Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03705-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03705-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03705-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03705-00
Demandante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA - Falta de legitimación en la causa
por activa y relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El señor Julián Ricardo Gómez Ávila instauró demanda de tutela contra la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y la Secretaría de esa Sección, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, plazo razonable, petición, acceso a la
información, libre ejercicio de la profesión, así como los principios de confianza
legítima y buena fe.
2. Como fundamento fáctico, expuso que funge como apoderado judicial del señor
Carlos Jorge Pacheco Cárdenas dentro del proceso de nulidad restablecimiento del
derecho2 que promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- contra este último, con
el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le
reconoció una pensión de sobrevivientes.
3. El conocimiento de ese asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Boyacá,
autoridad judicial que profirió sentencia de primera instancia el 25 de enero de 2022.
Contra esa decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue asignado por
reparto el 12 de octubre de ese mismo año a la Subsección B de la Sección Segunda
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Tramitado bajo el radicado número 15001-23-33-000-2018-00578-00/01.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03705-00
Demandante: Julián Ricardo Gómez Ávila
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de esta Corporación, concretamente al despacho que en la actualidad se encuentra
a cargo de la consejera Elizabeth Becerra Cornejo.
4. Por auto del 26 de enero de 2023, el despacho ponente dispuso la admisión del
recurso de alzada.
5. El accionante sostuvo que, desde ese entonces, han transcurrido más de tres años
y cuatro meses sin que se haya proferido decisión alguna, pese a las distintas
solicitudes de impulso que se han presentado. Resaltó que la autoridad accionada
tampoco se ha pronunciado sobre el memorial radicado el 10 de octubre de 2024, a
través del cual puso en conocimiento de la magistrada sustanciadora la sustitución
del poder que le fue conferido para actuar dentro del proceso.
6. Afirmó que la ausencia de impulso, así como la falta de información clara sobre el
estado del proceso y de una decisión dentro de un plazo razonable vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, toda vez que la inactividad judicial afecta su ejercicio profesional, en tanto
genera incertidumbre frente al trámite que le fue encomendado, le impide informar
con precisión a su poderdante el estado real del proceso, dificulta la estructuración
de estrategias de defensa y compromete el cumplimiento de sus deberes de
vigilancia y seguimiento.
7. Señaló que el ejercicio de la abogacía no se limita a la prestación de memoriales,
sino que comprende la posibilidad efectiva de interactuar con el aparato judicial,
realizar seguimiento a los expedientes, acceder a información confiable y exigir que
las actuaciones se desarrollen dentro de parámetros de razonabilidad, celeridad y
transparencia.
8. Precisó que la solicitud de amparo no tiene por objeto reclamar derechos
patrimoniales ni procesales de su representado en el proceso ordinario. Su finalidad
es obtener el amparo de sus propios derechos.
9. Arguyó que la Corte Constitucional, en sentencia SU-297 de 2023, puntualizó que
la dilación injustificada y la falta de información suficiente sobre el avance de una
actuación pueden constituir barreras para el ejercicio efectivo de los derechos. A su
juicio, dicha regla resulta aplicable a su caso, por analogía, comoquiera que la
omisión censurada no solo repercute en los derechos de las partes, sino también en
aquellos del profesional del derecho encargado de ejercer la vigilancia, impulsar la
actuación y garantizar una defensa técnica. En ese sentido, esgrimió que las
consecuencias derivadas de la inactividad judicial no pueden trasladarse a los
usuarios de la administración de justicia, ni a sus apoderados.
10. Agregó que quienes ejercen la abogacía confían legítimamente en que las
autoridades judiciales tramiten los procesos dentro de un plazo razonable, atiendan
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
oportunamente las solicitudes que les formulen y permitan una interacción funcional,
transparente y verificable con los expedientes sometidos a su conocimiento.
11. Refirió que, en un proceso de tutela “homologable”3, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación dispuso la protección de los derechos fundamentales
de un profesional del derecho frente a restricciones derivadas de canales digitales.
Destacó que la razón de la decisión se centró en que toda barrera tecnológica o
institucional que impida al abogado relacionarse de forma efectiva con la
administración de justicia afecta directamente sus derechos al debido proceso, a la
igualdad y el acceso a la administración de justicia.
12. Afirmó que la afectación alegada se manifiesta en tres planos. El funcional, porque
la ausencia de información y de impulso le impide ejercer una vigilancia adecuada
del expediente. El ámbito ético-profesional, dado que se le exige actuar con diligencia
frente a un proceso cuyo avance depende de una autoridad que, según afirma, no
suministra información clara y suficiente sobre el trámite. Y una dimensión
constitucional, en la medida en que el acceso profesional se ve reducido a una
espera indefinida.
13. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se ordene a la autoridad judicial
accionada: (i) rendir un informe completo sobre el estado del expediente en cuestión,
precisando fecha de ingreso, despacho responsable, las actuaciones surtidas y las
actuaciones pendientes, el turno en el que se encuentra, razones de la demora y
medidas adoptadas para su impulso; (ii) en caso de existir mora o ausencia de
impulso no justificada, adoptar las actuaciones necesarias para impartir trámite
efectivo al proceso dentro un de un término razonable; (iii) resolver, incorporar o
informar, según corresponda, los memoriales, solicitudes de impulso o las consultas
que presentó en el marco de ese asunto; (iv) garantizar, en su calidad de apoderado
en el proceso subyacente, acceso completo, claro y oportuno a la información del
expediente, más allá de indicar que está al despacho hace tres años.
B. Trámite procesal
14. Mediante auto del 20 de mayo de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a las autoridades accionadas; (iii) comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; (iv) requerir a la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que remitiera copia
digital del expediente con radicado número 15001-23-33-000-2018-00578-01y; (v)
negar la solicitud de medida provisional formulada por el demandante.
(i) Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado4
3 Exp. 11001-03-15-000-2022-05468-00.
4 Intervención digital contenida en 4 folios.
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15. La ponente a cargo del asunto cuestionado señaló que el actuar omisivo objeto
de reproche recae en un proceso en el cual el accionante funge como apoderado de
una de las partes. En ese sentido, sostuvo que la eventual duración del proceso o
las consecuencias derivadas del litigio recaen sobre los sujetos procesales, sin que
se evidencie una afectación directa, personal y autónoma de los derechos
fundamentales del profesional del derecho que actúa como mandatario.
16. Esgrimió que la condición de abogado dentro de un proceso no lo convierte en
titular de la situación jurídica sustancial debatida, ni le confiere un derecho
fundamental independiente a obtener una decisión dentro de un plazo razonable. Por
tanto, carece de legitimación para solicitar el amparo de sus propios derechos con
ocasión de las actuaciones u omisiones que acaezcan en el marco del trámite
judicial.
17. Afirmó que, aún en gracia de discusión, no se acreditó la existencia de una mora
judicial injustificada atribuible al despacho. Manifestó que la tardanza en la resolución
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado obedece a la alta
carga laboral derivada del volumen de expedientes a su cargo. Informó que
procedería con el registro del proyecto de fallo de segunda instancia en las próximas
Salas, conforme a la naturaleza del asunto y al orden de ingreso al despacho.
18. Indicó que la afirmación relacionada con la falta de información clara, suficiente y
verificable acerca de la situación real del expediente carece de sustento. Explicó que
el historial de actuaciones registrado en el aplicativo Samai permite conocer de
manera precisa el estado del proceso, las actuaciones surtidas, los memoriales
presentados por las partes y sus apoderados, así como las decisiones y trámites
adelantados en el curso de cada instancia.
19. Refirió que el hecho de que el actor considere insuficiente la información
disponible o pretenda obtener explicaciones adicionales relacionadas con la gestión
interna del despacho, los criterios de priorización o la programación de los asuntos
para fallo no implica, por sí solo, un desconocimiento de derechos. Resaltó que tales
aspectos no hacen parte del núcleo esencial de la garantía de acceso a la
información. Aclaró que la información relevante ha permanecido disponible a través
de los canales institucionales, los cuales permiten verificar de manera objetiva y
permanente la trazabilidad del trámite.
20. Añadió que los memoriales presentados por el actor como apoderado de la parte
demandada no contienen solicitudes autónomas o independientes que exijan un
pronunciamiento previo o independiente por parte del despacho. Precisó que estos
serán considerados en la providencia que resuelva de manera definitiva el asunto.
(ii) Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado
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21. Allegóel expediente requerido. No se pronunció sobre los hechos ni las
pretensiones de la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
22. Esta Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo. En lo que
respecta a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, petición y acceso a la información, por no
satisfacer el requisito de legitimación en la causa por activa. En cuanto a la alegada
afectación del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión, por carecer de
relevancia constitucional.
23. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 5, la legitimación en
la causa por activa como presupuesto de procedencia del mecanismo de amparo
constitucional exige que los derechos cuya protección se reclama estén en cabeza
del promotor de la acción y no, en principio, de otra persona.
24. Dicha exigencia parte de considerar que la acción de tutela fue concebida como
un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales de quienes
acreditan una afectación real y directa de su esfera jurídica. De ahí que la
procedencia del mecanismo de amparo imponga la existencia de un vínculo material
entre el demandante y los derechos objeto de reclamo, presupuesto que no se
satisface cuando se pretende invocar, a nombre propio, garantías fundamentales
cuya titularidad corresponde a un tercero.
25. En el presente asunto, el abogado Julián Ricardo Gómez Ávila acudió al juez de
tutela en procura de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, petición, acceso a la información y
libre ejercicio de la profesión, que califica como suyos. Alegó que tales garantías
fueron vulneradas con ocasión de la presunta mora judicial en la que habría incurrido
la autoridad accionada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que actúa como apoderado judicial de la parte demandada.
26. Bajo ese escenario, la Sala encuentra que la titularidad de los derechos
fundamentales invocados, particularmente el debido proceso, acceso a la
administración de justicia, petición y acceso a la información, recae en quien ostenta
la calidad de parte demandada en el referido proceso ordinario y no en su apoderado
judicial -el aquí actor-.
27. El derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
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Constitución, constituye una garantía predicable de quienes participan en una
actuación judicial o administrativa en condición de sujetos procesales. Así lo ha
precisado la jurisprudencia constitucional, la cual ha definido el debido proceso como
el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales
se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia”6.
28. Por consiguiente, aspectos tales como el impulso procesal, la resolución oportuna
de las controversias y el respeto por un plazo razonable hacen parte de la órbita de
protección de las partes del proceso y no de su apoderado.
29. La misma conclusión se impone frente al derecho de acceso a la administración
de justicia, cuya titularidad corresponde de forma exclusiva a quien acude a la
jurisdicción para la defensa de un interés jurídico propio, aun cuando lo haga por
conducto de un representante.
30. Lo propio ocurre con los derechos de petición y de acceso a la información de
cara a las particularidades objeto de estudio en esta oportunidad. Las solicitudes
elevadas por el accionante dentro del proceso ordinario fueron presentadas en
ejercicio del mandato conferido por su mandante. Por tanto, dichas actuaciones
estuvieron encaminadas a la protección y defensa de los intereses de este último,
sin que ello permita predicar que los derechos sustanciales comprometidos en la
actuación pertenecen al profesional del derecho que actúa en su representación.
31. La labor profesional encomendada al apoderado tiene por finalidad la
representación y defensa de los intereses de un tercero. De esta manera las
eventuales actuaciones u omisiones atribuibles a la autoridad judicial encargada del
conocimiento del asunto pueden repercutir directamente en la situación jurídica de
las partes o, incluso, de los terceros vinculados al proceso, pero no trasladan, per
se, la titularidad de los derechos fundamentales involucrados a quien ejerce su
representación judicial.
32. En ese sentido, la alegada falta de impulso procesal o de información detallada
sobre el estado del expediente no comporta una vulneración autónoma de los
derechos fundamentales del accionante en su condición de abogado. Si bien el
ejercicio de la profesión exige mantener informado al poderdante, efectuar
seguimiento a las actuaciones y desplegar las gestiones necesarias para la
adecuada defensa de los intereses encomendados, tales deberes son inherentes a
la relación contractual que surge del mandato y no convierten al apoderado en titular
de los derechos fundamentales que asisten a la parte dentro del proceso judicial.
33. En consecuencia, la eventual incertidumbre que pueda enfrentar respecto del
6 Sentencia C-980 de 2010, citada en la sentencia T-052 de 2026.
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curso de la actuación, las dificultades para informar a su representado sobre el
estado del trámite o la imposibilidad de obtener una pronta definición del litigio
constituyen circunstancias que, en todo caso, se proyectan sobre la situación jurídica
de la parte representada y no sobre un derecho fundamental propio del profesional
del derecho.
34. En ese orden, quienes se encuentran legitimados para promover una acción de
tutela dirigida a cuestionar actuaciones u omisiones ocurridas dentro de un proceso
judicial son los sujetos procesales directamente involucrados en dicha actuación, por
ser ellos quienes eventualmente soportan la afectación de sus derechos
fundamentales y quienes ostentan un interés directo y legítimo.
35. Por ende, como los derechos que se debaten no están en cabeza del abogado
sino en la de su poderdante, aquel únicamente podía promover la defensa de sus
intereses actuando en su representación, bien sea por medio de un poder especial
debidamente conferido para interponer la tutela o en calidad de agente oficioso.
36. Sin embargo, del contenido de la solicitud de amparo no se desprende que el
profesional del derecho haya actuado en ninguna de esas calidades. No alegó obrar
en representación de su poderdante, ni aportó mandato alguno que lo facultara para
el efecto. Tampoco ofreció alguna razón tendiente a demostrar la imposibilidad de
las personas afectadas para promover su propia defensa. Por el contrario, fue
enfático en invocar la protección de derechos que afirma como propios.
37. En consecuencia, la Sala concluye que el señor Julián Ricardo Gómez Ávila
carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
petición y acceso a la información como consecuencia de la mora judicial endilgada,
en tanto no es el directamente afectado con el actuar omisivo objeto de censura y
tampoco acreditó que las personas que ostentan la titularidad le hubieran conferido
poder para tal fin.
38. Una consideración distinta merece el derecho fundamental al libre ejercicio de la
profesión. La titularidad de dicha garantía sí resulta predicable respecto del actor y,
en esa medida, se encuentra legitimado para invocar su amparo en nombre propio.
No obstante, los argumentos sobre los que se edificó su vulneración no permiten
evidenciar una afectación de orden constitucional que amerite protección.
39. LaCorte Constitucional7 ha precisado que el derecho a escoger libremente
profesión u oficio comprende tanto la facultad de elección libre como la posibilidad
de ejercer la actividad profesional elegida sin restricciones arbitrarias o
desproporcionadas impuestas por las autoridades o por los particulares.
7 En sentencia T-282 de 2018.
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40. Para fundamentar la vulneración alegada, el accionante sostuvo que la ausencia
de impulso procesal, la falta de información detallada sobre el estado del expediente
y la demora en la adopción de una decisión dentro de un plazo razonable dificultan
el cumplimiento de sus deberes como apoderado judicial y limitan la posibilidad de
realizar un adecuado seguimiento del proceso. Sin embargo, tales circunstancias no
revelan una afectación directa de su derecho al libre ejercicio de la profesión.
41. El hecho de que un proceso judicial permanezca pendiente de decisión durante
un período prolongado no implica, por sí solo, una restricción al ejercicio de la
abogacía ni impide al profesional del derecho desarrollar las actividades propias de
su oficio. De hecho, el seguimiento permanente de las actuaciones, la presentación
de solicitudes de impulso procesal y la vigilancia del trámite constituyen actuaciones
inherentes al ejercicio mismo de la representación judicial.
42. Lo que realmente se desprende de los planteamientos del accionante es una
preocupación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones profesionales
derivadas del mandato conferido por su cliente, así como con las consecuencias que
una prolongada duración del proceso podría generar en el marco de dicha relación
profesional.
43. No obstante, la eventual inconformidad que pueda surgir por parte del mandante
respecto del estado del proceso o de la información suministrada por su apoderado
corresponde al ámbito de la relación profesional existente entre ambos y no
constituye una consecuencia que pueda atribuirse -de manera directa- a una
vulneración del derecho fundamental al libre ejercicio de la profesión. A lo sumo,
dichas circunstancias podrían generar efectos de carácter contractual, económico o
disciplinario, cuya valoración corresponde a las instancias competentes y no al juez
de tutela.
44. Así las cosas, se observa que la afectación alegada por el accionante se deriva
de su condición de mandatario judicial, mas no de una verdadera restricción al
ejercicio de la profesión de abogado. En consecuencia, la controversia propuesta por
el actor no tiene la entidad suficiente para trascender la esfera de lo constitucional,
comoquiera que no gira en torno a una afectación directa del derecho fundamental
invocado.
45. De cualquier manera, lo expuesto en la tutela no da cuenta de barreras de acceso
a la información o yerros en la información consignada en los aplicativos de gestión
judicial. Lo que se reprocha es una mora judicial, que como apoderado le
correspondería poner en conocimiento de su poderdante.
46. Por
lo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado en la demanda.
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
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Demandante: Julián Ricardo Gómez Ávila
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
8 VF
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