Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03722-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03722-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 11 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Luz Gladys Guaca Yela, por conducto de apoderada judicial, promovió acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a los principios mínimos laborales previstos
en el artículo 53 de la Constitución Política.
La solicitud se formuló con ocasión de la sentencia de 26 de noviembre de 2025,
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 76001-23-33-002-2019-00160-01, mediante la cual
se declaró probada la excepción de prescripción respecto del retroactivo salarial
reclamado por concepto de homologación y nivelación salarial.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:
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Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?
guid=760012333000202100037007600123
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
2.1. La señora Luz Gladys Guaca Yela fue nombrada por el departamento del Valle del
Cauca en el cargo de secretaria, código 540, grado 6, para laborar en el Instituto
Técnico Industrial Humberto Raffo Rivera de Palmira, cargo del que tomó posesión el
11 de febrero de 2002. Posteriormente, el municipio de Palmira adelantó el proceso de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo y la
incorporó al cargo de secretaria, código 440, grado 7.
2.2. La actora afirmó que el acta de posesión núm. 1151.1.5.0167 de 2014 reconoció,
para efectos de pago, el retroactivo derivado del proceso de homologación y
nivelación salarial causado entre el 1.º de enero de 2003 y el 31 de marzo de 2014.
Con fundamento en ello, presentó varias solicitudes ante el municipio de Palmira, la
Secretaría de Educación Municipal, el Departamento del Valle del Cauca y el
Ministerio de Educación Nacional, orientadas al reconocimiento, liquidación,
indexación y pago de dicho retroactivo.
2.3. El 19 de septiembre y el 2 de octubre de 2018, Guaca Yela elevó nuevas
peticiones ante la Secretaría de Educación del municipio de Palmira, con el fin de
obtener el pago del retroactivo reclamado. Dichas solicitudes fueron resueltas
mediante los oficios núms. 1151.5.158 de 26 de septiembre de 2018 y 1151.5.181 de
24 de octubre del mismo año.
2.4. En virtud de lo anterior, la señora Guaca Yela promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Palmira, con el fin de obtener la nulidad de los referidos oficios. A título de
restablecimiento, solicitó el reconocimiento, indexación y pago del retroactivo causado
entre el 1.º de enero de 2003 y el 31 de marzo de 2014.
2.5. Mediante sentencia anticipada del 29 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones. Declaró no probadas
las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y prescripción, anuló
los actos demandados y ordenó al municipio de Palmira expedir el acto administrativo
que liquidara y reconociera el retroactivo reclamado. Para ello, concluyó que el acta de
posesión de 2014 reconoció el retroactivo derivado de la homologación y nivelación
salarial, sin que la entidad territorial hubiera acreditado su pago.
2.6. El municipio de Palmira interpuso recurso de apelación. Sostuvo que no estaba
llamado a responder por el pago del retroactivo, pues las obligaciones derivadas de la
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo
debían financiarse con recursos del Sistema General de Participaciones, previa
validación del Ministerio de Educación Nacional.
2.7. Mediante sentencia de 26 de noviembre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, confirmó parcialmente la decisión de primera
instancia. Declaró probada la excepción de prescripción respecto del retroactivo
salarial, al considerar que la reclamación administrativa que dio lugar al acto
demandado fue presentada el 2 de octubre de 2018, esto es, por fuera del término
trienal previsto para reclamar derechos laborales. No obstante, ordenó el pago de las
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
diferencias en aportes pensionales causadas entre el 1.º de enero de 2003 y el 31 de
marzo de 2014, y revocó la condena en costas.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y de los principios mínimos
laborales previstos en el artículo 53 de la Constitución Política. En consecuencia, pidió
dejar sin efectos la sentencia de 26 de noviembre de 2025, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró probada la excepción de
prescripción del retroactivo salarial reclamado.
Asimismo, solicitó ordenar la emisión de una nueva providencia que niegue dicha
excepción y disponga la liquidación, indexación y pago del retroactivo reconocido en el
Acta de Posesión núm. 1151.1.5.0167 de 2014, por el periodo comprendido entre el
1.º de enero de 2003 y el 31 de marzo de 2014. Subsidiariamente, pidió remitir el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, la parte actora sostuvo que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció el
precedente horizontal y vulneró sus derechos a la igualdad, seguridad jurídica,
confianza legítima, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Afirmó que la sentencia de 26 de noviembre de 2025 se apartó, sin justificación
suficiente, de la decisión proferida el 17 de noviembre de 2022 por la misma
Subsección, en la que, según indicó, se analizó un caso fáctica y jurídicamente
semejante relacionado con la prescripción del retroactivo derivado de procesos de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo.
Adujo que en ambos asuntos la administración reconoció el pago de un retroactivo, no
efectuó el desembolso y generó en los servidores una expectativa legítima de pago.
En su criterio, la autoridad judicial accionada debió aplicar las reglas sobre renuncia
tácita de la prescripción, buena fe, confianza legítima, protección del salario,
favorabilidad e irrenunciabilidad de derechos laborales.
3.3. También alegó la configuración de un defecto sustantivo, por considerar que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicó de manera
mecánica el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969. Señaló que no podía declararse la prescripción del retroactivo cuando, a su
juicio, el municipio de Palmira creó y mantuvo los obstáculos administrativos que
impidieron materializar el pago.
3.4. Finalmente, afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en violación directa de la
Constitución, porque desconoció los derechos al trabajo en condiciones dignas y
justas, a la seguridad social, a la buena fe y los principios mínimos laborales. Sostuvo
que la declaratoria de prescripción premió la omisión de la entidad territorial y afectó el
contenido material del derecho salarial previamente reconocido.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 15 de mayo de 20262, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, negó la medida provisional
solicitada, reconoció personería a la abogada Ana Milena Rivera Sánchez para actuar
como apoderada de la accionante, conforme al poder allegado al expediente. También
notificó como terceros interesados al municipio de Palmira, al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y a la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado.
4.2. La Sección Segunda del Consejo de Estado 3 remitió el enlace de acceso al
expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 76001-23-33-002-2019-00160-00/01 (3047-2024),
promovido por Luz Gladys Guaca Yela, sin embargo, guardó silencio respecto de la
solicitud de tutela.
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 también remitió el enlace de
acceso al expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento.
4.4. La Procuraduría General de la Nación5, solicitó negar el amparo. Señaló que,
frente al presunto desconocimiento del precedente horizontal, la sentencia de 17 de
noviembre de 2022 no resultaba aplicable, porque en ese asunto existía un acto
administrativo individual, definitivo y en firme que reconocía y liquidaba el retroactivo,
mientras que en el caso de Luz Gladys Guaca Yela no se allegaron ni controvirtieron
judicialmente los actos administrativos que respondieron las reclamaciones previas.
Por ello, estimó que no existía identidad fáctica y jurídica entre ambos casos.
En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, aplicó normas pertinentes sobre prescripción trienal de
derechos laborales, en particular el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969. Agregó que la decisión distinguió razonablemente
entre el retroactivo salarial, sujeto a prescripción, y los aportes pensionales,
imprescriptibles por su relación con el derecho a la seguridad social.
La Procuraduría también descartó la contradicción interna alegada, al precisar que la
legitimación en la causa por pasiva y la prescripción son categorías jurídicas distintas.
Finalmente, sostuvo que no se configuró violación directa de la Constitución, pues la
aplicación del régimen legal de prescripción no desconoce, por sí sola, los derechos al
trabajo, seguridad social, buena fe ni los principios mínimos laborales. Por tanto,
concluyó que la providencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados.
2
Índice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
E96D6F395268FCEE 00239D4B3E5BA101 9EB62436CFDC3A85 D72B91A03B1BF87C.
3
Índice 00011 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia con certificado núm.
528C9AE003E8BBBE B77A4E06308B303E 3B6EC75788A691DF 076929F68791A43A.
4
Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
BCD4B880E0567804 C476E5A2A73706FE A5343E148DEE2C82 F8D5834172AB19B9.
5
Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
59816FB0B9CB4F0D FA0C8E232AAEE98F ACB8F87666A82E87 16EB2642693AC056.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
4.5. El municipio de Palmira, Valle del Cauca6, solicitó su desvinculación de la
acción de tutela. Señaló que la señora Luz Gladys Guaca Yela promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra esa entidad, con el fin de
obtener la nulidad de los oficios núms. 1151.5.158 de 26 de septiembre de 2018 y
1151.5.181 de 24 de octubre del mismo año, mediante los cuales la Secretaría de
Educación Municipal le negó la liquidación y pago del retroactivo reconocido en el Acta
de Posesión núm. 1151.1.5.0167 de 2014, por concepto de homologación y nivelación
salarial prevista en el Decreto 1273 de 2008.
Indicó que, mediante sentencia del 29 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda. Agregó que esa
decisión fue apelada por el municipio de Palmira y que, mediante fallo de 26 de
noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, la
confirmó parcialmente, declaró probada la excepción de prescripción, condenó al
pago de las diferencias en aportes pensionales causadas entre el 1.º de enero de 2003
y el 31 de marzo de 2014, revocó la condena en costas y ordenó efectuar las
anotaciones correspondientes en SAMAI.
Finalmente, sostuvo que no tiene injerencia en los reparos formulados contra la
sentencia de segunda instancia y que se encuentra adelantando las actuaciones
necesarias para cumplir lo ordenado por el Consejo de Estado. Por ello, solicitó su
desvinculación del trámite constitucional.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de junio de 20267 la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. En su análisis, la Sala concluyó que
la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedencia contra
providencias judiciales, pues la decisión cuestionada carecía de recursos ordinarios y
extraordinarios, la solicitud fue presentada dentro de un término razonable, la parte
actora identificó los hechos y derechos presuntamente vulnerados, y el asunto tenía
relevancia constitucional.
Al estudiar el fondo, la Sala descartó la configuración del defecto sustantivo alegado.
Señaló que la sentencia de 26 de noviembre de 2025 se fundó en una interpretación
razonable de las normas que regulan la prescripción de los derechos laborales de los
empleados públicos, en particular el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969. Además, precisó que la autoridad judicial accionada
examinó las reclamaciones administrativas presentadas por la demandante y
concluyó que, pese a ellas, no acudió oportunamente a la jurisdicción para reclamar el
pago del retroactivo salarial.
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Índice 00017 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
5677A3E7CF5DC939 73A536A751C588C3 ADE181A4B2DE5F15 254D799A7F8BE635.
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Índice 00019 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
4BE81DB426173DB2 24FBCCE916435947 A6C9953F105BDA57 813BA79C6D46F04E.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
La Sala también indicó que la falta de constitución del encargo fiduciario no impedía el
ejercicio de la acción judicial, porque la actora conocía el derecho reclamado y
contaba con mecanismos administrativos y judiciales para exigir su satisfacción.
Agregó que la declaratoria de prescripción no desconocía los principios de buena fe ni
prohibición del abuso del derecho, sino que correspondía a una consecuencia prevista
por el legislador para garantizar la seguridad jurídica.
Frente al presunto desconocimiento del precedente, sostuvo que la sentencia del 17
de noviembre de 2022, invocada por la actora, no resultaba trasladable al caso
concreto. Explicó que esa providencia se sustentó en circunstancias particulares,
como la existencia de un acto administrativo de reconocimiento del retroactivo y
conductas concluyentes de la administración que permitían analizar la renuncia tácita
de la prescripción, elementos que no se acreditaron en el asunto de Luz Gladys Guaca
Yela.
En ese contexto, la Sala concluyó que la sentencia cuestionada no desconoció el
precedente judicial ni incurrió en los defectos alegados, pues se fundó en una
interpretación jurídicamente admisible del régimen aplicable y en las particularidades
del caso concreto. Por ello, negó el amparo solicitado.
6. Impugnación
La parte actora impugnó8 la sentencia de 11 de junio de 2026, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado contra la providencia de 26 de noviembre de 2025, que declaró prescrita la
acreencia reclamada por concepto de retroactivo salarial.
Sostuvo que la decisión impugnada desconoció el precedente horizontal, pues en el
expediente obraba el Acta de Posesión núm. 1151.1.5.0167 de 2014, en la que, según
afirmó, el municipio de Palmira reconoció el retroactivo causado entre el 1.º de enero
de 2003 y el 31 de marzo de 2014. Agregó que las actuaciones posteriores de la
entidad configuraban renuncia tácita de la prescripción, por lo que la autoridad judicial
debía aplicar o distinguir expresamente la sentencia de 17 de noviembre de 2022.
También alegó defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Indicó que la
falta de constitución del encargo fiduciario impedía materializar el pago del retroactivo
y que el municipio no podía beneficiarse de la prescripción derivada de su propia
omisión. Por ello, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, conceder el
amparo y dejar sin efectos la decisión de 26 de noviembre de 2025 en lo relativo a la
prescripción del retroactivo salarial. Subsidiariamente, pidió remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Índice 00023 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
7BEDA65A7F2DFEA6 E3025F54C0C927AB 4C73E657A73BFF5C 394FA50F0E83AD21.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, a través de auto del 3 de julio de 20269, concedió la impugnación interpuesta
por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Luz
Gladys Guaca Yela es la titular de las garantías constitucionales que afirma fueron
vulneradas, en su condición de demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 76001-23-33-002-
2019-00160-01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva pues la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad que
profirió la decisión que, según la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 11 de junio de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la parte accionante
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran
superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo
frente a los argumentos expuestos por la parte actora.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Índice 00025 del expediente digital de primera instancia, certificado B5A5255D76E62C61 82745547285B8B87
AEC6BBD44257E27D 1D88D46E383B8F77.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 2005 10 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,
que habilitan la interposición de la tutela11 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto12.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 13.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez
que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la
solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de
los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de
tutela
12
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a)
Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre
cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el
juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o
sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a
tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido
que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del
precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política,
cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo
4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
Accionante: Luz Gladys Guaca Yela
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii)
que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y
generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y
fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto15.
5. Caso concreto
15
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03722-01
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La Sala anuncia que modificará la decisión de primera instancia, porque la presente
acción constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por las
razones que se exponen a continuación:
5.1. Al analizar el escrito de tutela, se advierte que la actora argumentó que la
providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente horizontal,
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución. Afirmó que la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartó, sin justificación suficiente, de
la sentencia del 17 de noviembre de 2022, que, según indicó, resolvió un caso similar
sobre la prescripción de un retroactivo derivado de procesos de homologación y
nivelación salarial. En su criterio, ambos asuntos involucraban el reconocimiento de un
retroactivo cuyo pago no se efectuó, por lo que debieron aplicarse los principios de
buena fe, confianza legítima, favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos
laborales.
Asimismo, alegó un defecto sustantivo, al considerar que se aplicaron mecánicamente
las normas sobre prescripción, pese a que el municipio de Palmira habría generado
obstáculos administrativos que impidieron el pago del retroactivo.
Finalmente, sostuvo que se configuró una violación directa de la Constitución, al
desconocerse los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, a la seguridad
social y a la buena fe, así como los principios mínimos laborales.
5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Consejo de Estado-
Sección Segunda-Subsección B se advierte que, en la sentencia proferida el 26 de
noviembre de 2025, dicha autoridad arribó a la siguiente conclusión:
“40. De manera que, al analizar el caso particular de la demandante en lo que
respecta a la relación legal y reglamentaria que sostuvo con el municipio de
Palmira, se observa que la entidad territorial, de manera autónoma homologó el
empleo y reconoció un retroactivo entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de marzo de
2014, tal y como lo señaló en el acta del 1 de abril de 2014.
41. Esto en la medida en que para la fecha en mención y por mandato legal
desarrollado desde la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, el sector
educativo ya se encontraba descentralizado y a cargo de autoridades certificadas
como la demandada, al punto de que las competencias, atribuciones y
obligaciones patronales en lo que respecta a la administración de personal
docente y administrativo de las secretarías de educación, solo podían entenderse
consolidadas en cabeza de los distritos, departamentos y municipios como lo es
en este caso la parte apelante.
42. Por estas consideraciones, en lo atinente a la legitimación por pasiva, se
advierte la correspondencia entre los hechos y pretensiones de la demanda, el
acto administrativo cuestionado proferido por el municipio de Palmira y la
virtualidad fáctica y jurídica de este para ejercer el derecho de defensa en la
presente controversia como demandado, al punto de tener que responder por la
condena en razón de sus actuaciones y por su manifestación de omitir el pago del
retroactivo ya reconocido por en virtud de la homologación y nivelación salarial.
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43. Ahora bien, la prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los
derechos de origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el
momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el trabajador.
La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de
1969.
44. Así las cosas, se observa dentro del expediente que los periodos reclamados
van del 1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2014, no obstante, la petición sobre
la cual se reclama en sede judicial y que dio origen al acto administrativo
1151.5.181 del 24 de octubre de 2018, es del 2 de octubre de 2018, es decir,
transcurrieron más de 4 años sin que la demandante solicitara ante la
administración el pago de sus derechos, por lo que operó el fenómeno jurídico de
la prescripción. La Sala no desconoce que dentro del expediente obran varias
peticiones elevadas ante diferentes entidades en las que se solicitó el pago del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, sin embargo, además de que
los actos administrativos con los que se dio repuesta a ellas no fueron allegados al
proceso ni objeto de cuestionamiento en sede judicial, lo cierto es que luego de
tales reclamaciones, la demandante no acudió a la administración de justicia con
tal pretensión dentro de los 3 años siguientes, lo que implicó que se configurara el
fenómeno prescriptivo del derecho..
45. No obstante, no ocurre lo mismo respecto de los aportes pensionales, pues
tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se
relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad
social previsto en el artículo 48 superior44 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y
con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.
46. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del
riesgo de vejez del trabajador.
47. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-05 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se relacionan en
mayor media con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal. Por lo anterior, se ordenará el pago de dichos aportes sobre
todo el periodo reclamado”16.
5.3. Se advierte entonces que la autoridad judicial accionada explicó de manera
suficiente los motivos por los cuales (i) consideró que el municipio de Palmira estaba
legitimado por pasiva, al haber efectuado la homologación del empleo y reconocido un
retroactivo salarial correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de marzo de 2014; (ii) concluyó, con fundamento en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, que operó la
prescripción respecto del retroactivo salarial, dado que la demandante solo reclamó su
16
Índice 00012 del expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 76001-23-33-
002-2019-00160-01 en el aplicativo SAMAI, certificado F2B28EC5F72F695F 29B979DB2AA07399
DBCBBADF7C3F2FE9 3C8838C68D52347F.
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pago el 2 de octubre de 2018, cuando habían transcurrido más de tres años desde su
exigibilidad, sin que las reclamaciones anteriores hubieran impedido la configuración
del fenómeno prescriptivo; y (iii) distinguió los aportes pensionales del retroactivo
salarial, al considerar que aquellos no están sujetos a prescripción por tratarse de
obligaciones periódicas vinculadas al derecho fundamental a la seguridad social,
razón por la cual ordenó su pago durante todo el período reclamado.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el
juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de
manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se
requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter
arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan
al juez constitucional advertir tal vulneración17.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención
de lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados
y eleve su argumentación a rango constitucional.
5.4. En cuanto al cargo por desconocimiento del precedente, la Sala precisa que el
precedente18 se constituye en un pilar del Estado de Derecho, pues busca asegurar la
coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, a través de las decisiones
judiciales que sean razonablemente previsibles. Por su alcance, se constituye en una
herramienta de protección de los principios de la confianza legítima y la buena fe al
momento de resolver un caso sometido a su jurisdicción.
Adicionalmente, su origen radica en la autoridad judicial que lo crea, por lo que existen
dos clases de precedente a saber: el horizontal y el vertical. El primero, comprende
“aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo
operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos
sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro
de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de los
asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es
determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como
17
Sentencia SU-215 de 2022.
18
Sentencia SU 113/2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son
susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los
encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales
inferiores”19.
Según lo expuesto, y de la revisión de la jurisprudencia mencionada en el escrito de
tutela, se advierte que, si bien se trata de un pronunciamiento judicial que abordó una
situación similar a la de la tutela, este hecho por sí solo no permite concluir que
constituye precedente con fuerza vinculante y obligatoria de una sentencia de
unificación. Por tanto, no se puede atribuir que esta providencia compone un
precedente en el cual, el juez natural de la causa debió basar su estudio, dado que, no
existe una posición unificada frente al tema, por lo tanto, prevalece el principio de
autonomía judicial.
Sumado a lo anterior, la parte accionante no desarrolló un análisis metodológico y
comparativo que permitiera establecer la identidad jurídica entre esos fallos, así como
la inaplicación de alguna regla de unificación y la decisión aquí cuestionada.
El respeto al precedente exige no solo la referencia a decisiones previas, sino también
la exposición clara y estructurada de los puntos de coincidencia entre los casos
analizados, con el fin de demostrar que el fallo objeto de censura se apartó
injustificadamente de la jurisprudencia aplicable. En este caso, la falta de un estudio
detallado de los elementos de similitud impidió verificar si existía o no una
contradicción con el precedente alegado. Por lo anterior, no se advirtió una carga
argumentativa suficiente que sustentara el cargo formulado, lo que imposibilita su
análisis de fondo en la presente decisión.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte actora está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que reitera argumentos
de índole legal y probatorio desarrollados en el marco del proceso ordinario, sin
esbozar las razones concretas por las cuales los derechos fundamentales invocados
fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que, como ya se dijo, la decisión censurada se sustenta en el
principio de autonomía judicial.
5.5. Pues bien, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un
carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho
constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza
residual y subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una
decisión proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante,
un nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
19
Ibid.
13
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Para el efecto, se reitera que el hecho de que la parte accionante no esté de acuerdo
con el análisis probatorio realizado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no habilita para que el juez constitucional interfiera en la
apreciación realizada por la autoridad judicial, en tanto, no se vislumbra que los
argumentos de la solicitud de amparo sean de carácter constitucional, sino que, se
insiste, pretenden reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez de instancia.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 20, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 21.
5.6. En consecuencia, la Sala procederá a modificar la decisión proferida en primera
instancia el 11 de junio de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para en su lugar, declarar la improcedencia de los cargos por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Luz Gladys Guaca Yela,
en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
20
SU-215 de 2022.
21
Ibid
14
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SAB
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