Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03685-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03685-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03685-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: OSMIN ALEXANDER SAAVEDRA LAGOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ no se satisface el
requisito de relevancia constitucional. Se trata de un debate de carácter legal y económico,
se busca reabrir un debate concluido y no se cumple con la carga argumentativa de tutela
contra providencia judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resolverá la impugnación presentada por el señor Osmin Alexander
Saavedra Lagos, en nombre propio, contra la sentencia del 18 de junio de 2026,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 13 de mayo de 2026, el señor Osmin Alexander Saavedra Lagos, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso en
actuación judicial y a la igualdad.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. El accionante fue nombrado en el cargo de registrador seccional de Instrumentos
Públicos del Círculo registral de Zapatoca (Santander), nivel directivo, código 0192,
grado 07, del cual tomó posesión el 31 de diciembre de 2013. Mediante la
Resolución núm. 4637 de 2014, la Superintendencia de Notariado y Registro
reconoció una prima técnica equivalente al 40% de la asignación básica mensual,
en atención a que aquel aportó dos títulos de especialización. Posteriormente,
mediante la Resolución 2519 de 2016, la entidad ajustó la prima técnica del
accionante en un 50%, en consideración a que aquel aportó el título de magíster en
1
Que ingresó al despacho para fallo el 21 de julio de 2026.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
hermenéutica jurídica y derecho. El reconocimiento de la prestación y su ajuste
tuvieron como fundamento el Acuerdo 036 de 1991 del Consejo Directivo de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
4. El 19 de julio de 2022, el accionante solicitó a la entidad que ajustara la prima
técnica en un 62% de la asignación básica mensual, con fundamento en el Acuerdo
04 de 2021 del Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro.
En su solicitud, el accionante señaló que tenía dos especializaciones y una
maestría. Consideró que una de las especializaciones acreditaba el requisito para
acceder a la prima técnica del 50%, mientras que la otra especialización justificaba
un 3% adicional y la maestría, el otro 9%. Esta petición fue negada mediante la
Resolución 11571 de 2022, frente a la cual el demandante interpuso recurso de
reposición. Nuevamente, la entidad resolvió negativamente el recurso mediante la
Resolución 7239 de 2023.
5. Por lo anterior, el accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, en la que solicitó la nulidad de los anteriores actos. Adicionalmente,
solicitó que se ordenara a la entidad el incremento o ajuste de su prima técnica en
un 62% de su salario básico mensual.
6. El conocimiento de dicho proceso correspondió al Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Bucaramanga (radicado 68001-33-33-003-2023-00205-00).
Mediante sentencia del 15 de mayo de 2024, la autoridad dispuso declarar la nulidad
de los actos demandados y ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro
que reajustara la prima técnica del accionante en un 62% de la asignación básica
mensual.
7. Frente a esta decisión, la Superintendencia de Notariado y Registro interpuso
recurso de apelación, el cual correspondió al Tribunal Administrativo de Santander.
Mediante sentencia del 12 de febrero de 2026, dicha autoridad judicial decidió
revocar la sentencia del 15 de mayo de 2024, en el sentido de no reconocer el ajuste
de la prima técnica del demandante en un 62%. La autoridad judicial consideró que
lo que había solicitado el demandante no era un reconocimiento de la prima técnica,
sino un reajuste a la prima que ya le había sido reconocida previamente. En ese
sentido, afirmó que el demandante había consolidado su derecho a la prima técnica
en un 50% bajo un régimen anterior. Para ello, había presentado sus dos títulos de
especialización y el de maestría, por lo que no consideró que pudiera presentarlos
nuevamente para acrecentar la prestación en un porcentaje adicional. Por lo
anterior, afirmó que, para acrecentar la prima técnica de la que ya disponía el
demandante, debía presentar títulos diferentes a los ya usados para acceder a
aquella prestación.
Pretensiones
8. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRIMERA: Que se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el doce (12) de febrero
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
de dos mil veintiséis (2026) en desarrollo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 680013333003-2023 00205-01.
SEGUNDO: Que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander proferir
una decisión sustitutiva respetando el debido proceso, el derecho a la
igualdad y los demás derechos que me resulten conculcados, disponiendo
la declaración de la nulidad de las Resoluciones N° 11571 del 27 de
septiembre de 2022 y N° 7239 del 12 de julio de 2023, expedidas por la
Superintendencia de Notariado y Registro, por medio de las cuales se me
negó un incremento a la prima técnica que actualmente ostento del 50%, en
un 12%, para un total del 62% por tal emolumento”2
Fundamentos de la demanda de tutela
9. En su escrito, el accionante afirmó que la sentencia del 12 de febrero de 2026 del
Tribunal Administrativo de Santander incurrió en falta de motivación, defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución. Sostuvo que la decisión careció de
motivación, pues se limitó a esgrimir las mismas razones que interpuso la autoridad
demandada, sin adelantar una argumentación adicional. También consideró que se
configuró un defecto sustantivo, toda vez que el Tribunal interpretó de manera
incorrecta el parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021. Sostuvo que la
norma no fijó expresamente que no se pudieran usar los títulos académicos que ya
reposaban en la hoja de vida. En ese sentido, argumentó que el sentido correcto de
la norma es que para acceder a un ajuste adicional del 20% es necesario contar con
títulos adicionales a los exigidos para acceder al 50%. En ese orden de ideas, afirmó
que al Tribunal le correspondía verificar cuáles y cuántos títulos se exigen
actualmente para acceder a la prima del 50% y cuántos para acceder al incremento
del 20% adicional.
10. Finalmente, la parte demandante señaló que la decisión de la autoridad judicial
incurrió en la violación directa del artículo 13 de la Constitución por la vulneración al
derecho a la igualdad. Al respecto, indicó que otros registradores con menos
experiencia y títulos que presenten títulos adquiridos con posterioridad a la entrada
en vigor del Acuerdo 04 de 2021 pueden acceder a mayores porcentajes en la prima
técnica.
Trámite procesal en primera instancia
11. Por medio de auto del 13 de mayo de 2026, el despacho ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia. Además
ordenó notificar de la decisión al Tribunal Administrativo de Santander como
accionado y al Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Bucaramanga y a la
Superintendencia de Notariado y Registro como terceros con interés en las resultas
del proceso. Decretó como prueba de oficio la solicitud del expediente ordinario.
Entre otras decisiones.
Intervenciones en primera instancia
12. El Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Bucaramanga solicitó ser
desvinculado del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó
2
Ver archivo “001_DemandaWeb_Demanda_TutelayAnexos”, pág. 15.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que las actuaciones de dicho despacho no fueron la causa de la presunta
vulneración, sino que los alegatos se dirigían exclusivamente contra la sentencia de
segunda instancia. Igualmente, remitió el hipervínculo de acceso al expediente de
primera instancia.
13. La Superintendencia de Notariado y Registro manifestó su falta de
legitimación en la causa por pasiva. Señaló que la presunta vulneración de derechos
no es atribuible a dicha entidad y su competencia no guarda relación con la decisión
cuestionada en la presente tutela. Por otro lado, argumentó que la tutela contra
providencias judiciales tiene un carácter excepcional, por lo que no se trata de un
mecanismo para reabrir debates ya resueltos.
14. El Tribunal Administrativo de Santander solicitó que se declare improcedente
la acción y, de manera subsidiaria, que se niegue el amparo. A juicio del Tribunal,
los argumentos de la tutela están dirigidos a reabrir una discusión meramente legal,
la cual fue tratada en la decisión cuestionada. Señaló que el accionante indicó en
forma genérica que se vulneró su derecho a la igualdad, sin precisar casos que,
bajo supuestos idénticos, les hubieran reconocido el derecho. Igualmente, sostuvo
que tampoco se configuraron los defectos señalados por el accionante, pues la
decisión sí estuvo motivada, con una interpretación razonable de las normas
aplicables.
La sentencia de primera instancia
15. Mediante sentencia del 18 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la acción promovida por el señor Osmin Alexander
Saavedra Lagos.
16. El a quo consideró que se cumplían los requisitos generales de procedencia,
por lo que realizó un estudio de fondo respecto de los defectos alegados. Decidió
agrupar los reparos en el defecto sustantivo, pues, a su juicio, los argumentos se
centraron en la interpretación del parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021.
Al respecto, dicha autoridad judicial consideró que el Tribunal Administrativo de
Santander realizó un análisis detallado del marco normativo aplicable, reconstruyó
los antecedentes del caso y consideró que el accionante había consolidado su
situación jurídica bajo la normativa anterior y había usado sus títulos para acceder
a la prima técnica del 50%. En ese sentido, la posición del Tribunal obedeció a la
distinción entre el reconocimiento inicial de la prima técnica y un ajuste o incremento
adicional previsto en el artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021. Por lo anterior, consideró
que la interpretación de la autoridad judicial fue razonable y no se configuró un
defecto sustantivo. Respecto de la presunta violación directa de la Constitución,
argumentó que el demandante no acreditó la existencia de situaciones fácticas y
jurídicas que permitieran establecer un trato diferenciado e injustificado.
La impugnación
17. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela. También añadió que su derecho a la igualdad fue vulnerado, pues al
4
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Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
registrador seccional de instrumentos públicos, código 0192, de Cartago, Valle del
Cauca, le fue reconocido un 12% adicional en su prima técnica por presentar una
publicación literaria y un título de magíster después de la entrada en vigor del
Acuerdo 04 de 2021. Igualmente, relacionó el caso del registrador seccional de
instrumentos públicos, código 0192, de Neira, Caldas, a quien se le reconoció un
9% adicional por acreditar la obtención de un título del nivel de maestría después
de la promulgación del Acuerdo 04 de 2021.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
18. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
19. De conformidad con lo expuesto, la Sala de la Subsección entiende que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales, particularmente,
el de relevancia constitucional. Frente a ello, la Sala analizará si la parte accionante
busca discutir un asunto estrictamente legal y económico, si pretende reabrir un
debate concluido y si cumple con la carga argumentativa mínima de tutela contra
providencia judicial.
20. De superar el análisis, la Sala establecerá si la autoridad judicial accionada,
mediante la sentencia del 12 de febrero de 2026, incurrió en los defectos alegados.
En ese sentido, la Sala examinaría si la autoridad judicial incurrió en: (i) falta de
motivación, por no añadir argumentos diferentes a los presentados por la parte
demandante; (ii) defecto sustantivo, por realizar una interpretación incorrecta del
parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021, y (iii) violación directa de la
Constitución, por vulnerar su derecho fundamental a la igualdad.
21. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el caso
concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20053, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
3
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
23. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que, cuando
se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la decisión
judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el alcance de la
decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso concreto
Legitimación en la causa
24. El señor Osmin Alexander Saavedra Lagos cuenta con legitimación en la causa
por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya
vulneración invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada
por la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander, providencia
que, según afirma, transgredió sus garantías constitucionales.
25. De igual manera, la Sala considera que el juez de primera instancia acertó, al
considerar que se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por
pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Santander, autoridad judicial que emitió la providencia a la que se
le atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.
4
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
9
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
6
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Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
26. Así mismo, la Sala confirma la negativa a la solicitud de desvinculación de la
Superintendencia de Notariado y Registro y del Juzgado Tercero (3°) Administrativo
de Bucaramanga, dado que fungieron como parte procesal y como juez de primera
instancia, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
(radicado núm. 68001-33-33-003-2023-00205-00), por tanto, les asiste interés
directo en la decisión.
Sobre el requisito de relevancia constitucional
27. En el caso bajo estudio, la Sala argumentará que la demanda no supera el
requisito de relevancia constitucional. Para ello, mostrará que el accionante
pretende reabrir un debate de carácter estrictamente legal y económico; también
señalará que la parte actora busca cuestionar una decisión que ya fue tratada y
concluida en el proceso ordinario, e indicará que la demanda de tutela no cumple
con la carga argumentativa mínima de tutela contra providencia judicial.
28. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para
identificar si una acción de amparo constitucional satisface el requisito de relevancia
constitucional en el evento en el que pretende reabrir el debate10, a saber: (i) la
discusión debe recaer sobre un asunto constitucional y no solamente legal o
económico; (ii) el caso debe relacionarse con un debate jurídico que se centre en el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental, o que tenga una
trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución, y (iii) la
tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates exclusivamente
legales11.
29. Decisión sin motivación: En su escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que
se configuraron los errores de falta de motivación, defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución. Respecto del primero, afirmó que el Tribunal
Administrativo de Santander se limitó a exponer los mismos argumentos que expuso
la autoridad demandada había presentado dentro del proceso, sin adelantar un
razonamiento diferente para tomar su decisión.
30. La Sala advierte que, aunque el demandante invoca el defecto de decisión sin
motivación, su planteamiento no satisface la carga argumentativa mínima exigida
para acreditar la relevancia constitucional. En efecto, el escrito se limita a señalar
de manera genérica y abstracta que el Tribunal Administrativo de Santander no
motivó suficientemente y reprodujo los argumentos del demandado, pero no
desarrolló por qué esta circunstancia configuró una vulneración al debido proceso.
Además, tampoco identificó con precisión los apartes de la decisión cuestionada
10
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
11
En un asunto de características semejantes, relacionado con el reconocimiento de una prima
técnica y con reproches dirigidos contra la interpretación judicial de las normas que regulaban dicha
prestación, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-274 de 2023, consideró que la tutela no
satisfacía el requisito de relevancia constitucional, al advertir que la controversia se concentraba en
aspectos de interpretación legal y económica ya debatidos ante el juez natural, sin que se acreditara
una afectación constitucional autónoma que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que carecían de motivación, ni explicó de qué manera esta situación fue
determinante para la decisión adoptada. En ese sentido, el cargo no justifica la
intervención del juez constitucional.
31. Por lo anterior, este cargo no trasciende el plano de la inconformidad subjetiva
con la decisión judicial, pues omite dar cuenta de por qué la decisión del Tribunal
es insuficiente. La Sala remarca que el estándar argumentativo requerido en las
tutelas contra providencia judicial exige del demandante señalar de manera
concreta cómo se configura el defecto y por qué es determinante, pues la tutela no
se debe convertir en un juicio de corrección. Por lo anterior, la Sala declarará
improcedente este cargo.
32. Defecto sustantivo: el demandante expresó que el Tribunal realizó una
interpretación errónea del parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021 del
Consejo Directivo de la Superintendencia de Notariado y Registro. Esta norma
indica que, para efectos de acceder a un aumento hasta del 20% adicional en la
prima técnica, “(…) el título académico deberá ser distinto del exigido para el
desempeño del empleo y adicional al ya acreditado para el reconocimiento de la
prima técnica o de cualquier otro emolumento”. De acuerdo con el accionante, la
interpretación correcta de esta norma consiste en que los títulos que se deben tener
en cuenta para acceder al aumento de hasta el 20% adicional de la prima técnica
deben ser diferentes a aquellos que se requieren para acceder a la prima técnica
del 50%, independientemente de que aquellos ya se hubieran presentado a la
entidad bajo un régimen anterior. En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial
debió verificar cuáles y cuántos títulos se exigen actualmente para acceder a la
prima del 50% y al incremento de hasta el 20% adicional y contrastar ello con los
títulos que el demandante acreditó.
33. En primer lugar, la Sala encuentra que la discusión sobre los defectos señalados
versa sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia
constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional (i) cuando la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico,
por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés general”12.
34. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar cuál es la interpretación correcta del parágrafo 2 del
artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021. Lo cierto es que el demandante discute la
interpretación legal de una norma para acceder a una prestación económica en su
prima técnica con el fin de que esta sea ajustada en un 12% adicional sobre el
salario básico. En ese sentido, el cuestionamiento persigue una finalidad
estrictamente económica y legal, por lo que no corresponde al juez de tutela
pronunciarse sobre este asunto.
12
Ibidem.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
35. La circunstancia de que la parte actora discrepe de la interpretación adoptada
por el Tribunal Administrativo de Santander sobre el alcance del parágrafo 2 del
artículo 5 del Acuerdo 04 de 2021 no convierte por sí sola la controversia en un
asunto constitucional. La determinación acerca de la posibilidad de acrecentar la
prima técnica con títulos que ya fueron usados para acceder a esta bajo un régimen
anterior compete, en principio, al juez natural. Por tanto, el juez de tutela solo podría
intervenir si la interpretación cuestionada fuera manifiestamente irrazonable,
caprichosa o incompatible con el contenido esencial del debido proceso,
circunstancias que no fueron demostradas por el accionante.
36. En segundo lugar, la Sala considera que el accionante pretende reabrir un
debate concluido. En efecto, la discusión relativa a si al accionante le asiste la
posibilidad de acceder a un aumento de hasta el 12% adicional en su prima técnica
ya fue considerada por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Mediante sentencia del 12 de febrero de
2026, la autoridad judicial realizó una exposición detallada del marco normativo
aplicable al caso y concluyó que el demandante no tenía el derecho a que su prima
técnica fuera ajustada en un 12% adicional. En su decisión, el Tribunal resaltó que
el demandante no solicitó un reconocimiento de la prima técnica, sino que pretendió
un reajuste al porcentaje que ya le había sido reconocido. Por lo anterior, consideró
que el tutelante ya había consolidado su derecho bajo un régimen anterior, en el
que usó los títulos para acceder a la prima técnica del 50%. Por lo anterior, concluyó
que el tutelante no podía utilizar nuevamente esos títulos para que la prestación que
ya había sido reconocida fuera ajustada.
37. Por lo anterior, la Sala advierte que lo que realmente pretende el accionante es
cuestionar una decisión que le fue desfavorable. La acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional, en la cual se debatan las cuestiones que se
abordaron de manera razonable por los jueces en el proceso ordinario. En efecto,
emitir un juicio de corrección judicial por posibles inconformidades con las
decisiones de las autoridades judiciales se escapa a la competencia del juez
constitucional.
38. Violación directa de la Constitución: la tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional en lo relativo a la carga argumentativa mínima. En su escrito de tutela,
la parte accionante señaló de forma genérica que se vulneró su derecho a la
igualdad, toda vez que hipotéticamente una persona con la misma experiencia y
títulos podría acceder a una prima técnica en un mayor porcentaje. Posteriormente,
en la impugnación a la decisión de tutela de primera instancia, concretó más su
inconformidad, pues relacionó dos casos que considera que son similares. Se trata
de los casos de los registradores seccionales de instrumentos públicos, código
0192, de Cartago (Valle del Cauca) y Neira (Caldas), los cuales pudieron acrecentar
su prima técnica por encima del 50% presentando títulos nuevos bajo la entrada en
vigor del Acuerdo 04 de 2021.
39. La Sala sostiene que la carga argumentativa para conocer este defecto no fue
suficiente. El derecho a la igualdad tiene una naturaleza relacional13 y exige del
13
Corte Constitucional, sentencia T-010 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
actor presentar una comparación concreta entre grupos de personas o situaciones
que sean comparables, así como establecer las razones para desarrollar ese
examen. En el caso concreto el actor se limitó a enunciar situaciones que, en su
criterio, son iguales, sin indicarle al juez constitucional los motivos concretos por lo
que en efecto son comparables y sin realizar el contraste en los términos del juicio
de igualdad. Debe recordarse que, en materia de tutela contra providencia judicial14,
en punto al derecho a la igualdad, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
el actor debe mostrar que otro caso con idénticas o semejantes condiciones fue
fallado de manera diferente. No basta con enunciar situaciones o grupos de
personas y afirmar que son semejantes. El actor debe mostrar que esos mismos
hechos fueron objeto de una decisión judicial opuesta a la que ataca. El sistema
jurídico tiene como objetivo garantizar que los mismos hechos sean resueltos de
manera semejante por diferentes autoridades judiciales15. En punto a la tutela contra
providencia, el cargo por violación al derecho a la igualdad exige confrontar fallos
judiciales que resolvieron situaciones fácticas similares.
40. En el sub lite, el actor se limitó a hacer una lista de situaciones que no han sido
resueltas por una autoridad judicial y que, desde su perspectiva, hipotéticamente
serían resueltas siguiendo su personal criterio. Este cargo, en esa medida, se funda
en razonamientos hipotéticos y generales, y no logra construir la concreción exigida
para argumentar una vulneración al derecho a la igualdad. Sin embargo, en la
demanda de tutela inicial, el accionante no presentó casos similares, sino que hizo
una afirmación en abstracto, de manera genérica: señaló que, si una persona se
presentara bajo el régimen actual con sus mismos títulos y experiencia, podría
acceder a una mayor prestación. Por otra parte, en la impugnación relacionó dos
casos que no son estrictamente similares y no fueron objeto de pronunciamiento
judicial. Se trata de personas que acrecentaron su prima técnica por encima del
50% después de que entró en vigor el Acuerdo 04 de 2021, pero que presentaron
títulos nuevos que no habían usado previamente para acceder a la prestación, lo
que es una situación opuesta a la del actor. Cabe anotar que él guardó silencio
respecto de estas diferencias y omitió advertir si estas eran irrelevantes.
41. La Sala observa que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el
requisito general de la relevancia constitucional se acredita cuando: i) se involucra
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, que afectaron sus derechos fundamentales16.
Frente a ello, la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no
puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos
presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
14
Corte Constitucional, sentencia SU-659 de 2015
15
Ibid.
16
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de marzo de 2023. Núm. único de radicación:
110010315000202300790-00. Actor: Jorge Toro Garrido.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03685-01
Accionante: Osmin Alexander Saavedra Lagos
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o
del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar
su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos. (…)”17
42. Por lo anterior, la Sala concluye que la demanda de tutela no observó una
argumentación mínima para conocer de la supuesta vulneración al derecho a la
igualdad, toda vez que no relacionó de manera concreta casos similares con los
cuales se pudiera entrar a examinar esta. En ese orden de ideas, la Sala revocará
la decisión de primera instancia que negó el amparo constitucional y en su lugar
declarará improcedente la acción de tutela presentada por el señor Osmin
Alexander Saavedra Lagos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 18 de junio de 2026, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo de la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Osmin Alexander Saavedra Lagos contra el Tribunal
Administrativo de Santander, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11
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