Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03679-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03679-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03679-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SALA DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03679-00
Accionante: Gilberto Calderón Mena
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional
– Se pretende emplear la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 13 de mayo de 2026, el señor Gilberto Calderón Mena, a través de apoderado
judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, con el
fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso
y acceso a la administración de justicia2.
2.
Solicitó que se dejara sin efectos el auto del 25 de noviembre de 20253, emitido
dentro del proceso ejecutivo4 que inició contra el municipio de Itsmina, para obtener
el pago de las mesadas pensionales causadas y no pagadas, reconocidas en la
sentencia del 26 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.
3.
Explicó que, luego de que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de
Quibdó librara mandamiento de pago y ordenara seguir adelante con la ejecución,
mediante auto del 20 de mayo de 2021, decretó el embargo y retención de recursos
del ente territorial, por la suma de $653.243.709.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó los principios de seguridad jurídica y protección a las personas de la tercera edad.
3 Notificado el 27 de noviembre de 2025.
4 Radicado: 27001 33-33-001-2015-00476-00/03.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó
4.
Indicó que el 5 de julio de 2024, solicitó ampliar la medida cautelar con fundamento
en la actualización del crédito efectuada en providencia del 31 de mayo de 2024 y,
además, pidió decretar el embargo y retención de los recursos recaudados por
concepto de sobretasa a la gasolina, impuesto de industria y comercio (ICA), e
impuesto predial unificado, al considerarlos como “renta bruta” o propia del ente
territorial.
5.
Señaló que, mediante auto del 23 de septiembre de 2024, el juzgado accedió a
ampliar el embargo hasta por $731.084.752, sin pronunciarse sobre la solicitud de
retención de los recursos provenientes de los tributos antes mencionados, razón por
la que presentó escrito de adición el 30 de septiembre siguiente.
6.
Manifestó que, en proveído del 7 de mayo de 2025, el juzgado negó dicha petición
al estimar que los recursos provenientes de los impuestos enlistados, tiene carácter
inembargable.
7.
Precisó que dicha decisión fue confirmada mediante el auto del 25 de noviembre
de 2025. El Tribunal accionado estimó que los dineros recaudados por tales tributos
se encontraban amparados por la cláusula de inembargabilidad prevista en la
Constitución, la ley y la jurisprudencia.
8.
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial, a través de la providencia
cuestionada, incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, al interpretar de manera aislada los artículos 594 (numeral 1) del CGP y 45
de la Ley 1551 de 2012, pese a que la jurisprudencia constitucional ha reconocido
excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos,
específicamente, cuando se persigue el pago de acreencias laborales, reconocidas
en sentencias judiciales.
9.
En apoyo de esta tesis, citó las sentencias C-354 de 1997 y C-1154 de 2008 de
la Corte Constitucional 5 , así como múltiples pronunciamientos del Consejo de
Estado 6 , en los que se establecieron excepciones a la inembargabilidad de los
recursos del SGP y de las rentas de libre destinación, para garantizar el pago de
créditos u obligaciones de origen laboral y de sentencias judiciales. Reiteró que en
su caso se persigue el desembolso de mesadas pensionales reconocidas en
sentencia proferida el 26 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo del Chocó.
5 Afirmó que la línea jurisprudencial que desarrolla las excepciones al principio de inembargabilidad, esta
compuesta por las sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de
1994, C-354 y C 402 de 1997, C-427 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005,
C-1154 de 2008, C-539 de 2010 y T-053 de 2022.
6 Cita original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 3 de julio de 2019. Rad. 25000-23-
36-000-2012-00280-02 (63.790). Sección Primera. Sentencia del 29 de agosto de 2019. Rad. 11001- 03-15-000-
2019-01287-01. Sección Tercera, Subsección A. Auto del 22 de noviembre de 2021. Rad. 63001 23-33-000-
2021-00057-01. Auto del 18 de marzo de 2022. Rad. 63001-33-33-006-2020-00044-01”.
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10.
De otro lado, indicó que, si bien las normas invocadas prevén la inembargabilidad
de los recursos del SGP, del Sistema General de Regalías y las rentas propias con
destinación específica para el gasto social de los municipios, el numeral 16 del
artículo 594 del CGP dispone que “las dos terceras partes de las rentas brutas de las
entidades territoriales” son inembargables. A juicio del demandante, una
interpretación sistemática de esas disposiciones permite concluir que el legislador
autorizó el embargo de la tercera parte restante.
11.
Como sustento de esa afirmación, explicó que, entre los numerales 1 y 16 del
artículo 594 del CGP existe una aparente antinomia, pues mientras el primero
establece la inembargabilidad general de recursos públicos, el segundo prevé una
porción de las rentas brutas de las entidades territoriales susceptible de embargo. A
su juicio, por tratarse de una disposición especial y ubicada posteriormente en el
mismo artículo, debe prevalecer lo previsto en el numeral 16.
12.
Con todo, sostuvo que se pasó por alto que los recursos provenientes del
impuesto predial unificado, del ICA y de la sobretasa a la gasolina, constituyen rentas
propias del municipio, integran sus ingresos corrientes y, por ende, son susceptibles
de la medida cautelar solicitada.
13.
Finalmente, indicó que tiene 82 años de edad y que desde hace más de diez años
adelanta el proceso ejecutivo para obtener el pago de las mesadas pensionales
adeudadas, circunstancia que -en su criterio- configuró un perjuicio irremediable y
hace procedente la intervención del juez de tutela.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
14.
Mediante auto de 25 de mayo de 20267, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, y se vinculó al municipio de Istmina, en
calidad de tercero con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó para que remitiera copia
digital del expediente con radicado 27001 33-33-001-2015-00476-00/03.
(i) Tribunal Administrativo del Chocó8
15.
Solicitó rechazar la acción de tutela, en razón a que el auto cuestionado aplicó de
manera integral la normatividad y jurisprudencia pertinentes, por lo que no se
configuraron los defectos alegados. Indicó que no procedía el embargo de los
recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, pues, aunque constituyen rubros
propios del municipio, tienen destinación específica y la obligación objeto de
ejecución no guarda relación con las finalidades financiadas con dicho tributo.
7 Notificado el 1 de junio de 2026.
8 Intervención contenida en 5 folios.
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16.
Añadió que los recursos derivados del impuesto predial están incorporados al
presupuesto oficial del ente territorial y destinados a la ejecución de planes de
desarrollo, inversión social y funcionamiento institucional, por lo que no pueden ser
objeto de medidas cautelares. Asimismo, señaló que no procede el embargo de
recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de
municipios, antes de que hayan sido formalmente declarados y pagados por el
correspondiente responsable tributario.
17.
Por último, sostuvo que, de conformidad con la sentencia C-1154 de 2008, los
recursos del Sistema General de Participación (SGP) únicamente pueden ser
embargados cuando la obligación que se pretende esta relacionada con el sector al
que se encuentran destinados (educación, salud, saneamiento básico y agua
potable), lo cual no ocurrió en el caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
18.
La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, al no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional. El accionante pretende reabrir el debate suscitado en el
proceso ejecutivo respecto a la procedencia de ampliar las medidas cautelares
decretadas y, especialmente, sobre el alcance de las normas y precedentes que
regulan las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos.
19.
La Sala observa que los cuestionamientos plasmados en la demanda de tutela,
corresponden, en esencia, a lo alegado por el demandante al sustentar el recurso de
apelación formulado contra el auto del 7 de mayo de 2025, mediante el cual el
Juzgado Primero Administrativo de Quibdó negó ampliar las medidas cautelares
solicitadas.
20.
En dicha oportunidad, el señor Gilberto Calderón alegó que era procedente el
embargo y retención de los recursos recaudados por concepto de sobretasa a la
gasolina, ICA e impuesto predial unificado. Explicó que acorde al numeral 16 del
artículo 594 del CGP, se previó la inembargabilidad de las dos terceras partes de las
rentas brutas de las entidades territoriales de la respectiva vigencia fiscal, de manera
que la parte restante sí podría ser embargada. Como sustento de esa interpretación,
citó el artículo 4 del Decreto 3040 de 1982, relativo a la definición de renta bruta y lo
dispuesto por el Consejo de Estado en sentencias del 10 de julio de 1992 y 24 de
septiembre de 20049, para denotar que los ingresos recibidos por el ente territorial
en razón al recaudo de los tributos mencionados, integraban la renta susceptible de
ser afectada por medidas cautelares.
9 Citas originales: “Sección Primera, sentencia del 10 de julio de 1992 Expediente 1763 M.P. Yesid Rojas Serrano”
y “Consejo de Estado, Sección Tercera C.P. María Helena Giraldo Gómez, auto del 24 de septiembre de 2004,
expediente 26.563.”
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21.
Por demás, mencionó que, según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 3040
de 1982, la renta bruta se debía fijar anualmente por las Secretarías de Hacienda de
los departamentos, municipios y distritos, dentro de los 30 días siguientes a la
expiración de la vigencia fiscal, para así determinar cuál sería la renta embargable.
22.
Al resolver la alzada, el Tribunal accionado examinó expresamente tales
planteamientos y efectuó un estudio de los artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551
de 2012, así como de la jurisprudencia constitucional invocada por el accionante en
la solicitud de amparo, para concluir, de manera razonable, que los recursos cuyo
embargo se pretendía permanecían amparados por la cláusula de inembargabilidad,
atendiendo su naturaleza y destinación específica.
23.
En primer lugar, explicó que la cláusula de inembargabilidad busca proteger los
dineros del Estado para asegurar su destinación, a fin de satisfacer el interés general
y garantizar el cumplimiento de las finalidades propias de un Estado Social y
democrático de derecho. Mencionó que el artículo 63 de la Constitución, prohíbe el
embargo de los bienes y rentas de las entidades públicas, previsión desarrollada por
el numeral 1 del artículo 594 del CGP, en el que expresamente se previó que los
recursos incorporados al presupuesto general de la Nación o de las entidades
territoriales, las cuentas del SGP, del SGR y los recursos de la seguridad social, no
podrán ser afectadas con medida cautelar de embargo.
24.
Seguidamente, precisó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado, en reiterada jurisprudencia, han sostenido que la medida cautelar de
embargo resulta procedente sobre recursos públicos, siempre y cuando la acreencia
estuviera contenida en una sentencia judicial o título valor o acto administrativo que
contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, que no se hubieran cumplido.
25.
Como sustento de esa afirmación, examinó la jurisprudencia constitucional sobre
la materia, especialmente, las sentencias C-546 de 1992, C-354 de 1997, C-566 de
2003 y C-1154 de 2008. Sobre la primera de ellas, señaló que, ante la colisión entre
la protección de los recursos económicos del Estado y el amparo del derecho
fundamental al pago de salarios de trabajadores vinculados con aquel, debe
prevalecer este último derecho; recordó que en las sentencias C-354 de 1997 y C-
566 de 2003, la Corte Constitucional precisó que el principio de inembargabilidad no
es absoluto, pues debe ceder, entre otros, cuando se trate del pago de sentencias
judiciales; y, destacó que en la providencia C-1154 de 2008, se enlistaron
expresamente las tres excepciones a la cláusula de inembargabilidad del
presupuesto general de la Nación (citadas en el escrito de tutela), consistentes en:
(i) el pago de créditos laborales, (ii) el cumplimiento de sentencias judiciales y (iii) la
ejecución de títulos emanados del Estado que reconozcan obligaciones claras,
expresas y exigibles.
26.
Sobre esta última providencia, también se examinó lo dicho sobre la
inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones. El Tribunal
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indicó que la Corte Constitucional mencionó que el Acto Legislativo 1 de 2001 creó
el SGP como mecanismo para garantizar la participación de las entidades
territoriales en las rentas nacionales y destinó dichos recursos a la financiación de
servicios públicos a su cargo, con prioridad en salud y educación. Señaló que,
conforme a la Ley 715 de 2001, el sistema quedó integrado por tres participaciones:
una para cada sector mencionado y otra “de propósito general”.
27.
Destacó que, en razón a la destinación social de esos recursos, el Máximo
Tribunal aseguró que gozan de una protección constitucional reforzada en
comparación con otros ingresos estatales, por lo que, era legítimo que el legislador
previera su inembargabilidad. Incluso, se hizo énfasis en que, con las modificaciones
introducidas por el Acto Legislativo 4 de 2007, se concluyó que, al reforzarse su
destinación para la satisfacción del interés general (incluso en temas de saneamiento
y agua potable), se incrementó la rigidez constitucional del principio de
inembargabilidad, manteniéndose la adopción de medidas cautelares como una
posibilidad estrictamente excepcional.
28.
De igual manera, analizó el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, que establece la
improcedencia de medidas cautelares sobre recursos del CGP, del SGR y sobre las
rentas propias con destinación específica para gasto social de los municipios,
además de prohibir expresamente embargos sobre recaudos tributarios antes de que
hayan sido formalmente declarados y pagados por el correspondiente responsable
tributario. Finalmente, también estudió el artículo 29 de la Ley 105 de 1993, que
regula la sobretasa al combustible automotor (gasolina), haciendo énfasis en que, en
esta se dispuso que dicha partida tiene “destino exclusivo a un fondo de
mantenimiento y construcción de vías públicas y a financiar la construcción de
proyectos de transporte masivo”.
29.
Posteriormente, al descender al estudio del caso concreto, el Tribunal demandado
indicó que, conforme al Estatuto Tributario (ET) y otras normas fiscales, la renta bruta
de los municipios a la que se refiere el artículo 594 del CGP, está integrada por los
ingresos netos realizados en el año o período gravable, siempre que no hubieran
sido exceptuados expresamente por la ley.
30.
Indicó que, en razón a la autonomía con que cuentan los entes territoriales para
crear y administrar sus propios tributos y, generalmente, los destinan para financiar
proyectos locales como infraestructura, salud y educación. Sin embargo, dando
aplicación a la normatividad y jurisprudencia estudiada, era evidente que la
procedencia de un embargo sobre esos ingresos debía estudiarse caso a caso por
el operador judicial, teniendo en cuenta las excepciones al principio de
inembargabilidad.
31.
Acorde a ello, concluyó que la cautela pedida por el señor Calderón no era
procedente. Respecto a la sobretasa a la gasolina, sostuvo que, aunque constituye
un recurso propio, tiene destinación específica, se invierte exclusivamente para el
6
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gasto social del municipio, en relación con el mantenimiento, construcción de vías
públicas y para financiar la construcción de proyectos de transporte masivo -artículo
29 de la Ley 105 de 1993-, y la obligación de ejecución, en el caso particular, no se
relacionada con tales finalidades.
32.
En cuanto al impuesto predial, consideró que los recursos provenientes de ese
gravamen, una vez se incorporan al presupuesto municipal, se encuentran
destinados a la ejecución de planes de desarrollo, inversión social y funcionamiento
institucional, por lo que, no podían ser afectados mediante medidas cautelares, salvo
excepciones taxativas. Añadió que, en ningún caso proceden embargos de sumas
de dinero correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan
particulares a favor de los municipios, antes de que estos hayan sido formalmente
declarados y pagados por el responsable fiscal, tal como se dispone en el artículo 45
de la Ley 1551 de 2012.
33.
Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión
del a quo de negar el embargo de los recursos provenientes de esos tributos, pues
estimó que se trataba de recursos públicos protegidos por el principio de
inembargabilidad.
34.
Así las cosas, esta Subsección considera que las inconformidades del accionante
se orientan a cuestionar la interpretación jurídica efectuada por la autoridad judicial
demandada y a proponer una hermenéutica diferente, según la cual, el numeral 16
del artículo 594 de CGP permitiría embargar una tercera parte de las rentas brutas
de la entidad territorial. Discrepancia normativa que fue razonablemente abordada
por el Tribunal Administrativo del Chocó.
35.
Las inconformidades del tutelante no demuestran afectación constitucional. Por
tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional. Se reitera que la acción
de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con
el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe
desarrollar uno de validez.
36.
En cuanto a la alegada configuración de un perjuicio irremediable, en atención a
su avanzada edad y el tiempo que se ha dilatado el proceso, se advierte que el pago
pretendido corresponde a un retroactivo pensional, pero no se tienen elementos para
concluir que se haya afectado su mesada habitual y que, en consecuencia, puede
estar comprometido su derecho al mínimo vital. A lo cual que suma que la decisión
del Tribunal no desconoce el derecho que le fue reconocido en la sentencia que sirve
como título ejecutivo, pues lo que se resolvió fue negar una medida cautelar
específica, determinación que no anula la posibilidad de solicitar cautelas diferentes.
37.
En ese orden de ideas, como quiera que no se supera el requisito de relevancia
constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
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Accionante: Gilberto Calderón Mena
Accionado: Tribunal Administrativo de Chocó
38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente procidencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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