Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03708-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03708-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03708-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Andrés Felipe Botero Bonilla.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03708-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridades judiciales. Se confirma el
fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo. No
se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
5 de junio de 2026 proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. Los señores Andrés Felipe Botero Bonilla, María Juliana Barrezueta Peña,
Juanita Botero Barrezueta y Luisa Fernanda Bonilla de Botero
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de que se
declare la responsabilidad administrativa de la entidad por los perjuicios
derivados de un presunto acoso laboral que habría ocasionado el retiro del
servicio activo del actor, formalizado mediante el Decreto núm. 1057 del
23 de julio de 2020.
1.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 2 de
febrero de 2022, adecuó la demanda al considerar que el medio de
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control idóneo no era el de reparación directa, sino el de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y la rechazó al estimar
configurada la caducidad bajo ese medio de control.
1.3. Inconforme con la anterior decisión la parte demandante presentó recurso
de apelación.
1.4. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia de 11 de agosto de 2025, revocó el auto de 2 de febrero de
2022 al considerar que el medio de control procedente es el de reparación
directa y que la demanda se radicó dentro de la oportunidad legal, razón
por la cual no operó la caducidad y, en su lugar dispuso “[…] efectuar el
examen de admisibilidad de la demanda en relación con el cumplimiento
de los demás presupuestos procesales y le imprimirá el trámite que
corresponda en los términos de los artículos 169 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 […].
1.5. En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca retomó el conocimiento del asunto y mediante auto de 5 de marzo
de 2026 declaró la falta de competencia por razón de la cuantía y ordenó
remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali.
1.6. Inconforme con esa determinación, la parte demandante interpuso recurso
de reposición y en subsidio de apelación.
1.7. Mediante auto del 11 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca rechazó por improcedentes los recursos formulados, tras
exponer que la providencia mediante la cual se declara la falta de
competencia y se ordena la remisión del expediente al competente no
admite recursos, de conformidad con el artículo 139 del Código General
del Proceso.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso al proferir el auto de 5 de marzo de 2026
mediante el cual se resolvió declarar la falta de competencia y posteriormente
“[…] a través de auto de 11 de Mayo de 2026, resuelve rechazar por
improcedentes los recursos de reposición y en subsidio de apelación incoados
contra el auto de 5 de Marzo de 2026 […]”.
Manifestó que incurrió en violación directa del numeral 1 del artículo 95 de la
Constitución Política, al rechazar la competencia infundadamente y por tal
razón “[…] le está vedado buscar liberarse de la competencia de conocer del
proceso de REPARACION DIRECTA No. 76001233300020210068100,
arguyendo que no es competente por la cuantia cuando para el año 2021 que
re causo el reparto del proceso la demanda se incoo por la cuantía de MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/Cte. Colombiana
($1.153.140.336.oo M/Cte. Colombiana) […]” [Sic en toda la cita].
Afirmó que se incurrió en defecto procedimental absoluto por violación grave
de las formas del proceso, toda vez que la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, mediante auto de 11 de agosto de 2025 “[…] REVOCO
el auto que rechazo la demanda y le ordeno a su señoría estudiar la demanda
para su admisión, porque usted señor magistrado del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA es el
competente para conocer del proceso de la referencia, sino, el H. Consejo de
Estado, no hubiera emitido el auto interlocutorio referido que le ordena conocer
el proceso en primera instancia […]”
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
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“[…] Depreco cordialmente, se TUTELA mi derecho constitucional
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Politiza de Colombia, para evitarme un perjuicio irremediable
[…]” [Sic en toda la cita].
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 14 de mayo de 2026, se admitió la presente acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y se vinculó a
los magistrados integrantes de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y a los señores María Juliana Barrezueta Peña, Juanita
Botero Bonilla y Luisa Fernanda Bonilla de Botero, al Ministerio de Defensa y
al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, en calidad de terceros con
interés en el resultado del proceso.
2. El 5 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando improcedente la
solicitud de amparo.
3. Mediante auto de 9 de julio de 2026, se concedió la impugnación presentada
por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca presentó informe de las
actuaciones procesales surtidas dentro del proceso y solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, al estimar que los argumentos del
accionante estan dirigidos a cuestionar el sentido de las decisiones adoptadas.
De lo anterior, advirtió que “[…] el despacho realizó un cálculo estimado de los
perjuicios efectivamente causados que arrojó un valor de $16.333.254, monto
muy inferior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigente,
establecidos en los 6 de los artículos 152 y 155 del CPACA. De igual manera
el auto que rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue
también debidamente motivado explicando que el artículo 139 del CGP estable
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que cuando el juez declara su incompetencia y ordena remitir el proceso al
funcionario que considere competente, dicha decisión no admite recurso
alguno […]”.
2. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
desestimar la acción de tutela al considerar que “[…] en el presente caso no
se estructura una violación del derecho al debido proceso susceptible de ser
atribuida a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
la medida en que las providencias judiciales que el tutelante acusa bajo las
causales específicas de “violación directa de la Constitución” y “defecto
procedimental absoluto” son las proferidas por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 5 de marzo de 2026 (falta de competencia por el factor
cuantía) y el 11 de mayo de 2026 (rechazo del recurso de reposición y en
subsidio de apelación), esto es, con posterioridad a la devolución del
expediente al Tribunal de origen […]”.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de junio de 2026, declaró improcedente la solicitud de amparo
por no encontrarse satisfecho el requisito de subsidiariedad.
Afirmó que la parte actora alegó que las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca vulneraron sus derechos fundamentales al
declarar la falta de competencia para conocer del proceso de reparación
directa mediante auto de 5 de marzo de 2026 y rechazaron los recursos
interpuestos contra esa decisión mediante auto de 11 de mayo de 2026, al
considerar que la providencia mediante la cual se declaró la falta de
competencia y se ordenó la remisión del expediente al competente no admite
recursos.
Advirtió que “[…] la parte demandante no agotó todos los mecanismos
ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance para controvertir las
providencias que ahora cuestiona […]”, toda vez, que contra la decisión de 11
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de mayo de 2026, la parte demandante contaba con el recurso de queja “[…]
para que el superior funcional determinara si la decisión que rechazó el recurso
de apelación se ajustaba o no al ordenamiento jurídico […]”.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando su
inconformidad con las decisiones proferidas por la autoridad accionada,
mediante las cuales se declaró la falta de competencia para conocer el proceso
de reparación directa que promovió y se rechazaron los recursos formulados
contra esa decisión.
Asimismo, mencionó que debe revocarse la sentencia de acción de tutela de
primera instancia, y darle cumplimiento al reglamento de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en razón a que “[…] está por encima de las
sentencias judiciales en que se apoyó el aquo para negarme el amparo de mi
derecho fundamental al debido proceso […]”, por lo tanto, “[…] se desplaza el
requisito de subsidiariedad, cuando la ACCION DE TUTELA se presenta para
evitar un perjuicio irremediable que configura un nuevo daño antijurídico
denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
consistente en buscar pretermitir una instancia desobedeciendo la orden del
superior jerárquico (numeral 1 y 3 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 –
Estatuaria de la Administración de Justicia) […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:
B) Determinar si las providencias acusadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
presuntamente en defecto procedimental absoluto y violación directa
de la Constitución.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19913.
2 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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Sin embargo, esta acción constitucional se caracteriza como un instrumento
subsidiario excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho4.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza5), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el radicado núm. 76001-23-33-000-2021-00681-00,
por considerar que dicho derecho fue vulnerado con la expedición de la
providencia de 5 de marzo de 2026, mediante la cual la autoridad accionada
declaró su falta de competencia para conocer del proceso por razón de la
cuantía y ordenó remitir el expediente al despacho competente. Asimismo,
cuestionó el auto de 11 de mayo de 2026, mediante el cual fueron rechazados
los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos contra
dicha decisión.
En ese orden de ideas, y en consideración a que la vulneración alegada por el
accionante deviene de las decisiones adoptadas por la autoridad accionada,
4 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
5 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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la Sala advierte que aquella contaba con mecanismos judiciales idóneos para
controvertir el auto de 11 de mayo de 2026. Concretamente, podía hacer uso
del recurso de queja consagrado en el artículo 2456 de la Ley 1437 de 2011, a
fin de que el superior funcional examinara la legalidad de la decisión que
rechazó el recurso de apelación y determinara su conformidad con el
ordenamiento jurídico.
De lo anterior, la Sala observa que de las pruebas que obran en el expediente
del proceso objeto de estudio se evidencia que la parte actora no promovió
recurso de queja contra el auto que rechazó el recurso de reposición y en
subsidio de apelación, mecanismo procesal idóneo para controvertir la
presunta irregularidad que ahora invoca mediante este mecanismo
constitucional.
Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, máxime
cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
Las anteriores consideraciones son suficientes para confirmar el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 5 de junio de 2026 proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
6
ARTÍCULO 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare
desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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