción constitucional.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección
B 6, mediante la magistrada ponente de la sentencia de primera instancia, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Explicó que, mediante sentencia del 6 de junio de 2019, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Distrito
Capital, declaró probadas las excepciones formuladas por Transmilenio S.A. y, en
4 Índice 00005 del aplicativo SAMAI, certificado F75FD4523636E711 B8856A39481ADE04
F0621CD00F1D6350 1026DC717C1542DB.
5 Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado 2A44EE36B15E564E E29970635453B476
6E9C409786695E12 6181847D0F6A321B.
6 Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificado 1E32C05F81A61F50 D2094A8A768967AF
3BA198BE8F112B06 F6C19593DDCB4B37.
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consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Indicó
que dicha decisión fue apelada y posteriormente revocada parcialmente por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad que profirió
la providencia cuestionada en esta acción constitucional. En ese sentido, sostuvo
que los reparos formulados por la parte actora recaen exclusivamente sobre la
sentencia de segunda instancia, por lo que el tribunal carece de competencia para
modificar o desconocer lo resuelto por su superior funcional.
4.3. La Organización SUMA SAS en reorganización 7, a través de su
representante legal, solicitó, como pretensión principal, dejar sin efectos la
sentencia del 10 de octubre de 2024 y las providencias que resolvieron las
solicitudes de aclaración, aunque precisó que no coadyuva los argumentos
expuestos por la parte actora, sino que formula reparos autónomos contra dichas
decisiones. En ese sentido, sostuvo que la providencia incurrió en un defecto fáctico,
por cuanto omitió pronunciarse sobre los llamamientos en garantía formulados
contra Seguros del Estado S.A. y Liberty Seguros S.A., pese a que estos fueron
admitidos y tramitados dentro del proceso, así como en un defecto procedimental
absoluto por incongruencia, al abstenerse de estudiar dichos llamamientos en la
parte motiva y, simultáneamente, imponer a Organización Suma S.A.S. la obligación
de reintegrar a Transmilenio S.A. el valor de la condena en el numeral cuarto de la
parte resolutiva.
Agregó que la acción de tutela promovida por Transmilenio S.A. no puede utilizarse
como una tercera instancia para reabrir el debate jurídico decidido por el juez natural
y, de manera subsidiaria, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de Organización Suma S.A.S., al haber sido vinculada únicamente como
tercero con interés y no ser responsable de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante. Finalmente, pidió que, en caso de
concederse el amparo, se ordene proferir una nueva sentencia que valore
integralmente los llamamientos en garantía y resuelva de manera congruente su
situación jurídica y patrimonial.
4.4. El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad 8, por
conducto de su Directora Técnica de Representación Judicial, solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su
desvinculación definitiva del trámite de tutela, al considerar que no existe acción u
omisión atribuible a esa entidad que haya vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
Sostuvo que tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 6
de junio de 2019, como el Consejo de Estado en la providencia del 10 de octubre
de 2024 cuestionada en esta acción, declararon probada la excepción de falta de
7 Índice 00020 del aplicativo SAMAI, certificado 79DBCD503CC2C9CC CE1407CD8E71ECE0
185D82F429F77AA8 79B5186CE8D2E37E.
8 Índice 00021 del aplicativo SAMAI, certificado B9B35619012BC2CE 227949B2337714B9
7230D7135F35A3C6 43020AFAF516AE1A.
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legitimación en la causa por pasiva respecto de la Secretaría, decisión que se
encuentra amparada por la cosa juzgada.
Agregó que la controversia planteada en la tutela versa exclusivamente sobre la
responsabilidad atribuida a Transmilenio S.A. y los presuntos defectos de la
sentencia cuestionada, asuntos ajenos a sus competencias, pues la Secretaría no
interviene en la operación del sistema de transporte ni en la guarda del riesgo
derivado de dicha actividad. Finalmente, solicitó que, de concederse el amparo, se
preserve el numeral primero de la sentencia del 10 de octubre de 2024 que la
excluyó de responsabilidad, por no haber sido objeto de cuestionamiento por las
partes.
4.5. Los señores Huberto Sixto Teherán Méndez, Viviana Yoel Teherán
Arciniegas, José Julián Aranzalez Arciniegas y Viviana Arciniegas Chávez9
allegaron el mismo escrito10 en el que solicitaron negar el amparo invocado por
Transmilenio S.A.
Sostuvieron que la acción de tutela pretende reabrir un debate que ya fue resuelto
mediante la sentencia del 10 de octubre de 2024, con el único propósito de eludir el
cumplimiento de la condena impuesta y retrasar la reparación reconocida a las
víctimas. Señaló que las discrepancias existentes entre Transmilenio S.A. y la
empresa concesionaria Organización Suma S.A.S. respecto de la responsabilidad
del pago de la condena constituyen controversias internas que no pueden
trasladarse a los beneficiarios de la decisión judicial ni afectar el derecho a obtener
una reparación integral y oportuna.
Afirmaron que la providencia cuestionada fue proferida con fundamento en la
valoración integral del material probatorio y en el ejercicio de la función jurisdiccional
propia del Consejo de Estado, de modo que la sola discrepancia de la accionante
con la interpretación adoptada no configura los defectos sustantivo, fáctico y
procedimental alegados.
4.6. Seguros del Estado S.A. y Liberty Seguros S.A., a pesar de haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
9 Índice 00024 del aplicativo SAMAI.
10 La señora Viviana Arciniegas Chaves afirmó actuar en nombre propio y en representación de los demás
beneficiarios de la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa.
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2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Transmilenio S.A. es el titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandado, dentro del proceso de reparación
directa, identificado con el radicado núm. 25000-23-36-000-2017-01990-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, fue la autoridad que profirió la
decisión que, según el tutelante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela 12 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
13 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
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Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.
4.2. Subsidiariedad
Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 17.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
16 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
17“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
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forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial 18.
La Corte Constitucional 19 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en
las competencias de las distintas autoridades judiciales.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de
relevancia constitucional ni de subsidiariedad, por las razones que se exponen a
continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela se advierte que la parte actora cuestiona en
esencia que la decisión proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B incurrió en defecto sustantivo al atribuirle responsabilidad patrimonial
con fundamento en una interpretación errónea del régimen jurídico que regula las
funciones de Transmilenio S.A. y del modelo de prestación del servicio público de
transporte mediante concesión. Asimismo, afirmó que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico por efectuar una valoración irrazonable del material
probatorio y en defecto procedimental absoluto por desconocer el principio de
congruencia, al resolver el litigio con fundamento en una causa petendi distinta de
la planteada en la demanda y exceder, en su criterio, los límites del recurso de
apelación.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados en la decisión cuestionada,
se advierte que, en la sentencia del 10 de octubre de 2024, dictada por el Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección B, se arribó a las siguientes conclusiones:
“28. A diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, la Sala considera que dicho daño
tiene un nexo de causalidad con la actuación de la administración, pues está
acreditado que las lesiones de Viviana Arciniegas Chaves y Paublina Tahel
Teherán Arciniegas fueron causadas al ser atropelladas por el bus con placa
VEQ-262, conducido por Rafael Antonio Latorre Rodríguez.
29. Sobre este elemento, la Sala estima necesario destacar que las partes no
discutieron el hecho de que el accidente haya ocurrido, ni las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que ocurrió, sino solo el hecho de la víctima y de
un tercero (eximentes de responsabilidad que se analizarán desde el párrafo
32).
30. En el informe de tránsito se registró que el accidente de tránsito, ocurrido a
las 17:40 del 25 de octubre de 2015, consistió en un “atropello” por parte del
mencionado vehículo a las 2 peatonas, quienes, según el mismo informe,
resultaron lesionadas y fueron remitidas de inmediato al Hospital Meissen. De
acuerdo con el extracto de la historia clínica aportado y con la admisión triage
en el Hospital Meissen, las víctimas ingresaron a este centro médico pocos
18 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
19 Sentencia C-590 de 2005.
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minutos después de la ocurrencia del accidente y, como resultado del examen
físico realizado, se encontró, respecto de Viviana Arciniegas Chaves, un
“trauma en brazo izquierdo con múltiples hematomas”, y respecto de Paublina
Tahel Teherán Arciniegas, distintas lesiones en las extremidades inferiores. En
concordancia con lo anterior, la señora Arciniegas Chaves, en la declaración
que rindió en el proceso de reparación directa, manifestó que estaba de pie
sobre un andén “mirando los disfraces de halloween ahí con la niña ella los
estaba mirando y yo la tenía así de las manitos cuando el bus pasó […] y me
quitó la niña de las manos”, y complementó “el señor [conductor del bus] no
paró ni nada, simplemente la gente empezó a aglomerarse y a gritarle […]
cuando él frenó mi bebé quedó debajo [del bus], yo me boté al piso a recogerla
hasta tratar de sacarla porque la pierna le quedó debajo de la llanta [y] fue
cuando el señor echó hacia atrás y me fracturó a mí el brazo”.
31. La Sala se aparta de la consideración del Tribunal según la cual la parte
actora debía probar “el supuesto incumplimiento o la falla del servicio”, no solo
porque ese no era el título de imputación que debía guiar el análisis de la
responsabilidad en este caso, sino también porque el Tribunal, al adoptar esa
postura, le impuso a la parte actora cargas probatorias propias del régimen
subjetivo de responsabilidad, como lo es la exigencia de aportar alguna prueba
“que acreditara la velocidad a la que iba el vehículo para producir el efecto
succión”. Asimismo, no comparte esta Sala que el Tribunal haya concluido que
no se acreditó el nexo causal a partir de declaraciones rendidas por personas
que no presenciaron los hechos ni indicaron por qué les constaban sus
manifestaciones, así como de entrevistas de policía judicial que fueron
practicadas sin la formalidad del juramento (artículo 220 del CGP)
32. En este punto, Transmilenio SA tenía la carga de probar que se configuró
una de las tres causales de exoneración de responsabilidad, es decir, debía
acreditar que el daño fue causado por un hecho de la naturaleza, de un tercero
o de la víctima; sin embargo, como pasa a explicarse, ello no ocurrió”20.
En este punto la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
descartó la configuración de las causales eximentes de responsabilidad por hecho
exclusivo de la víctima y por hecho de un tercero. En cuanto a la primera, consideró
que no existía prueba de que Viviana Arciniegas Chaves hubiera desplegado una
conducta imprudente o constitutiva de la causa eficiente del daño, pues el hecho de
encontrarse en el andén sosteniendo de la mano a su hija no implicaba una
exposición indebida al riesgo. Asimismo, señaló que la hipótesis consignada en el
informe de tránsito carecía de la claridad y precisión necesarias para atribuir el
accidente a la conducta de las víctimas y resaltó que Transmilenio S.A. no cumplió
con la carga de demostrar el supuesto de hecho que sustentaba dicha eximente.
De otra parte, concluyó que tampoco se configuraba el hecho de un tercero, ya que,
aunque el accidente involucró un vehículo operado por Organización SUMA S.A.S.
en virtud del contrato de concesión celebrado con Transmilenio S.A., el
concesionario no constituía un tercero extraño a la actividad desarrollada por esta
última, sino que ejecutaba el servicio público de transporte en cumplimiento de las
funciones que le fueron encomendadas mediante dicho contrato. En consecuencia,
20 Índice 00037 del expediente digital de reparación directa radicado 25000 -23-36-000-2017-01990-01, en el
aplicativo SAMAI, certificado 7AA5105EA3EA5857 74089B7D939CF2CC BF8B6720853BD86C
F8AC2949AAE89AFD.
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estimó que la actuación del concesionario no tenía la virtualidad de romper el nexo
de imputación. Posteriormente consideró:
“40. Estas afirmaciones, aunque son ciertas, no configuran, a juicio de la Sala,
el hecho de un tercero, porque no se cumple con el carácter externo de este
eximente de responsabilidad. De acuerdo con el artículo 3 del Acuerdo distrital
4 de 1999, Transmilenio SA tiene a su cargo, entre otras, estas funciones:
“gestionar, organizar y planear el servicio de transporte público masivo urbano
de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia”; y “celebrar los
contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte masivo […]”.
En desarrollo de esas funciones, Transmilenio SA celebró el Contrato de
concesión 10 de 2010 con Suma SAS, en virtud del cual esta última sociedad
se obligó, entre otras, a “prestar el servicio público de transporte terrestre
automotor urbano masivo de pasajeros bajo el esquema de [SITP]”.
41. Expuesto lo anterior, debe comenzar por advertirse, como lo ha hecho de
forma reiterada la jurisprudencia, que la responsabilidad de la administración
por los daños que sus contratistas causan a terceros con ocasión, por ejemplo,
de la prestación de un servicio público (de transporte, como en este caso, de
salud21 o de otro tipo) o de una obra pública22 es directa.
42. Lo anterior significa que Transmilenio SA no puede ser exonerado de la
responsabilidad que se alega por el hecho de haber otorgado en concesión la
prestación del servicio público de transporte a Suma SAS. Ni la actividad con
ocasión de la cual se causó el daño (conducción de vehículo) ni el sujeto que la
llevó a cabo (concesionario) fueron ajenos o extraños al servicio; todo lo
contrario, la referida actividad se dio por razones del servicio público y, en
cuanto al sujeto que la desarrolló, es claro que este no es un tercero frente a la
administración, sino un encargado de la ejecución de la actividad estatal.
43. De igual forma, la administración no puede excusar su responsabilidad
extracontractual frente a terceros con base en las cláusulas de indemnidad que
pacte en un determinado negocio jurídico con sus contratistas, como lo
pretendió hacer Transmilenio SA al plantear este eximente de responsabilidad
(aunque, en sentido técnico, este no sea un asunto que corresponda al análisis
del hecho de un tercero), pues “la responsabilidad extracontractual de la
administración no puede ser objeto de convención entre los contratantes […] las
cláusulas de indemnidad no pueden interpretarse como exonerantes de
responsabilidad frente a terceros: si así lo fuera serían absolutamente nulas” 23
44. Esta Corporación ha entendido de forma pacífica que dichas cláusulas solo
producen efectos entre las partes (como se verá al analizar el llamamiento en
garantía formulado en contra de Suma SAS), y no son oponibles frente a
terceros. Esto se justifica, no solo en que la administración es la responsable
del servicio público cuya prestación otorga en concesión, que es el caso que
ahora tiene la atención de la Sala, sino también en que el tercero que reclama
la responsabilidad extracontractual no fue parte del contrato en el que se pactó
la cláusula ni aceptó esta última, por lo que no existe motivo por el cual tenga
que asumir los efectos de esa estipulación.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 19 de febrero de 2024 (NI. 62227) [cita
textual].
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 15 de julio de 2020 (NI. 43490) [cita textual].
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 19 de julio de 2023 (NI. 58482). En el
mismo sentido, puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 9 de octubre de 1985
(exp. 4556) [cita textual].
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Una postura opuesta frente a este punto transgrediría el principio de la
relatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil), del cual se deriva
que, por regla general, los contratos ni aprovechan ni perjudican a quienes no
los han celebrado.
45. En conclusión, el hecho de que, en el marco del contrato de concesión, las
entidades estatales otorguen a un concesionario la prestación de un servicio
público, por ejemplo, o pacten en él cláusulas de indemnidad, no libera de
responsabilidad a la administración por los daños que causen sus contratistas
en desarrollo del objeto del respectivo negocio jurídico.
46. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que están dados los
elementos para declarar la responsabilidad patrimonial de Transmilenio SA bajo
el título de imputación del riesgo excepcional y condenarla a indemnizar los
perjuicios causados a los demandantes. No se declarará la responsabilidad
patrimonial de Suma SAS porque, aunque en casos como este es clara la
responsabilidad solidaria que existe entre la administración y su contratista
(artículo 2344 del Código Civil), lo cierto es que en la demanda principal no se
planteó una pretensión que habilite a la Sala a hacer tal declaración.”24.
5.3. Se advierte entonces que el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
B explicó de manera suficiente los motivos por los cuales concluyó que el daño
sufrido por los demandantes tenía un nexo de causalidad con la actuación de la
administración, al encontrarse acreditado que las lesiones fueron ocasionadas por
el vehículo de placas VEQ-262, vinculado a la operación del Sistema Integrado de
Transporte Público. Asimismo, consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aplicó indebidamente u n régimen subjetivo de responsabilidad, al
exigir a la parte demandante la acreditación de una falla en el servicio y de
circunstancias probatorias propias de dicho título de imputación, cuando el caso
debía analizarse bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional. En ese sentido,
precisó que correspondía a Transmilenio S.A. demostrar la configuración de alguna
de las causales eximentes de responsabilidad, carga que estimó incumplida.
En desarrollo de ese análisis, la Subsección descartó la configuración de las
causales eximentes por hecho exclusivo de la víctima y por hecho de un tercero.
Respecto de la primera, consideró que no existía prueba de una conducta
imprudente de las víctimas ni de que estas hubieran sido la causa eficiente del
daño. En cuanto a la segunda, concluyó que Organización SUMA S.A.S. no era un
tercero extraño a la actividad desarrollada por Transmilenio S.A., sino el
concesionario encargado de ejecutar el servicio público de transporte en virtud del
contrato de concesión celebrado entre ambas entidades. Destacó que, conforme al
artículo 3 del Acuerdo Distrital 4 de 1999, corresponde a Transmilenio S.A.
gestionar, organizar y planear dicho servicio, así como celebrar los contratos
necesarios para su prestación, razón por la cual la actuación del concesionario no
rompía el nexo de imputación.
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Índice 00037 del expediente digital de reparación directa radicado 25000 -23-36-000-2017-01990-01, en el
aplicativo SAMAI, certificado 7AA5105EA3EA5857 74089B7D939CF2CC BF8B6720853BD86C
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En consecuencia, precisó que la responsabilidad de la administración por los daños
ocasionados por sus contratistas en desarrollo de un servicio público es directa, de
modo que ni la concesión ni las cláusulas de indemnidad la exoneran frente a
terceros, por lo que declaró la responsabilidad patrimonial de Transmilenio S.A.
bajo el título de imputación de riesgo excepcional.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir,
con claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado
por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada
de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos,
ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante
el desarrollo del proceso ordinario.
5.4. Ahora bien, lo que sí se observa es que la parte accionante omitió estructurar
sus reparos constitucionales, esto es, a partir de la identificación concreta de los
defectos que habilitan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Tal circunstancia evidencia que su inconformidad se
circunscribe a un debate de mera legalidad, sin que se haya desplegado un esfuerzo
argumentativo dirigido a demostrar la vulneración de derechos fundamentales.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y a la defensa, sino que, para entender como acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su
existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez
constitucional advertir tal vulneración 25.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera
vulnerados y eleve su argumentación a rango constitucional.
5.5. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada,
así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el
debate surtido en el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que, a pesar de
que el accionante sostuvo que la decisión incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, lo cierto es que ni siquiera desarrollo los cargos en función de los
mencionados defectos.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia,
25 Sentencia SU215 de 2022.
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toda vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el
marco de esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho
fundamental invocado fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de
la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en
el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 26, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario27.
5.7. Por otra parte, en cuanto al cargo relativo a que la decisión incurrió en defecto
procedimental absoluto, en la medida en que al resolver el litigio se fundamentó en
una causa petendi distinta de la planteada en la demanda, pues sustituyó una
controversia centrada en la actuación del concesionario operador del vehículo por
una teoría de responsabilidad basada en la condición de Transmilenio S.A. como
ente gestor del sistema y en la ejecución de funciones estatales por parte del
concesionario, la Sala considera que dicho cuestionamiento se enmarca en una
eventual vulneración del principio de congruencia.
Al respecto, esta corporación 28 ha señalado que, en las sentencias en las cuales se
considera que existe una indebida motivación o se viola el principio de congruencia,
así como en aquellas en que, de forma genérica, se transgrede el derecho al debido
proceso, pueden dar lugar a la configuración de una nulidad procesal.
En ese contexto, se advierte que el ordenamiento jurídico prevé mecanismos
idóneos para controvertir dicha situación, como el recurso extraordinario de revisión,
específicamente la causal quinta del artículo 250 del CPACA, que procede cuando
al “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación”.
26 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
28 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 3 de marzo de 2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-03970-00.
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5.8. En ese orden, al examinar el expediente ordinario, la Sala constata que el
accionante no ha hecho uso de los medios de defensa judicial que tiene a su
disposición para alegar la supuesta falta de congruencia en la decisión judicial.
De este modo, los argumentos planteados en la solicitud de tutela buscan suplir una
oportunidad procesal que no fue ejercida oportunamente por la parte actora, lo cual
impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo, pues ello
implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural y desconocer los
escenarios procesales previstos para la protección de los derechos invocados.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente el amparo deprecado, por no superar
los requisitos de relevancia constitucional ni de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Transmilenio S.A. en contra del Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B,
por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada Magistrado
SABF
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