Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03704-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03704-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03704-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: LIZBETH FERNANDA ARELLANO IMBACUAN
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales de petición, al debido proceso
administrativo, a la igualdad, a la no discriminación por maternidad, al descanso
remunerado, al trabajo en condiciones dignas y al derecho al cuidado / RECONOCIMIENTO
DE LAS VACACIONES – Interrupción cuando se configure una licencia por maternidad –
Decreto Ley 1045 de 1978 – Disfrute de las vacaciones interrumpidas / PROTECCIÓN A
LA MATERNIDAD E INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR – El derecho fundamental al
debido proceso y la prohibición de exigir requisitos no previstos en la ley / DERECHO AL
CUIDADO – El enfoque de género en la jurisprudencia constitucional y su extensión a los
niños, niñas y adolescentes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Lizbeth
Fernanda Arellano Imbacuan, en nombre propio, contra la sentencia del 12 de junio
de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 30 de enero de 2026, la parte demandante, en nombre propio, promovió acción
de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso
administrativo, a la igualdad, a la no discriminación por maternidad y al descanso
remunerado.
Hechos relevantes
2. La parte accionante manifiesta que se encuentra vinculada, en provisionalidad,
como titular del Juzgado Quinto (5.°) Civil del Circuito Judicial de Cali y que,
mediante el acto administrativo correspondiente, le fue reconocida licencia de
1
Que ingresó a despacho para fallo el 23 de julio de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
maternidad por un término de 126 días, comprendido entre el 15 de septiembre de
2025 y el 18 de enero de 2026.
3. El 4 de diciembre de 2025, solicitó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali el reconocimiento y disfrute de las vacaciones colectivas correspondientes
al año 2025, causadas en el período del 20 de diciembre de 2025 al 10 de enero de
2026, para ser disfrutadas a continuación de la culminación de la licencia de
maternidad que le fue concedida.
4. El 5 de diciembre de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali le
informó a la accionante que, para estudiar y decidir sobre su petición, requería
“[e]studio de vacaciones, Reporte de que no se le ha cancelado vacaciones y prima
vacacional por el lapso correspondiente. Certificado de disponibilidad presupuestal-
CPD”2. Asimismo, solicitó a la Oficina de Talento Humano de la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cali información de los extremos temporales de la
licencia de maternidad.
5. La Oficina de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali le comunicó a la actora y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali que “al encontrarse la servidora judicial – accionante, en situación
administrativa superior (lic Mat), no se liquidó vacaciones ni prima de vacaciones”3.
A su vez, en cuanto a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal,
el área financiera informó que “no es posible el trámite de solicitud de recursos para
apropiarlos al presupuesto en la presente vigencia y así expedir el CDP, toda vez
que realizada por dicha área la verificación respectiva, la accionante no tiene
períodos de causación del concepto vacaciones, pendientes por liquidar y
disfrutar”4.
6. Afirma que, ante la presunta negligencia de la administración judicial, el 19 de
enero de 2026 tuvo que reintegrarse a su trabajo, separándose de su bebé recién
nacido que depende exclusivamente de la compañía y el cuidado de la madre.
Pretensiones
7. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“Solicito al Juez Constitucional que ampare mis derechos fundamentales y,
en consecuencia, ordene:
1. A la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – DESAJ
(Talento Humano/Recursos Humanos) que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del fallo:
• Expida y remita al Tribunal Superior de Cali el estudio de vacaciones,
corregido con fecha de causación los 20 de diciembre de cada año, por
pertenecer al régimen de vacaciones colectivas.
• El reporte/certificación de que no se me ha cancelado ni he disfrutado
vacaciones y prima vacacional del periodo correspondiente al año 2025, con
2
Folio 2. Archivo “030Sentencia_20260370400LizbethFe”.
3
Ibid.
4
Ibid.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
fecha de causación el 20 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de
2026.
• El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CPD/CDP) requerido (o el
documento presupuestal equivalente que viabilice el acto de
reconocimiento), y
• La certificación de los extremos temporales de mi licencia de maternidad
2. Al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Sala de
Gobierno/Presidencia o quien haga sus veces como nominador) que, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción completa de los
documentos anteriores:
• Profiera el acto administrativo de fondo que resuelva mi situación jurídica
respecto del reconocimiento y disfrute de las vacaciones solicitadas (periodo
2025), y
• En caso de acceder, disponga las medidas administrativas del servicio,
incluyendo el nombramiento de reemplazo por la vacancia temporal, si a ello
hubiere lugar.
3. Como medida estructural mínima, se ordene a los accionados coordinar
interinstitucionalmente el trámite sin trasladar cargas desproporcionadas a
la servidora, garantizando una respuesta cierta, clara y oportuna”5.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte demandante alega la vulneración de sus derechos fundamentales de
petición, al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la no discriminación por
razón de la maternidad, al descanso remunerado y al trabajo en condiciones dignas.
Igualmente, aduce el desconocimiento de los derechos de su hija menor de edad,
al impedirse la adopción de una decisión oportuna y efectiva sobre el disfrute de las
vacaciones de la accionante y el correspondiente nombramiento de la persona que
habría de reemplazarla.
9. Manifiesta que “cuando una autoridad condiciona su decisión a requisitos
internos, no puede convertirlos en una barrera indefinida. Aquí, el Tribunal exige
estudio, certificaciones y CPD, y DESAJ bloquea su expedición con una tesis que
difiere la causación, impidiendo cualquier decisión material”6.
Trámite procesal
10. A través de auto del 3 de febrero de 20267, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la acción y ordenó vincular al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al Consejo Superior de la Judicatura
y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali.
5
Folio 2 del escrito de tutela.
6
Ibid.
7
Obra en archivo “0022Auto.pdf” visible en la carpeta “006ED_11001023000020260012” del
expediente en primera instancia.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
11. Surtido el trámite procesal previsto, el 17 de febrero de 20268, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió sentencia de primera
instancia, mediante la cual negó el amparo solicitado por la parte accionante.
12. Inconforme con la decisión en comento, la señora Lizbeth Fernanda Arellano
Imbacuan formuló impugnación. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, por medio de auto del 20 de abril de 20269, concedió el recurso
propuesto y ordenó remitir la actuación a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia para conocer del proceso en segunda instancia.
13. Encontrándose el proceso de la referencia a despacho en la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia para decidir la impugnación, el magistrado de
conocimiento advirtió que se configuraba una causal de nulidad por falta de
competencia prevista en el numeral 1.º del artículo 133 del Código General del
Proceso, que afectaba todo lo actuado.
14. Tras revisar el expediente, alegó “la falta de competencia de la Sala de Casación
Penal para desatar el resguardo en primera instancia, por cuanto la queja se dirige
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle, y es
promovida por una Juez Civil del Circuito, esto es, una funcionaria que pertenece a
la jurisdicción ordinaria”10.
15. Por lo anterior, a través de auto del 6 de mayo de 202611, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado dentro
del proceso de tutela y ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado.
16. El 13 de mayo de 202612, el asunto fue remitido a la Secretaría General de esta
Corporación.
17. El proceso fue asignado a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a
través de providencia del 22 de mayo de 202613, admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali como accionados
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura como tercero con interés en el resultado del proceso.
8
Obra en archivo “0015Sentencia.pdf” visible en la carpeta “006ED_11001023000020260012” del
expediente en primera instancia.
9
Obra en archivo “0004Auto.pdf” visible en la carpeta “006ED_11001023000020260012” del
expediente en primera instancia.
10
Folio 6. Archivo “011ED_0004Auto”.
11
Archivo “011ED_0004Auto”.
12
Archivo “016ED_Bandejadeentrada”.
13
Archivo “016Autoqueadmite_20260370400LizbethFe”.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Intervenciones
18. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó su
desvinculación del trámite de tutela al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por no ser titular del interés jurídico debatido.
19. Al respecto, sostuvo que, en virtud de la desconcentración de funciones, no
cuenta con la competencia para resolver las pretensiones de la accionante, pues
dicha atribución corresponde a las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial, encargadas de definir el reconocimiento y pago de emolumentos y
prestaciones sociales del personal de los despachos judiciales de su jurisdicción,
así como de las demás actuaciones relacionadas con la nómina.
20. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación
del presente trámite al estimar que se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva, por no ser titular del interés jurídico debatido. En ese sentido, señaló
que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali es la
autoridad competente para estudiar la viabilidad de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP) requerido para proveer el reemplazo por
vacaciones de los empleados y funcionarios judiciales adscritos a los despachos de
su jurisdicción.
21. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali
informó que el 26 de enero de 2026 respondió la petición presentada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y por la accionante el 10 de mayo de 2025,
razón por la cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia.
22. Frente a ello, indicó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP) para el nombramiento de un reemplazo por vacaciones, por
cuanto la accionante se encontraba adscrita a un despacho judicial sometido al
régimen de vacaciones colectivas y aún no había causado el correspondiente
período vacacional. Precisó que dicho derecho se causaría entre el 29 de
septiembre de 2025 y el 28 de septiembre de 2026, de modo que sólo a partir del
29 de septiembre de 2026 sería procedente emitir el respectivo CDP.
23. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales invocados por la accionante.
24. Sostuvo que adelantó las gestiones pertinentes para evaluar la viabilidad de la
solicitud elevada por la peticionaria y obtuvo respuesta de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, mediante comunicación del 26 de enero de 2026,
en la que se le indicó que no era viable acceder a la expedición de lo solicitado, por
cuanto la accionante no cumplía los requisitos fijados para acceder a las
vacaciones. Asimismo, manifestó que no ha existido un pronunciamiento que
negara la petición, en tanto no era posible estudiar de fondo la solicitud sin la
documentación exigida para ese trámite.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La sentencia de primera instancia
25. La Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de sentencia del 12 de
junio de 2026, (i) accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de tutela de
la referencia; (ii) amparó el derecho fundamental de petición de la parte actora y (iii)
ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali responder de fondo la
petición del 4 de diciembre de 2025, a través de la cual la actora solicitó el
reconocimiento y disfrute de las vacaciones.
26. Como fundamento de su decisión, el a quo consideró que la respuesta que
emitiera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali constituiría una situación
administrativa definitiva, independientemente de que sea positiva o negativa, “por lo
que es en ese escenario que deben valorarse los aspectos asociados con la
supuesta inconsistencia del reporte de vacaciones expedido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali. Tan cierto es ello que
actualmente se desconoce con grado de certeza la incidencia de esta en el fondo
del asunto”14.
La impugnación
27. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual señala que, si bien el juez de primera instancia concertó
el amparo del derecho de petición, omitió pronunciarse sobre la vulneración directa
de los derechos fundamentales de fondo, que constituyen el objeto real de la
presente acción constitucional, y dejó intacto el bloqueo institucional que origina
dicha vulneración.
28. Sostiene que se desempeña como titular del Juzgado Quinto (5.°) Civil del
Circuito Judicial de Cali, despacho adscrito al régimen de vacaciones colectivas de
la Rama Judicial consagrado en el artículo 192 de la Ley 270 de 1996, régimen
dentro del cual las vacaciones se causan institucionalmente cada año durante el
período del 20 de diciembre al 10 de enero siguiente, para la totalidad de los
funcionarios y empleados del régimen, con independencia de la situación
administrativa individual de cada servidor.
29. Afirma que, para la fecha del fallo impugnado, la actora se encontraba en
período de lactancia, “lo que activa la protección reforzada del artículo 43 de la
Constitución, de las Sentencias SU-049 de 2017 y T-311 de 2025 de la Corte
Constitucional, y del Convenio 183 de la OIT sobre protección a la maternidad. La
sentencia no adoptó enfoque diferencial alguno, no evaluó si la negativa de las
vacaciones implicaba una carga desproporcionada para la servidora lactante, ni si
el bloqueo institucional constituía discriminación indirecta por razón de maternidad.
La Corte Suprema de Justicia en la STC3694-2021 sí realizó este análisis y llegó a
una conclusión favorable a la trabajadora”15.
14
Folio 7. Archivo “030Sentencia_20260370400LizbethFe”.
15
Folio 7. Archivo “034RECIBEMEMORIAL_impugnaciontutela”.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
30. Finalmente, aduce el desconocimiento del precedente fijado por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 9 de abril de
2021, proferida dentro del proceso radicado núm. 68001-22-13-000-2021-00099-01.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
32. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?
33. De resultar satisfechos los requisitos formales de la demanda, corresponde
determinar ¿si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la accionante al impedir el disfrute posterior del
período de vacaciones colectivas que coincidió temporalmente con su licencia de
maternidad y condicionar la resolución de su solicitud a actuaciones administrativas
que no fueron adelantadas por las autoridades competentes?
34. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) las
generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental al debido proceso
y la prohibición de exigir requisitos no previstos en la ley; (iii) el enfoque de género
en la jurisprudencia constitucional y su extensión a los niños, niñas y adolescentes;
(iv) el interés superior de los niños, niñas y adolescentes como principio
constitucional prevalente; y (v) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
35. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades o de los
particulares en los casos que señale la ley.
36. En ese sentido, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”, prevé:
“Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la
acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto
jurídico escrito”16.
37. Frente a esto, la Corte Constitucional ha establecido:
“[…]para que proceda la acción de tutela en un asunto determinado, se
requiere que existan elementos objetivos de los cuales se pueda inferir
una amenaza o vulneración cierta de derechos fundamentales, bien sea por
una acción o una omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares.
Así las cosas, quien acuda a la acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales que considera conculcados,
debe, como cuestión inicial, acreditar, siquiera sumariamente, el hecho
vulnerador, es decir, la amenaza o afectación directa del bien jurídico
susceptible de amparo.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en
señalar que, ‘la acción de tutela procede, cuando se pruebe que se
amenazan o vulneran los derechos fundamentales de una persona por parte
de autoridades públicas o los particulares, y adicionalmente no existe un
mecanismo judicial de protección de los mismos, idóneo para tal efecto’17(se
destaca)18.
El derecho fundamental al debido proceso y la prohibición de exigir requisitos
no previstos en la ley
38. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce el derecho fundamental al debido
proceso como una garantía esencial para la protección de los derechos de las
personas frente a las actuaciones de las autoridades públicas y, en ciertos casos,
de los particulares. Este derecho, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, implica que toda actuación debe adelantarse con sujeción a las formas
propias de cada juicio, con observancia de las reglas previamente establecidas y
con pleno respeto de los principios de legalidad, imparcialidad y contradicción. En
este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso constituye
un límite al ejercicio del poder estatal y una garantía para los ciudadanos frente a
posibles actuaciones arbitrarias19.
39. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha sostenido que el principio de legalidad
es uno de los pilares estructurales del debido proceso, en virtud del cual ninguna
autoridad puede imponer cargas, condiciones o requisitos distintos a los previstos
en el ordenamiento jurídico. En efecto, el artículo 84 de la Constitución Política
establece que “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,
licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. En ese sentido, las autoridades
administrativas no pueden exigir requisitos adicionales a los consagrados en la ley
16
Art. 5. Decreto 2591 de 1991.
17
Original de la Cita: “Ver Sentencia T-313 del 7 de abril de 2008, M.P Rodrigo Escobar Gil”.
18
T-346-10.
19
Ver Corte Constitucional, sentencias T-063 de 2019, T-466 de 2019 y C-348 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
para el reconocimiento de un derecho o la resolución de una solicitud, en tanto ello
implica desconocer las reglas previamente establecidas y someter al administrado
a exigencias carentes de sustento normativo.
40. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que la
imposición de exigencias adicionales configura una vulneración del debido proceso,
por cuanto altera las condiciones de acceso a los derechos y rompe la seguridad
jurídica. Así, de conformidad con los artículos 29 y 84 de la Constitución, las
autoridades administrativas deben sujetarse a las reglas previamente establecidas
y no pueden imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley, pues ello
desconoce el principio de legalidad y puede dar lugar a la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.
41. Desde la Sentencia C-1189 de 2015, la Corte Constitucional precisó que el
debido proceso administrativo comprende garantías previas y posteriores. Las
primeras cobijan, entre otros aspectos, la expedición y ejecución de los actos y
procedimientos administrativos, el acceso libre y en condiciones de igualdad a la
administración de justicia, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos, así
como la imparcialidad, la autonomía y la independencia de la autoridad. Las
segundas se refieren a la posibilidad de controvertir la validez jurídica de las
decisiones, tanto ante la propia administración como ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
42. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo comprende: “(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el
principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los
principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los
asociados”20. Particularmente, en relación con la sujeción al derecho que supone el
principio de legalidad21, la Sala reconoce que las personas tienen derecho a que la
actuación administrativa se realice bajo las formas jurídicas previstas en la ley22.
43. Bajo esta perspectiva, corresponde a las autoridades asegurar que sus
actuaciones se encuentren plenamente fundadas en disposiciones legales vigentes,
de modo que se garantice a los ciudadanos un marco de actuación cierto, previsible
y respetuoso de sus derechos fundamentales. Ello, por cuanto este supuesto
preserva la confianza legítima en las instituciones, evita la arbitrariedad en el
ejercicio del poder público y asegura que el debido proceso opere como un
verdadero límite a la actuación estatal y un mecanismo efectivo de protección de los
derechos fundamentales.
El enfoque de género en la jurisprudencia constitucional y su extensión a los
niños, niñas y adolescentes
44. El ordenamiento constitucional colombiano ha reconocido la necesidad de
incorporar un enfoque de género en la interpretación y aplicación de los derechos
20
Ver Corte Constitucional, Sentencias SU-237 de 2019, T-295 de 2018 y SU-172 de 2015
21
Ver Corte Constitucional, Sentencias C-145 de 2015 y C-983 de 2010.
22
Ver Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2025.
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Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
fundamentales, como una herramienta indispensable para enfrentar y superar
situaciones históricas de discriminación y desigualdad estructural. En este sentido,
la Corte Constitucional23 ha señalado que dicho enfoque constituye un criterio
hermenéutico de carácter obligatorio para todas las autoridades, en la medida en
que permite visibilizar, cuestionar y corregir las cargas desproporcionadas que
recaen sobre determinados grupos en razón de su género.
45. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha enfatizado que el enfoque de género no
puede entenderse como una opción discrecional, sino como un mandato vinculante
que orienta el análisis de las autoridades frente a contextos de violencia,
subordinación o desigualdad estructural. En esa medida, su aplicación resulta
indispensable para evitar decisiones aparentemente neutrales que, en la práctica,
perpetúan escenarios de discriminación o incluso propician la revictimización de
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
46. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que este
enfoque no se limita a las mujeres adultas, sino que se proyecta de manera
transversal sobre otros sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los
niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de una protección reforzada en virtud
del artículo 44 de la Constitución Política. En este contexto, el Tribunal
Constitucional24 ha destacado que el análisis debe realizarse desde una perspectiva
integral, que tenga en cuenta variables como la edad, el sexo, las condiciones
particulares de vulnerabilidad y el entorno social en el que se desenvuelven.
47. En consecuencia, el enfoque de género en materia constitucional debe aplicarse
de manera transversal y en articulación con otros enfoques diferenciales,
particularmente cuando están involucrados niños, niñas y adolescentes. Ello implica
que las autoridades no sólo deben abstenerse de incurrir en actos discriminatorios,
sino que están obligadas a adoptar medidas positivas, oportunas y eficaces
orientadas a garantizar la igualdad material, la dignidad humana y el goce efectivo
de los derechos fundamentales, para así asegurar una protección integral y
conforme a los postulados del Estado Social de Derecho.
El derecho fundamental al cuidado
48. El derecho fundamental al cuidado reconoce la interdependencia propia de las
relaciones humanas y comprende, al menos, tres dimensiones25: el derecho a recibir
cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Su garantía exige que las
autoridades no impongan a quienes desarrollan labores de cuidado cargas
desproporcionadas que les impidan atender sus propias necesidades de descanso,
salud y desarrollo personal, ni adoptar decisiones que obstaculicen
injustificadamente el cuidado de las personas que dependen de ellas. En el contexto
de la maternidad, esta protección adquiere especial intensidad, pues las medidas
laborales asociadas al nacimiento buscan simultáneamente asegurar la
23
Ver Corte Constitucional, sentencia T-878 de 2014.
24
Ver sentencia T-261 de 2024.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-447 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
recuperación de la madre, permitirle brindar cuidado a la persona recién nacida y
proteger el vínculo familiar durante una etapa de especial dependencia.
49. La Corte Constitucional ha señalado que el cuidado constituye una necesidad
humana básica y una condición indispensable para el ejercicio de la dignidad, la
autonomía y los demás derechos fundamentales.26 Aunque su contenido se
encuentra en proceso de construcción progresiva, su fundamento constitucional se
desprende de los principios de dignidad humana y solidaridad, así como de los
mandatos de protección especial de la maternidad, de las personas en situación de
vulnerabilidad y de los niños y las niñas. En esa medida, el cuidado no puede
concebirse como una responsabilidad exclusivamente privada o familiar, sino como
una actividad respecto de la cual concurren deberes de corresponsabilidad a cargo
del Estado, la sociedad, la familia y los particulares.
50. De este precedente se desprende que las medidas laborales relacionadas con
el descanso, las licencias y la conciliación entre la vida personal y el trabajo también
deben interpretarse desde el derecho al cuidado. Esto supone reconocer que el
tiempo constituye un presupuesto material tanto para cuidar a otras personas como
para el autocuidado de quien asume esas labores. Por consiguiente, una decisión
administrativa aparentemente neutral puede vulnerar este derecho cuando priva a
una trabajadora del descanso legalmente reconocido debido a su maternidad, le
impone una carga que no soportan quienes no ejercen labores de cuidado en
condiciones equivalentes o la obliga a sacrificar su propio bienestar para atender
las necesidades de una persona recién nacida. En estos eventos, corresponde a la
autoridad adoptar una interpretación que armonice el derecho al descanso, la
protección reforzada de la maternidad, la corresponsabilidad en el cuidado y el
interés superior de los niños y las niñas.
El interés superior de los niños, niñas y adolescentes como principio
constitucional prevalente
51. El ordenamiento jurídico colombiano reconoce a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de especial protección. Al respecto, el artículo 44 de la Constitución
Política dispone expresamente que “los derechos de los niños prevalecen sobre los
derechos de los demás”, supuesto que impone a todas las autoridades el deber de
adoptar decisiones orientadas a garantizar su protección integral. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que el interés superior del menor constituye un
principio rector que debe guiar toda actuación pública o privada que los involucre.
52. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha precisado el alcance de este principio
en los siguientes términos:
“El interés superior del menor refleja una norma ampliamente aceptada por
el derecho internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un
trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de
especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y
armónico como miembro de la sociedad. El interés superior del menor no
constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad
26
Corte Constitucional, Sentencia T-583 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación
mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza
real y relacional, sólo se puede establecer prestando la debida consideración
a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de
edad, que, en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la
sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación
personal”27.
53. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha reiterado que este principio impone
a las autoridades un deber reforzado de protección, que trasciende la mera
abstención de vulnerar derechos y exige la adopción de medidas positivas
orientadas a garantizar su desarrollo integral. Este mandato implica que, ante la
existencia de varias alternativas posibles, debe privilegiarse aquella que resulte más
favorable para la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los menores,
en armonía con su dignidad humana, su desarrollo integral y su condición de sujetos
de especial protección constitucional.
Caso concreto
54. En el presente asunto, la señora Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan solicita la
protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso
administrativo, a la igualdad, a la no discriminación por maternidad, al descanso
remunerado y al trabajo en condiciones dignas. Lo anterior, con ocasión de la falta
de reconocimiento de las vacaciones causadas durante la licencia de maternidad
que le fue reconocida por 126 días contados a partir del 15 de septiembre de 2025
hasta el 18 de enero de 2026.
55. La acción satisface el requisito de subsidiariedad. Si bien las decisiones
administrativas que definan el reconocimiento de las vacaciones pueden ser
controvertidas a través de los medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en las circunstancias particulares del caso dicho
mecanismo no brinda una protección suficientemente oportuna frente a la afectación
alegada. La accionante acudió al amparo mientras se encontraba en una etapa
inmediatamente posterior a la licencia de maternidad y sostuvo que la ausencia de
disfrute de las vacaciones la obligó a reintegrarse al servicio sin solución de
continuidad, pese a encontrarse al cuidado de una hija de pocos meses de edad.
De esta manera, la controversia involucra no solo un aspecto prestacional
susceptible de discusión ordinaria, sino la protección reforzada de la maternidad, el
derecho al descanso y el interés superior de una niña durante una etapa temporal
que, por su propia naturaleza, no puede ser restituida plenamente mediante una
decisión judicial posterior.
56. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, pues la solicitud
de vacaciones fue presentada el 4 de diciembre de 2025, la accionante se reintegró
al servicio el 19 de enero de 2026 y promovió la acción de tutela pocos días
después, cuando subsistía la situación que estimaba lesiva de sus derechos.
27
Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
57. Ahora bien en cuanto al fondo del asunto, de conformidad con los antecedentes
descritos, la Sala advierte que el artículo 15 del Decreto Ley 1045 de 1978 establece
que el disfrute de las vacaciones se interrumpe, entre otros eventos, cuando
sobreviene una incapacidad ocasionada por maternidad. A su turno, el artículo 16
ibidem dispone que, cuando se presente una interrupción justificada del período
vacacional, la beneficiaria tiene derecho a reanudar las vacaciones por el tiempo
restante, una vez cese la circunstancia que dio lugar a la interrupción, previa
expedición del correspondiente acto administrativo.
58. Al respecto, las normas en mención contenidas en el Decreto Ley 1045 de 1978
disponen:
“Artículo 15º.- De la interrupción de las vacaciones. El disfrute de las
vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes
causales: […]
b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo,
siempre que se acredite con certificado médico expedido por la entidad
de previsión a la cual esté afiliado el empleado o trabajador, o por el
servicio médico de la entidad empleadora en el caso de que no estuviere
afiliado a ninguna entidad de previsión;
c) La incapacidad ocasionada por maternidad […] siempre que se
acrediten en los términos del ordinal anterior; […].
Artículo 16º.- Del disfrute de las vacaciones interrumpidas. Cuando
ocurra interrupción justificada en el goce de vacaciones ya iniciadas, el
beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte para
completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para
tal fin (negrillas fuera del texto).
La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberán
decretarse mediante resolución motivada expedida por el jefe de la entidad
o por el funcionario en quien se haya delegado tal facultad”.
59. En concordancia con lo anterior, el inciso segundo del artículo 146 de la Ley 270
de 1996 prevé que las vacaciones de los jueces serán concedidas por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal, de acuerdo con las necesidades del servicio, por
un término de veintidós días continuos por cada año de servicio, a saber:
“Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y
Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal
a los jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un
término de veintidós días continuos por cada año de servicio”. (negrillas
fuera del texto).
60. Del contenido armónico de las disposiciones citadas se desprende que el
ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las servidoras judiciales a disfrutar
efectivamente de las vacaciones cuando su goce coincide con una situación
administrativa que legítimamente impide su disfrute, como ocurre con la licencia de
maternidad. En tales eventos, la interrupción prevista en el Decreto Ley 1045 de
1978 tiene por finalidad garantizar que la trabajadora no pierda el derecho al
13
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
descanso remunerado por causa de una circunstancia especialmente protegida por
el orden constitucional.
61. Así, de acuerdo con las normas citadas, la licencia de maternidad no puede
convertirse en un factor que prive a la servidora del disfrute efectivo de sus
vacaciones, pues ello desconocería no solo sus derechos al descanso remunerado
y a la especial protección de la maternidad, sino también el interés superior del niño
y la necesidad de asegurar que las medidas de protección previstas por el legislador
cumplan efectivamente la finalidad para la cual fueron instituidas.
62. En el presente asunto se encuentra acreditado que la licencia de maternidad
reconocida a la accionante transcurrió entre el 15 de septiembre de 2025 y el 18 de
enero de 2026, período dentro del cual coincidieron las vacaciones colectivas de la
Rama Judicial correspondientes al año 2025. En razón de ello, antes de culminar la
licencia, el 4 de diciembre de 2025, la accionante solicitó al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali que le fueran reconocidas y concedidas las vacaciones que
no pudo disfrutar con ocasión de dicha situación administrativa.
63. No obstante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali condicionó el
estudio de la solicitud a la obtención, entre otros documentos, del certificado de
disponibilidad presupuestal (CDP). A su vez, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali informó que no era posible expedir dicho certificado
por cuanto la accionante no tenía períodos de vacaciones causados, razón por la
cual la petición no pudo ser resuelta favorablemente.
64. Sin embargo, esta Sala advierte que la interpretación acogida por las
autoridades accionadas desconoce el alcance de las normas que regulan la
interrupción y reanudación de las vacaciones. En efecto, la imposibilidad de disfrutar
el período de vacaciones obedeció exclusivamente a que la accionante se
encontraba haciendo uso de una licencia de maternidad legalmente reconocida,
circunstancia que, conforme a los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 1045 de 1978,
no extingue ni impide el nacimiento del derecho al descanso remunerado, sino que
difiere su disfrute hasta cuando desaparezca la situación administrativa que
imposibilitó ejercerlo.
65. Bajo esa perspectiva, la administración trasladó indebidamente el análisis propio
del derecho al disfrute de las vacaciones interrumpidas a la verificación de la
causación ordinaria del período vacacional y desconoció que el supuesto jurídico
aplicable al caso concreto no correspondía al reconocimiento de unas vacaciones
causadas en condiciones normales, sino al ejercicio del derecho a disfrutar un
período vacacional cuyo goce resultó imposibilitado por una licencia de maternidad
expresamente protegida por el legislador.
66. En consecuencia, la Subsección concluye que la actuación de las autoridades
accionadas vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la
accionante, en tanto la decisión cuestionada no se sustentó en una interpretación
razonable y sistemática de los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 1045 de 1978, en
concordancia con el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, sino en una lectura que
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privó de efectos la protección legal prevista para los eventos en que la licencia de
maternidad coincide con el período de vacaciones.
67. La interpretación adoptada por las autoridades accionadas también afectó el
derecho al cuidado. En efecto, al negar el disfrute posterior de las vacaciones que
coincidieron con la licencia de maternidad, se privó a la accionante de un período
de descanso autónomo y distinto de aquel destinado a su recuperación posparto y
al cuidado intensivo de su hija recién nacida. De este modo, la maternidad produjo
para la servidora una consecuencia desfavorable que no habría soportado quien
hubiera podido disfrutar normalmente del período vacacional: la pérdida material de
su descanso anual y la obligación de reintegrarse inmediatamente después de
finalizar la licencia. Esa carga desconoció tanto su derecho al autocuidado como la
posibilidad de continuar prestando cuidado a su hija durante una etapa de especial
dependencia, sin que existiera una justificación normativa suficiente.
68. Ahora bien, durante el trámite de la presente acción se acreditó que, en
cumplimiento del fallo de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cali emitió respuesta a la petición elevada por la accionante. No obstante, la Sala
advierte que dicho pronunciamiento no superó la vulneración advertida, en la
medida en que la corporación se limitó a reiterar la necesidad de allegar el
certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), el estudio de vacaciones y las
demás certificaciones expedidas por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cali, para finalmente devolver la solicitud sin impartirle trámite alguno.
De esta manera, el Tribunal mantuvo la misma interpretación que dio origen a la
presente controversia y, en consecuencia, omitió resolver de fondo la petición
formulada por la accionante con fundamento en el régimen jurídico aplicable a la
interrupción de las vacaciones por licencia de maternidad.
69. En efecto, la actuación desplegada por el Tribunal trasladó nuevamente a la
accionante la carga de obtener documentos cuya expedición depende de otras
autoridades administrativas. En tales condiciones, la respuesta emitida en
cumplimiento del fallo de primera instancia no restableció los derechos
fundamentales vulnerados, pues la solicitud continuó sin ser estudiada a la luz de
los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 1045 de 1978.
70. En ese orden de ideas, se modificará la decisión de primera instancia para,
además de mantener el amparo del derecho fundamental de petición, proteger los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, a la no
discriminación por razón de la maternidad, al descanso remunerado, al trabajo en
condiciones dignas y al cuidado de la señora Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan,
vulnerados como consecuencia de la interpretación restrictiva de las disposiciones
que regulan la interrupción y el disfrute de las vacaciones cuando estas coinciden
con una licencia de maternidad.
71. En razón a ello, se ordenará al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que,
dentro del término que se señale en la parte resolutiva de esta providencia, emita
un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud presentada por la accionante el 4 de
diciembre de 2025, con fundamento en los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 1045
de 1978 y el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, y se prescinda de la interpretación
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03704-01
Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
que dio lugar a la vulneración aquí advertida. Para tal efecto, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali deberá acordar con la accionante la oportunidad en que
serán disfrutadas las vacaciones cuyo goce fue impedido por la coincidencia con la
licencia de maternidad y, una vez definido dicho aspecto, proferir el acto
administrativo que resuelva de fondo la solicitud elevada por aquella, de
conformidad con el marco normativo aplicable y las consideraciones expuestas en
esta providencia.
72. Asimismo, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali que, en el ámbito de sus competencias, brinde el apoyo
administrativo que resulte necesario para el cumplimiento efectivo de la decisión
que adopte el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En particular, deberá
expedir o gestionar oportunamente los documentos relacionados con el certificado
de disponibilidad presupuestal y las demás certificaciones o actuaciones
administrativas que se requieran para materializar la decisión que se adopte
respecto del disfrute de las vacaciones de la accionante, siempre que ello resulte
procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico.
73. En relación con el componente presupuestal, la Sala precisa que la ausencia
del certificado de disponibilidad presupuestal no puede constituir, por sí misma, una
razón para abstenerse de resolver la situación jurídica de la accionante ni para
desconocer el disfrute del período vacacional que coincidió con la licencia de
maternidad. De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, dicho certificado tiene por objeto acreditar la
disponibilidad de recursos para atender el eventual reemplazo de la servidora
durante el período de vacaciones. En consecuencia, una vez determinada la
procedencia del disfrute y definida su oportunidad, corresponde a las autoridades
administrativas competentes adelantar coordinadamente las actuaciones
presupuestales necesarias para hacerlo efectivo, sin trasladar a la accionante las
consecuencias derivadas de la distribución interna de competencias ni convertir la
disponibilidad presupuestal destinada al reemplazo en un requisito para el
reconocimiento del derecho al descanso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del 12 de junio de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, el cual quedará así:
“SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso administrativo, a la igualdad, a la no discriminación por maternidad,
al descanso remunerado, al trabajo en condiciones dignas y al derecho al
cuidado de la señora Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que,
dentro del término de diez (10) días siguientes a la comunicación de la
sentencia, emita un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud presentada
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Accionante: Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan
Accionado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
por la señora Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan el 4 de diciembre de
2025, con fundamento en los artículos 15 y 16 del Decreto Ley 1045 de 1978
y el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali que,
para efectos del cumplimiento del numeral anterior, acuerde con la señora
Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan la oportunidad en que serán
disfrutadas las vacaciones cuyo goce fue impedido por la coincidencia con
la licencia de maternidad y, una vez definido dicho aspecto, profiera el acto
administrativo que resuelva de fondo la solicitud elevada por aquella, de
conformidad con el marco normativo aplicable y las consideraciones
expuestas en esta decisión.
QUINTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali que, en el ámbito de sus competencias, brinde el apoyo
administrativo que resulte necesario para el cumplimiento efectivo de la
decisión que adopte el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. En
particular, deberá expedir o gestionar oportunamente los documentos
relacionados con el certificado de disponibilidad presupuestal, así como las
certificaciones o actuaciones administrativas que se requieran para
materializar la decisión que se adopte respecto del disfrute de las
vacaciones de la señora Lizbeth Fernanda Arellano Imbacuan, siempre que
ello resulte procedente de conformidad con el ordenamiento jurídico.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 12 de junio de 2026,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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