República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03700-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03700-00 (5793)
Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: acumulación de pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa. Subtema 2:
ineptitud sustantiva de la demanda. Subtema 3: defecto procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1. Síntesis del caso
La compañía Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S. presentó escrito de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como de los principios de
primacía del derecho sustancial, pro actione, pro damato, equidad,
proporcionalidad, legalidad, buena fe y confianza legítima, que consideró
vulnerados por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión de las
providencias del 1° y 24 de octubre de 2024, y del 20 de noviembre de 2025,
dictadas, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado al núm. 25000-23-37-000-2020-00406-00/01.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03700-00 (5793)
Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. La compañía Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S., el 23 de septiembre
de 2020, en ejercicio de la acumulación de pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y reparación directa, presentó demanda contra la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), con el objeto de obtener la nulidad del Oficio núm. 1-31-238-467-000001
del 12 de febrero de 2020, mediante el cual la entidad se abstuvo de proferir
emplazamiento para corregir las declaraciones del impuesto sobre la renta del año
gravable 2014. Además, solicitó que, por ese mismo motivo, se declarara
administrativamente responsable a la autoridad demandada.
3. El conocimiento de la demanda correspondió a la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en auto del 12 de
noviembre de 2021, la admitió.
4. El 15 de febrero de 2022, la DIAN contestó la demanda y propuso la excepción
previa de inepta demanda, con sustento en que se pretendía la nulidad de un acto
que no era definitivo y, por lo tanto, no era susceptible de control judicial.
5. El 21 de febrero de 2022, la parte actora radicó reforma de la demanda, la cual
fue admitida por el despacho judicial mediante providencia del 3 de febrero de 2023.
6. Mediante auto del 1.º de febrero de 2024, la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción
previa de inepta demanda por falta de requisitos formales. A juicio de la autoridad
judicial, el acto mediante el cual la DIAN se abstuvo de proferir el emplazamiento
constituía una facultad discrecional de la entidad y no creó, modificó o extinguió una
situación jurídica, por lo cual carecía de la entidad suficiente para ser objeto de
control judicial. Agregó que el acto administrativo definitivo era la liquidación oficial
de revisión, la liquidación oficial de aforo o la resolución sanción.
7. Adicionalmente, el Tribunal indicó que, si bien había admitido la acumulación
de pretensiones correspondientes a los medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa, lo cierto era que aquellas se
circunscribían únicamente al primero, pues la génesis del daño alegado derivaba de
la negativa de la administración de proferir unos emplazamientos, los cuales,
insistió, eran facultativos para la entidad demandada.
8. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, al considerar que el medio de control de
reparación directa sí era procedente
1 Samai, índice 2.
2
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9. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por auto del 24 de octubre de 2024, resolvió no reponer la
providencia del 1.º de febrero de 2024 y concedió el recurso de apelación.
10. En sede de segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto del 20 de noviembre de 2025, confirmó la providencia del 1.º de
febrero de 2024.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
11. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
a. Primera Principal: Que se AMPAREN los derechos fundamentales de LDC al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, e igualdad frente
a las cargas públicas, así como los principios constitucionales de supremacía del
derecho sustancial, pro actione, pro damato, equidad, proporcionalidad, legalidad,
buena fe, legalidad, buena fe y confianza legítima vulnerados por la Providencia
Judicial Tutelada.
b. Segunda Principal: Que, como consecuencia del amparo constitucional, se DEJE
SIN EFECTOS la Providencia Judicial Tutelada, esto es, los autos i) del 1 de febrero
de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, que declaró probada la excepción de inepta demanda; ii) del 24 de
octubre de 2024, proferida por dicha Corporación, que negó el recurso de reposición
presentado por LDC contra la anterior decisión, y (iii) del 20 de noviembre de 2025,
proferido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, que negó el recurso de apelación y confirmó la decisión del Tribunal, en el
sentido de declarar la excepción previa de inepta demanda formulada por la DIAN y,
en consecuencia, dio fin al proceso de forma definitiva.
c. Tercera Principal: Que se ORDENE a la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
como juez natural competente para decidir la apelación, profiera una NUEVA
DECISIÓN sobre el recurso de apelación en la que reconduzca y/o adecúe el medio de
control o acción intentada por LDC al medio procesal que considere idóneo, evitando
que la decisión produzca un cierre absoluto de la jurisdicción.
d. Cuarta Principal: Disponer las demás órdenes que el Juez Constitucional estime
necesarias para el restablecimiento efectivo de los derechos fundamentales de LDC2.
12. Como fundamento de sus pretensiones, la compañía Louis Dreyfus Company
Colombia S.A.S. alegó que las providencias objeto de tutela incurrieron en defecto
procedimental absoluto, porque la autoridad judicial declaró de oficio la excepción
de inepta demanda respecto del medio de control de reparación directa, pese a que
no fue propuesta ni debatida por la parte demandada.
13. Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto3 al declarar la excepción de inepta
2 Se transcribe incluso con errores de texto.
3 Citó las sentencias SU-061 de 2018 y SU-268 de 2019 de la Corte Constitucional, en las que se ha señalado
que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se configura cuando la autoridad judicial incurre en un
rigorismo procesal excesivo que privilegia las formas sobre el derecho sustancial y el acceso efectivo a la
administración de justicia, frustrando la posibilidad de obtener una decisión de fondo.
3
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demanda y dar por terminado el proceso a partir de una interpretación estrictamente
formal de los medios de control ejercidos, lo que, en su criterio, impidió un
pronunciamiento de fondo y cerró la posibilidad de acceder a un control judicial de
la actuación administrativa cuestionada. En ese sentido, señaló que dicha
interpretación se sustentó en la naturaleza de trámite del acto demandado, el
contenido de las pretensiones y la consideración de que ambos medios de control
recaían sobre los mismos hechos, sin atender que la actuación de la DIAN le impidió
corregir sus declaraciones tributarias y le ocasionó un daño antijurídico e
irremediable derivado de la imposibilidad de compensar pérdidas fiscales.
14. Consideró que las autoridades judiciales accionadas no podían ampararse en
la suposición propia y meramente subjetiva consistente en que no era posible la
existencia de un daño antijurídico derivado de un acto que niega la expedición de
un emplazamiento para declarar, pues ese asunto era precisamente uno de los
problemas jurídicos que debía ser resuelto mediante sentencia de fondo por los
jueces administrativos.
15. Por otro lado, señaló que la parte accionada incurrió en defecto sustantivo al
interpretar las normas procesales sobre la admisibilidad de la demanda desde una
perspectiva exclusivamente formal y legalista, sin armonizarlas con los mandatos
constitucionales que debía orientar su aplicación, lo que condujo al cierre de toda
vía judicial para obtener una decisión de fondo. En esa misma línea, alegó que se
configuró la violación directa de la Constitución, pues las autoridades judiciales
omitieron interpretar las normas de manera que se garantizara el acceso efectivo a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial, prescindiendo
de los principios constitucionales que, a su juicio, debían orientar la solución del
caso.
2.3. Trámite procesal
16. El despacho ponente, mediante auto del 19 de mayo de 20264, admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la parte accionada, esto es, a la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; vinculó al trámite como terceros con interés a la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
requirió el expediente ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda; y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
17. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca5 solicitó negar la solicitud de amparo con fundamento en que en el
proceso ordinario no existió mora judicial, imposición de barreras injustificadas o
desconocimiento del debido proceso, pues la parte actora contó con el acceso
efectivo a los mecanismos de defensa judicial, ejerció los recursos legalmente
4 Samai, índice 5.
5 Samai, índice 12, certificado núm. 02ABF47EE6C5C756 A295EB1002DE90F6 74DC1E37F34A1F17
2850581D12E47629.
4
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procedentes y obtuvo decisiones motivadas tanto en primera como en segunda
instancia. En ese contexto, consideró que su pretensión se dirigía a reabrir, por vía
constitucional, una interpretación eminentemente procesal ya resuelta por el juez
natural, circunstancia que desbordaba la finalidad excepcional y subsidiaria de la
acción de tutela.
18. La Sección Cuarta del Consejo de Estado6 pidió declarar improcedente la acción
de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, debido a que la
actora reprodujo los argumentos que sustentaron los recursos de reposición y
apelación que presentó en el proceso ordinario. Indicó que la providencia
cuestionada se sustentó en la aplicación objetiva y razonada de las normas
procesales y sustanciales del CPACA relativas a la procedencia del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y a la indebida acumulación de
pretensiones, a partir de circunstancias acreditadas en el proceso y debidamente
valoradas por el juez natural.
19. Expuso que no existió vulneración al debido proceso por el hecho de que la
excepción de inepta demanda hubiera sido declarada de oficio respecto del medio
de control de reparación directa, en razón a que la admisión de la demanda no
saneaba los defectos sustanciales ni impedía al juez examinar posteriormente la
existencia de presupuestos procesales indispensables para continuar el trámite.
20. La UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales7 requirió que se negara
la solicitud de amparo al considerar que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional por cuanto se promovió a modo de instancia adicionales del proceso
ordinario para prolongar indefinidamente la decisión procesal. Además, adujo que
esa autoridad no vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la compañía Louis Dreyfus Company
Colombia S.A.S. contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa de la compañía Louis Dreyfus Company
Colombia S.A.S. está acreditada, por cuanto considera que sus derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad fueron vulnerados al declararse probada la excepción de inepta demanda
en el proceso núm. 25000-23-37-000-2020-00406-01, a través de auto del 20 de
noviembre de 2025. Actuación que adujo, afecta sus intereses.
6 Samai, índice 14.
7 Samai, índice 14.
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Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque conocieron y decidieron el
referido proceso en el cual, en criterio de la parte actora, se dictaron unas
providencias en contravía de sus derechos fundamentales.
3.3. Cuestiones preliminares
24. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
acumulación de pretensiones de reparación directa, lo cierto es que los argumentos
que sustentan los reparos de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen
en similares términos frente a las decisiones cuestionadas.
25. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 20 de noviembre de 2025 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación
judicial.
26. Por otro lado, la Sala advierte que, aunque la parte actora invocó varios
defectos, todos se sustentan en el cuestionamiento relacionado con que la autoridad
judicial declaró la excepción de inepta demanda respecto del medio de control de
reparación directa a partir de una interpretación estrictamente formal de su
procedencia, pese a que dicha excepción no fue propuesta por la parte demandada,
lo que, en su criterio, impidió un pronunciamiento de fondo sobre el daño antijurídico
cuya reparación pretendía.
27. En consecuencia, la Sala analizará la posible configuración del defecto
procedimental absoluto y del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
29. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
31. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
32. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
33. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
10 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03700-00 (5793)
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Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
34. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un defecto procedimental absoluto y por exceso
ritual manifiesto que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada
a derecho.
35. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de acumulación de pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
36. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
providencia objeto de reparos, proferida el 20 de noviembre de 2025 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, fue notificada por estado del 25 de noviembre de
202514 y la demanda de tutela se presentó el 13 de mayo de 202615, esto es, dentro
del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo
de Estado17 como razonable.
37. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
38. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento el
derecho y con acumulación de pretensiones de reparación directa.
39. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto procedimental y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
14 Samai, proceso núm. 25000-23-37-000-2020-00406-01, índice 34.
15 Samai, índice 1.
16 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
3.5. Problema jurídico
40. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto y, con ello, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora al proferir el auto del 20 de noviembre
de 2025, que confirmó la decisión de declarar probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda?
41. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; y ii) el
caso concreto.
3.5.1. Defecto procedimental
42. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución
Política, los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y
el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen
prerrogativas de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de
la actividad judicial.
43. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales
de las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto
procedimental.
44. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales» 18.
45. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»19.
46. De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
47. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción
de tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto
procedimental exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
18 Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03700-00 (5793)
Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»20.
3.6. Caso concreto
48. En el asunto bajo estudio, la compañía Louis Dreyfus Company Colombia
S.A.S. en ejercicio de la acumulación de pretensiones de los medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa, presentó demanda
contra la DIAN, con el propósito de obtener la nulidad del oficio mediante el cual la
entidad se abstuvo de expedir el emplazamiento para corregir las declaraciones del
impuesto sobre la renta del año gravable 2014 y, como consecuencia, solicitó que
se declarara su responsabilidad administrativa por los perjuicios que, en su criterio,
dicha actuación le ocasionó.
49. En primera instancia, la subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 1.º de febrero de 2024, declaró
probada la excepción previa de inepta demanda y dio por terminado el proceso, al
considerar que el oficio demandado era de trámite de manera que no era
susceptible de control judicial y que las pretensiones correspondientes al medio de
control de reparación directa se circunscribían al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
50. En contra de la anterior decisión, la parte demandante interpuso recursos de
reposición y, en subsidio, de apelación. La Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer la providencia y
concedió el recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante auto del 20 de noviembre de 2025, que confirmó la
decisión del Tribunal.
51. Ahora bien, la parte actora sostuvo que la providencia del 20 de noviembre de
2025 incurrió en defecto procedimental absoluto y en un exceso ritual manifiesto.
En síntesis, afirmó que la autoridad judicial declaró de oficio la excepción de inepta
demanda respecto del medio de control de reparación directa, pese a que no fue
propuesta por la DIAN, y que, a partir de una interpretación excesivamente formal,
le impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la controversia y cerró toda
posibilidad de acceder a un control judicial de la actuación cuestionada.
52. Con el propósito de establecer si la providencia cuestionada incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, resulta necesario examinar las
consideraciones que sirvieron de fundamento a la Sección Cuarta del Consejo de
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03700-00 (5793)
Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
Estado. En ese sentido, se observa que el estudio del recurso de apelación se
estructuró a partir de tres problemas jurídicos: (i) si el Tribunal vulneró el debido
proceso al declarar de oficio la excepción de inepta demanda respecto del medio
de control de reparación directa; (ii) si el oficio mediante el cual la DIAN se abstuvo
de expedir el emplazamiento para corregir constituía un acto susceptible de control
judicial mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y
(iii) si era procedente el medio de control de reparación directa.
53. Frente al primer problema jurídico, la Sección Cuarta concluyó que el Tribunal
estaba facultado para declarar de oficio la excepción de inepta demanda, aun
cuando no hubiera sido propuesta por la DIAN, por cuanto el juez, como director
del proceso, podría reconocer las excepciones que encontrara probadas para
sanear el trámite y evitar decisiones inhibitorias.
54. En este punto la Sala estima conveniente señalar que esa interpretación se
ajusta a lo dispuesto por el artículo 18721 del CPACA conforme con el cual, cuando
el juez encuentre probada cualquier excepción que impida la continuación del
proceso, debe reconocerla de manera oficiosa.
55. En cuanto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
sostuvo que el oficio demandado no constituía un acto administrativo definitivo,
pues únicamente informó la imposibilidad de expedir el emplazamiento para
corregir, el cual correspondía a una facultad potestativa de la administración
tributaria, mas no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica de la
demandante. Agregó que la imposibilidad de corregir la declaración no derivaba de
la actuación de la DIAN, sino del vencimiento del término legal previsto para el
efecto.
56. Finalmente, para efectos de determinar la procedencia del medio de control de
reparación directa, la Sección Cuarta consideró necesario analizar las pretensiones
formuladas en la demanda y su reforma y, para ello, las relacionó en el siguiente
cuadro comparativo:
Pretensiones
Nulidad y restablecimiento del derecho Reparación directa
Declarativas: Declarativas:
-La nulidad del oficio 1 31 238 467 000001 del 1. Se declare a la DIAN administrativamente
12 de febrero de 2020 por el cual la DIAN se responsable por: (i) falla del servicio, (ii)
abstuvo de proferir emplazamientos para desequilibrio frente a las cargas públicas por
corregir las declaraciones del impuesto sobre la imponer una carga que le generó un perjuicio
renta y renta para la Equidad- CREE, del año que no está en el deber jurídico de soportar, (iii)
gravable 2014. enriquecimiento sin causa, teniendo en cuenta
que:
a) La DIAN ideó, desplegó, desarrolló y
ejecutó una fiscalización sesgada,
parcializada, abusiva y arbitraria que culminó
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Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales,
de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)
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con la adopción de decisiones que
desfavorecieron a la sociedad, y que omitió la
toma de decisiones que le favorecieran,
particularmente la expedición de
emplazamientos para corregir las declaraciones
de renta y renta CREE 2014 y la ampliación de
los requerimientos especiales por renta y renta
CREE 2016 en los términos solicitados.
B) La DIAN con conocimiento de los
perjuicios, permitió que las declaraciones de
renta y renta CREE 2014 quedaran en firme y
que venciera el término para ampliar los
requerimientos especiales del año 2016,
impidiendo que se ajustaran las declaraciones
2014 a 2016. No se permitió controvertir los
efectos de las actuaciones y omisiones porque
no están contenidos en los actos
administrativos.
2. Que se declare que el daño sufrido no está
en el deber de soportar y es imputable fáctica y
jurídicamente a la DIAN.
De condena De condena
A título de restablecimiento del derecho La reparación integral de los perjuicios sufridos
Principales: Principales:
1. El pago del mayor impuesto y mayores 1. Una indemnización equivalente al mayor
valores a pagar estimado en $20.930.334.828, impuesto y mayores valores a pagar estimado
como consecuencia de no poder compensar las en $20.930.334.828, como consecuencia de no
pérdidas fiscales que hubiera podido incluir en poder compensar las pérdidas fiscales que
la declaración de renta del año 2014 si la DIAN hubiera podido incluir en la declaración de renta
hubiera accedido a la petición de proferir los del año 2014 si la DIAN no hubiera desplegado
emplazamientos para corregir. su conducta antijurídica.
2. Las mayores sanciones que tenga que pagar 2. Una indemnización equivalente las mayores
por la declaración de renta del 2015, como sanciones que tenga que pagar por la renta del
consecuencia de no presentar la corrección 2015, como consecuencia de no presentar la
provocada con ocasión del requerimiento corrección provocada con ocasión del
especial y el pago de sanciones reducidas, por requerimiento especial y el pago de sanciones
la negativa de la DIAN a «incitar la modificación reducidas, por la conducta antijurídica de la
de las declaraciones de 2014» generando una DIAN que generó una pérdida de
pérdida de oportunidad de corregir las oportunidad de corregir las declaraciones
declaraciones 2014 y 2015. Sanciones 2014 y 2015. Sanciones estimadas en renta:
estimadas en renta: $29.484.000.000 y renta $29.484.000.000 y renta CREE
CREE $14.075.000.000 $14.075.000.000
3. Intereses moratorios sobre los mayores 3. Intereses moratorios sobre los mayores
impuestos y sanciones a pagar. impuestos y sanciones a pagar.
4. El valor que por indemnización resulte 4. Una indemnización equivalente al mayor
acreditado. impuesto y mayores valores a pagar como
5. La condena de costas y agencias en derecho. consecuencia de no poder compensar las
pérdidas fiscales de años futuros que hubiera
dejado de compensar por el año 2016, si la
DIAN hubiera ampliado los requerimientos
especiales.
5.Los intereses moratorios sobre le mayor
impuesto que tendrá que pagar respecto al año
2016.
6. Una indemnización equivalente al mayor
impuesto y mayores valores a pagar por las
declaraciones de renta y renta CREE 2016, por
la imposibilidad de corregir las declaraciones si
la DIAN hubiera ampliado los requerimientos
especiales.
7. Los intereses moratorios sobre el mayor valor
de las sanciones e impuestos que tenga que
pagar.
8. La condena de costas y agencias en derecho.
A título de restablecimiento del derecho De condena
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Accionante: Louis Dreyfus Company Colombia S.A.S.
Accionados: Sección Cuarta del Consejo de Estado y otro
Subsidiarias: Subsidiarias:
1. Que la empresa sin límite de tiempo, 1. Que la empresa sin límite de tiempo,
compense en sus declaraciones de renta las compense en sus declaraciones de renta las
pérdidas fiscales que hubiera declarado en el pérdidas fiscales que hubiera declarado en el
año 2014, por valor de $65.407.296.3391, si la año 2014, por valor de $65.407.296.3391, si la
DIAN hubiera expedido emplazamientos para DIAN no hubiera desplegado su conducta
corregir las declaraciones de renta y CREE, en antijurídica.
los términos de la petición resuelta mediante el 2. Ordenar a la DIAN reconocer el derecho a
acto demandado. compensar las pérdidas mencionadas, y que no
2. Ordenar a la DIAN reconocer el derecho a lo desconozca ni obstaculice su ejercicio por el
compensar las pérdidas mencionadas, y que no hecho de que las pérdidas no se encuentren
lo desconozca ni obstaculice su ejercicio por el reportadas en las declaraciones de renta y
hecho de que las pérdidas no se encuentren CREE del año 2014.
reportadas en las declaraciones de renta y 3. El pago de una indemnización equivalente a
CREE del año 2014. las mayores sanciones que tenga que pagar por
3. El pago de una indemnización equivalente a concepto de los impuestos de renta y CREE
las mayores sanciones que tenga que pagar por correspondientes al período gravable 2015 por
concepto de los impuestos de renta y CREE no presentar la corrección provocada con las
sanciones reducidas por la conducta antijuridica
correspondientes al período gravable 2015 por
y la pérdida de oportunidad de corregir la
no presentar la corrección provocada con las declaración del 2014. Sanciones estimadas en
sanciones reducidas por la negativa de renta: $29.484.000.000 y renta CREE
modificar la declaración del 2014. Sanciones $14.075.000.000.
estimadas en renta: $29.484.000.000 y renta 4. Que la empresa sin límite de tiempo,
CREE $14.075.000.000 compense en sus declaraciones de renta las
pérdidas fiscales que hubiera dejado de
compensar en el año 2016, por valor de
$7.993.868.000, si la DIAN hubiera ampliado
los requerimientos especiales y no hubiera
desplegado su conducta antijurídica.
5. Ordenar a la DIAN reconocer el derecho a
compensar las pérdidas mencionadas, y que no
lo desconozca ni obstaculice su ejercicio por el
hecho de que las pérdidas no se encuentren
reportadas en las declaraciones de renta y
CREE del año 2016.
3. El pago de una indemnización equivalente a
las mayores impuestos, sanciones y
actualizaciones e intereses que tenga que
pagar por concepto de los impuestos de renta y
renta CREE 2016, como consecuencia de no
poder corregir las
declaraciones porque la DIAN no amplió los
requerimientos especiales.
4. Los intereses moratorios sobre el mayor valor
de impuesto y sanciones.
57. A partir del análisis comparativo, advirtió que el daño cuya reparación se
pretendía tenía como fundamento principal la negativa de la DIAN de expedir el
emplazamiento para corregir y los efectos derivados de esa decisión. En
consecuencia, concluyó que la causa del daño se hacía gravitar sobre el mismo acto
administrativo cuya legalidad se controvertía mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, al margen de que este no fuera procedente
por no tratarse de un acto definitivo, razón por la cual no era jurídicamente viable
promover, de manera principal y simultánea, ambos medios de control respecto del
mismo daño.
58. Aclaró que el medio de control de reparación directa puede alegarse contra
actos de trámite en los eventos en que la actuación administrativa es legitima, pero
generó un daño que el afectado no estaba en la obligación de soportar, lo cual no
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ocurrió en este caso, pues la sociedad demandante pretendió la ilegalidad del acto
y la reparación del daño causado por este, ambas de forma principal.
59. Con fundamento en lo anterior, declaró de oficio la excepción de inepta
demanda por indebida acumulación de pretensiones frente al medio de control de
reparación directa y confirmó el auto apelado.
60. La Sala encuentra razonable la conclusión de la Sección Cuarta según la cual
las pretensiones formuladas en ejercicio del medio de control de reparación directa
no tenían un fundamento autónomo respecto de las planteadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, del cuadro comparativo
se advierte que el daño cuya reparación se reclamaba se hacía derivar, en esencia,
de la negativa de la DIAN de expedir el emplazamiento para corregir y de las
consecuencias económicas atribuidas a esa actuación, de manera que el
fundamento fáctico y jurídico de ambos medios de control recaía sobre el mismo
acto administrativo.
61. Así las cosas, para la Sala no es de recibo la afirmación de la compañía
actora frente a que se privilegió las formas sobre el derecho sustancial por el solo
hecho de no haber emitido una decisión de fondo. Por el contrario, lo que se advierte
es que la Sección Cuarta efectuó un análisis de los presupuestos procesales y de
la naturaleza de las pretensiones formuladas para determinar que no era posible
resolver el litigio mediante una sentencia de mérito.
62. Cuestión distinta es que la parte accionante no comparta la interpretación de
la autoridad judicial accionada, circunstancia que no configura, por sí misma, los
defectos procedimentales alegados, pues la acción de tutela no constituye una
instancia adicional para reabrir el debate jurídico resuelto por el juez natural.
4. Conclusión
63. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la providencia del 20 de
noviembre de 2025, no incurrió en el defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda
propuesta por la compañía actora.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la compañía Louis Dreyfus
Company Colombia S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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