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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03698-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03698-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: exclusión de beneficiarios en el reconocimiento de
perjuicios. Subtema 3: defectos procedimental y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Mallivis Moreno Martínez y otros
contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

1. Síntesis del caso

La señora Mallivis Moreno Martínez, en nombre propio y en representación de sus
hijos menores WDPM, MJCM y JJCM 1, presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 26 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 27001-33-33-003-
2020-00067-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela2 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Se conserva la reserva de la identidad de los menores que acudieron a este mecanismo constitucional, como una medida
de protección de los derechos de los niños. Al respecto, se tiene la sentencia T-566 de 2023 de la Corte Constitucional.
2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03698-00, índice 2, 640B01B51A889F8E F5D5AB44EFB1D1C0
271EE74193B40909 3D2797D91362C292.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

2. El menor WDPM, el 12 de julio de 2019, sufrió un accidente con una puerta del
baño de la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez en donde cursaba sus
estudios, en el municipio de Quibdó.

3. Los docentes trasladaron al joven a la IPS Confachocó en donde fue sometido
a un procedimiento quirúrgico en el que se le amputó la falange distal de dos dedos
de la mano izquierda, que es utilizada para la escritura.

4. La señora Mallivis Moreno Martínez y su grupo familiar presentaron demanda
de reparación directa contra el municipio de Quibdó, Secretaría de Educación, con
el fin de que se declarara la responsabilidad de la entidad demandada y, en
consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y
morales ocasionados por las lesiones que sufrió el menor WDPM.

5. El Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó, mediante sentencia del 8 de
agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones. Condenó a la entidad
accionada a pagar a favor de los demandantes los perjuicios morales reclamados.
Contra dicha decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de providencia del 26 de
noviembre de 2025, modificó el fallo de primera instancia, al considerar que no era
procedente «reconocer indemnización perjuicio moral a los señores MJCM y JJCM,
en calidad de hermanos del menor WDPM. Ello, por cuanto no encontró plenamente
acreditado el vínculo filial entre aquellos y la víctima directa, pues el registro civil de
nacimiento del lesionado no se aportó en las oportunidades probatorias legalmente
establecidas». En consecuencia, limitó el pago de la indemnización reclamada,
únicamente para la señora Mallivis Moreno Martínez y el joven WDPM.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

PRIMERO. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de MALLIVIS MORENO MARTÍNEZ y los
menores WDPM, MJCM y JJCM.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO la sentencia núm. 164 del 26 de noviembre de 2025,
expedida por el TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DEL CHOCÓ, M.P. DUNNIA MADYURI
ZAPATA MACHADO, dentro del radicado 27001-33-33-0003-2020-00067-01 y en
lugar, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ que, en el marco de
sus competencias, en el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación,
profiera una nueva decisión, de conformidad con los lineamientos fijados por el juez de
tutela.

TERCERO. PREVENIR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ para que no
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la presente solicitud de
tutela.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

8. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante argumentó que la
sentencia del Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico, porque no valoró en su
integridad los anexos de la demanda, entre los cuales se encontraban los registros
civiles de nacimiento de los menores WDPM, MJCM y JJCM con los que acreditó la
relación de parentesco entre la víctima directa y sus demás hijos.

9. De igual manera, indicó que la autoridad accionada incurrió en un defecto
procedimental, debido a que omitió decretar pruebas de oficio de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 del CPACA, para solicitar los registros civiles de
nacimiento actualizados de los menores WDPM, MJCM y JJCM, con el fin de
verificar su relación de parentesco y proceder a reconocimiento integral de los
perjuicios reclamados a favor todo el grupo de demandantes.

2.3. Trámite procesal

10. El despacho ponente, mediante auto del 19 de mayo de 20263, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo del Chocó, y
puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Noveno Administrativo de
Quibdó y al municipio de Quibdó, Secretaría de Educación, en su condición de
terceros interesados.

2.4. Intervenciones

11.El Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó4 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

12. El municipio de Quibdó5 solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela,
porque no se evidencia la configuración de defecto alguno que permita desvirtuar la
presunción de legalidad que ampara la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Chocó.

13. Afirmó que la providencia cuestionada fue emitida por autoridad competente,
dentro del marco del proceso ordinario, con observancia de las garantías
procesales, una adecuada valoración de los elementos probatorios y la aplicación
razonada del ordenamiento jurídico.

14. Agregó que el accionante acude a este mecanismo como una instancia
adicional para insistir en argumentos de orden legal que fueron expuestos al interior
del trámite judicial, relacionados con la disminución del valor de la indemnización
reconocida en primera instancia.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03698-0, índice 4, certificado núm. 9675BB913B09B7E4 C4CA0666472F1A10
2E34A327A3B07AF0 DC397FEC818A1758.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03698-00, índice 11, certificado núm. 7054CCC397F9D867 0D2DEBFDD638AEEA
13ACF3E197991A41 100E105E482EBAC9.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03698-00, índice 12, certificado núm. 2AC31CEB1EA0B75C 9563D3750AE16AD1
41C9F5F7650B1BC4 263AFD07F05B3DAE.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
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15. Asimismo, expuso que la parte accionante pretende estructurar una vulneración
al debido proceso a partir de una lectura fragmentada e incorrecta de la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó.

16. Lo anterior, por cuanto la providencia cuestionada sí analizó expresamente los
registros civiles de nacimiento allegados al proceso correspondientes a MJCM y
JJCM. Sin embargo, el Tribunal fue claro en precisar que dichos documentos, por
sí solos, no acreditaban el vínculo filial con la víctima directa Wilson David Palacios
Moreno, debido a que el registro civil de nacimiento del menor lesionado fue
aportado únicamente con el escrito de alegatos de conclusión, esto es, por fuera de
las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 del CPACA.

17. En atención a lo anterior, consideró que la discrepancia de la parte accionante
con las conclusiones probatorias del Tribunal no configura un defecto fáctico ni una
vulneración al debido proceso, sino una mera inconformidad con la interpretación
judicial adoptada por el juez natural.

18. El Tribunal Administrativo del Chocó6 solicitó que se declare improcedente o, en
su defecto, se niegue la tutela, porque la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que el escrito inicial carece de la
carga argumentativa y probatoria mínima para acreditar las irregularidades
alegadas.

19. Precisó que el debate planteado por la parte actora es meramente probatorio,
pues se limitó a la acreditación del parentesco y la tasación del daño, lo cual no
tiene relevancia constitucional, debido a que este asunto comprende una naturaleza
legal, que se resolvió al interior del proceso ordinario.

20. Resaltó que no incurrió en omisión alguna, pues, si bien el artículo 213 de la
Ley 1437 de 2011 prevé la facultad del juez o magistrado ponente de decretar
pruebas de oficio para el esclarecimiento de la verdad, dicha potestad es de carácter
excepcional y no lo obliga a suplir las deficiencias probatorias de las partes ni a
asumir su carga, en tanto su intervención debe mantenerse dentro del marco de
imparcialidad que rige la función judicial.

21. Asimismo, expuso que valoró en su integridad las pruebas que fueron allegadas
al proceso de manera legal y oportuna, de conformidad con las reglas previstas en
los artículos 212 y 213 del CPACA, sin que pueda predicarse un desconocimiento
del debido proceso ni la configuración de un defecto fáctico. Por tal razón, consideró
que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03698-00, índice 13, certificado núm. 32BC915995DF49E3 A8D6F6DE95910694
38E17598AD2B45DE CDB3632FD629EF40.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

3. Consideraciones

3.1. Competencia

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Mallivis Moreno Martínez y otros contra
el Tribunal Administrativo del Chocó.

3.2. Legitimación en la causa

23. La legitimación en la causa por activa de la señora Mallivis Moreno Martínez y
otros está acreditada, porque fueron los demandantes en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Chocó, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia
objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

27.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5

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incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

30. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.

31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

9
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6

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32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 26 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, fue notificada el día de su expedición13, y la demanda de
tutela se presentó el 13 de mayo de 202614, esto es, dentro del plazo de seis meses
previsto por la jurisprudencia constitucional15 y del Consejo de Estado16 como
razonable.

34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un medio de control de reparación directa.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y procedimental y,
en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la
parte actora.

3.4. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo del Chocó
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la parte actora, al proferir la sentencia del 26 de
noviembre de 2026, mediante la cual modificó la decisión de primera instancia, en
cuanto disminuyó el valor de los perjuicios morales reconocidos y excluyó a algunos
demandantes?

38. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto procedimental

39. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio

13
Samai, exp, 76001-33-33-003-2023-00184-01, índice 8.
14
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-03698-00, índice 1.
15
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7

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de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.

40. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.

41. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 17.

42. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»18.

43.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.

44. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía,
de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga
una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv)
que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y (v) como consecuencia de lo
anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales» 19.

3.4.2. El defecto fáctico

45. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión» 20. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión21»

17
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
8

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objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y
otra negativa.

46. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por completo equivocada»22. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la
decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan»23.

47. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso24.

48. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»26.

49. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
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51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.

3.5. Caso concreto

50. En el asunto bajo estudio, la señora Mallivis Moreno Martínez junto con sus hijos
WDPM, MJCM y JJCM, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el municipio de Quibdó, Secretaría de Educación, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por las lesiones
que sufrió el menor WSPM mientras se encontraba en las instalaciones de la
Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez.

51. En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó, mediante
providencia del 8 de agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Chocó, por
medio de sentencia del 26 de noviembre de 2025, modificó el fallo del a quo, en
cuanto disminuyó el valor de los perjuicios morales reconocidos a la señora Mallivis
Moreno Martínez y su hijo WDPM y, excluyó a los demás demandantes.

52. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia del 26 de noviembre de 2025, incurrió en
defecto fáctico, porque no valoró en su integridad los documentos aportados con los
anexos de la demanda, con los cuales se adjuntó los registros civiles de nacimiento
de los menores WDPM, MJCM y JJCM y, consecuencia se acreditó la relación de
parentesco entre la víctima directa y sus hermanos.

53. Asimismo, afirmó que la autoridad accionada incurrió en un defecto
procedimental, debido a que omitió decretar pruebas de oficio de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA, para solicitar los registros civiles de
nacimiento actualizados de los de los menores WDPM, MJCM y JJCM, con el fin de
verificar su relación de parentesco y proceder a reconocimiento integral de los
perjuicios reclamados a favor de los demandantes.

54. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela28, se
observa que la autoridad accionada se pronunció sobre los argumentos planteados
por el municipio de Quibdó en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Asimismo, indicó que, en el caso bajo estudio, no se encontraba en
discusión la responsabilidad de la entidad demandada, sino la valoración de los
documentos aportados al proceso de reparación directa para acreditar el parentesco
de los demandantes con la víctima directa, con el fin de determinar el alcance de
los perjuicios reconocidos.

27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
Sentencia del 26 de noviembre de 2025.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

55. A partir de lo anterior, el Tribunal refirió que con la demanda se aportaron los
registros civiles de nacimiento de MJCM y JJCM. De igual manera, expuso que con
el escrito de alegatos de conclusión se aportó el registro civil de nacimiento del
menor WDPM, tal y como constaba en el índice 30 del expediente electrónico del
sistema Samai.

56. En este sentido, la providencia cuestionada destacó que el artículo 212 del
CPACA regula las oportunidades para solicitar y aportar pruebas dentro del proceso.
Dicha norma es clara en establecer lo siguiente: «para que sean apreciadas por el
juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro
de los términos y oportunidades procesales» previstos en el código.

57. Con el propósito de identificar los momentos procesales para que las partes
pudieran cumplir con la carga probatoria, el Tribunal Administrativo del Chocó,
transcribió el contenido de la norma, la cual textualmente indica esto:

Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas:
la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias
anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante
haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este
último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

58. Con base en lo descrito por el legislador, la decisión objeto de tutela manifestó
que «el registro civil de nacimiento del menor Wilson David Palacios Moreno
aportado con el escrito de alegatos de conclusión se entiende que se allegó por
fuera de las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 de la Ley 1437
de 2011. Por lo tanto, dicho documento no puede ser valorado como prueba en el
presente proceso. […]».

59. Pese a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Chocó aclaró que: «la
jurisprudencia del Consejo de Estado29 ha sostenido que, en situaciones
excepcionales, quienes no demuestren el parentesco mediante el registro civil
pueden ser reconocidos como terceros damnificados y otorgárseles la
indemnización correspondiente si acreditan la relación afectiva con la víctima y el
perjuicio sufrido».

60. En efecto, para la autoridad judicial accionada aun cuando no se había aportado
el registro civil de nacimiento para demostrar la relación de parentesco entre la
víctima directa y los demás demandantes, lo cierto es que existía la posibilidad de
reconocer la indemnización pretendida por estos, como terceros damnificados,
siempre que acreditaran el nexo afectivo con el afectado y el perjuicio padecido.

61. Bajo esta premisa, la corporación judicial accionada analizó los documentos
aportados al proceso de reparación directa, en particular, el «informe de valoración
psicológica de verificación de derechos de fecha 19 de marzo de 2020, elaborado
por la Psicóloga del Centro Zonal Quibdó ICBF Regional Chocó». Así pues, del
contenido del documento referido, el Tribunal concluyó lo siguiente:

46. En virtud de lo anterior, la Sala no comparte la decisión del A Quo de reconocer
indemnización por perjuicio moral a los señores María José Cubillos Moreno y Juan
José Cubillos Moreno, en calidad de hermanos del menor Wilson David Palacios
Moreno. Ello, por cuanto no se encuentra plenamente acreditado el vínculo filial entre
aquellos y la víctima directa, pues el registro civil de nacimiento del lesionado no se
aportó en las oportunidades probatorias legalmente establecidas.

47. Además, ninguno de los medios de prueba incorporados al expediente permite
inferir una afectación emocional significativa en los citados demandantes como
consecuencia del accidente que dio origen a la presente demanda. La valoración
psicológica obrante en el plenario solo da cuenta del impacto sufrido por el menor
Wilson David Palacios Moreno y la señora Mallivis Moreno Martínez, sin mencionar a
los hermanos ni evidenciar repercusiones en ellos.

48. En consecuencia, no resulta procedente mantener el reconocimiento del perjuicio
moral a favor de los señores María José y Juan José Cubillos Moreno, y por ello, la
condena deberá limitarse al menor Wilson David Palacios Moreno y a la señora Mallivis
Moreno Martínez, únicos sujetos respecto de los cuales se acreditó el referido perjuicio.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Sentencia
del 22 de abril de 2022, Radicación No. 76001-23-33-000-2012-00129-01 (47.961).
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

62. En concreto, para el Tribunal accionado, el informe de valoración psicológica
que se adjuntó al proceso ordinario solo permitía inferir el impacto emocional que
sufrió el menor WDPM y la señora Mallivis Moreno Martínez, sin que se pudiera
evidenciar alguna situación parecida respecto de los hermanos de la víctima directa.
En consecuencia, los perjuicios reclamados por la parte actora solo podían
beneficiar a WDPM y su señora madre, sin que se pudiera otorgar suma alguna a
favor de MJCM y JJCM, en su condición de terceros damnificados, dado que no se
acreditó la aflicción y congoja que estos hubiesen sufrido con ocasión de la lesión
que padeció el familiar lesionado.

63. Seguidamente, la autoridad judicial accionada se pronunció sobre la tasación
del perjuicio reclamado por los demandantes, en atención a que la entidad
accionada, en el recurso de apelación, solicitó que se tuviera en cuenta los topes
indemnizatorios previstos en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
28 de agosto de 2024. Al respecto, el Tribunal expuso las siguientes
consideraciones:

50. Con fundamento en el material probatorio obrante en el plenario, se advierte que el
día 12 de julio de 2019 el menor [WDPM] fue atendido en la IPS Comfachocó. En
aquella oportunidad se registró en la historia clínica que el citado infante fue sometido
a un procedimiento quirúrgico en el que se le amputó la falange distal de dos dedos de
la mano izquierda, así:

[…]

51. En relación con los casos donde no se acreditó de manera objetiva la gravedad de
las lesiones sufridas, es decir, donde no se estableció el porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez o la junta
medico laboral de la entidad demandada, como ocurrió en el presente asunto, se
advierte que la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sala Plena determinó que
la inexistencia de dicha prueba no significa la imposibilidad de calcular la indemnización
de los perjuicios y daños con base en otros criterios, como las reglas de la experiencia
o la indemnización en equidad. Además –agrega- que no todas las lesiones tienen por
qué derivar en alguna pérdida de capacidad laboral, pero sí constituyen un daño
causado a la víctima que debe ser reparado30.

52. En este punto, conviene precisar, que el Consejo de Estado ha sostenido lo
siguiente31:

“(…) La Sala modificará la liquidación de los perjuicios porque, contrario a lo
sostenido en primera instancia, para su reconocimiento en el caso de lesiones no se
requiere el dictamen de pérdida de capacidad laboral. Ante la ausencia de esta
prueba, y siempre que las lesiones se encuentren acreditadas, la Sala, en múltiples
oportunidades, ha utilizado la equidad y al arbitrio judicial para la liquidación de los
perjuicios. (…)”.

64. Conforme lo anterior, el Tribunal Administrativo del Chocó explicó que para
determinar la magnitud del perjuicio causado y, por lo tanto, la tasación de estos, en
30
Sentencia 00005 de 2018 del veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Exp. 36853.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alberto Montaña Plata, Sentencia del 7
de septiembre de 2023 Radicación No. 44001-23-31-001-2010-00235-01 (59194).
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casos de lesiones se requiere de un elemento de prueba en el que conste el
porcentaje de la pérdida de capacidad laboral; sin embargo, cuando no se logró
demostrar la gravedad de las lesiones, porque no se aportó dictamen de la junta
regional de calificación de invalidez o de la junta médico-laboral de la entidad, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que esta ausencia probatoria no
impide calcular la indemnización. Para ello, el juez puede acudir a otros criterios
como las reglas de la experiencia o la indemnización en equidad.

65. Así pues, la autoridad judicial accionada con el fin de establecer el monto que
se le debía reconocer a la señora Mallivis Moreno Martínez y su hijo WDPM, expuso
esto:

53. En primera instancia, se reconoció por perjuicio moral al menor [WDPM] la suma
de 100 SMLMV y a la señora Mallivis Moreno Martínez la suma de 50 SMLMV.

54. En cuanto a los daños causados por las lesiones que sufre una persona conviene
precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales,
su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues
hay situaciones en las cuales aquellas lesiones, son de tal magnitud que su ocurrencia
alcanza a tener entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores
cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales
que se causen en virtud de unas lesiones, se definirá en cada caso por el juez, en
proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y
consecuencias de la lesión.

55. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 28 de agosto de 201432 sintetizó el concepto de daño moral en aquel que se
encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de
desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima
directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.

56. De igual forma, estableció que la reparación del daño moral en caso de lesiones
tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa,
familiares y demás personas allegadas.

57. Para el efecto, fijó como referente en la liquidación del perjuicio moral, en los
eventos de lesiones, la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por
la víctima. Su manejo se ha dividido en seis (6) rangos:

32
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del
28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
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58. Así mismo, indicó que, deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión
causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios
mínimos. Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel
de relación en que éstas se hallen respecto del lesionado, conforme a la tabla arriba
referida. La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se
determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

[…]

60. Así las cosas, teniendo en cuenta la sentencia de unificación ya referida, la Sala
modificará el numeral segundo de la sentencia apelada y condenará a la entidad
demandada a reconocer por concepto de perjuicios morales tasados en salarios
mínimos legales mensuales, una indemnización equivalente a veinte (20) para el menor
[WDPM] (victima directa) y para la señora Mallivis Moreno Martínez en calidad de
tercera damnificada tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

66. En efecto se tiene que la parte actora no aportó documento en el que constara
o se pudiera verificar la gravedad de la lesión sufrida por WDPM, como es el
dictamen de la junta regional de calificación de invalidez o de la junta médico-
laboral, por lo dicha situación le exigía al juez acudir a las reglas de la experiencia
y la equidad, para fijar el valor del perjuicio moral reclamado.

67. De esta manera, el Tribunal Administrativo del Chocó acudió a los criterios
definidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, para concluir que
el joven WDPM presentó una lesión igual o superior al 10% e inferior al 20%, por lo
que, en su condición de víctima directa, se le debía reconocer un monto de 20 smlmv
y a la señora Mallivis Moreno Martínez, en su calidad de tercera damnificada un
valor de 3 smlmv.

68. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia 26 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, no incurrió de los defectos
alegados por la parte actora, pues la decisión de modificar la providencia de primera
instancia33 y, en su lugar, disminuir los valores reconocidos por concepto de

33
Sentencia del 8 de agosto de 2025, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo de Quibdó.
15

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perjuicios morales a favor del joven WDPM y la señora Mallivis Moreno Martínez,
así como excluir de este beneficio a los menores MJCM y JJCM estuvo soportada
en un estudio razonable de los hechos, la normativa y las pruebas aportadas al
proceso.

69. En efecto, se destaca que la autoridad judicial accionada valoró los documentos
obrantes en el expediente de reparación directa e identificó que, si bien se aportaron
los registros civiles de los menores MJCM y JJCM, lo cierto es que el
correspondiente al joven WDPM no se allegó en las oportunidades procesales
previstas en el artículo 212 del CPACA, de manera que no era procedente tenerlo
como prueba. Tal situación derivó en que los demandantes iniciales no acreditaron
su relación de parentesco con la víctima directa, esto es, WDPM.

70. Además, el Tribunal, también analizó el informe de valoración psicológica de
verificación de derechos del 19 de marzo de 2020, elaborado por la psicóloga del
Centro Zonal Quibdó ICBF Regional Chocó, con el cual, únicamente constató la
aflicción y el dolor que sintieron la señora Mallivis Moreno Martínez y WDPM, con
ocasión a la amputación de dos falanges de la mano izquierda de este último. Dicho
elemento de prueba no permitía verificar la congoja que pudieron percibir los
menores MJCM y JJCM, respecto del daño sufrido por WDPM.

71. Esto le permitió concluir que la parte demandante no ejerció una adecuada
actividad probatoria para acreditar oportunamente la relación de parentesco con la
víctima directa o, en su defecto, demostrar la relación afectiva y el menoscabo
sufrido con ocasión del daño, que pudiera dar lugar al reconocimiento y pago de
una indemnización por concepto de perjuicios morales.

72. Lo anterior, sumado al hecho de que tampoco se aportó un documento en el
que constaran la gravedad y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del
joven WDPM, impidió determinar con mayor claridad la magnitud del daño.

73. En este punto, es necesario resaltar, como quedó demostrado en el proceso
ordinario, que la parte actora, con la demanda de reparación directa no aportó
elementos probatorios precisos y concretos para acceder a la reparación económica
pretendida ni solicitó el decreto de dichas pruebas, dentro de las oportunidades
previstas tanto en primera como en segunda instancia, tal y como lo dispone el
artículo 212 del CPACA34.

74. Al respecto, resulta oportuno advertir que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 167 del Código General del Proceso, «incumbe a las partes probar el

34
«ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la
reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las
mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación
de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
[…]
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria […]».

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supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen […]». Ello se traduce, en que en los procesos que cursan ante el juez de
lo contencioso-administrativo, corresponde a los sujetos procesales la carga de la
prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones.

75. Así pues, cuando la parte actora no cumple con el deber probatorio que le
corresponde, la consecuencia jurídica que habrá de asumir será la desestimación
de las pretensiones de la demanda en la sentencia.

76. En el presente asunto, la parte actora omitió ejercer una adecuada actividad
probatoria dirigida a acreditar oportunamente la relación de parentesco entre sus
hijos WDPM, MJCM y JJCM o, en su defecto, la afectación emocional significativa
en los dos últimos demandantes como consecuencia del accidente que dio origen a
la demanda, razón por la cual, tanto el Tribunal accionado modificó el alcance y
monto los perjuicios morales reconocidos por el a quo a favor de los accionantes.

77. Así pues, se advierte que los argumentos expuestos por la parte actora, lejos
de evidenciar la existencia de un defecto fáctico derivado de una indebida valoración
probatoria, lo que realmente pretende es manifestar su inconformidad con el sentido
de la decisión adoptada.

78. Por otro lado, cabe mencionar que tampoco se configura el defecto
procedimental alegado por los tutelantes, debido a que la parte actora durante el
desarrollo del proceso ordinario no puso de presente su dificultad para acceder y
aportar el documento solicitado (registro civil de nacimiento), de manera que no era
posible advertir una omisión por parte del Tribunal al no hacer uso de su facultad
oficiosa para decretar pruebas.

79. Por el contrario, en el trámite del proceso de reparación directa se demostró que
la prueba documental fue aportada por la parte demandante, solo que se hizo en un
momento procesal inapropiado, lo cual impidió que se le otorgara el valor que
correspondía. Tal situación no puede derivar en una irregularidad que se le atribuya
a la autoridad judicial accionada.

80. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos, las pruebas aportadas al trámite
judicial y aplicó adecuadamente la normativa procesal. Por estos motivos, si bien la
providencia objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa
que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.

81. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03698-00 (5791)
Accionantes: Mallivis Moreno Martínez y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó

4. Conclusión

82. Así las cosas, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó
no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no
se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos
jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los
defectos fáctico y procedimental, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por los accionantes.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora Mallivis Moreno
Martínez y los menores WDPM, MJCM y JJCM contra el Tribunal Administrativo del
Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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