Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03679-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03679-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03679-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03679-01
Accionante: GILBERTO CALDERÓN MENA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ – SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial — confirma improcedencia
por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de junio de
20261 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 25 de mayo de 20263, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante providencia del 22 de julio de 20264 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Gilberto Calderón Mena, por medio de apoderado judicial5,
presentó acción de tutela en contra de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de
1 Índice 18 Samai.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 5 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó. Asimismo, se dispuso la vinculación del Municipio de
Itsmina, en calidad de tercero con interés, y se requirió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó para que remitiera copia digital del expediente con radicado número 27001- 33-33-001-2015-
00476-00. Adicionalmente, se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para que interviniera en el presente asunto.
4 Índice 24 Samai.
5 Poder especial amplio y suficiente otorgado por el accionante al señor Javier André Chigual García,
portador de la tarjeta profesional No. 92.269.
1
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Accionante: Gilberto Calderón Mena
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Primera de Decisión
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justicia, el principio de seguridad jurídica y la protección a las personas de la
tercera edad.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas en
atención a la decisión contenida en el auto del 25 de noviembre de 20256,
proferido por el tribunal accionado. Mediante esa providencia, se confirmó el
proveído del 7 de mayo de 2025 dictado por Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó, quien rechazó los argumentos del accionante respecto a
la solicitud de ampliación de la medida cautelar dictada en contra del municipio
de Istmina en el marco del proceso ejecutivo de radicado 27001 33-33-001-2015-
00476-00/01/02/03.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones7:
• Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor por la entidad
judicial demandada.
• DEJAR sin efectos el Auto interlocutorio No. 743 de fecha 25 de noviembre
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Choco – Sala Primera de
Decisión, el cual confirmó el auto que negó la ampliación de las medidas
cautelares proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó, en el proceso ejecutivo con radicación 27001-33-33-001-2015-
00476-00. Dte. GILBERTO CALDERON MENA. Demandado: MUNICIPIO
DE ISTMINA (Ch)
• Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del
Chocó - M.P. Dr. ARIOSTO CASTRO PEREA, para que profiera una nueva
providencia teniendo en cuenta los lineamientos que considere su Despacho
en la sentencia de tutela, en procura de la protección de los derechos
fundamentales del actor.
1.2. Hechos
4. El 26 de abril de 2012, mediante sentencia de segunda instancia, el
Tribunal Administrativo del Chocó ordenó al municipio de Istmina reconocer y
pagar una pensión de jubilación al señor Gilberto Calderón Mena8. La sentencia
en su favor se profirió en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho instaurado en contra del municipio9.
5. Informó el accionante que, en cumplimiento dicha providencia, el
demandado reconoció la pensión mediante la Resolución No. 1135 del 28 de
junio de 2013, pero sin cancelar el retroactivo, razón por la cual inició proceso
6 Notificada el 27 de noviembre de 2025.
7 Transcrito literal de la Acción de Tutela. Puede contener errores.
8 En particular, el tribunal expuso que en el proceso se logró acreditar que: (i) el demandante cumple con 20
años, 1 mes y 28 días de servicio, en el sector público, como lo exige la Ley 33 de 1985; (ii) es beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, porque al 30 de junio de 1995 contaba con 51 años de
edad. En ese orden, el señor Claderón Mena demostró los requisitos pensionales, a saber 20 años de
servicio y 55 años de edad. Asimismo, el Tribunal expuso que la entidad responsable del pago de la pensión
debía ser la última entidad empleadora, a saber, el municipio de Istmina, por lo que le condenó a pagarle al
demandante la prestación desde el 31 de diciembre de 2000, en una cuantía equivalente al 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
9 Este medio de control se identificó con el radicado «2010-00311».
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ejecutivo ante el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó10,
que libró mandamiento de pago el 17 de febrero de 2016 y ordenó seguir adelante
con la ejecución el 27 de abril de 2017.
6. En desarrollo del proceso ejecutivo, el accionante realizó la solicitud de
embargo la cual fue inicialmente negada por el juzgado y posteriormente
revocada por el Tribunal Administrativo del Chocó mediante auto interlocutorio
No. 224 del 30 de septiembre de 2020.
7. Bajo ese entendido, el juzgado de instancia decretó el embargo de cuentas
bancarias del municipio mediante auto No. 428 del 20 de mayo de 2021. No
obstante, el 5 de julio de 2024, el apoderado del ejecutante presentó memorial
solicitando ampliar dicha medida cautelar, pidiendo, entre otros aspectos,
actualizar su cuantía y extender el embargo a los recursos municipales
provenientes del impuesto predial unificado, industria y comercio y sobretasa a
la gasolina, invocando el numeral 16 del artículo 594 del Código General del
Proceso (en adelante CGP), así como, subsidiariamente, los recursos del
Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) e ingresos de libre
destinación.
8. En providencia del 23 de septiembre de 2024, el juzgado decretó
parcialmente la medida, ordenando el embargo hasta por $731.084.752,43 en las
entidades bancarias relacionadas11.
9. El 30 de septiembre de 2024, la parte actora solicitó adicionar dicho auto,
por cuanto el juzgado no se había pronunciado sobre las pretensiones relativas
al Banco de Bogotá, al embargo de los tributos municipales (predial, industria y
comercio, sobretasa a la gasolina) y a la eventual extensión del embargo al SGP
y a los ingresos de libre destinación.
10. El juzgado, en decisión del 7 de mayo de 2025, negó el embargo respecto
de los recursos por predial unificado, industria y comercio, sobretasa a la gasolina
y SGP, por considerarlos inembargables. Argumentó que resultaba improcedente
el embargo de los recursos provenientes del impuesto de Industria y Comercio,
del impuesto Predial, y del SGP por tratarse de rentas inembargables conforme
a la Ley 44 de 1990; igualmente, negó el embargo sobre los recursos de la
Sobretasa a la Gasolina, pues, si bien constituyen rentas endógenas o recursos
propios de las entidades territoriales y, en principio, podrían ser objeto de
embargo, estos tienen una destinación específica y exclusiva para el
mantenimiento y construcción de vías públicas y la financiación de proyectos de
10 Radicado: 27001-33-33-001-2015-00476-00.
11 Banco Cooperativo Coopecentral, Cooperativa Financiera Confiar Coop, Bancamia, Cooperativa
Financiera Cotrafa, Coltefinanciera, Banco Mundo Mujer, Banco Unión, Bani100, Compañía de
Financiamiento Crezcamos, JFK Cooperativa Financiera, Banco de Bogotá, Banco Itaú, Banco Popular S.A.,
Banco BBVA, Banco Corpobanca, Banco de Occidente, Bancolombia, Banco Finandina, Bancoomeva,
Banco W, , Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris S.A., Scotia Bank Colpatria S.A.,
Banco Caja Social, Banco AV Villas, Banco Pichincha, Banco Popular, Banco Credifinanciera S.A., Banco
Falabella S.A., Banco Santander.
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transporte masivo, según el artículo 29 de la Ley 105 de 1993, razón por la cual
solo podrían ser embargados para satisfacer créditos relacionados con tales
finalidades, circunstancia que no se presenta en la obligación objeto de
ejecución.
11. El actor apeló esta decisión, y, en el auto interlocutorio No. 743 del 25 de
noviembre de 202512, el Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Primera de
Decisión confirmó la decisión del juzgado al considerar que dichos recursos
tienen destinación específica y están sujetos al principio de inembargabilidad y
reiteró los argumentos del a quo analizando ampliamente el marco jurídico de la
inembargabilidad de los recursos en discusión.
1.3. Sustento de la vulneración
12. El accionante manifestó que el tribunal incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente constitucional, al no aplicar las excepciones al
principio de inembargabilidad reconocidas por la Corte Constitucional para
obligaciones de origen laboral y pensional derivadas de sentencias judiciales 13, y
al no dar prevalencia al numeral 16 del artículo 594 del Código General del
Proceso14 —que permite embargar hasta una tercera parte de las rentas brutas
de las entidades territoriales— sobre la regla general de inembargabilidad del
numeral 1 de la misma norma.
13. Respecto del defecto sustantivo, estimó que su reproche se funda en el
presunto desconocimiento de las reglas fijadas por la Corte Constitucional
respecto de las excepciones a la inembargabilidad de las rentas del presupuesto
general de la Nación y del SGP y al realizar una interpretación restrictiva del
numeral 16 del artículo 594 de la ley 1564 de 2012, en concordancia con el
artículo 45 de la ley 1551 de 2012.
14. En cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, señaló
que la accionada desatendió los criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es especial aquellas contenidas en las sentencias C-354 de 1997
y C-1154 de 2008 respecto a las de las excepciones de la inembargabilidad, las
cuales afirma son de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad para todo operador
jurídico, incluyendo los tribunales administrativos. Asimismo, sustentó su
reproche en pronunciamientos del Consejo de Estado sobre el mismo asunto15.
12 Notificado el 27 de noviembre de 2025.
13 Cita como jurisprudencia relevante las sentencias C-354 de 1997 y C-1154 de 2008 de la Corte
Constitucional.
14 Ley 1564 de 2012. Artículo 594. Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados
en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:
(…)
16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales.
15 Cita original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 3 de julio de 2019. Rad. 25000-
23- 36-000-2012-00280-02 (63.790). Sección Primera. Sentencia del 29 de agosto de 2019. Rad. 11001-
03-15-000- 2019-01287-01. Sección Tercera, Subsección A. Auto del 22 de noviembre de 2021. Rad. 63001
23-33-000- 2021-00057-01. Auto del 18 de marzo de 2022. Rad. 63001-33-33-006-2020-00044-01”.
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15. Por último, sostuvo que el proceso ejecutivo lleva más de diez años en
trámite sin que el municipio haya satisfecho la obligación pensional, y que tal
situación, unida a su condición de persona de la tercera edad, vulnera sus
derechos a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la especial protección de las personas de la tercera edad.
1.4. Intervenciones
16. Tribunal Administrativo del Chocó. Solicitó negar el amparo
constitucional al considerar que la providencia cuestionada aplicó correctamente
la normativa y jurisprudencia, sin que se configurara alguno de los defectos
alegados por el accionante.
17. Estableció en su informe que no procedía el embargo de los recursos
provenientes de la sobretasa a la gasolina, dado que, si bien constituyen rentas
propias del municipio, cuentan con destinación específica y la obligación
ejecutada carece de relación con los fines financiados por dicho tributo. De igual
manera, argumentó que los recursos del impuesto predial se encuentran
incorporados al presupuesto oficial del ente territorial y están destinados a la
ejecución de planes de desarrollo, inversión social y funcionamiento institucional,
razón por la cual no pueden ser objeto de medidas cautelares.
18. Finalmente, hizo referencia a la sentencia C-1154 de 2008 de la Corte
Constitucional, donde dicha corporación estableció que los recursos del SGP solo
pueden embargarse cuando la obligación reclamada guarda relación directa con
el sector específico al que están destinados —educación, salud, saneamiento
básico y agua potable—, condición que, según señaló, no se cumplió en el caso
bajo estudio.
19. El municipio de Istmina guardó silencio, pese a ser debidamente
notificado.
1.5. Sentencia de primera instancia
20. Mediante fallo del 26 de junio de 2026, Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de
relevancia constitucional.
21. Al respecto, indicó que las inconformidades del accionante se orientaban
a cuestionar la interpretación jurídica efectuada por la autoridad judicial
demandada y a proponer una hermenéutica diferente, según la cual, el numeral
16 del artículo 594 de CGP permitiría embargar una tercera parte de las rentas
brutas de la entidad territorial. Discrepancia normativa que fue razonablemente
abordada por el Tribunal Administrativo del Chocó. Concluyó que las
inconformidades del tutelante no demuestran afectación constitucional. Por tanto,
dicha discusión no trascendió al ámbito constitucional.
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1.6. Impugnación
22. El accionante impugnó la decisión del a quo mediante memorial del 14 de
julio de 202616, en donde reiteró que17:
El Tribunal accionado violó el artículo 243 de la Constitución Política al
aplicar de forma literal el artículo 594 del CGP, desconociendo que el
condicionamiento fijado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-546
de 1992 y C-1154 de 2008 constituye un mandato vinculante que obliga a los
jueces a habilitar el embargo de rentas municipales (incluidos impuestos
locales y SGP) cuando el origen de la deuda sea laboral o prestacional.
Por consiguiente, al haberse acreditado que el auto de ejecución está
ejecutoriado desde el 2017 (cumpliendo el Art. 45 de la Ley 1551 de 2012) y
que el título es de naturaleza pensional (superando el artículo 594 del CGP
según la jurisprudencia constitucional), el embargo sobre las cuentas del
Municipio era sustancial y constitucionalmente procedente. La negativa del
Tribunal configuró un defecto sustantivo que el superior jerárquico está
llamado a revocar para restablecer el imperio de la Constitución (Art. 4 C.P.)
23. Finalmente, solicitó revocar el fallo impugnado y que se acceda a sus
pretensiones.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala confirmará la decisión del 26 de junio de 2026 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo. En ese sentido, esta Sección explicará
las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito
de relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
25. El Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional19 , han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales20 y a la configuración de algún
16 Índice 22 Samai
17 Transcripción literal de la impugnación.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Al respecto, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024;
SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
20 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
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defecto especial21 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
26. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
27. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional22, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
29. Como se expuso previamente, el accionante consideró que la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus derechos
fundamentales igualdad en las decisiones judiciales, debido proceso (seguridad
jurídica), al libre acceso a la administración de justicia y el derecho de las
personas de la tercera edad al confirmar la decisión del Juzgado Primero
Administrativo Oral de Quibdó que negó la medida cautelar de embargo y
retención solicitada por la parte ejecutante respecto de los recursos que tenga o
llegaré a tener el municipio de Istmina por concepto de predial unificado, impuesto
de industria y comercio, sobretasa a la gasolina o recursos del SGP.
30. A su juicio, al no acceder a sus pretensiones en virtud de los argumentos
planteados en la solicitud de adición y en el recurso de apelación, se configuró
un defecto sustantivo por indebida interpretación y aplicación disposiciones
normativas (artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012) y por
21 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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desconocimiento del precedente constitucional fijado por la Corte
Constitucional23 y el Consejo de Estado24.
31. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir la discusión ya zanjada por el juez ordinario.
32. Lo anterior, debido a que todos los argumentos y cargos planteados en la
acción de tutela están dirigidos a mostrar una inconformidad relativa a la
interpretación del juez ordinario sobre la embargabilidad o no de los recursos
municipales provenientes del impuesto predial unificado, industria y comercio,
sobretasa a la gasolina y provenientes del SGP.
33. En concreto, el accionante afirma en su impugnación que «el Tribunal
accionado incurrió en el defecto sustantivo por indebida interpretación de los
artículos 594 del CGP y 45 de la Ley 1551 de 2012, y el desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional y del mismo Consejo de Estado, máxime
si se tiene en cuenta que en el presente caso, mi cliente, mediante el proceso
ejecutivo, busca el cumplimiento de una sentencia judicial proferida dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado ante la
jurisdicción contencioso administrativo, donde se le concedió su derecho al
reconocimiento y pago de la pensión, es decir, resulta procedente el embargo de
las cuentas del Municipio»25.
34. Bajo ese entendido, el reproche elevado no constituye un asunto de
relevancia constitucional, pues versa meramente de una discusión de carácter
legal. La cual fue plenamente abordada en un primer momento por el Juzgado
Administrativo al resolver la solicitud de adición y luego por el Tribunal al resolver
el recurso de apelación.
35. Pretender reabrir el debate judicial del proceso ejecutivo, desnaturaliza la
acción de tutela contra providencias judiciales como un mecanismo excepcional,
dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en
graves falencias, de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión
incompatible con la Constitución.
23 En el escrito de impugnación, el accionante cita como precedente de la Corte Constitucional las
Sentencias C546 de 1992, C-103 de 1994, C-263 de 1994 y C-354 de 1997
24 A pie de página del escrito de impugnación el accionante cita: «En cuanto a las excepciones al principio
de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación pueden consultarse las siguientes providencias
del Consejo de Estado: i) Sección Cuarta, sentencia de 17 de septiembre de 2020, radicado: 11001-03-15-
000-2020-00510-01; ii) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de mayo de 2019, radicado:
11001031500020180318301; iii) Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2018, radicado: 11001-03-
15- 000-2018-00958-00; iv) Sección Cuarta, sentencia de 3 de mayo de 2018, radicado:
11001031500020170200701; v) Sección Tercera, Subsección A, auto de 23 de noviembre de 2017,
radicado: 88001-23-31-000-2001-00028-01 (58870); vi) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto
de 22 de julio de 1997, radicado: S–694».
25 Cita textual del escrito de impugnación. Índice Samai 22.
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36. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, la acción de tutela contra
providencias judiciales es concebida como un «juicio de validez» y no como
un «juicio de corrección» del fallo cuestionado26. Y su desnaturalización se
configura al pretender que este mecanismo sea un juicio de corrección; es decir,
que se use indebidamente el amparo como una nueva instancia para la discusión
de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que
dieron origen a la controversia, puesto que las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones
que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política.27
37. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
38. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal y/o
económico, o a estudiar una mera inconformidad con las providencias de los
jueces naturales de la causa.
2.2. Conclusión
39. En síntesis, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta no
satisface el requisito general de relevancia constitucional exigido para la
procedencia del amparo contra providencias judiciales.
40. Por tal razón, la Sala confirmará la improcedencia de la solicitud de tutela,
sin que resulte necesario examinar la configuración de los defectos sustantivo y
de desconocimiento del precedente invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 26 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
26 Sobre este punto consultar Sentencias T-310 de 2009, T-126 de 2018 y T-016 de 2019.
27 Sentencia T-553 de 2012.
9
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Accionante: Gilberto Calderón Mena
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03679-01
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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