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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03683-01

Fecha
20 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03683-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a Seguros del Estado S.A. como coadyuvante de la parte accionante. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015. 25 Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997). 15 Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01 Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03683-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir los
requisitos generales de procedencia de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Clínica Asotrauma S.A.S., a través de apoderado judicial, solicitó la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 30 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
73001-33-33-006-2023-00045-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicóque los señores Luis Enrique Gutiérrez Cabezas, Gilberly Gutiérrez
Gutiérrez, Mabel Gutiérrez Gutiérrez, Gerley Gutiérrez Gutiérrez, Erneison
Gutiérrez Gutiérrez, Luis Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Laura Valentina Garzón
Gutiérrez, Nicole Daniela Gutiérrez Silva, Paula Alejandra Gutiérrez Gutiérrez, Alan
David Gutiérrez Téllez, Israel Garzón Téllez, Suri Jhohana Téllez Espinoza, Derly
Andrea Parrado en nombre propio y en representación de Antonella Gutiérrez
Parrado, y Johana Andrea Gutiérrez Restrepo en nombre propio y en
representación de Kevin Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, obrando por conducto de
apoderado judicial interpusieron demanda de reparación directa con número de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

radicación 73001-33-33-006-2023-00045-00/01 contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, la Clínica Asotrauma S.A.S. y la Clínica
Medicadiz, para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de la falla
médica que conllevó la muerte de la señora Ana Dilia Gutiérrez, ocurrida el 18 de
diciembre de 2020, en la ciudad de Ibagué.

2.2. Señaló que el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Ibagué, autoridad judicial que, mediante sentencia de
21 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que la parte demandante interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Tolima, a través de sentencia de “[…] 30 de abril de 2025 […]”,
revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, la declaró responsable por la
muerte de la señora Ana Dilia Gutiérrez, ocurrida el 18 de diciembre de 2020 y la
condenó a pagar a los demandantes la indemnización de perjuicios. Adicional a lo
anterior, condenó a Seguros del Estado S.A., en calidad de llamada en garantía de
la demandada, a responder por la condena hasta límite del valor asegurado.

2.4. Sostuvo que, en auto de 30 de abril de 2026, el tribunal corrigió de oficio la
sentencia en el sentido de aclarar que la fecha de expedición no fue el año 2025
sino el 2026.

2.5. Manifestó que la sentencia de segunda instancia antes referida vulneró el
derecho indicado supra, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
sustantivo y fáctico.

2.6. Respecto al defecto sustantivo señaló “[…] Se aplicó erróneamente el régimen de
responsabilidad. Mientras el Consejo de Estado (Sentencia 31/08/2006, Exp. 15772)
exige la falla probada, el Tribunal condenó a la clínica por no aplicar un tratamiento
(Alacramyn) que, según la evidencia técnica de la Universidad CES, no estaba
indicado para el caso concreto. Se omitió la naturaleza de obligación de medios en
salud, transformándola de facto en una de resultado al condenar ante un desenlace
fatal que no tiene nexo causal probado con el evento de la picadura del alacrán. […]”.

2.7. Sobre el defecto fáctico indicó que “[…] El dictamen de Medicina Legal utilizado
por el Tribunal no es concluyente, ni acorde al protocolo médico y a la literalidad de
la historia clínica de Asotrauma, la cual evidencia la atención desplegada en su
sede, desconoce los protocolos establecidos para este tipo de eventos, los cuales
se anexaron por parte de la suscrita en defensa de la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S
y omite los hechos que exoneran de responsabilidad a la clínica, el evadir la
responsabilidad del análisis integral del acervo probatorio obrante en el plenario.
[…]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

“[…] 1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la CLÍNICA
ASOTRAUMA S.A.S., (Defecto Fáctico) vulnerado por el Tribunal
Administrativo del Tolima al proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-006-2023-00045-01,
revocando la primera instancia.

2. DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de segunda instancia de fecha 30
de abril de 2026, mediante la cual se revocó el fallo de primer grado y se
condenó a mi representada, quedando en firme la sentencia de primer grado;
por configurarse un defecto fáctico y procedimental (vía de hecho) al valorar de
forma arbitraria la prueba de oficio decretada y practicada por medicina legal,
dictamen no concluyente basado solo en documentos y bibliografía
apartándose de lo científico […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 14 de mayo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la presente acción
de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el
resultado del proceso al Ministerio Público, al Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Ibagué, a las personas que actuaron en calidad de demandantes,
demandados y llamados en garantía en el proceso de reparación directa y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Tolima señaló que, para proferir su decisión de
segunda instancia, tuvo en cuenta cada una de las pruebas aportadas al proceso,
las cuales fueron analizadas en forma armónica y calificada bajo los criterios de la
sana crítica y además indicó que la acción de tutela no es una tercera instancia
que permita a los sujetos procesales reabrir un debate probatorio ya definido,
máxime cuando se le garantizó su derecho de defensa y contradicción.

5.2. Los señores Gerley Gutiérrez, Luis Enrique Gutiérrez, Gilberly Gutiérrez,
Mabel Gutiérrez, Erneison Gutiérrez, Nicole Daniela Gutiérrez, Alan David
Gutiérrez, Laura Valentina Garzón, Paula Alegandra Gutiérrez, Derly Andrea
Parrado y Johanna Andrea Gutiérrez solicitaron que se sirva negar la protección
tutelar deprecada por cuanto la discusión planteada no corresponde a derechos
constitucionales sino meramente procesales probatorios y por cuanto se está
utilizando este medio como una tercera instancia.

5.3. Seguros del Estado S.A. indicó que coadyuva la solicitud de amparo
presentada por la Clínica Asotrauma S.A.S., al respecto señaló que “[…] La
sentencia no condenó a la aseguradora a pagar directamente a los demandantes.
La condenó a reintegrar a la asegurada la suma que esta deba pagar a aquellos,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

conforme a la mecánica propia del llamamiento en garantía. Se trata, pues, de una
obligación de reembolso de carácter condicional y accesorio, cuya existencia
misma depende de la subsistencia de la declaración de responsabilidad efectuada
contra la Clínica Asotrauma S.A.S. y el pago efectivo por parte de ésta […]”.

5.4. El señor Gilberly Gutiérrez Gutiérrez radicó memorial en el que informó que la
Clínica Asotrauma S.A.S. presentó recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia contra la sentencia del 30 de abril de 2026.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 9 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela.

7. Al respecto consideró:

“[…] En ese contexto, la Sala observa que los cuestionamientos formulados por
la sociedad accionante se dirigen principalmente a controvertir la valoración
probatoria efectuada por el tribunal respecto del dictamen pericial y la historia
clínica. No obstante, de la providencia cuestionada se advierte que esa
autoridad judicial sustentó su decisión en un medio de prueba regularmente
aportado al proceso, cuyo contenido no fue objetado ni controvertido
oportunamente. En esas condiciones, el cargo planteado se trata más de una
discrepancia sobre la valoración del acervo probatorio, aspecto que, por sí solo
carece de relevancia constitucional.

[…]

Finalmente, se advierte que el cuestionamiento sobre el nexo causal,
anunciado por Asotrauma y coadyuvado por Seguros del Estado SA, así como
el supuesto desconocimiento de algunas sentencias mencionadas en el escrito
de tutela, debe ser resuelto por el juez natural de la causa. Ello, en la medida
en que Asotrauma SAS formuló dichos reparos a través del mecanismo
extraordinario de unificación de jurisprudencia, razón por la cual la tutela no
puede anticipar este debate.

En efecto, del histórico de actuaciones del proceso de reparación directa en
Samai (índice 50), se evidencia que, el 20 de mayo de 2026, Asotrauma SAS
radicó recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la
sentencia del 30 de abril de 202610. El recurso entró a despacho para decidir
sobre su concesión el 18 de junio de 2026 (Samai, índice 58).

Ahora bien, en el recurso extraordinario, la sociedad recurrente sostuvo que el
tribunal accionado se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa
a la acreditación del nexo causal en materia de responsabilidad médica.

Así las cosas, se advierte que la acción de tutela no puede emplearse como un
mecanismo paralelo para obtener un pronunciamiento anticipado sobre un
debate que se encuentra en trámite ante el juez que la misma sociedad
Asotrauma estimó competente para resolverlo. Por consiguiente, los
mencionados cargos tampoco superan el presupuesto de subsidiariedad y, por
el contrario, reafirman la improcedencia de la acción de tutela […]”.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia argumentando lo
siguiente:

“[…] III. CARGOS DE IMPUGNACIÓN

CARGO PRIMERO: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
constitucional sobre la subsidiariedad y la procedencia de la tutela ante un perjuicio
irremediable. La Sección Cuarta incurre en un error al desestimar la tutela por la
mera existencia formal del Recurso Extraordinario de Unificación de Jurisprudencia
(REUJ).

CARGO SEGUNDO: Defecto fáctico por condena fundamentada en prueba no
concluyente y manifiesta ausencia del nexo de causalidad. El a quo erró al
considerar que la discusión sobre el dictamen pericial carece de relevancia
constitucional. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió condena basándose en
un concepto de Medicina Legal cuya única y literal conclusión fue que se
evidenciaron "falencias en la atención sanitaria que influyeron en la muerte". Sin
embargo, bajo ningún presupuesto jurídico o lógico la palabra "influyó" es sinónimo
de "determinó" o "causó".

Para poder endilgar responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio
médico, elemento propio constitucional, artículo 90 de la Constitución, deben
probarse inequívocamente tres elementos: daño antijurídico, falla del servicio y
nexo causal. En el expediente NO se encuentra probada cuál fue la causa directa
del fallecimiento de la señora Ana Dilia Gutiérrez.

Adicionalmente, el actuar de mi representada estuvo estrictamente apegado a la
Guía del Ministerio de Salud (Lex Artis). Tratándose de una paciente de 75 años,
asintomática respecto a los efectos directos del veneno (caso leve), la aplicación
de antídoto estaba contraindicada por el altísimo riesgo de desencadenar un edema
pulmonar fatal. Imputar una condena millonaria afirmando un nexo causal que la
propia prueba de oficio de Medicina Legal NO estableció categóricamente,
constituye una protuberante vía de hecho por defecto fáctico y vulnera
flagrantemente los mandatos del artículo 29, en lo que atañe al Debido Proceso,
como derecho fundamental expresado de nuestra Carta Magna.

CARGO TERCERO: Exceso ritual manifiesto e inobservancia del principio de
prevalencia del derecho sustancial. La Sección Cuarta negó el amparo castigando
el hecho de que la Clínica Asotrauma guardó silencio durante el término de traslado
probatorio del dictamen de Medicina Legal en la segunda instancia ordinaria. Esta
postura representa un exceso ritual manifiesto que sacrifica la justicia material,
además de obviarse que la reserva documental se mantuvo en tomo momento.

El silencio de mi representada obedeció a que el dictamen pericial mismo NO
demostró la existencia de causalidad ni estableció la causa de muerte para
condenar por falla del servicio. Que la parte no se haya pronunciado frente a la
prueba no habilita al juez para distorsionar su contenido y fallar alejado de la
legalidad de los presupuestos constitucionales de la responsabilidad médica,
además de no permitirse el acceso libre al dictamen por tener restringido el acceso
al mismo.

El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 y el principio Iura Novit Curia imponen al
juez de tutela el deber de interpretar integralmente la demanda y los hechos. Si de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

las pruebas salta a la vista que no hay nexo causal demostrado, el fallador no puede
emitir un fallo de improcedencia amparándose en una omisión puramente formal de
no contradicción de la pericia, pues la deficiencia estructural de la prueba de cargo
persiste. […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

10. Seguros del Estado S.A. presentó escrito en el que coadyuvó las pretensiones
de la acción de tutela de la referencia.

11. Sobre el particular, el inciso 2º del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991
señala que “[…] [q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

12. La Corte Constitucional ha señalado que: “[…] la coadyuvancia surge en los
procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado
del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por
el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […] 7.

13. Seguros del Estado S.A. manifiesta coadyuvar el escrito de tutela y las
pretensiones, en los siguientes términos “[…] AMPARAR el derecho fundamental
al debido proceso de la Clínica Asotrauma S.A.S. […]”.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
7
Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Exp. T- 2.491.025. Sentencia T-1062, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; 16 de diciembre de 2010.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

14. LaSala considera que se encuentran acreditados los presupuestos para
reconocer a Seguros del Estado S.A. como coadyuvante de la parte accionante.

VIII.3. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en un defecto sustantivo y fáctico.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

24. La Clínica Asotrauma S.A.S., a través de apoderado judicial solicitó la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 30 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
73001-33-33-006-2023-00045-00/01.

10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

25. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional y el de subsidiariedad.

VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

26. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental13 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones14.

27. En las acciones de tutela contra providencias judiciales15 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces16.

28. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].

29. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

30. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.

31. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.

32. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos fáctico y sustantivo.

33. Sobre el defecto fáctico indicó que “[…] El dictamen de Medicina Legal utilizado
por el Tribunal no es concluyente, ni acorde al protocolo médico y a la literalidad de
la historia clínica de Asotrauma, la cual evidencia la atención desplegada en su
sede, desconoce los protocolos establecidos para este tipo de eventos, los cuales
se anexaron por parte de la suscrita en defensa de la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S
y omite los hechos que exoneran de responsabilidad a la clínica, el evadir la
responsabilidad del análisis integral del acervo probatorio obrante en el plenario.
[…]”.

34. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realiza desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

35. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

36. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su

19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

inconformidad se sustenta, básicamente, a que el Tribunal revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, declaró responsable a la parte accionante por la
muerte de la señora Ana Dilia Gutiérrez de Gutiérrez, ocurrida el 18 de diciembre
de 2020, en la ciudad de Ibagué.

37. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Tolima en la providencia cuestionada:

“[…] Una vez relacionado el caudal probatorio recaudado, la Sala procede a
verificar en el sub lite la concurrencia de los elementos constitutivos de la
responsabilidad del Estado en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, los cuales son a saber: el daño, la falla en servicio y el nexo de
causalidad. Mediante auto del 04 de diciembre de 2025, esta Corporación
decretó una prueba de oficio, por cuanto consideró que, no se había hecho una
valoración probatoria de las condiciones de salud de la señora Ana Dilia
Gutiérrez antes de sufrir la picadura del alacrán o escorpión, y de los
dictámenes aportados al proceso, existían vacíos que impedían tomar una
decisión de fondo, por lo que se ordenó la elaboración de un dictamen pericial
a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que se
resolviera un cuestionario.

[…]

De lo anterior, se puede concluir que a la paciente se le omitió el suministro de
Antihipertensivos, puesto presentaba una tensión arterial alta, pero si le indicó
un corticoide que en nada ayudaba a su recuperación, por el contrario, podía
afectar su capacidad de respuesta inmune.

Así mismo, no se estudió ni en la más mínima posibilidad la aplicación del
Alacramyn, antídoto utilizado para las picaduras de escorpión o alacrán,
máxime cuando la paciente presentaba una presión arterial alta, era una adulta
mayor, sujeto de especial protección constitucional, y lo más grave aún, no se
le brindó una observación adecuada y continua de por lo menos 24 horas, para
descartar que los efectos del veneno de este artrópodo arácnido no tuviera
efectos adversos.

Por las anteriores consideraciones, se tiene en primera medida que existe un
daño cierto que es la muerte de la señora Ana Dilia Gutiérrez de Gutiérrez, cuyo
nexo causal proviene del inadecuado manejo que se le brindó en el tratamiento
de la picadura del escorpión, puesto no se le indicaron los medicamentos
necesarios para su aflicción, no se le aplicó el antídoto necesario en virtud de
los síntomas que presentaba, se omitió que era un adulto mayor sujeto de
protección constitucional, además de no hacerse hecho seguimiento médico
bajo observación de mínimo 24 horas, que de haberse hecho, se le había
garantizado una oportunidad para vivir.

Ahora bien, el daño causado por la falla médica presentada no se le puede
atribuir a la CLINICA MEDICADIZ, como quiera que está prestó los primeros
servicios de salud oportunamente a la señora Ana Dilia Gutiérrez, y la remitió
de forma rápida a otra entidad, puesto no tenía la infraestructura idónea en caso
de que se presentara una complicación en la salud de la paciente y, no tenía el
antídoto para la picadura de escorpión o alacrán.

En el mismo sentido, se le exonerara de culpa a la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, como quiera que en el acervo probatorio se logró
acreditar que fue diligente en los trámites administrativos necesarios que,

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
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requirió la señora Ana Dilia Gutiérrez para que se le prestara los servicios de
salud.

Ahora, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y de lo que se logró
probar en el presente asunto, se tiene que la falla médica se dio en cabeza de
la clínica ASOTRAUMA S.A, puesto fue la entidad que no realizó una buena
praxis médica respecto a la aflicción que presentó la señora Gutiérrez, por la
picadura de un alacrán en el dedo de su mano derecha, que desencadenó en
su muerte pocas horas después de haber egresado de la citada entidad de
salud […]”.

38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

39. Por el contrario, se observa que el Tribunal Administrativo del Tolima realizó un
estudio razonable del caso.

40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”21.

41. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”22. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”23.

VIII.5.2. Del requisito general de procedencia de subsidiariedad

42. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
22
Ibid.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

43. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza24], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

44. En el caso sub lite, la parte accionante señaló que “[…] Se aplicó erróneamente
el régimen de responsabilidad. Mientras el Consejo de Estado (Sentencia 31/08/2006,
Exp. 15772) exige la falla probada, el Tribunal condenó a la clínica por no aplicar un
tratamiento (Alacramyn) que, según la evidencia técnica de la Universidad CES, no
estaba indicado para el caso concreto. Se omitió la naturaleza de obligación de
medios en salud, transformándola de facto en una de resultado al condenar ante un
desenlace fatal que no tiene nexo causal probado con el evento de la picadura del
alacrán. […]”.

45. Al respecto, se advierte que la accionante formuló dicho reparo a través del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual se encuentra en
curso, razón por la cual corresponde al juez natural del asunto pronunciarse y no al
juez de tutela. Además, en el asunto de la referencia no se demostró la
configuración de un perjuicio irremediable25.

46. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a Seguros del Estado S.A. como coadyuvante de la
parte accionante.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de julio de 2026, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

24
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
25
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03683-01
Accionante: Clínica Asotrauma S.A.S.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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