Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03710-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03710-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03710-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: DENVER MC. LAUGHLIN HUDGSON
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
reconocimiento de pensión gracia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL/ se encuentra
acreditada como causal general de procedibilidad de la acción de tutela. DEFECTO
FÁCTICO/ no se encuentra acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resolverá la impugnación presentada Denver Mc. Laughlin Hudgson, a
través de apoderado, contra la sentencia del 19 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 32
del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 13 de mayo de 20261, Denver Mc. Laughlin Hudgson, por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. A partir de lo indicado en el escrito de tutela y de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae lo siguiente.
3. La parte accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en la que solicitó que se declarara la
nulidad de las resoluciones núm. 742 del 16 de enero de 2024 y 4146 del 29 de
febrero de 2024, mediante las cuales se negó el reconocimiento de la pensión
gracia.
1 Ver expediente 11001-03-15-000-2026-03710-00, índice 2 de Samai.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
4. El proceso correspondió al Juzgado Único Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (radicado núm. 88001-
33-33-001-2024-00073-00), el cual, mediante providencia de la audiencia inicial con
sentencia del 30 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, la autoridad argumentó que Denver Mc. Laughlin
Hudgson no acreditó un tiempo de servicio de 20 años como docente nacionalizado.
En efecto, sostuvo que, a partir del Certificado núm. 269 de 2023, la parte
demandante acreditó un tiempo de 5 meses como docente nacionalizado, mientras
que, de acuerdo con el Certificado núm. 270 de 2023, demostró un tiempo de
servicio de 13 años, 7 meses y 26 días como docente nacional.
5. Inconforme con esta decisión, la parte accionante presentó recurso de apelación,
el cual correspondió al Tribunal Administrativo del Departamento de Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Mediante sentencia del 6 de marzo de
2026, el ad quem confirmó la providencia de primera instancia. De acuerdo con el
Tribunal, la parte accionante no acreditó 20 años de tiempo de servicio como
docente nacionalizada. Para ello, valoró los certificados de historia laboral núm. 269
y 270 de 2023, de donde concluyó que solo probó 5 meses de experiencia como
docente nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, y acreditó 13 años, 7
meses y 26 días como docente nacional después de 1992. En efecto, hubo una
ruptura de 16 años entre las vinculaciones que tuvo antes de 1980 y la que se dio
después de 1992, por lo que esta vinculación se trató de una relación nueva como
docente nacional. Además, sostuvo que, incluso si aceptara la interpretación de la
parte demandante, en el sentido de entender que ese último vínculo fue como
docente nacionalizado, no acreditaría los 20 años de experiencia requerida para
acceder a la pensión gracia.
Pretensiones
6. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“4.1. Se TUTELE el derecho constitucional fundamental, a la IGUALDAD, AL
DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
o cualquier otro que se considere vulnerado.
4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fecha 06 de marzo de 2026 proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y como consecuencia se ordene a dicho
Tribunal se profiera un nuevo fallo de segunda instancia valorando las
pruebas referidas dejadas de valorar, y las valoradas equivocadamente.
4.3. Vincular al JUZGADO UNICO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL - UGPP — y a la AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO para que ejerzan el derecho de
defensa.”2
2 Ver archivo “004ED_Demanda”, págs. 1-2.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Fundamentos de la demanda de tutela
7. En su escrito, la parte accionante argumentó que el Tribunal Administrativo del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en un defecto
fáctico. A su juicio, la autoridad judicial omitió valorar la certificación
SAA2024ER000224 del 30 de enero de 2024 y el certificado núm. 593 del 24 de
agosto de 2023 de la Secretaría de Educación del Departamento del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde se evidencia que fue
nombrada mediante el Decreto 137 de 1992 en una plaza departamental. En ese
sentido, sostuvo que se extrae de las pruebas que laboró como docente
nacionalizada por un periodo de 26 años, 7 meses y 13 días.
Trámite procesal en primera instancia
8. Por medio de auto del 19 de mayo de 2026, el despacho ponente de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y vinculó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Del mismo modo, requirió al Juzgado Único Administrativo del Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que enviara copia
digitalizada del proceso contencioso con radicado núm. 88-001-33-33-001-2024-
00073-00/01.
Intervenciones en primera instancia
9. La UGPP solicitó su desvinculación del proceso de la referencia, por considerar
que carecía de legitimación en la causa por pasiva. De acuerdo con la autoridad, no
lesionó los derechos fundamentales de la parte accionante ni generó algún riesgo a
esta. Afirmó que la acción de tutela se dirigió exclusivamente a la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
10. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina observó que realizó una valoración integral, razonada y motivada
de las pruebas obrantes en el expediente, incluidos los documentos cuya valoración
la actora sostuvo que omitió. Resaltó que las conclusiones a las que llegó partieron
de la sana crítica y de los criterios jurisprudenciales invocados. A su vez, señaló que
no existió un desconocimiento del precedente jurisprudencial invocado, toda vez
que aplicó la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-11-2018 del 21 de junio de 2018.
En ese sentido, sostuvo que la mera discrepancia con las conclusiones derivadas
de dicha aplicación no justifica la intervención del juez de tutela. Finalmente, indicó
que no se produjo una vulneración directa a la Constitución, toda vez que la decisión
se fundamentó en el marco vigente y en el precedente de unificación del Consejo
de Estado. En ese sentido, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
o, subsidiariamente, que se niegue el amparo constitucional.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La sentencia de primera instancia
11. Mediante sentencia del 19 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.
12. El a quo consideró que no se configuró el defecto fáctico, toda vez que la
autoridad incorporó y valoró los documentos allegados. En efecto, de acuerdo con
la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina valoró las pruebas y concluyó que la
accionante había sido vinculada bajo dos modalidades. En primer lugar, fue
vinculada como docente nacionalizada entre 1975 y 1976, en donde acreditó una
experiencia de 5 meses. En segundo lugar, tuvo una relación como docente
nacional a partir del Decreto 137 de 1992.
13. En ese sentido, la Subsección sostuvo que la inconformidad de la parte
demandante se dirige a cuestionar las conclusiones a las que arribó el Tribunal y no
la omisión de las pruebas. Según la parte actora, contrario a lo que concluyó la
autoridad judicial, las certificaciones debieron conducir al reconocimiento de la
naturaleza departamental o nacionalizada de su vinculación a partir de 1992. Por
ello, el a quo sostuvo que se limitó a oponer una interpretación alternativa y no
mostró cuál elemento probatorio concreto acreditaba que tenía un tiempo de servicio
de 26 años, 7 meses y 13 días. Finalmente, observó que la autoridad judicial
consideró la tesis planteada por la demandante, pues afirmó que, incluso si se
aceptara que su vinculación después de 1992 fue como docente nacionalizada, no
acreditaría los 20 años necesarios para acceder a la pensión gracia.
La impugnación
14. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela. En efecto, señaló que el certificado núm. SAA2024ER000224 del 30 de enero
de 2024 y el certificado núm. 593 del 24 de agosto de 2023 evidencian que la
vinculación realizada mediante el Decreto 137 del 1992 fue en una plaza
departamental de San Andrés Islas. Además, aseguró que el certificado 270 de
2023 prueba que el tiempo de servicio fue de 26 años, 7 meses y 13 días.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
16. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedibilidad.
17. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá la cuestión si el
Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, con la expedición de la sentencia del 6 de marzo de 2026, incurrió en un
defecto fáctico por la omisión de valorar la certificación SAA2024ER000224 del 30
de enero de 2024 y el certificado núm. 593 del 24 de agosto de 2023 de la Secretaría
de Educación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, así como por un error en el cómputo del tiempo de servicio de la
señora Denver Mc. Laughlin Hudgson. En ese sentido, la Sala estudiaría si se
produjo una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
18. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, en
particular, las causales genéricas y específicas; y (ii) el análisis del caso concreto.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
19. De conformidad con el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590
de 20053, reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y
exige que el actor satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar
que concurren siete causales genéricas de procedencia y al menos una específica.
20. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar4: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de Estado7, ni
una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)8; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
3 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
5 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
7 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable9 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, y (vii) que,
cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no hubiere ocurrido, el
alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
21. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando, frente a un
caso con los mismos hechos, una autoridad se aparta de los
procedimientos establecidos por los tribunales de cierre (precedente
vertical) o por los dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin
cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué se
cambia de precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
9 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
22. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos, se iniciará el estudio de mérito.
Estudio de forma de la demanda de tutela
23. En el presente asunto, se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 6 de marzo de 2026 puso fin al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho10; (ii) la acción se presentó dentro del plazo
razonable, porque la última de las providencias enjuiciadas se notificó por vía
electrónica el 10 de marzo de 202611 y la tutela se interpuso el 13 de marzo de 2026;
(iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es aplicable
en esta oportunidad; (iv) la accionante identificó claramente los hechos relativos la
segunda instancia del proceso identificado con radicado núm. 88-001-33-33-001-
2024-00073-00/01, en la cual alegó que el Tribunal Administrativo del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró sus derechos a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia; y (v) no se trata de una
sentencia de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado12 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz13.
24. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
25. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección14, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el reconocimiento de una pensión
gracia, aspecto que guarda relación con el derecho fundamental a la seguridad
social.
26. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
10 La Sala observa que, en el caso concreto, no aplicaba alguna de las causales específicas de
procedencia del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.
11 Ver expediente 88001-33-33-001-2024-00073-01, índice 12 de Samai.
12 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
14 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”15 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales16”.
27. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará de fondo la
procedencia de la demanda.
Estudio de los defectos
28. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo invocada por la parte accionante, por cuanto advierte que los yerros que
argumentó no son determinantes en la decisión cuestionada.
29. En el presente asunto, la parte actora cuestiona que el Tribunal Administrativo
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto omitió valorar la certificación SAA2024ER000224 del 30 de enero
de 2024 y el certificado núm. 593 del 24 de agosto de 2023 de la Secretaría de
Educación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. De acuerdo con la demanda, en estos documentos se evidencia que la
accionante fue nombrada mediante el Decreto 137 de 1992 en una plaza
departamental. Además, sostuvo que hubo un error en el cómputo del tiempo de
servicio, pues el periodo entre el 2 de junio de 1992 y el 14 de enero de 2019
equivalía a 26 años, 7 meses y 13 días, y no a 13 años, 7 meses y 26 días.
30. Frente a estos alegatos, la Sala abordará la cuestión de la siguiente manera. En
primer lugar, se examinará el alegato de la accionante respecto a la omisión de
valoración de la certificación SAA2024ER000224 del 30 de enero de 2024 y el
certificado núm. 593 del 24 de agosto de 2023 de la Secretaría de Educación del
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
ese sentido, concluirá que, si bien el fallo presenta deficiencias en la relación de
dichos documentos en el escrito de la sentencia, la argumentación de la autoridad
judicial se justificó de manera razonable y el alegato de la demandante no tiene el
alcance suficiente para afectar el sentido del fallo. En segundo lugar, la Sala
analizará el argumento de la demandante sobre el error en el cómputo del tiempo
de servicio. Frente a ello, concluirá que el Tribunal del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina sí incurrió en un yerro en el cálculo del tiempo, pero
esta situación no afectó la justificación y el sentido de su decisión. Por lo anterior,
concluirá que la inconformidad del accionante no justifica la intervención del juez de
tutela. Finalmente, se revisarán los alegatos de la parte accionante frente al
supuesto desconocimiento de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 de
la Sección Segunda del Consejo de Estado (radicado 25000-23-42-000-2013-
04683-01).
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
16 Ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
31. En primer lugar, la autoridad judicial valoró el certificado núm. 269 del Fondo
Nacional de prestaciones sociales del magisterio, y encontró que la accionante
había sido vinculada del 3 de febrero al 2 de abril de 1975, del 9 de septiembre al 8
de noviembre de 1975 y del 1° de abril al 30 de abril de 1976 como docente
nacionalizada. Por su parte, también examinó el certificado núm. 270 de dicha
entidad, y concluyó que la accionante estuvo desde el 2 de junio de 1992 bajo una
vinculación de tipo nacional.
32. La Sala advierte que la sentencia cuestionada presenta una redacción deficiente
respecto a la mención de los certificados núm. SAA2024ER000224 del 30 de enero
de 2024 y núm. 593 del 24 de agosto de 2023 de la Secretaría de Educación del
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
efecto, si bien el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina los relacionó en el acervo probatorio, no hizo mención
explícita de aquellos al realizar la valoración. No obstante, esta situación no
desvirtúa la conclusión a la que arribó la autoridad judicial respecto del tipo de
vinculación de la accionante, pues el Tribunal fundamentó esa conclusión bajo un
razonamiento autónomo y jurídicamente razonable. Sobre este punto, la autoridad
sostuvo que entre las vinculaciones de 1975-1976 y las que se dieron después de
1992 hubo una ruptura de 16 años. Esto implica que el vínculo posterior a 1992 fue
autónomo e independiente, sin que existiera continuidad con respecto a los
anteriores. Por lo anterior, concluyó que la pensión gracia no puede estructurarse a
partir de vinculaciones iniciadas con posterioridad al régimen que finalizó el 31 de
diciembre de 1980, ni mediante la suma de tiempos que desbordan la finalidad
histórica y restrictiva de la prestación. En ese orden de ideas, la accionante solo
cumplió un tiempo de servicio de 5 meses antes del 31 de diciembre de 1980 y las
vinculaciones con las que hipotéticamente podría cumplir con el requisito de los 20
años de servicio acaecieron más de una década después del cierre legal del
régimen.
33. La Sala observa que los argumentos del accionante no tienen un efecto en el
sentido del fallo, toda vez que la autoridad justificó de manera suficiente por qué la
vinculación que la accionante sostuvo después de 1992 es diferente a aquella que
tuvo entre 1975 y 1976. La configuración de un defecto fáctico exige que el yerro
que el accionante alega sea palmario y tenga incidencia en el sentido de la decisión,
lo cual no ocurre en el presente caso17.
34. En segundo lugar, la accionante manifestó que hubo un error en el cómputo del
tiempo de servicio. Respecto al tiempo acreditado por la demandante, el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina valoró
el certificado núm. 269 de 2023 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y concluyó que la accionante estuvo vinculada durante 5 meses como
docente nacionalizada entre 1975 y 1976. Además, a partir del certificado núm. 270
de 2023 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, afirmó que la
actora estuvo vinculada desde el año 1992 como docente nacional, con un tiempo
de servicio de 13 años, 7 meses y 26 días.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-004 de 2018.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
35. Frente a lo anterior, la Sala advierte que el certificado núm. 270 de 2023
relacionó que el tiempo total menos las ausencias fue el siguiente: “13-7-26”18. En
esta formulación, no fue preciso si el “13” correspondía a los días o a los años de
servicio. Tanto el a quo como el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina interpretaron lo anterior de tal suerte que se
acreditó un tiempo de servicio de 13 años, 7 meses y 26 días. Sin embargo, la Sala
advierte que la fecha de inicio de las vinculaciones fue el 2 de junio de 1992 y la de
finalización fue el 14 de enero de 2019. En ese orden de ideas, contrario a lo que
interpretaron las autoridades judiciales, el tiempo de servicio fue de 26 años, 7
meses y 13 días, que es el periodo comprendido entre la fecha de inicio y la de
finalización.
36. Si bien la Sala advierte que se presentó un error en el cómputo del tiempo de
servicio de la accionante, este no fue decisivo en la decisión cuestionada. En efecto,
la autoridad judicial argumentó que el tiempo de servicio acreditado después de
1992 no podía computarse con el tiempo anterior al 31 de diciembre de 1980 para
efectos de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión gracia. La Corte
Constitucional ha sostenido que, cuando se trata del defecto fáctico, “el error debe
ser palmario y que incida directamente en la decisión, puesto que el juez de tutela
no puede convertirse en una tercera instancia”19. En el presente caso, si bien es
cierto que el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina cometió un error en la relación del tiempo, ello no tiene incidencia
alguna en el sentido del fallo, pues, como se señaló, la autoridad judicial argumentó
de manera razonada y fundamentada su decisión.
37. A partir de los elementos descritos, la Sala observa que el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina realizó
una debida consideración de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, a saber, haber prestado servicios como docente nacionalizada o territorial,
vinculada antes del 31 de diciembre de 1980. Igualmente, arribó a una conclusión
que no es irracional ni abiertamente opuesta a lo que revelaba el expediente. En
efecto, concluyó que, si bien se acreditaron vinculaciones anteriores al 31 de
diciembre de 1980, estas solo sumaban solo 5 meses. Por su parte, las demás
vinculaciones acreditadas acaecieron más de una década después de dicha fecha,
por lo que se trató de una relación novedosa e independiente que no podría sumar
al tiempo de servicio necesario para acceder a la pensión gracia.
38. En ese sentido, lejos de acreditarse yerros palmarios y determinantes en los que
haya incurrido la autoridad judicial accionada, en este caso lo que resulta claro es
una inconformidad de la parte accionante con las conclusiones y la valoración
probatoria efectuada por el juez de lo contencioso administrativo al momento de
resolver la segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
39. la Sala concluye que la acción de tutela contra providencias judiciales no
constituye una instancia adicional orientada a verificar la mera corrección jurídica,
18 Ver expediente 88001-33-33-001-2024-00073-00/01, archivo “03. Demanda y Anexos”, pág. 35.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-004 de 2018.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
probatoria o interpretativa de la decisión cuestionada. Su objeto es estrictamente
excepcional: controlar si, en el ejercicio de la función jurisdiccional, la autoridad
judicial incurrió en un yerro de tal entidad que comprometa derechos fundamentales,
en particular el debido proceso. Por ello, no toda discrepancia con la apreciación de
las pruebas configura un defecto fáctico ni habilita la intervención del juez
constitucional. Admitir lo contrario desnaturalizaría la tutela y la convertiría en un
mecanismo ordinario para reabrir debates ya resueltos por el juez natural.
40. Finalmente, la parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo no aplicó
la regla de unificación establecida en la sentencia del 21 de junio de 2018 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado (radicado 25000-23-42-000-2013-04683-
01) frente a la prueba de la calidad de docente territorial. Al respecto, el Consejo
de Estado afirmó lo siguiente:
“vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial.”
41. Frente a ello, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo relacionó un acápite
en el que expone la decisión de unificación referenciada, en lo relativo a la
naturaleza de los recursos del situado fiscal; el funcionamiento de los Fondos
Educativos Regionales; la distinción entre docentes territoriales y nacionalizados, y
la forma de acreditar la calidad de docente territorial. Adicionalmente, la autoridad
judicial valoró el certificado 270 del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
en el que explícitamente se indica que el tipo de vinculación de la accionante es de
carácter nacional. En ese sentido, dio cumplimiento a lo dicho en la sentencia, pues
valoró la copia de un acto en donde explícitamente se puede establecer con
suficiente claridad el tipo de plaza que ocupó la demandante. Además de ello, si
bien la accionante sostiene que mediante la certificación SAA2024ER000224 del 30
de enero de 2024 y el certificado núm. 593 del 24 de agosto de 2023 de la Secretaría
de Educación del Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se estableció que el tipo de plaza era de carácter departamental, la
Sala advierte que la sentencia de unificación no hace referencia a “plazas
departamentales”. En dicho proveído, la Sección Segunda del Consejo de Estado
señala que las categorías que establece la Ley 91 de 1989 son las de personal
nacional, personal nacionalizado y personal territorial. Así pues, la Sala no
encuentra fundado el alegato de la demandante.
42. Por lo anterior, se confirmará la sentencia del 19 de junio de 2026, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual negó el
amparo solicitado por la señora Denver Mc. Laughlin Hudgson, por conducto de
apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03710-01
Accionante: Denver Mc. Laughlin Hudgson
Accionado: Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo
constitucional solicitado por Denver Mc. Laughlin Hudgson contra el Tribunal
Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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