Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03675-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03675-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03675-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03675-01
Demandante: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. – FONDO ABIERTO CON PACTO
DE PERMANENCIA CXC
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la improcedencia
de la acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia de 26 de junio de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción de tutela presentada por el
extremo actor.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora del Fondo Abierto
con Pacto de Permanencia CXC, a través de apoderado judicial, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 23 de febrero de 2026, a través de la cual la autoridad judicial accionada
resolvió revocar la sentencia de 29 de noviembre de 2023 de la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declarar probada la
excepción de pago total de la obligación propuesta y le ordenó a la demandante la
devolución de $ 64.403.403.
1 Con escrito presentado el 13 de mayo de 2026, a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Fondo Abierto
con Pacto de Permanencia CXC
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03675-01
Lo anterior, en el marco del proceso ejecutivo presentado por la parte actora contra la
Fiscalía General de la Nación identificado con el radicado 05001-23-33-000-2022-
00955-00/012.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de febrero de 2026
por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, únicamente en lo relativo
a la reliquidación del crédito y la orden de devolución, manteniendo incólume lo
demás.
3. ORDENAR a la autoridad accionada proferir nueva decisión ceñida a los límites de la
segunda instancia y a la estructura del proceso ejecutivo, respetando la etapa de
liquidación del crédito, establecida por el artículo 446 del CGP.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta providencia:
Mediante sentencia del 14 de marzo de 2016, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C revocó el proveído de 13 de octubre de 2010 dictado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en el trámite del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 05001-23-31-000-2002-01629-01.
En su lugar, declaró patrimonialmente responsable a la Nación, Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Arcesio de
Jesús López García y condenó a la demandada a pagar: (i) por concepto de perjuicios
morales la suma de ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno
de los demandantes, y (ii) por concepto de lucro cesante la suma de $ 16.528.295 a
favor del señor Arcesio de Jesús López García.
2 Proceso que se adelantó con el fin de obtener el cumplimiento de la sentencia de 14 de marzo de
2016, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro
del proceso de reparación directa identificado con el radicado 05001-23-31-000-2002-01629-01, que
formularon los señores Arcesio de Jesús López García, María Ligia García Quintero, María Nid López
García, Wilson de Jesús López García, Sergio López García, Belsabeth López García, Joel López
García, Loida López García y Dana Daisury López García contra la Fiscalía General de la Nación.
2
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Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. – Fondo Abierto
con Pacto de Permanencia CXC
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La sociedad Alianza Fiduciaria S.A., en su calidad de administradora del Fondo Abierto
con Pacto de Permanencia CXC3 presentó una demanda ejecutiva con el fin de que
se diera cumplimiento a la sentencia de 14 de marzo de 2016; proceso que
correspondió por reparto a la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia bajo el radicado 05001-23-33-000-2022-00955-00.
Con auto de 31 de agosto de 2023 el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Antioquia ordenó librar mandamiento de pago en favor de Alianza
Fiduciaria S.A., en calidad de administradora del Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia CXC, y en contra de la Fiscalía General de la Nación, por el valor de $
512.935.895, por concepto de capital, y por los intereses comerciales moratorios
causados desde el 2 de febrero de 2017 y hasta el 2 de agosto de 2017, reanudándose
el conteo el 28 de septiembre de 2017 y hasta el pago total de la obligación.
Luego, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2023 la Sala Segunda de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no probada la excepción de pago total
de la obligación propuesta por la Fiscalía General de la Nación y ordenó seguir
adelante con la ejecución.
Esta decisión fue apelada por la entidad ejecutada, en el sentido de destacar que la
obligación objeto del proceso debía tratarse como deuda pública, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 1955 de 2019 y los Decretos 642 de 2020, 960 de 2021, 1435
de 2022 y 2442 de 2022. En ese sentido, señaló que estas normas fijaban como fecha
límite para el pago el 30 de septiembre de 2022.
La entidad explicó en su recurso que la obligación fue incluida en la Resolución 3002
de 24 de junio de 2022, la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para que fuera reconocida como deuda pública a cargo de la Fiscalía General de la
Nación, lo cual sucedió a través de la Resolución 2290 de 31 de agosto de 2022. Así
mismo, indicó que materializó el pago del monto adeudado el 12 de septiembre de
2022, es decir, dentro del plazo fijado por el Gobierno Nacional, por lo que consideró
que no era procedente la causación de valores adicionales.
El trámite de la segunda instancia correspondió al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C que en sentencia de 23 de febrero de 2026 decidió revocar el
proveído de primer grado y, en su lugar, declarar probada la excepción de pago total
de la obligación propuesta y le ordenó a la parte demandante la devolución de $
64.403.403 a favor de la Fiscalía General de la Nación.
3 De las pruebas que obran en Samai se advierte que los señores Arcesio de Jesús López García, María
Ligia García Quintero, María Nid López García, Wilson de Jesús López García, Sergio López García,
Belsabeth López García, Joel López García, Loida López García y Dana Daisury López García
suscribieron un contrato de cesión de créditos sobre el 100 % de los derechos económicos reconocidos
en la sentencia de 14 de marzo de 2016. En sentencia de 23 de febrero de 2026 se reconoció la
legitimación en la causa por activa de la fiduciaria accionante, al acreditarse su condición de cesionaria
de los derechos derivados de la sentencia en mención.
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En primer lugar, desestimó el reproche de la ejecutada en relación con que el
reconocimiento de la obligación como «deuda pública» no impide la liquidación de
intereses adicionales. Así mismo, explicó que en el caso particular no hubo acuerdo
de pago entre los ejecutantes y la entidad que permita suspender la causación de
intereses, por lo que la obligación los generó mientras se realizaba el depósito.
Luego, señaló que la solicitud de pago se realizó pasados seis meses desde la
ejecutoria de la providencia, por lo que consideró que cesó la generación de intereses
definida en el inciso 6 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo,
adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998, desde el 2 de agosto de 2017
hasta el 28 de septiembre de 2017. Además, sostuvo que la obligación se hizo
ejecutable a partir del 3 de agosto de 2018.
De igual manera, explicó que «el cálculo de los intereses se debe contabilizar desde
que la obligación se hizo exigible hasta la fecha del pago efectivo, que es cuando cesa
la indemnización de perjuicios derivados del retardo en el pago para el deudor» y que
«el pago extingue la obligación cuando es completo, es decir, cuando comprende los
intereses e indemnizaciones que se deban».
Estableció que el pago por parte de la Fiscalía General de la Nación se efectuó el 12
de septiembre de 2022 por el valor de $ 1.289.109.737 que cubrió la totalidad de los
intereses ($ 711.770.439) y el capital ($ 512.935.895), por lo cual señaló que existía
un saldo a favor de la ejecutada por el valor de $ 64.403.403, que debía devolverse.
Puso de presente que «la diferencia en el cálculo de la liquidación realizada por la
Nación-Fiscalía General de la Nación, el ejecutante y el Tribunal Administrativo de
Antioquia en la sentencia impugnada radica en que realizaron los cálculos tomando
como base el salario mínimo mensual legal vigente para 2017, en vez del vigente para
la fecha de la sentencia de 2016. Además, la parte ejecutada calculó $2.556.467 más
de intereses al 29 de abril de 2022 respecto a Loyda, Betsabe, Sergio, Joel y Dana
Jaysuri López García, en contraste con María Ligia García Quintero, Wilson de Jesús
y María Nid López García, a pesar de tratarse de las mismas sumas de capital, sin que
existiera razón para esa diferencia en la causación de intereses».
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que, al proferirse la decisión de 23 de febrero de 2026, la
autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, violó los principios de congruencia, reformatio
in pejus, preclusión y cosa juzgada, e incurrió en los defectos orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución.
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En primer lugar, indicó que se cumplen con todos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Particularmente, sobre
la relevancia constitucional señaló que el asunto trasciende el ámbito de lo meramente
legal, puesto que no es una simple discrepancia interpretativa.
Sobre los defectos invocados, precisó lo siguiente:
1.4.1. Orgánico: alegó que la autoridad judicial excedió su competencia al liquidar
oficiosamente el crédito en sede de apelación y al crear una obligación nueva
consistente en la devolución de sumas de dinero, dado que solo debía limitar su
función a la verificación de la prosperidad de la excepción de pago planteada por la
parte ejecutada.
Igualmente, resaltó que «en el proceso ejecutivo, la liquidación del crédito constituye
una etapa posterior a la decisión que ordena seguir adelante con la ejecución y debe
surtirse con plena garantía de contradicción».
1.4.2. Procedimental absoluto: afirmó que el fallador alteró el proceso ejecutivo y
desnaturalizó su estructura al suprimir sus etapas, teniendo en cuenta que omitió la
aplicación del artículo 446 del Código General del Proceso, al prescindir de la etapa
de liquidación del crédito y realizar de manera oficiosa una reliquidación integral de la
obligación sin garantizar su contradicción.
Expuso que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C debió limitarse a
resolver el recurso de apelación en los términos en los que fue propuesto y «verificar
la existencia, exigibilidad y cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible, y
no a fijar directamente su cuantía mediante decisiones unilaterales del juzgador».
No obstante, reprochó que la autoridad judicial no se apegara a este deber, sino que
introdujera una consecuencia jurídica ajena al trámite del ejecutivo, como lo fue
ordenar la devolución de una suma de dinero, y de esa manera vulnerar el artículo 461
del Código General del Proceso, que no contempla la posibilidad de que el juez del
proceso ejecutivo declare la existencia de pagos en exceso y ordene su restitución.
1.4.3. Fáctico: destacó que la autoridad judicial se apartó de la realidad probatoria del
proceso al estructurar una nueva liquidación del crédito sin el soporte suficiente y
prescindir de las pruebas obrantes en el plenario.
Señaló que la Fiscalía General de la Nación aceptó la base de liquidación
correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente del 2017 y que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C alteró de oficio ese elemento al aplicar un
salario mínimo distinto perteneciente al 2016, que no fue invocado por la parte
ejecutada y que condujo a que se construyera la tesis del «pago en exceso».
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1.4.4. Sustantivo: aseveró que la autoridad judicial interpretó de manera irrazonable
el artículo 446 del Código General del Proceso al convertir la sentencia en un acto
liquidatario.
1.4.5. Violación directa de la Constitución: manifestó que se vulneró el artículo 29
superior, por no darse aplicación dentro del proceso ejecutivo al derecho de defensa y
al principio de contradicción.
Finalmente, invocó la violación de los principios de congruencia, reformatio in pejus,
preclusión y cosa juzgada, al poner de presente que el recurso de apelación planteado
por la Fiscalía General de la Nación estaba limitado a dos aspectos puntuales: (i) la
aplicación del régimen de deuda pública, y (ii) la causación de intereses moratorios
conforme a lo dispuesto en la Ley 1955 de 2019. En ese sentido, alegó que el juez de
instancia debía circunscribirse a esos reparos, de conformidad con los artículos 320 y
328 del Código General del Proceso.
Sin embargo, refutó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
desbordó dicho marco al pronunciarse en segunda instancia sobre aspectos ajenos al
recurso de apelación, como lo fue: (i) la redefinición del capital base de la condena; (ii)
la elaboración de una nueva liquidación, y (iii) la imposición de una obligación a la parte
ejecutante consistente en restituir unas sumas de dinero.
Sostuvo que esa actuación agravó su situación, puesto que pasó de ser acreedora a
ser considerada como deudora, sin que existiera una pretensión expresa de la
contraparte sobre ese aspecto.
Discutió que el valor del capital que sirvió como base de la ejecución no fue objeto de
controversia oportuna por la parte ejecutada, por lo que en virtud de los principios de
preclusión y cosa juzgada no era procedente que aspectos no discutidos en su
oportunidad fueran reabiertos posteriormente.
De igual modo, puntualizó que «las decisiones adoptadas al interior del proceso,
particularmente aquellas relacionadas con la estructuración del título y la
determinación del capital, adquirieron firmeza, configurando cosa juzgada formal, lo
cual impedía su modificación oficiosa por parte del juez de segunda instancia».
En ese sentido, consideró que la autoridad judicial vulneró tales principios al
reconfigurar de oficio la base del capital y cambiar el salario mínimo legal mensual
vigente base y al efectuar una nueva liquidación del crédito en sede de apelación, sin
que este aspecto hubiera sido alegado por la parte ni sometido a contradicción.
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 20 de mayo de 2026, el magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A resolvió: (i) admitir la demanda; (ii) negar la medida
provisional presentada4; (iii) requerir al apoderado para que remitiera en forma debida
el poder que la facultaba para actuar en representación de la sociedad actora, y (iv)
vincular a la Fiscalía General de la Nación.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Fiscalía General de la Nación
La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad solicitó
que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no existe
una relación de causalidad entre sus actuaciones y la acción u omisión que reprocha
la parte actora. En consecuencia, pidió que se le desvincule de la actuación.
Así mismo, puso de presente que el proveído cuestionado por la parte actora no fue
expedido por la Fiscalía General de la Nación, por lo cual no puede pronunciarse de
fondo.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado sustanciador de la providencia reprochada solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al señalar que los argumentos de la parte accionante
están encaminados a cuestionar el análisis realizado por el juez natural de la causa y
que solo pretenden utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional.
Informó que el recurso presentado por la Fiscalía General de la Nación se fundó en el
pago total de la obligación por lo que, conforme al artículo 328 del Código General del
Proceso, le correspondía contrastar el valor consignado por la entidad con el capital
adeudado y los intereses causados hasta la fecha de pago; ello con el fin de establecer
si la obligación había sido satisfecha en su totalidad.
Explicó que la Sala encontró que el capital tenido en cuenta en la sentencia de primera
instancia no correspondía con el fijado en el mandamiento de pago, y que, de
conformidad con el numeral 1. ° del artículo 446 del Código General del Proceso, la
liquidación del crédito debía sujetarse a lo allí dispuesto.
4 La parte actora solicitó: «Se solicita la suspensión de los efectos de la sentencia en lo relativo a: 1. la
reliquidación del crédito, 2. orden de devolución de sumas, hasta que se decida de fondo la presente
acción».
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Así mismo, expuso que encontró anomalías en el cálculo de intereses que también
implicaban un agravante para la situación del apelante e influían en la determinación
del pago realizado por la entidad.
Puso de presente que la Sala se limitó a estudiar el cargo formulado en el recurso de
apelación en el sentido de verificar la prosperidad de la excepción propuesta y valoró
las pruebas allegadas al proceso, incluidas las liquidaciones, que fueron aportadas por
las partes en la oportunidad procesal prevista para ello y que surtieron el trámite de
contradicción, razón por la cual era procedente su valoración en segunda instancia,
sin que ello implicara la reapertura de etapas precluidas ni la alteración de situaciones
jurídicas consolidadas.
Afirmó que la decisión reprochada por el extremo actor se fundó en la valoración
probatoria que arrojó los errores en la liquidación y en el cálculo de la obligación, lo
que constituyó el fundamento que corroboró que la obligación había sido pagada en
su totalidad.
En cuanto a la orden de devolución de los dineros pagados en exceso por la Fiscalía
General de la Nación indicó que esto «no fue el resultado de un raciocinio arbitrario o
caprichoso del juez ordinario, sino que tiene pleno respaldo en el criterio establecido
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en la sentencia
del 1 de julio de 2025, rad. 71482, determinó ese reintegro de valores entregados en
exceso. También, la decisión tiene sustento en lo ordenado en el artículo 1653 CC, tal
como se indicó en el texto de la providencia».
Comentó que es paradójico que la parte accionante esté invocando la trasgresión de
la prohibición de la reformatio in pejus, puesto que esa garantía está en función de la
protección del apelante único que en este caso fue la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente, indicó que la ejecutante tuvo la posibilidad de presentar la apelación
adhesiva frente a la sentencia de primera instancia para ventilar sus inconformidades.
Finalmente, arguyó que «[n]o se puede pasar por alto que se ordenó la devolución de
un pago en exceso proveniente de recursos del erario, pues fue la entidad ejecutada
la que incurrió en una erogación mayor a la que estaba obligada. En ese orden de
ideas, cualquier invalidación de lo ordenado por la Sala, a mi juicio, deberá tener en
cuenta la naturaleza y protección de los dineros pagados en exceso».
1.6.3. Alianza Fiduciaria S.A. – Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CXC
El apoderado de la accionante aportó el poder requerido en el auto admisorio.
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1.7. Sentencia de primera instancia
Con fallo de 26 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A negó la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación,
declaró improcedente la acción de tutela por no acreditar el requisito de relevancia
constitucional y reconoció personería al abogado Jorge Alberto García Calume.
En primer lugar, consideró que la parte actora se limitó a presentar sus
inconformidades con la providencia atacada con el fin de emplear el mecanismo
constitucional para revivir el debate probatorio y jurídico que fue definido por el juez
natural de la causa.
Indicó que si bien la accionante invocó causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial, no desplegó la suficiente carga argumentativa
tendiente a explicar en qué modo se configuraron los citados defectos, sino que sus
argumentos estaban dirigidos a que se acogiera su tesis acerca de la manera como se
debió haber atendido la excepción de pago total de la obligación propuesta por la
entidad ejecutada.
Luego de resumir las razones planteadas por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C en la providencia de 23 de febrero de 2026, señaló que ese
razonamiento no comportaba algún capricho o arbitrariedad, sino que, por el contrario,
materializaba el ejercicio de la autonomía judicial para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, dentro del cual no se evidenciaba
alguna extralimitación de la competencia funcional.
En relación con la supuesta transgresión al principio de congruencia y la desatención
de la prohibición de la reformatio in pejus, puso de presente que no se sustentó en
debida forma, puesto que no se desplegó la suficiente carga argumentativa tendiente
a explicar en qué modo se configuraron estos reproches.
En todo caso, anotó que la figura de la reformatio in pejus se predica respecto de la
parte que tiene la condición de apelante única, que en este caso era la Fiscalía General
de la Nación y no la tutelante; y que en caso de estimar que se configurara tal violación
podía acudir al recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En consecuencia, concluyó que la parte accionante lo que pretendía era que se le
impusiera al juez de la causa adoptar la tesis que la actora defiende sobre la manera
como se debía decidir la excepción de pago propuesta, sin desvirtuar desde la óptica
constitucional que el razonamiento de la autoridad judicial afectó sus derechos.
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1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 8 de julio de 20265, la parte accionante solicitó que se revoque
el fallo de tutela de primera instancia para que, en su lugar, se amparen sus derechos
fundamentales y se deje sin efectos la sentencia de 23 de febrero de 2026.
Alegó que la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela fue edificada por el
a quo constitucional sobre una comprensión equivocada del problema jurídico, puesto
que no se cuestionó la corrección jurídica de la liquidación, sino que lo que se pidió fue
determinar si la autoridad judicial accionada podía crear una obligación patrimonial
nueva a cargo de la parte ejecutante al resolver el recurso de apelación, prescindir del
procedimiento previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso e imponer
una condena restitutoria sin garantizar el ejercicio del derecho de contradicción.
En ese sentido, estimó que la controversia planteada trascendía de una simple
discusión interpretativa, puesto que el problema jurídico demostraba que se
comprometían sus garantías constitucionales, tales como el debido proceso, de
defensa, el principio de contradicción, el juez natural, la competencia funcional y el
principio de legalidad.
Puso de presente que la sentencia impugnada no examinó ni desvirtuó los cargos
constitucionales formulados en el escrito de tutela, dado que nunca estudió si la
facultad para resolver la excepción de pago total en segunda instancia también
comprendía la potestad para crear una obligación patrimonial nueva a cargo de la parte
ejecutante, sin un procedimiento previo, lo cual vulneró el principio de contradicción.
Explicó que la decisión reprochada fue sustancialmente más allá de resolver la
excepción de pago total de la obligación propuesta por la Fiscalía General de la Nación,
al crear una consecuencia jurídica completamente distinta a aquella que era objeto del
litigio y de la impugnación, con lo cual se violó el principio de congruencia, teniendo en
cuenta que oficiosamente incorporó una controversia que nunca fue sometida en el
proceso.
Consideró que la sentencia de primera instancia no estudió el desconocimiento del
principio del juez natural y de la competencia funcional, comoquiera que no identificó
la disposición legal que le permitió a la autoridad judicial accionada crear una
obligación restitutoria que el ordenamiento procesal no contempla como consecuencia
de la prosperidad de la excepción de pago total.
Indicó que se vulneró su derecho de defensa, puesto que fue privada de ejercer
adecuadamente este derecho frente a la obligación que finalmente le fue impuesta.
5 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de
1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 3 de julio de 2026 y el recurso se
interpuso el 8 de julio del mismo año.
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Reiteró que se incurrió en los defectos orgánico y procedimental absoluto, toda vez
que el juez natural de la causa alteró la estructura del proceso ejecutivo al ordenar la
devolución de $ 64.403.403 a la parte ejecutada, con lo cual se consolidó un nuevo
título ejecutivo exigible a favor de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido,
consideró que en el presente caso el problema trasciende el ámbito de la legalidad e
involucra un asunto con verdadera relevancia constitucional.
Finalmente, aludió que la sentencia de tutela recurrida incurrió en un defecto por
motivación insuficiente, toda vez que omitió dar respuesta a los cargos constitucionales
formulados en el escrito de tutela. Ello, comoquiera que no explicó: (i) por qué estos
carecen de fundamento; (ii) de dónde surgió la competencia para ordenar la devolución
del dinero; (iii) no desarrolló el alcance del artículo 461 del Código General del Proceso,
y (iv) no identificó el momento procesal en el cual se habría garantizado el principio de
contradicción.
1.9. Trámite en segunda instancia
1.9.1. El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el
18 de agosto de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1. °
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, mediante auto de 20
de agosto de 2026 el magistrado ponente declaró infundado el mencionado
impedimento.
1.9.2. Además, por auto de la misma fecha, el despacho sustanciador vinculó, en
calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, al Tribunal Administrativo de
Antioquia, así como las demás partes, personas, terceros y/o entidades que hayan
participado en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 05001-23-33-000-2022-
00955-00/01.
De igual manera, puso en conocimiento de ellos la nulidad saneable que se presentaba
en el proceso, para que: (i) si era de su interés, la alegaran; (ii) se pronunciaran sobre
la solicitud de amparo sin alegar la nulidad, o, (iii) guardaran silencio.
1.10. Intervención
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el siguiente
informe:
1.10.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
El magistrado que llevó el trámite de primera instancia del proceso 05001-23-33-000-
2022-00955-00/01 pidió que se niegue el amparo solicitado y que se mantenga
incólume la providencia judicial cuestionada.
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Luego de realizar un recuento sobre las diferencias entre la decisión adoptada por esa
judicatura y aquella proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, indicó que la decisión del alto tribunal de lo contencioso-
administrativo no obedeció a una actuación arbitraria, caprichosa o carente de sustento
jurídico, sino al ejercicio de la función jurisdiccional con el fin de verificar si se
encontraba acreditada la excepción de pago total propuesta dentro del proceso
ejecutivo.
En ese sentido, concluyó que no se configuran los defectos invocados por la parte
actora ni alguna vulneración de los derechos de la Alianza Fiduciaria S.A. – Fondo
Abierto con Pacto de Permanencia CXC.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 26 de junio de 2026 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 26 de junio de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela
presentada por el extremo actor.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la
referencia y de encontrarse superados, y (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial
En el sub examine, la parte actora sostuvo que la providencia del 23 de febrero de
2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
así como los principios de congruencia, reformatio in pejus, preclusión y cosa juzgada,
puesto que incurrió en los defectos orgánico, procedimental absoluto, fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución.
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada excedió su competencia al
realizar oficiosamente una nueva liquidación del crédito y ordenar la devolución de
unas sumas de dinero que no fueron pretendidas en el marco del recurso de apelación.
En ese sentido, reparó en que la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la
Nación estaba limitada a la aplicación del régimen de deuda pública y la causación de
intereses moratorios, por lo que el juez de segunda instancia debía circunscribirse a
esos asuntos, conforme a los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
Sin embargo, refutó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
desbordó dicho marco al pronunciarse en segunda instancia sobre aspectos ajenos al
recurso de apelación, como lo fue: (i) la redefinición del capital base de la condena; (ii)
la elaboración de una nueva liquidación, y (iii) la imposición de una obligación a la parte
ejecutante consistente en restituir unas sumas de dinero.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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También señaló que se desconoció el artículo 446 del Código General del Proceso, al
realizarse una reliquidación sin que se garantizara su derecho de defensa y
contradicción.
Pues bien, en el presente caso la Sala considera que no se cumple el requisito de
agotamiento de todos los medios de defensa judicial, toda vez que la parte actora
cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250 ibidem,
esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.
En efecto, la Sala encuentra que los fundamentos de la acción de tutela se centran
todos en señalar que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, como
tribunal de cierre, incurrió en una incongruencia, puesto que excedió su competencia
como juez de la segunda instancia al pronunciarse por fuera de los límites impuestos
en el recurso de apelación y ordenar la restitución de unos dineros pagados por la
Fiscalía General de la Nación sin que ello fuera pretendido por la parte ejecutada.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esa tesis, lo cierto es que esta sección,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el proveído
bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, circunstancia que, como se analizará
más adelante, se enmarca en la causal 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Especial
Veintidós de Decisión de esta Corporación10, la falta de motivación y la incongruencia
dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen
procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5. ° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 201111.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión.
Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-15-000-
2015-02342-00(REV). Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro.
11 «Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: […]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación.
[…]».
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2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la
sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites
impuestos en la causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A.,
y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada. Y,
en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia
que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6
del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del
debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos
términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia
externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el
fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda […]” (Destacado por la Sala)
Además, esta Corporación ha considerado que la nulidad también procede cuando
ocurre al «[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus [como cuando el
juez contencioso se pronuncia acerca de un objeto distinto al pretendido en la
apelación] o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado
al proceso»12.
12
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor: José
Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P. Danilo
Rojas Betancourth.
15
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En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia da
lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5. ° del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 vigente para la fecha de interposición de la demanda que
suscitó la presente controversia, esto es, «[…] Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]».
Ahora bien, se tiene que, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela
procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de
los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible
ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten
al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción de
tutela, cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección de los
derechos invocados, o ya se agotaron, es la existencia de un perjuicio irremediable, el
cual se configura a voces de la Corte Constitucional «[…] cuando el peligro que se
cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y
de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables
que lo neutralicen […]13».
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además ha
de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables14. Entonces, corresponde
a la Sala estudiar si, en el caso concreto, la acción de tutela procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales de la parte actora.
Al respecto se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en este asunto porque del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte demandante se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales ni la actora así lo advierte.
13 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa.
Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A continuación,
se reseña lo pertinente: «[…] son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, […] A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente"[…]. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser
urgentes, […] || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona […] || D). La
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la
acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna […] Se trata del sentido de precisión y exactitud
de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la
conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social».
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En su escrito de impugnación, la parte accionante alegó que la sentencia de tutela
recurrida incurrió en un defecto por motivación insuficiente, pues no dio respuesta a
los cargos constitucionales formulados en la demanda de tutela, en atención a que no
explicó por qué estos carecían de fundamento ni analizó de dónde surgió la
competencia del fallador para ordenar la devolución del dinero, el alcance del artículo
461 del Código General del Proceso y mucho menos identificó el momento procesal
en el cual se habría garantizado el principio de contradicción.
Sin embargo, es importante recordar que el estudio de fondo de los defectos invocados
por la parte accionante solo procede una vez se encuentran superados los requisitos
de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela. Por lo tanto, comoquiera que en el
presente caso no se superó el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial, no es procedente estudiar los yerros expuestos por la parte actora en
su demanda, así como tampoco lo hizo el a quo constitucional.
Se itera que para la Sala de Decisión toda la argumentación del tutelante gravita en
torno a que el juez de segunda instancia desbordó el marco de su competencia al
resolver aspectos ajenos al recurso de apelación, como redefinir oficiosamente el
capital base de la condena, elaborar una nueva liquidación y ordenar la devolución de
dineros. En síntesis, comoquiera que el reclamo radica en la falta de congruencia del
fallo, esta irregularidad ha de ser estudiada bajo la causal de nulidad originada en la
sentencia a través del recurso extraordinario de revisión.
Así las cosas, esta Sala confirmará la decisión del a quo, en cuanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por las razones aquí expuestas, en
resumen, porque no se superó el requisito de agotamiento de todos los medios de
defensa judicial.
2.5. Conclusión
Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala confirmará la sentencia de 26
de junio de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró improcedente la acción de tutela presentada por Alianza
Fiduciaria S.A. – Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CXC.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 26 de junio de 2026 dictada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por Alianza Fiduciaria S.A. – Fondo Abierto con Pacto de
Permanencia CXC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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