Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03687-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03687-00
Accionante: YULIBETT PARDO MEJÍA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y
OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del
Magdalena y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas -
UARIV.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Yulibett Pardo Mejía solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y reparación integral en conexidad
con los principios de legalidad y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó: i) al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal
Administrativo de Magdalena con ocasión a las providencias de 26 de febrero y 12
de marzo de 2026 proferidas dentro de la acción de tutela con el número de
radicación 47001-33-33-005-2024-00145-00/05 y, ii) a la Unidad para la Atención y
la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV por la omisión de dar cumplimiento a
la sentencia de tutela núm. 47001-33-33005-2024-00145-00/01, en cuanto a la
entrega de “[…] la reparación administrativa […]”.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
3. Relató que mediante la Resolución núm. 0410219-1804761 de 22 de septiembre de
20221 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, le
reconoció una indemnización por el hecho victimizante de “[…] DELITOS CONTRA
LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL […]”.
4. Refirió que presentó la acción de tutela núm. radicación 47001-33-33-005-2024-
00145-00/01 con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales de petición,
a la igualdad y al debido proceso, los cuales, a su juicio, habían sido vulnerados por
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por cuanto
no dio una respuesta clara, de fondo y concreta sobre i) las condiciones de modo,
tiempo y lugar bajo las cuales se realizaría la evaluación que determinaría si se
priorizaba el pago de su indemnización administrativa previamente reconocida; y ii)
una fecha razonable o aproximada en la que se realizaría el desembolso de la referida
medida.
5. Indicó que el conocimiento de la acción constitucional le correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial que, a través de
la sentencia de 2 de julio de 2024, negó el amparo de los derechos fundamentales
solicitados.
6. Adujo que la anterior decisión fue objeto de impugnación, la cual fue resuelta por la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena a través de
sentencia de 29 de julio de 2024, mediante la cual revocó la decisión en los siguientes
términos:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del dos (02) de julio de 2024, por
medio de la cual el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta,
declaró denegar el amparo dentro de la acción de tutela promovida por la señora
YULI BETT PARDO MEJIA, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Directora
Técnica de Reparación de la UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS, Doctora Sandra
Viviana Alfaro Yara o quien haga sus veces, para que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, proceda a
ordenar a quien corresponda, que se le inicie el proceso de identificación de
circunstancias de priorización para el pago de la indemnización a que tiene
derecho la accionante y su grupo familiar, y superado este, se le dé una
respuesta clara, precisa y de fondo a la señora YULI BETT PARDO MEJÍA,
definiendo una fecha razonable en la cual se realizará el pago de la
indemnización administrativa que le fue reconocida […]”. [Negrilla del texto].
7. Señaló que el 16 de febrero de 2026 promovió incidente de desacato ante el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, en razón a que la entidad accionada
no había remitido respuesta clara y formal respecto a la fecha aproximada para el pago
de su indemnización administrativa.
1 “[…] Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a
la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1 y siguientes del Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015 […]”.
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
8. Expuso que, a través de auto de 26 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santa Marta impuso una sanción de tres salarios
mínimos legales mensuales vigentes por desacato al Director Técnico de
Reparaciones de la UARIV.
9. Mencionó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, mediante auto de 12 de marzo de 2026, revocó la sanción
impuesta por el juez de primera instancia, al considerar que la UARIV demostró la
imposibilidad de realizar el pago de la indemnización administrativa dado que:
“[…] mediante radicado lex 849710 se le comunicó a la señora Yuly Bett Pardo
Mejía el resultado de la aplicación el Método Técnico de Priorización en la
vigencia del año 2025, en la cual se le explicó que, en atención a que no acreditó
tener 68 años o más, presentar discapacidad, ni padecer una enfermedad
huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo, conforme a lo dispuesto en el
artículo primero de la Resolución 582 de 2021 y el artículo 4 de la Resolución
1049 de 2019, su resultado fue, no favorable […]”
10. Señaló que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y reparación integral en conexidad con los principios
de legalidad y favorabilidad con las providencias mencionadas supra lo cual deriva
en la falta de cumplimiento de lo resuelto dentro de la acción de tutela con número de
radicación 47001-33-33-005-2024-00145-00/01 y la omisión en la “[…] entrega la
reparación administrativa […]”.
11. Precisó que “[…] la jurisprudencia actual enfatiza la obligatoriedad de aplicar un
enfoque diferencial de género y la priorización por urgencia manifiesta. sentencias
Jurisprudencial Sentencia T-041 de 2025: Reitera que la UARIV vulnera el derecho a
la reparación integral si desconoce el deber de debida diligencia, no brinda información
clara y actualizada, o demora el trámite de indemnización ya reconocido, obligando a
actuar con celeridad. Sentencia de Unificación SU-018 de 2025: Enfatiza la necesidad
de incorporar el enfoque de género para combatir la violencia económica y asegurar
la reparación ante actos obtenidos mediante coerción. Sentencia T-227 de 2025:
Protege las denuncias de violencia de género, obligando a las entidades a darles
trámite preferente. Sentencia STP569-2025 (Corte Suprema): Ordena a la UARIV
actuar con celeridad e incluir en resolución de pago en plazos máximos de 10 días a
víctimas del conflicto, amparando su derecho a la reparación. Sentencia T-377 de
2022 y T-450 de 2019: Establecen que la violencia de género y la situación de extrema
vulnerabilidad enfermedades […]”.
12. Manifestó que las “[…] víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en
el conflicto armado son sujetos de especial protección y deben acceder a la
priorización automática (Resolución 582 de 2021). Urgencia Manifiesta o
Vunerabilidad Extrema […]”.
13. Comentó que “[…] el magistrado y juez se rehúsan a brindarme apoyo […] Solicito
Aplicación de Sentencias de Unificación: Cito la Sentencia STP4042-2023, que ordena
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a la UARIV la indemnización inmediata a víctimas de delitos contra la integridad sexual
en el conflicto armado […]”.
III. PRETENSIONES
14. Del escrito de tutela se advierte que lo que la parte accionante pretende es lo
siguiente:
“[…] acción de Tutela contra Providencia Judicial: los tutelo para revocar
decisiones que limitan el acceso a la justicia y la reparación, especialmente con
enfoque de género. Solicito la Reparación Administrativa.
El magistrado niega la reparación de mis derechos como víctima de los
DELICTOS de género, tutelo para revocar decisiones que limitan el acceso a la
justicia y la reparación, especialmente con enfoque de género. Solicito la
Reparación Administrativa. De la unidad especial para las Víctimas. UARIV.
[…]
solicito. la priorización en el pago de la indemnización administrativa.he.
Radicado derecho de petición ante la UARIV: Sin respuesta, radique un derecho
de petición exigiendo la actualización del estado de la reparación y el
cumplimiento de la sentencia, citando la jurisprudencia de la Corte
Constitucional Jurisprudencia 2024-2026)Sentencia T-041/25.
[…]
Radico. tutela contra el juzgado que. Me. archivó el proceso.Solicito.
intervención de la Procuraduría General de la Nación para la defensa de mi
calidad. De víctimas […]”. (sic en toda la cita).
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
15. Mediante auto de 14 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
16. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se allegaron
los siguientes informes:
17. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta luego de hacer
un recuento de las actuaciones surtidas dentro de la acción de tutela 2024-00145-
00, señaló que ha garantizado los derechos procesales de las partes “[…]
adoptando decisiones ajustadas a la Ley y a la jurisprudencia, sin que si avizore
ningún tipo de transgresión a los derechos fundamentales del demandante […]”. Por
consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.
18. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó negar el amparo solicitado,
dado que “[…] la situación fáctica narrada en la solicitud de tutela o que se observa
más bien es una inconformidad del extremo actor con la sentencia proferida por la
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Corporación en sede de impugnación, sin que sea posible convertir el trámite del
amparo en una tercera instancia […]”.
19. La Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas - UARIV
solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
mediante oficio de 22 de mayo de 2026 dio respuesta clara, de fondo, precisa y
congruente a cada una de las solicitudes formuladas por la accionante, respecto de
“[…] el estado actual de su reconocimiento de indemnización administrativa. • La
aplicación del método técnico de priorización. • La inexistencia de turno público o
numeración cronológica […]”, la cual fue comunicada al correo electrónico
“yubett2021@hotmail.com”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
20. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20255, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20196, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20247.
VI.2. Problemas jurídicos
21. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 26 de febrero y 12 de marzo de 2026, proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal
Administrativo de Magdalena, respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará
si la providencia de 12 de marzo de 2026, proferida en segunda instancia por el
Tribunal, vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante porque esta
decisión fue la que finiquitó la etapa de revisión automática de la sanción impuesta
dentro del incidente de desacato.
22. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, con ocasión a: i) la providencia de 12 de marzo
de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena; y ii) la
omisión de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
– UARIV de dar cumplimiento a la sentencia de tutela núm. 47001-33-33005-
2024-00145-00, en cuanto a la entrega de “[…] la reparación administrativa
[…]”.
23. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
24. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
25. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
26. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
27. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
7
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
28. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
29. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
30. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
31. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
incidentes de desacato, la Corte Constitucional12 ha señalado que este mecanismo
procede excepcionalmente en contra de providencias proferidas en el trámite del
incidente de desacato, cuando se generen situaciones que vulneren derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
32. Precisamente, a través de la sentencia SU- 034 de 2018, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Ver sentencias T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero
de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03687-00
Accionante: Yulibett Pardo Mejía
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
VI.5. El caso concreto
33. La señora Yulibett Pardo Mejía solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y reparación integral en conexidad
con los principios de legalidad y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó: i) al
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta y al Tribunal
Administrativo de Magdalena con ocasión a las providencias de 26 de febrero y 12
de marzo de 2026 proferidas dentro de la acción de tutela con el número de
radicación 47001-33-33-005-2024-00145-00/05 y, ii) a la Unidad para la Atención y
la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV por la omisión de dar cumplimiento a
la sentencia de tutela núm. 47001-33-33005-2024-00145-00/01, en cuanto a la
entrega de “[…] la reparación administrativa […]”.
34. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
35. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
36. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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37. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
38. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
39. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
40. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
41. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03687-00
Accionante: Yulibett Pardo Mejía
42. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y reparación integral en
conexidad con los principios de legalidad y favorabilidad con las providencias
mencionadas supra lo cual deriva en la falta de cumplimiento de lo resuelto dentro de
la acción de tutela con número de radicación 47001-33-33-005-2024-00145-00/01 y
la omisión en la “[…] entrega la reparación administrativa […]”.
43. Precisó que “[…] la jurisprudencia actual enfatiza la obligatoriedad de aplicar un
enfoque diferencial de género y la priorización por urgencia manifiesta. sentencias
Jurisprudencial Sentencia T-041 de 2025: Reitera que la UARIV vulnera el derecho a
la reparación integral si desconoce el deber de debida diligencia, no brinda información
clara y actualizada, o demora el trámite de indemnización ya reconocido, obligando a
actuar con celeridad. Sentencia de Unificación SU-018 de 2025: Enfatiza la necesidad
de incorporar el enfoque de género para combatir la violencia económica y asegurar
la reparación ante actos obtenidos mediante coerción. Sentencia T-227 de 2025:
Protege las denuncias de violencia de género, obligando a las entidades a darles
trámite preferente. Sentencia STP569-2025 (Corte Suprema): Ordena a la UARIV
actuar con celeridad e incluir en resolución de pago en plazos máximos de 10 días a
víctimas del conflicto, amparando su derecho a la reparación. Sentencia T-377 de
2022 y T-450 de 2019: Establecen que la violencia de género y la situación de extrema
vulnerabilidad enfermedades […]”.
44. Manifestó que las “[…] víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual en
el conflicto armado son sujetos de especial protección y deben acceder a la
priorización automática (Resolución 582 de 2021). Urgencia Manifiesta o
Vunerabilidad Extrema […]”.
45. Comentó que “[…] el magistrado y juez se rehúsan a brindarme apoyo […] Solicito
Aplicación de Sentencias de Unificación: Cito la Sentencia STP4042-2023, que ordena
a la UARIV la indemnización inmediata a víctimas de delitos contra la integridad sexual
en el conflicto armado […]”.
46. Precisado lo anterior, la Sala estima que no se cumple con el requisito general de
relevancia constitucional porque el escrito de tutela carece de la carga mínima
argumentativa, en tanto que no se identificaron ni desarrollaron los defectos en los
que habría incurrido la providencia judicial cuestionada.
47. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que la accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.
48. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03687-00
Accionante: Yulibett Pardo Mejía
49. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:
“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”21. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia. […]”. (negrillas por fuera del texto original)
50. En el presente caso la parte accionante omitió identificar y sustentar los defectos
en los que habría incurrido la autoridad judicial accionada.
51. En ese orden de ideas y, siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
citada sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la accionante no satisfizo la
carga mínima argumentativa en el caso objeto de estudio y adicionalmente la
discusión expuesta por la accionante gira en torno a la mera inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto.
52. Adicionalmente, es importante señalar que la relevancia constitucional es un
presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda estudiar el fondo del
asunto, ya que el mecanismo de amparo contra providencias judiciales no busca
proporcionar a los sujetos procesales de un proceso una tercera instancia, sino un
mecanismo de protección y garantía de sus derechos fundamentales,
eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí que su
procedencia sea excepcional22, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada.
53. La Sala estima pertinente traer a colación lo decidido en la providencia de 12 de
marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, para
evidenciar que lo pretendido es convertir esta acción en una instancia adicional:
“[…] Ante la presunta ausencia de acatamiento integral del fallo aludido, la
demandante promovió incidente de desacato, en contra de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual fue decidido mediante
providencia de fecha 26 de febrero hogaño.
Al respecto, posterior a la emisión del auto que declaró en desacato al señor
Sergio Andrés Agon Martínez como director Técnico de Reparaciones, la
entidad demandada presentó informe en el cual indicó que, mediante
21
Sentencia SU-074 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2016,
radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala).
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Accionante: Yulibett Pardo Mejía
comunicación bajo radicado lex 849710 se le comunicó a la señora Yuly Bett
Pardo Mejía el resultado de la aplicación el Método Técnico de Priorización en
la vigencia del año 2025, en la cual se le explicó que, en atención a que no
acreditó tener 68 años o más, presentar discapacidad, ni padecer una
enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo, conforme a lo
dispuesto en el artículo primero de la Resolución 582 de 2021 y el artículo 4 de
la Resolución 1049 de 2019, su resultado fue, no favorable. Asimismo señaló
que, actualmente la competencia para le emisión de respuestas requeridas y el
cumplimiento de órdenes judiciales en la materia será de la Dra. Julieth Nayibe
Moreno Vargas como directora técnica de la Dirección de Reparación de la
UARIV.
Por lo anterior, solicitó se tenga como atendido la conminación impuesta, toda
vez que se ha procedido a informar los resultados del método técnico 2025 a la
accionante.
Pues bien, al respecto es dable traer a colación lo que el Consejo de Estado, en
providencia radicada 11001-03-15-000-2024-05535-00 del 24 de enero de
2025, expuso:
[…]
En concordancia con lo expuesto en líneas anteriores, observa la Sala que, en
el presente asunto, si bien la UARIV no fijó un plazo exacto para el pago de la
indemnización administrativa reconocida a la demandante, la misma ha
cumplido con la aplicación del «Método Técnico de Priorización» en la vigencia
del año 2024 y 2025 en donde la demandante no resultó priorizada, situación
que ha sido debidamente informada a la señora Yulibett Pardo Mejía. Por lo
anterior, no se evidencia una conducta dolosa o negligente que amerite la
confirmación de la sanción impuesta.
Por otra parte, no se accederá a la declaratoria de nulidad solicitada por la
entidad accionada, por cuanto, si bien se advierte que la competencia para el
cumplimiento de la orden judicial fue reasignada con posterioridad, lo cierto es
que la respuesta allegada al expediente, aun cuando presentada con
posterioridad a la imposición de la sanción, permite constatar el trámite
efectivamente adelantado por la entidad, evidenciándose que la decisión que
habría de adoptarse no variaría. En tal medida, declarar la nulidad pretendida
implicaría un innecesario desgaste del aparato judicial, sin que se configure
afectación sustancial al debido proceso ni al derecho de defensa.
En ese sentido, la Sala procederá a revocar la sanción impuesta por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Santa Marta, al considerar que la UARIV
demostró la imposibilidad de realizar el pago de la indemnización administrativa,
pues la misma obedece a la aplicación de criterios técnicos y normativos ajenos
a su voluntad […]”.
54. Ahora bien, en relación con la omisión de la Unidad para la Atención y la
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, frente al cumplimiento a la sentencia
de tutela núm. 47001-33-33005-2024-00145-00/01, referida a la entrega de “[…] la
reparación administrativa […]”, la Sala advierte que dichos cuestionamientos ya
fueron objeto de análisis por el juez constitucional dentro del incidente de desacato.
55. En consecuencia, este juez constitucional se encuentra vedado para reabrir su
estudio, máxime cuando la providencia de 12 de marzo de 2026 se encuentra
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03687-00
Accionante: Yulibett Pardo Mejía
ejecutoriada y, adicionalmente, cualquier examen de la misma a través de esta
acción de tutela no satisface el requisito general de relevancia constitucional.
56. Finalmente, frente a su solicitud de “[…] intervención de la Procuraduría General
de la Nación para la defensa de mi calidad. De víctimas […]”, la Sala ha sostenido
que en estos casos la accionante puede presentar las quejas a las que haya lugar
ante las autoridades correspondientes para que estas, en el marco de sus
competencias, analicen la procedencia de dichas solicitudes.
57. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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