Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03676-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 03676 00
Accionante: Natalia Bedoya Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad y
declara la carencia actual de objeto por hecho superado
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Natalia Bedoya Betancur en
contra del Tribunal Administrativo de Caldas, con ocasión de la acción popular
identificada con el radicado núm. 17001 23 33 000 2024 00155 00.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Natalia Bedoya Betancur, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la citada autoridad judicial, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
se ordene al tutelado conceder mi apelación
se determine en tutela si el tutelado puede negar coadyuvancias en acciones
populares tal como lo hizo en mi accion popular que hoy es motivo d etutela
se determine en tutela si se me garantiza un debido proceso
Se determina bajo tutela si en acciones populares la cosa juzgada es absoluta o
relativa, pues la H CC dice que es relativa si persiste la amenaza como ocurre
hoy.
se valore en derecho el escrito de apelación, EL CUAL APORTO A ESTA
TUTELA DE MANERA DIGITAL, y que hiciera un excelentísimo abogado de
amparo de pobreza, - ESTE ABOGADO DE AMPARO POBREZA DA ORGULLO
SER REPRESENTADA EN DERECHO POR UN GRANDIOSO PROFESIONAL
DEL DERECHO, ESO DA ORGULLO DE COLOMBIANA, CONTAR CON
PROFESIONAL DEL DERECHO COMO EL ABOGADO DE AMPARO DE
POBREZA EN MI ACCION POPULAR 2024 31 QUE SE TRAMITÓ EN EL
JUZGADO CIVIL CTO DE AGADAS CDS. en mi primera
popular contra BANCOLOMBIA, NUNCA CONTRA EL MUNICIPIO NI
CONTRA EL MINISTERIO DE SALUD, donde se demostró la vulneración DEL
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03676 00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 03676 00
Accionante: Natalia Bedoya Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
REPRESENTANTE LEGAL DE BANCOLOMBIA EN AGIADAS CDS, POR
DISCRIMINAR, sin embargo la magistrada sandra jaidive del tsscf de
Manizales dijo desierta la apelación y se negó a tramitar de oficio, a garantizar la
doble instancia en la accion constitucional de impulso oficioso...
esto para demostrar mi afán de CIUDADANA COLOMBIANA SIN SER ABOGADA
A QUE LA LEY SE CUMPLE Y NO EXISTA MÁS DISCRIMIANCION...y demostrar
que no existe cosa juzgada en mi accion popular donde demande al banco de
Colombia y al MINISTRO DE SALUD por permitir la violacion de la
resolución 14861 de 1985. (SIC a toda la cita). (Mayúsculas originales del escrito
tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Como único fundamento fáctico de la solicitud de amparo, la accionante expuso lo
siguiente:
Como Ciudadana Colombiana, presente la accion popular radicada 17001-23-33-
000 2024-00155-00, donde después de mucho tiempo de estar mi accion
de un despacho a otro, la H CC ordenó al tutelado darle trámite en derecho el
tutelado nego mi accion, sin embargo, lo peor para mi en derecho es que me
negó mi apelación y por ello le tutelo. (SIC a toda la cita).
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La presente acción de tutela fue radicada el 13 de mayo de 2026 y, una vez efectuado
el reparto, correspondió su conocimiento a esta Sección.
3.2. Los consejeros de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro2 y Germán Eduardo
Osorio Cifuentes3, manifestaron su impedimento para intervenir en la presente acción de
tutela, al considerar que se encontraban incursos en la causal prevista en el numeral 2
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Ello, debido a que poseen productos
financieros con Bancolombia S.A., parte demandada en la acción popular objeto de
reproche en la presente acción de tutela, tales como cuentas de ahorro, tarjetas de
crédito, Fiducuenta, cuenta AFC, entre otros.
3.3. Por auto del 12 de junio de 20264, notificado el 26 de junio de 20265, la Sala6 declaró
infundados los impedimentos manifestados por los magistrados Mantilla Navarro y Osorio
Cifuentes, al considerar que el vínculo contractual de naturaleza financiera que tienen
con Bancolombia S.A. no guarda relación con el fondo del asunto planteado en la acción
de tutela.
2 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
3 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
4 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
5 Visto en los índices 23 y 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03676 00.
6 Integrada por la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón, el consejero de Estado Pablo Andrés
Córdoba Acosta y los conjueces Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Accionante: Natalia Bedoya Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
3.4. Por auto del 3 de julio de 20267 el despacho ponente admitió la acción de tutela y
dispuso notificar8 al Tribunal Administrativo de Caldas como parte accionada; así como
vincular al Ministerio de Salud y Protección Social y a Bancolombia S.A., como terceros
con interés directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo de Caldas, para que alleguen copia
digital o el hipervínculo de consulta del expediente correspondiente al proceso
identificado con el radicado núm. 17001 23 33 000 2024 00155 00, el cual fue remitido9.
3.5. Bancolombia S.A. allegó escrito10 mediante el cual solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara del presente
trámite constitucional.
Señaló que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la
accionante se deriva de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Caldas dentro de la acción popular, específicamente de la decisión desfavorable y de la
negativa del recurso de apelación.
En ese sentido, sostuvo que, en su condición de entidad prestadora de servicios
financieros, carece de competencia material para intervenir en las actuaciones o
decisiones adoptadas en dicho proceso judicial, por lo que no existe fundamento jurídico
o material para atribuirle la vulneración alegada.
3.6. El Tribunal Administrativo de Caldas rindió informe11 en el que manifestó que la
sentencia proferida el 9 de junio de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la acción popular, fue expedida conforme a derecho.
Asimismo, indicó que, según constancia secretarial del 24 de junio de 2025, la accionante
no interpuso recurso de apelación contra dicha providencia. En respaldo de esa
afirmación, explicó que revisó el correo electrónico institucional del despacho y no
encontró mensaje alguno que correspondiera a la presentación de dicho recurso dentro
del término legal.
En consecuencia, sostuvo que la presente acción de tutela resulta improcedente, por
cuanto la accionante no agotó los recursos ordinarios de defensa judicial y, además,
incumplió el requisito de inmediatez, al haber promovido el amparo más de 6 meses
después de proferida la sentencia cuestionada.
3.7. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social presentó escrito12 en el que
aseveró que carece de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos que
7 Visto en el índice 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
8 Esta orden se cumplió el 7 de julio de 2026. Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 03676 00.
9 Visto en los índices 33 y 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 03676 00.
10 Visto en el índice 36 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
11 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
12 Visto en el índice 39 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
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Accionante: Natalia Bedoya Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
sustentan la acción de tutela no guardan relación con sus funciones constitucionales y
legales.
Explicó que las pretensiones de la accionante se dirigen a cuestionar presuntas
irregularidades relacionadas con las condiciones de accesibilidad en establecimientos
bancarios y con las decisiones adoptadas dentro de una acción popular, materias
respecto de las cuales esa cartera ministerial no tiene competencia.
Precisó que, de conformidad con la normativa vigente, la inspección, vigilancia y control
sanitario de los establecimientos bancarios corresponde a las autoridades sanitarias
territoriales, y no al Ministerio de Salud y Protección Social, cuya función consiste en
formular, dirigir y coordinar la política pública del sector salud.
3.8. El Tribunal Administrativo de Caldas13 dio al alcance al informe rendido con ocasión
de la presente acción de tutela, en atención a la información suministrada por la oficina
de soporte de sistemas de la Rama Judicial.
Explicó que, luego de verificar la trazabilidad de los correos electrónicos institucionales
del despacho, se encontró en la carpeta de correo no deseado de la cuenta
ppatinom@cendoj.ramajudicial.gov.co el mensaje remitido el 13 de junio de 2025 por la
Veeduría Ciudadana 4020, mediante el cual la accionante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia cuestionada.
En ese sentido, agregó que, una vez constatada la presentación oportuna del recurso,
mediante auto del 27 de julio de 2026 lo concedió y ordenó remitir el expediente al
Consejo de Estado. Por lo anterior, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 14 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,15 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201917, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la
distribución de procesos entre las secciones.
13 Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 03676 00.
14 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
15 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
16 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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4.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:
4.2.1. La señora Natalia Bedoya Betancur promovió acción popular contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y Bancolombia S.A., con el propósito de obtener
la protección de los derechos e intereses colectivos que estimó vulnerados por el
presunto incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en un establecimiento
bancario.
4.2.2. A la citada acción popular le correspondió el radicado núm. 17001 23 33 000 2024
00155 00 y fue asignada al Tribunal Administrativo de Caldas, autoridad judicial que,
mediante sentencia del 9 de junio de 2025, notificada el 10 de junio de 2025, negó las
pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la anterior decisión, la señora Bedoya Betancur interpuso recurso
de apelación y, por auto del 27 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas lo
concedió y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para lo de su competencia.
4.3. CUESTIÓN PREVIA
En relación con la solicitud de desvinculación formulada por Bancolombia S.A., la Sala
advierte que no hay lugar a acceder a ella, toda vez que dicha entidad fue vinculada al
presente trámite en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Lo anterior, en atención a que dicha entidad bancaria fue demandada dentro de la acción
popular que dio origen a la presente solicitud de amparo.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
De la lectura integral del escrito de tutela se advierte que los reproches formulados por la
accionante se concretan en dos aspectos. El primero está dirigido a controvertir el
contenido de la sentencia del 9 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la acción popular. El segundo se
relaciona con la presunta omisión de dicha autoridad judicial de conceder el recurso de
apelación interpuesto contra esa providencia.
Respecto del primero de los reproches formulados por la accionante, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.
Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que la acción de tutela no
procederá: “(…) cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
18 Lo que se desprende del expediente del proceso de con el radicado núm. 17001 23 33 000 2024 00155
00. Visto en los índices 33 y 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
núm. 11001 03 15 000 2026 03676 00.
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existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
No obstante, dicha Corporación ha establecido dos excepciones a dicho requisito, a
saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar la
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con la
características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de
carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable19.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario20. Al respecto, ha precisado que21:
[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].
Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la accionante está dirigida a
controvertir el contenido de la sentencia del 9 de junio de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la acción popular identificada
con el radicado núm. 17001 23 33 000 2024 00155 00, la acción de tutela resulta
improcedente, en tanto dicho proceso judicial aún se encuentra en curso.
En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente se advierte que, mediante auto del
27 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Caldas concedió el recurso de apelación
interpuesto contra la referida sentencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado para que se resolviera la segunda instancia.
Así las cosas, los cuestionamientos formulados por la señora Bedoya Betancur contra la
sentencia del 9 de junio de 2025 deben ser planteados y resueltos al interior de la acción
popular, ante el juez natural de la causa y conforme a las reglas propias de ese trámite.
19 Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
21 Ibidem.
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Admitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en un mecanismo paralelo para
discutir una providencia judicial que todavía puede ser revisada por el superior funcional.
La Sala precisa que la acción de tutela no puede desplazar al juez ordinario ni sustituir el
recurso de apelación previsto por el ordenamiento jurídico para controvertir la sentencia
proferida dentro de la acción popular. Ello implicaría que el juez constitucional asumiera
competencias propias del Consejo de Estado, autoridad a la que le corresponde
pronunciarse sobre los reparos formulados contra la decisión de primera instancia.
En consecuencia, respecto del cuestionamiento formulado contra la sentencia del 9 de
junio de 2025, la solicitud de amparo es improcedente por incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad, toda vez que la controversia debe ventilarse dentro de la
acción popular que se encuentra en curso y no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
Ahora bien, respecto del reproche restante, la Sala analizará si se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado.
La Corte Constitucional ha indicado que la carencia actual de objeto se configura «cuando
la orden del juez constitucional no tendría efecto alguno o “caería al vacío”» 22 y puede
presentarse bajo las categorías de (i) daño consumado, (ii) hecho superado, (iii) situación
sobreviniente o (iv) sustracción de materia.
En cuanto al hecho superado, ha indicado que dicha figura se presenta cuando 23:
entre la interposición de la acción y la emisión de la decisión cesan las
circunstancias que dieron lugar a la solicitud de amparo, de modo que “la amenaza
o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los
hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas
por el juez”. Significa ello que el hecho superado se consolida cuando la materia
de decisión se sustrae, o lo que en algunas ocasiones es lo mismo, cuando todas
las pretensiones fueron satisfechas al punto en que la amenaza sobre los
derechos cesó y ésta no reclama intervención judicial alguna (ultra o extra petita).
(Se destaca).
La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha explicado que24:
La ocurrencia de un hecho superado se asocia principalmente a la desaparición
de “los motivos que (…) originaron” la formulación de la acción. Estos motivos son
concebidos desde dos puntos de vista distintos pero complementarios. De una
parte, hay un enfoque que liga los motivos de la interposición de la acción a los
presupuestos fácticos o situaciones de hecho que llevaron al actor a percibir una
amenaza para sus derechos y que, al mismo tiempo, constituyen el marco de
decisión del juez de tutela; y de otra, la motivación se entiende en función de las
pretensiones hechas en el escrito de tutela, de modo que cuando “la pretensión
instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el
instrumento constitucional pierde eficacia y por tanto, su razón de ser”. (Se
destaca).
22 Corte Constitucional. Sentencia T-086 del 2 de marzo de 2020. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-213 del 1 de junio de 2018. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
24 Ibidem
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En el caso concreto, la accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas
omitió dar trámite al recurso de apelación que interpuso contra la sentencia del 9 de junio
de 2025.
Al respecto, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, la Sala
advierte que, con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Caldas profirió el auto del 27 de julio de 202625, notificado el 28 de julio
del año en curso26, mediante el cual concedió el recurso de apelación interpuesto contra
la referida sentencia y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado para que
resolviera la segunda instancia.
Bajo dicho contexto, la Sala concluye que se configuró la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que la situación que dio origen a este reproche cesó durante
el trámite de la acción de tutela.
En efecto, la autoridad judicial accionada concedió el recurso de apelación formulado por
la accionante, por lo que la pretensión dirigida a obtener el trámite de dicho medio de
impugnación fue satisfecha y, en consecuencia, no se requiere la intervención del juez
constitucional.
En consecuencia, sin que sea necesario efectuar consideraciones adicionales respecto
de este reproche, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por Bancolombia S.A.,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora
Natalia Bedoya Betancur, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la presente solicitud de amparo, conforme lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
25 Visto en el índice 85 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 17001
23 33 000 2024 00155 00.
26 Visto en el índice 88 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 17001
23 33 000 2024 00155 00.
8
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Accionante: Natalia Bedoya Betancur
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
9
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