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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03712-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03712-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Evangelista Yira Perea Henríquez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03712-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., primero (01) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03712-01
Demandante: Evangelista Yira Perea Henríquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de repetición. Defectos sustantivo y fáctico.

Decisión: Confirma amparo.

La Sala decide las impugnaciones formuladas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en contra de la sentencia proferida el 16 de julio de 2026
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la accionante.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 13 de mayo de 2026, la señora Evangelista Yira Perea Henríquez presentó
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; así como los
principios de seguridad jurídica y buena fe.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia del
13 de febrero de 2026 y el auto del 20 de marzo de 2026, proferidos por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el proceso de repetición con radicado 11001-33-36-038-2020-00183-01, para, en
su lugar, ordenar a la autoridad mencionada emitir, dentro de los 30 días siguientes
a la notificación del fallo de tutela, una nueva decisión, en la que (i) se reconozca la
personería del apoderado designado y se valore el escrito de oposición al recurso
de apelación; (ii) se acoja el precedente constitucional sobre error inducido fijado en
las sentencias T-177/2012 y SU-014/2001 de la Corte Constitucional; (iii) se aplique
el test constitucional establecido en el primero de los fallos mencionados; (iv) se
respete el principio de irretroactividad y, en esa medida, no se apliquen estándares
jurisprudenciales posteriores al año 2008 para juzgar su conducta; y (v) se resuelva
con base en las pruebas obrantes en el expediente. Como medida subsidiaria,
mientras se profiere la sentencia de reemplazo, peticionó mantener la suspensión
de los efectos de la sentencia condenatoria del 13 de febrero de 2026.

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Demandante: Evangelista Yira Perea Henríquez

3. Adicionalmente, solicitó ordenar a los Juzgados 60 y 38 Administrativos del
Circuito Judicial de Bogotá archivar todas las actuaciones adelantadas con el fin de
ejecutar la referida providencia y, en caso de haberse decretado medidas
cautelares, requirió levantarlas de forma inmediata.

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, se observa que el 23
de septiembre de 2001, la Policía Nacional capturó en flagrancia por el presunto
delito de hurto calificado y agravado, a una persona que según su reporte
identificaron como Claribel Ñustes Torres.

5. La Fiscalía General de la Nación adelantó la etapa de investigación penal bajo
la Ley 600 del 2000, durante más de 7 años, utilizando en todas sus actuaciones el
nombre y número de identificación de Claribel Ñustes Torres, sin que surgiera
alguna duda o irregularidad sobre su identidad. El Juzgado 65 Penal Municipal de
Bogotá adelantó la etapa de juicio y las audiencias preparatoria y pública de
juzgamiento sin que la Fiscalía, la defensa, el Ministerio Público o la procesada
cuestionaran su identidad.

6. Posteriormente, encontrándose el proceso para proferir fallo de primera
instancia, en atención a unas medidas de descongestión, fue remitido al Juzgado
Décimo Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, del cual era titular
Evangelista Yira Perea Henríquez. El 30 de octubre de 2008, la autoridad judicial
precitada dictó sentencia en contra de la señora Ñustes Torres y, en consecuencia,
le impuso pena privativa de la libertad e inhabilidad para ejercer funciones públicas
por 37 meses, se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se
condenó al pago de perjuicios por 5 salarios mínimos y se dispuso su captura.

7. El 18 de febrero de 2013, la procesada fue captura por la Policía Nacional y
puesta a disposición del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Descongestión de Bogotá. Sin embargo, el apoderado judicial de
aquella, el 25 de febrero de 2013, solicitó el descarte decadactilar, al considerar que
aquella no fue quien cometió el delito. Por lo anterior, dicha autoridad judicial decretó
una prueba pericial, la cual arrojó que las huellas de la señora Ñustes Torres no
coincidían con las que fueron tomadas a la persona que fue detenida en el año
2001, lo que permitió concluir una suplantación; en consecuencia, ordenó su libertad
inmediata.

8. Para sustentar su decisión, el despacho judicial señaló que entre las pruebas
recaudadas estaba el expediente 11001400406520060007900, en el que se pudo
constatar que en el proceso no obraba reseña decadactilar elaborada a quien dijo
llamarse Claribel Ñustes Torres en el momento de su captura, pues únicamente se
encontraban dos huellas dactilares, una impresa en el acta de derechos del
capturado y otra, en el poder de representación que la aprehendida otorgó a la
abogada Nathaly Yolanda Prado Robayo.

9. Asimismo, precisó que ocurrió una falla «en cuanto a la plena identidad de la
verdadera responsable» y, en consecuencia, era necesario remitir las diligencias al
Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá, para que se adelantara los trámites
necesarios a fin de «lograr la plena identificación e individualización de la verdadera

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infractora penal y por esa vía se proceda a la corrección de la sentencia proferida el
30 de octubre de 2008 por el juzgado 10 Penal Municipal de Descongestión».

10. El 18 de febrero de 2015, la señora Claribel Ñustes Torres instauró
demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación,
para que se les declarara responsable por los perjuicios causados con ocasión de
la privación injusta de la libertad a la que fue sometida durante 26 días (18 de febrero
a 15 de marzo de 2013).
Falta relato

11. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue
declarado desierto, mediante el auto del 4 de octubre de 2017. En consecuencia, la
Secretaría del Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá expidió constancia
de ejecutoria de 10 de octubre de la misma anualidad. El 31 de julio de 2020, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante la Resolución No. 1773 de
esa fecha, pagó la suma de $121.442.849 a favor de la demandante. Asimismo, en
el comité de conciliación se tomó la decisión de promover acción de repetición
contra la Juez Penal que dictó la sentencia condenatoria.

12. El 13 de agosto de 2020, la Rama Judicial formuló acción de repetición en
contra de Evangelista Yira Perea Henríquez, quien fungió como juez 10 penal
municipal de descongestión de Bogotá, con el fin de que aquella reintegrara la
totalidad del monto desembolsado a la señora Ñustes Torres.

13. El 19 de noviembre de 2024, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que fue la Fiscalía General de la
Nación quien en la resolución de acusación identificó como Claribel Ñustes Torres
a la presunta coautora material responsable del punible de hurto calificado y
agravado. Señaló que, a pesar de que aquella entidad tenía el deber legal de
individualizar e identificar a la persona que cometió el delito, esta no verificó que los
datos suministrados por la mujer capturada en flagrancia correspondieran a ella y
no a una persona ajena a la investigación.

14. Por lo anterior, descartó la conducta dolosa o gravemente culposa de
Evangelista Yira Perea Henríquez, quien, como Juez Décima Penal Municipal de
Descongestión de Bogotá, profirió la condena con fundamento en la identificación e
individualización que la Fiscalía ratificó en cada una de las subfases de la etapa de
investigación.

15. La parte demandante interpuso recurso de apelación, para lo cual sostuvo
que cuando un proceso pasa a conocimiento del juez penal, aquel tiene la obligación
de agotar las ritualidades, etapas y términos legales, de manera que su
pronunciamiento sobre la responsabilidad de los procesados tan solo puede darse
en la sentencia; esto sumado a que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia debe
contar los medios de prueba suficientes para lograr la plena identificación y, por
tanto, previo a proferir fallo condenatorio, verificar que la persona a ser condenada
se encuentre plenamente identificada, presupuesto que no tuvo en cuenta el
operador judicial.

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16. El 13 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que Evangelista Yira
Perea Henríquez incurrió en culpa grave por incumplir sus deberes funcionales de
identificación e individualización de la persona procesada, lo que contribuyó a la
privación injusta de la libertad de Claribel Ñustes Torres. Señaló que, pese a las
dudas sobre su identidad, no realizó actuaciones para esclarecerla, situación que
solo fue corregida mediante un estudio lofoscópico ordenado por el Juzgado 1 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión.

17. Señaló que, sin desconocer las atribuciones que legalmente le
corresponden a cada uno de los entes encargados de adelantar la causa penal, en
el caso concreto se acreditó que el daño que padeció la señora Claribel Ñustes
Torres fue atribuido a la Rama Judicial, en la medida en que la restricción de su
libertad tuvo origen en una decisión judicial en la que se asumió como cierta una
individualización que, a la luz de las garantías del debido proceso y de la protección
reforzada de la libertad personal, debió ser objeto de verificación suficiente.

18. La parte demandada solicitó aclaración frente a (i) la acreditación del
presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada,
(ii) por qué se alteró el sentido claro y literal del artículo 170 de la Ley 600 de 2000,
(iii) la conducta gravemente culposa que se le endilgó a la demandada y los
fundamentos de derecho aplicados para imponer a la demandada un deber legal
inexistente, (iv) fundamentación de los criterios empleados para atribuir a la
demandada un 40% de responsabilidad en la reparación, sin detallar el 60%
restante, la aplicación selectiva de los principios de legalidad y confianza en las
actuaciones previas de autoridades competentes y la falta de integración del
litisconsorcio necesario por pasivo y (v) motivo de la ausencia de reconocimiento de
personería del apoderado de la demandada y ausencia de pronunciamiento frente
al escrito de oposición al recurso de apelación.

19. El 20 de marzo de 2026, el Tribunal negó dicha solicitud, dado que se
estaban discutiendo razones de inconformidad con la sentencia, lo que desbordaba
la finalidad de la figura de la aclaración, la cual solo procede para esclarecer
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en la providencia. De
igual manera, se precisó que, para el análisis y decisión de fondo, los integrantes
de la sala tuvieron acceso al expediente que contiene todas y cada una de las
actuaciones surtidas.

20. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que la
sentencia dictada el 13 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo,
al interpretar de forma indebida el artículo 170 de la Ley 600 del 2000, el cual prevé
los requisitos formales de contenido que debe tener la sentencia y define cómo ha
de ser la redacción, mas no impone al juez la obligación de realizar investigaciones
sobre la identidad del procesado ni sobre ningún otro de los aspectos que señala
deben constar en la sentencia.

21. Sostuvo que la autoridad accionada convirtió la norma mencionada en una
orden, en un deber de verificación activa sobre la identidad de la procesada,

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equiparándolo a las obligaciones propias de la Fiscalía durante la instrucción, cuya
interpretación es manifiestamente errónea, toda vez que (i) al convertir el artículo
precitado en un deber de verificación activa de la identidad del procesado a cargo
del juez, esta obligación habría recaído también sobre todos los jueces que
conocieron del proceso, aunque únicamente a ella se le atribuyó responsabilidad;
(ii) la norma que expresamente asigna la función de identificación e individualización
de los autores o partícipes de la conducta punible es el artículo 322 de la Ley 600
de 2000, el cual atribuye esa labor a la Fiscalía durante la investigación previa,
aspecto que, a su juicio, no fue tenido en cuenta por el Tribunal; (iii) la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la verificación de la identidad
corresponde principalmente a la Fiscalía y que el deber del juez de corroborarla
surge únicamente cuando existen elementos que hagan necesaria dicha actuación,
circunstancia que no se presentó en su caso; y (iv) bajo la Ley 600 de 2000, los
jueces no tenían como función general adelantar diligencias propias de la etapa
investigativa, cuando estas no se encontraban someramente cuestionadas.

22. Adicionalmente, indicó que se incurrió en dicho defecto por una aplicación
retroactiva de la jurisprudencia, dado que, en la sentencia controvertida, el Tribunal
apoyó la responsabilidad de la accionante en cuatro sentencias del Consejo de
Estado proferidas en los años 2015, 2022 y 2024, esto es, entre 7 y 16 años después
de proferida la sentencia condenatoria de 30 de octubre de 2008.

23. De otra parte, manifestó que se configuró la causal de desconocimiento del
precedente judicial, puesto que la Sentencia SU-014 de 2001estableció de manera
inequívoca que, en casos de suplantación de identidad, el yerro del juez constituye
un «error inducido» atribuible a la Fiscalía y a la Policía Judicial, mas no al juez de
conocimiento, cuando en el expediente no existían indicios de la suplantación.

24. Además, mencionó las sentencias T-177 de 2012, en la que se sostuvo la
misma tesis de falta de responsabilidad de los jueces de conocimiento en casos de
suplantación de identidad; T-145 de 2014, donde se explicó la distinción entre una
sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato
judicial, de aquellas providencias que comportan un perjuicio iusfundamental como
consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la
orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia;
y T-031 de 2016, que estableció que el error inducido se configura cuando una
decisión judicial, pese a haberse adoptado respetando el debido proceso,
transgrede garantías al haber sido influenciada por aspectos externos al proceso,
consistentes en fallas originadas por órganos estatales.

25. A partir de los anteriores pronunciamiento, estimó que el Tribunal debió
tener presente que, al emitir la sentencia contra «un nombre determinado y su
identificación», aquella (accionante) actuó conforme a las normas de legalidad y
seguridad jurídica, siguió lo hecho sin ningún reproche en el proceso respecto de la
identificación e individualización de la implicada por las autoridades predecesoras:
la Policía Nacional que la capturó en flagrancia, la Fiscalía que abrió y cerró la
investigación con acusación formal, así como del juzgado 65 Penal Municipal de
conocimiento que adelantó la etapa inicial del juicio en contra de la procesada sin
novedades.

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26. Por otro lado, afirmó que la providencia censurada también incurrió en
defecto fáctico, comoquiera que el accionado tuvo por acreditado, sin ninguna
evidencia, que al momento de proferir la sentencia en 2008 existían «dudas acerca
de la identificación e individualización» de la procesada, por lo que la accionante
debió despejarlas realizando personalmente las pruebas pertinentes; sin embargo,
esta afirmación (i) no estaba respaldada en ninguna prueba del proceso y (ii)) era
contraria a la realidad fáctica probada de que la suplantación estuvo oculta para
todos los operadores judiciales durante 12 años.

27. De igual forma, aseveró que se configuró la causal de defecto procedimental
absoluto, comoquiera que el proveído cuestionado (i) no reconoció personería al
doctor Sanabria Valdés apoderado de la accionada, (ii)) no mencionó el escrito de
oposición radicado el 9 de septiembre de 2025, ni valoró los argumentos allí
expuestos, (iii) afirmó expresamente que «los sujetos procesales no se
pronunciaron sobre el recurso de apelación», afirmación contraria a la realidad
demostrada con los registros de SAMAI.

Intervenciones1

28. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones judiciales
adelantadas en el proceso ordinario, manifestó que la acción de tutela no acreditó
el requisito general de relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por la
parte actora es reabrir el debate legal planteado y resuelto en el proceso ordinario.

29. En todo caso, indicó que no se configuraron los defectos alegados, toda vez
que, a pesar del deber establecido en el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, esto
es, la obligación del juez penal de identificar plenamente a quien va a condenar, en
este asunto la juzgadora (hoy accionante) se remitió a la individualización realizada
por la Fiscalía General de la Nación con ocasión de la captura de la mujer que se
identificó como Claribel Ñustes Torres y a los datos que venían siendo utilizados
desde la fase investigativa, sin que se evidencie la adopción de medidas adicionales
orientadas a corroborar la correspondencia entre dicha información y la identidad
real de la persona sometida a juzgamiento.

30. Precisó que la función de descongestión no se limitaba a proferir sentencia,
pues el Acuerdo No. PSAA08-4877 del 11 de junio de 2008, creo unos juzgados
penales de descongestión, entre ellos, el Juzgado 10 Penal Municipal de
Descongestión de Bogotá para el Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá, que
«conocerá de la sustanciación y fallo de 150 procesos que se encuentran en trámite
en el Juzgado al cual haya sido asignado, de manera tal que mensualmente falle 25
procesos». Por lo anterior, consideró que la afirmación de la accionante era
contraria al alcance del Acuerdo mediante el cual fue creado y a las obligaciones
establecidas por el legislador en el artículo 170 de la Ley 600 de 2000.

31. Esclareció que los argumentos expuestos en la sentencia reprochada no
suponen el reconocimiento del supuesto error inducido alegado por la accionante,

1
El 21 de mayo de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó a los Juzgados 38
y 60 Administrativo de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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sino la expresión de la acreditación del defecto en la verificación de la plena
identidad de la persona privada de la libertad, que posteriormente resultó
condenada, defecto que se presentó a lo largo del proceso penal. Añadió que fue
la acreditación de ese defecto por parte de ambas autoridades que, en la sentencia
se resolvió no condenar a la accionante al pago de la totalidad de la sentencia
condenatoria objeto de la repetición, sino al reembolso del porcentaje
correspondiente a la incidencia de su actuación en ella.

32. Sostuvo que no se incurrió en defecto procedimental absoluto, puesto que
no se apartó del procedimiento legalmente establecido, no pretermitió etapas
sustanciales y, además, tampoco invirtió la carga de la prueba, pues la parte actora
tenía el deber de acreditar los elementos que permitieran declarar la responsabilidad
de la demandada, carga que cumplió; al paso que la demandada tenía la carga de
aportar los elementos probatorios para desvirtuar tales requisitos, pero no lo logró.

33. Finalmente, señaló que la calificación de la conducta desplegada por la
señora Perea Henríquez se analizó a la luz de las presunciones contenidas en el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por lo que, para demostrar su configuración, la
Rama Judicial demostró los supuestos establecidos en la norma, y correspondía a
la accionante desvirtuarlas, pero ello no ocurrió. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo invocado.

34. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la presente
acción no cumplió con la exigencia general de subsidiariedad, puesto que la
accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial, tales como las
peticiones de adición y aclaración, la solicitud de nulidad procesal por indebida
notificación y el recurso extraordinario de revisión previsto en el CPACA. Además,
indicó que tampoco se acreditó la satisfacción del requisito de inmediatez,
comoquiera que la parte accionante «afirmó haber conocido la sentencia el 15 de
mayo de 2025», sin haber promovido alguna actuación inmediata ante el Tribunal
accionado.

35. En gracia de discusión, aseguró que tampoco se configuraron las causales
específicas invocadas, comoquiera que la corporación accionada podía declarar la
responsabilidad y negar la indemnización ante la falta de prueba suficiente de los
perjuicios; además, valoró razonadamente el material probatorio, no desconoció
ningún precedente jurisprudencial y no se acreditó irregularidad alguna en las
notificaciones o en el trámite procesal. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente
la acción de la referencia o, subsidiariamente, negar el amparo invocado, ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

36. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá remitió en enlace del proceso de
repetición, en cumplimiento de lo solicitado en el auto admisorio de la presente
acción. Sin embargo, el Juzgado 60 Administrativo del mismo circuito remitió copia
de un expediente que

Sentencia impugnada

37. El 16 de julio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia

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de la señora Evangelista Yira Perea Henríquez y, en consecuencia, dejó sin efectos
la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para, en su lugar, proferir una
nueva decisión en el proceso de repetición con radicado 11001-33-36-038-2020-
00183-01.

38. Para soportar la anterior decisión, aquella autoridad explicó que la
conclusión a la que arribó la autoridad judicial accionada, consistente en que el
artículo 170 de la Ley 600 de 2000 contiene un deber irrestricto para el servidor
judicial, de desplegar acciones tendientes a identificar plenamente al sujeto pasivo
de la decisión penal antes de dictar la sentencia y sin perjuicio de la individualización
que en su momento haya realizado la Fiscalía, no se acompasa con lo allí dispuesto,
dado que dicha norma exige al juez consignar la identidad o individualización del
procesado en la providencia, pero no le impone, en todos los casos, decretar
pruebas para verificarla, especialmente cuando durante la investigación y el
juzgamiento no existieron dudas sobre la identidad de la procesada.

39. Asimismo, precisó que la identificación correspondía principalmente a la
Fiscalía durante la etapa de instrucción, conforme al artículo 331 de la Ley 600 de
2000, y que no se acreditó que el juzgado hubiera advertido irregularidades o dudas
sobre la identidad de la procesada al momento de proferir la sentencia. Finalmente,
resaltó que los precedentes utilizados por el Tribunal correspondían a acciones de
reparación directa, cuyo estándar de responsabilidad difiere del exigido en la acción
de repetición, en la que debe acreditarse una infracción manifiesta e inexcusable
atribuible individualmente al agente estatal.

Impugnación

40. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que la
acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, pues los
reparos de la accionante están encaminados a controvertir la valoración probatoria
y las conclusiones jurídicas alcanzadas dentro del proceso de repetición, lo que no
permite convertir la tutela en una instancia o recurso adicional.

41. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que no se configuró la causal de defecto
sustantivo, pues la interpretación del artículo 170 de la Ley 600 de 2000 resultaba
razonable y fundada, y la decisión se soportó en una valoración integral, razonada
y conjunta del material probatorio. Asimismo, afirmó que no se acreditó el defecto
de desconocimiento del precedente, toda vez que la providencia examinó las
circunstancias del caso y determinó que la funcionaria judicial tenía mecanismos
jurídicos para verificar la identidad de la procesada, cuya omisión constituía una
conducta gravemente culposa.

42. Finalmente, indicó que la providencia cuestionada no adolece de defecto
procedimental, comoquiera que el proceso de repetición se adelantó observando
las etapas previstas en la Ley 1437 de 2011, se garantizaron las oportunidades para
intervenir, controvertir las pruebas, formular alegaciones y ejercer los mecanismos
de defensa, y no se acreditó que el supuesto reconocimiento tardío de la personería
del apoderado hubiera impedido el ejercicio del derecho de defensa o incidido en el

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03712-01
Demandante: Evangelista Yira Perea Henríquez

resultado del proceso. Por lo anterior solicitó revocar el fallo de primera instancia y,
en su lugar, declarar la improcedencia de la tutela o, en su defecto, negar el amparo
solicitado.

43. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial también
recurrió la decisión de primera instancia, al considerar que la providencia
cuestionada no incurrió en defecto sustantivo ni fáctico al aplicar el artículo 170 de
la Ley 600 de 2000, pues dicha norma imponía al juez penal la obligación de
individualizar e identificar debidamente al sujeto antes de proferir sentencia. Agregó
que la jurisprudencia exigía la plena individualización del sindicado y que el juez
penal debía corroborar la identidad de la persona a quien se imponía una condena.

44. Afirmó que la actuación omisiva del juez penal permitió que una persona
fuera capturada y privada de la libertad aproximadamente por un mes, pues
posteriormente se estableció que la persona capturada no correspondía con la
verdadera titular de la identificación. Por ello, consideró acreditada la falta de
diligencia y cuidado del juez al omitir verificar la plena identidad e individualización
de la persona contra quien profirió sentencia condenatoria.

45. Finalmente, sostuvo que no se configuró defecto fáctico pues la decisión
debía edificarse sobre un examen integral, objetivo y razonado de los medios de
convicción, y la individualización de la persona constituía una garantía sustancial
para impedir que la persecución penal recayera sobre una persona distinta. Por ello,
solicitó revocar la sentencia de tutela del 16 de julio de 2026 y denegar las
pretensiones de la tutela.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

46. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

47. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar el fallo proferido
el 16 de julio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la accionante. En esa medida, deberá definirse si la
providencia objeto de reproche incurrió en la causal de defecto sustantivo, por
interpretar de forma inadecuada el artículo 170 de la Ley 600 de 2000.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

48. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa
como pasiva, puesto que la accionante es la titular de las garantías constitucionales
que se invocan como vulneradas, y la Subsección B de la Sección Tercera del

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad judicial que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (2) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; (3) la acción de tutela se presentó el 13 de mayo de 2026, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la sentencia del 13 de febrero
de 2026; (4) la irregularidad procesal podría incidir en la decisión; (5) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.

49. Adicionalmente, contrario a lo manifestado por la autoridad judicial
recurrente, la controversia goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; así como los principios
de seguridad jurídica y buena fe; se argumentaron de forma adecuada los reparos,
los cuales fueron encuadrados en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente judicial, de ahí que lo pretendido por la parte actora no sea emplear
este mecanismo como una tercera instancia.

50. Asimismo, se repara en que la controversia no se limitó a cuestionar la
forma en que se interpretaron los artículos 170 y 322 de la Ley 600 de 2000, sino
que sostiene que dicha exégesis desconoció el alcance constitucional del debido
proceso al atribuirle una carga de verificación de la identidad de la procesada que,
según su postura, correspondía a la Fiscalía durante la etapa investigativa.
Asimismo, alegó que la decisión cuestionada se apartó de la jurisprudencia
constitucional relativa a los eventos de suplantación de identidad y error inducido,
circunstancia que, podría comprometer los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima. Por tanto, el desacuerdo de la accionante plantea una verdadera
discusión iusfundamental.

51. Así las cosas, en el mismo sentido que lo determinó el juez de primera
instancia, la acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia, razón
por la cual procederá a analizarse de fondo la controversia.

Análisis de la vulneración alegada: Estudio de los defectos

52. La Sala confirmará la decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual accedió al amparo solicitado por la accionante, al
haberse estructurado las causales de defecto sustantivo y fáctico, con base en las
razones que pasan a exponerse:

53. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en síntesis,
consideraron que la sentencia dictada el 20 de marzo de 2026 por la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en
defecto sustantivo, pues el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 no solo establece
requisitos formales de la sentencia, sino que también exige la plena identificación o
individualización de la persona procesada, lo que implica para el juez el deber de
verificar la identidad del destinatario de la decisión cuando existan circunstancias
que generen incertidumbre al respecto.

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54. Adicionalmente, alegaron la inexistencia de un defecto fáctico, al estimar
que las conclusiones alcanzadas en la sentencia se sustentaron en una valoración
integral, conjunta y razonada del material probatorio obrante en el expediente, sin
que se hubiera invertido la carga de la prueba ni dado por acreditados hechos
carentes de respaldo probatorio.

55. Pues bien, para determinar si los cargos formulados por los recurrentes
están llamados a prosperar, la Sala estima necesario analizar los argumentos en
que se apoyó el Tribunal accionado en la sentencia del 20 de marzo de 2026. Así,
se observa que aquella autoridad, indicó que el caso debía resolverse conforme a
la Ley 678 de 2001, vigente tanto para la época de los hechos que dieron origen al
reproche funcional (sentencia penal de 2008) como para la regulación sustancial del
juicio de repetición.

56. Explicó que la acción de repetición exige demostrar que la condena
patrimonial impuesta al Estado fue consecuencia de una conducta dolosa o
gravemente culposa del agente estatal. Para delimitar esos conceptos, recordó las
definiciones tradicionales del artículo 63 del Código Civil, pero destacó que la Ley
678 de 2001 incorporó una regulación especial sobre dolo y culpa grave aplicable
específicamente a la acción de repetición.

57. Sobre el particular, resaltó que el artículo 6.° de dicha Ley considera
gravemente culposa la conducta cuando el daño es consecuencia de una infracción
directa a la Constitución o a la ley, o de una omisión o extralimitación inexcusable
en el ejercicio de las funciones. Asimismo, recordó que esa norma contempla
presunciones de culpa grave por la violación manifiesta e inexcusable de normas
jurídicas, la carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada y la
omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error inexcusable.

58. Enfatizó que las anteriores presunciones son de naturaleza legal, por lo que
para su configuración la entidad demandante debe demostrar los supuestos
establecidos en la norma. En esa medida, la entidad demandante debía acreditar
los supuestos de hecho que las configuran, mientras que el demandado conservaba
la posibilidad de desvirtuarlas mediante prueba en contrario.

59. Así, expuso que la Rama Judicial aportó, de una parte, la sentencia
proferida el 30 de octubre de 2008 por la ahora accionante, en su condición de Juez
Décima Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, mediante la cual condenó a
Claribel Ñustes Torres a la pena principal de treinta y siete (37) meses de prisión
como coautora del delito de hurto calificado y agravado. De otra parte, allegó la
sentencia dictada por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Bogotá dentro del
proceso de reparación directa promovido por la señora Ñustes Torres con ocasión
de su privación injusta de la libertad, en la que se condenó a la Nación – Rama
Judicial al pago de una indemnización, desembolso que constituye el fundamento
de la acción de repetición objeto del proceso cuestionado.

60. Dentro del trámite de ejecución de la condena se aportó una solicitud
presentada por la apoderada de Claribel Ñustes Torres para que se practicara un

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cotejo decadactilar, al considerar que la identificación realizada en el proceso penal
no correspondía a su representada. En respuesta, el Juzgado 1° de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión ordenó la práctica de un estudio
lofoscópico, cuyo resultado estableció que las huellas asociadas a la persona
condenada no coincidían con las registradas en la Registraduría a nombre de
Claribel Ñustes Torres y que correspondían a una persona distinta. Con fundamento
en ese dictamen pericial, la autoridad judicial precitada concluyó que la condenada
no era la verdadera Claribel Ñustes Torres y, en consecuencia, dispuso su libertad
inmediata.

61. Precisó que la conducta punible por la que fue procesada la señora Claribel
Ñustes Torres fue cometida el 23 de septiembre de 2001, es decir, en vigencia de
la Ley 600 de 2000. Explicó que la controversia se originó por la captura en
flagrancia, el 23 de septiembre de 2001, de una mujer que se identificó como
Claribel Ñustes Torres por la presunta comisión del delito de hurto calificado y
agravado. A partir de ello, la Fiscalía adelantó la investigación penal, etapa en la
que, conforme a la Ley 600 de 2000, correspondía individualizar e identificar a los
autores o partícipes de la conducta punible, vincularlos formalmente al proceso y
recaudar las pruebas necesarias para sustentar la acusación. Posteriormente, la
Fiscalía profirió resolución de acusación contra la sindicada y el asunto pasó a la
fase de juzgamiento.

62. Sobre el particular, destacó que el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 exige
que toda sentencia contenga la identidad o individualización del procesado y que la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
establece de forma pacífica que para proferir el fallo y evitar problemas de
homonimia o suplantación, es preciso individualizar o identificar de forma
inequívoca a los partícipes del hecho delictivo.

63. En ese sentido, afirmó que bajo la Ley 600 de 2000, la labor de verificación
de la identidad e individualización del imputado corresponde, de manera principal,
a la Fiscalía General de la Nación en las etapas de investigación previa instrucción;
sin embargo, la jurisprudencia administrativa ha precisado que dicha garantía no se
agota en la fase investigativa, sino que se proyecta a lo largo de todo el proceso
penal.

64. Así, indicó que los jueces de conocimiento y, en su caso, los funcionarios
encargados de la ejecución de la condena, en ejercicio de la función jurisdiccional y
bajo el principio de libertad probatoria, cuentan con facultades y sobre todo en
escenarios de afectación de derechos fundamentales como la libertad personal, con
un deber reforzado para adoptar medidas orientadas a esclarecer la identidad de la
persona sometida al proceso.

65. Así las cosas, consideró que el daño sufrido por Claribel Ñustes Torres era
imputable a la Rama Judicial, pues la privación de su libertad se fundamentó en una
decisión judicial que dio por válida una identificación que debía haber sido verificada
de manera suficiente. En ese sentido, señaló que la sentencia condenatoria se limitó
a acoger la individualización realizada por la Fiscalía y los datos utilizados desde la
etapa investigativa, sin adelantar actuaciones adicionales para confirmar que la
persona juzgada correspondía realmente a la titular de la cédula de ciudadanía

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indicada, pese a la relevancia de esa verificación para garantizar el debido proceso
y la libertad personal.

66. Por tanto, consideró que la providencia penal asumió como suficientes los
elementos de identificación incorporados desde el inicio de la actuación, sin que
mediara un cotejo posterior que permitiera descartar una posible suplantación,
incumpliendo así la carga que le impuso el artículo 170 de la Ley 600 de 2000, según
el cual en sentencia condenatoria, el juez de conocimiento deberá identificar e
individualizar plenamente al procesado. Asimismo, destacó que el cotejo
decadactilar que permitió establecer la verdadera identidad de la afectada solo se
practicó años después, a solicitud de su apoderada durante la etapa de ejecución
de la pena, lo que evidenciaba la ausencia de actuaciones orientadas a corroborar
la información suministrada inicialmente por la Fiscalía.

67. Esclareció que, aunque varios declarantes coincidieron en afirmar que el
proceso fue remitido al Juzgado 10 Penal Municipal de Descongestión en estado de
fallo y que la verificación de la identidad correspondía exclusivamente a la Fiscalía
durante la etapa investigativa, dicha postura no era compatible con las
competencias asignadas a ese despacho.

68. Sobre el particular, señaló que el Acuerdo PSAA08-4877 de 2008 no
limitaba su actuación a dictar sentencia, sino que también le otorgaba la facultad de
sustanciar los procesos remitidos por el Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá, lo
que incluía la adopción de actuaciones necesarias para impulsar el trámite. Por lo
anterior, concluyó que no era válido sostener que dicho acuerdo le impedía decretar
pruebas, pues ninguna disposición de inferior jerarquía podía relevar al juez del
deber previsto en el artículo 170 de la Ley 600 de 2000 de verificar e identificar
plenamente a la persona procesada antes de proferir una sentencia condenatoria.

69. Precisó que la competencia para proferir sentencia implicaba verificar que
estuvieran acreditados todos los presupuestos necesarios para condenar, incluida
la correcta identificación e individualización de la persona procesada, dada la
incidencia de la decisión en el derecho fundamental a la libertad. En ese sentido,
aunque reconoció que la Fiscalía incumplió su deber de identificación durante la
fase investigativa al proferir la resolución de acusación sin comprobar
adecuadamente la identidad de la capturada, consideró que dicha circunstancia no
eximía a la jueza de conocimiento de corroborar ese aspecto antes de emitir la
sentencia condenatoria.

70. Por tanto, concluyó que la señora Evangelista Yira Perea Henríquez, en su
calidad de Juez 10 Penal Municipal de Descongestión de Bogotá, no desplegó
actuaciones orientadas a verificar la plena identidad de la persona condenada,
incumpliendo la normativa procesal penal vigente. Tal omisión configuró una
actuación gravemente culposa, en los términos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001,
por la vulneración manifiesta e inexcusable de normas jurídicas y de las garantías
del debido proceso.

71. Pues bien, analizado el razonamiento efectuado por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se advierte que
aquella autoridad estructuró la culpa grave atribuida a la entonces jueza penal a

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partir de una interpretación del artículo 170 de la Ley 600 de 2000, conforme a la
cual esta disposición imponía al funcionario judicial el deber de adelantar
actuaciones adicionales dirigidas a verificar la identidad del procesado antes de
proferir sentencia.

72. Al respecto, se precisa que el referido artículo dispone lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 170. REDACCIÓN DE LA SENTENCIA. Toda sentencia contendrá:

1. Un resumen de los hechos investigados.
2. La identidad o individualización del procesado.
3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la
decisión.
5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.
6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios, en los eventos
que proceda.
7. La condena a las penas principal o sustitutiva y accesorias que correspondan, o la
absolución.
8. La condena en concreto al pago de perjuicios, si a ello hubiere lugar.
9. Si fueran procedentes los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.
10. Los recursos que proceden contra ella. (Negrilla fuera de texto) […]».

73. Sin embargo, dicha interpretación no se desprende del contenido de la
norma, que establece, entre los requisitos de la sentencia, la obligación de
consignar la identidad o individualización del procesado, sin imponer, como regla
general, el deber de decretar pruebas o realizar indagaciones adicionales para
corroborar la información suministrada durante la actuación penal.

74. En esa medida, tal y como lo determinó el fallador de primera instancia, la
existencia de un deber de esclarecimiento por parte del juez únicamente podría
predicarse cuando, durante el trámite penal, surgiera alguna circunstancia que
generara dudas sobre la identidad del procesado y que, por tanto, hiciera necesaria
la adopción de medidas encaminadas a despejarlas. No obstante, en el caso
analizado no se acreditó que, al momento en que la entonces jueza profirió la
sentencia condenatoria, existiera alguna circunstancia que permitiera advertir una
inconsistencia en la identificación de la procesada, pues la controversia sobre su
identidad surgió años después, durante la etapa de ejecución de la pena.

75. Aunado a lo expuesto, la Sala advierte que, de acuerdo con lo dispuesto,
en el artículo 331 de la Ley 600 de 2000 la etapa de instrucción tiene como finalidad,
entre otros aspectos, el determinar «[q]uién o quiénes son los autores o partícipes
de la conducta punible», de manera que la obligación de individualizar al procesado
no constituye una carga concurrente entre la Fiscalía y el juez de conocimiento,
pues dicha labor se encuentra primordialmente atribuida al ente investigador
durante la fase instructiva.

76. Esta conclusión adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la
responsabilidad examinada dentro del proceso de repetición no podía derivarse
simplemente de la existencia objetiva de una irregularidad relacionada con la
identificación de la persona condenada, pues para que procediera la imputación a
la agente estatal era necesario acreditar una conducta dolosa o gravemente culposa
atribuible personalmente a esta, de conformidad con el régimen propio de la acción
de repetición.

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77. Adicionalmente, para la Sala también se estructuró la causal de defecto
fáctico, toda vez que la imputación de culpa grave se edificó sobre la premisa de
que, al momento de proferirse la sentencia condenatoria, existían dudas acerca de
la identidad de la procesada. Sin embargo, de acuerdo con los elementos
analizados, dicha circunstancia no se encontraba acreditada para ese momento
procesa, por el contrario, la controversia sobre la identidad de la persona condenada
fue planteada con posterioridad, circunstancia que impedía atribuir
retrospectivamente a la entonces jueza un conocimiento o una duda que no se
encontraba demostrada al momento de adoptar la decisión.

78. Al respecto, se destaca que el Juzgado 38 Administrativo del Circuito de
Bogotá, al resolver en primera instancia el proceso de repetición, advirtió que la
parte demandante no demostró que en el proceso penal existiera información que
generara duda sobre la identificación de la procesada. Incluso, señaló que la Rama
Judicial no allegó copia del expediente penal tramitado contra Claribel Ñustes
Torres, circunstancia que, a su juicio, impedía verificar que la agente estatal hubiera
actuado con falta de cuidado, diligencia y eficacia al analizar la información
suministrada por las autoridades que habían intervenido previamente en las
diligencias.

79. Aunado a ello, se suma que en el proceso de repetición se recibió el
testimonio de Jaime Humberto Carvajal Caballero, quien se desempeñaba como
secretario del Juzgado 65 Penal Municipal de Bogotá para la época en que se
remitieron los procesos al despacho de descongestión para proferir las sentencias
de los procesos que le eran asignados, los cuales ya se encontraban en estado de
fallo, pues las etapas preliminares y de instrucción habían sido surtidas
previamente, de las cuales, se insiste en el presente asunto no acreditó que existiera
alguna circunstancia que generara duda sobre la identidad de la señora Ñustes
Torres y, en esa medida, fuera necesaria una verificación adicional a cargo de la
entonces juez de descongestión.

80. Así, la conclusión del Tribunal accionado acerca de la configuración de la
culpa grave no se sustentó en una valoración que permitiera establecer que la
funcionaria hubiera desatendido un deber funcional concreto que le fuera exigible
en las circunstancias particulares del proceso penal, por lo que sola constatación
posterior de que la persona condenada no correspondía con quien realmente había
cometido el delito no permitía, por sí misma, establecer que la jueza hubiera actuado
con culpa grave al momento de proferir la sentencia.

81. En suma, al encontrarse acreditado que la providencia cuestionada edificó
la responsabilidad de la agente estatal a partir de una interpretación que extendió el
alcance del artículo 170 de la Ley 600 de 2000 y de una premisa fáctica que no se
encontraba demostrada, esto es, la existencia de dudas sobre la identidad de la
procesada al momento de proferirse la sentencia, la Sala considera, en el mismo
sentido que lo hizo el juez de primera instancia, que se configuraron los defectos
sustantivo y fáctico.

82. Por tanto, se confirmará la sentencia dictada el 16 de julio de 2026 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos

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fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de julio de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
señora Evangelista Yira Perea Henríquez, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Magistrado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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