Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03725-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03725-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03725-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03725-01
Demandante: FILADELFO BASCO MANJARRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidio familiar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo de
12 de junio de 2026, por medio del cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Filadelfo Basco Manjarres, mediante escrito de 14 de mayo de 2026, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con lo
resuelto en la sentencia de 13 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Putumayo revocó el fallo de 5 de noviembre de 2024 en el que el
Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa accedió a las pretensiones
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 86001-33-33-
001-2023-00712-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica, igualdad y la prohibición
de regresividad de los derechos laborales, vulnerados por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Putumayo, a través de la Sentencia de Segunda Instancia
fechada 13 de noviembre de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado N° 86001333300120230071200.
2. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia fechada 13 de
noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Putumayo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
N° 86001333300120230071200.
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Demandante: Filadelfo Basco Manjarres
Demandado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03725-01
3. ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Putumayo, que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del
fallo, profiera la sentencia de segunda instancia, respetando mis derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad jurídica, igualdad y la prohibición de regresividad de los
derechos laborales, en los términos expuestos en el presente líbelo.1
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
El accionante se vinculó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto 1794 de 2000,
norma que contemplaba el pago de un subsidio familiar, con ocasión del matrimonio o
de la unión marital de hecho que fuera informada por parte de los soldados
profesionales.
Con el Decreto 3770 de 2009, se derogó el subsidio familiar para soldados
profesionales de que trataba el Decreto 1794 de 2000.
El 7 de febrero de 2012 contrajo matrimonio con Matilde Palacios Hernández, acto que
quedó registrado ante la Notaría Única de Orito (Putumayo).
Mediante el Decreto 1161 de 2014 el Gobierno Nacional creó nuevamente la
prestación, por lo que el actor pidió su reconocimiento. La administración, con orden
administrativa de 30 de diciembre de 2014, resolvió favorablemente lo requerido con
fundamento en dicha norma. Esta figura fue actualizada el 30 de diciembre de 2014 y
el 12 de junio de 2017, en virtud del nacimiento de sus hijos.
A causa de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, declarada por el Consejo de Estado
en sentencia de 8 de junio de 2017, el actor, solicitó, el 15 de septiembre de 2022, que
la prestación fuera reajustada de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
Por medio de respuesta de 4 de octubre de 2022 la administración negó lo solicitado.
En consecuencia, el señor Basco Manjarres acudió al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, proceso que fue asignado al Juzgado 1. ° Administrativo
del Circuito Judicial de Mocoa, autoridad que con sentencia de 5 de noviembre de 2024
accedió a las pretensiones de la demanda.
Inconforme, el Ejército Nacional apeló la decisión y, con fallo de 13 de noviembre de
2025, el Tribunal Administrativo del Putumayo revocó lo resuelto por su a quo.
Dicha corporación aseguró que la situación del actor ya había quedado consolidada
por cuanto no demandó los actos administrativos de 2014 y 2017, mediante los cuales
se reconoció la prestación con fundamento en el Decreto 1161 de 2014, por lo que no
le era aplicable el efecto retroactivo de la sentencia de 8 de junio de 2017.
1 Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el
acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
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1.4. Fundamentos de la solicitud
Para la parte actora, la autoridad acciona incurrió en un defecto sustantivo.
Señaló que con ocasión de la nulidad del Decreto 3770 de 2009, con efecto retroactivo,
era deber del Tribunal Administrativo del Putumayo verificar la aplicación del Decreto
1794 de 2000, para el caso del accionante.
Resaltó que su cambio de estado civil ocurrió mientras el Decreto 1794 de 2000 se
encontraba derogado, por lo que no le era posible discutir su aplicación antes de la
declaratoria de nulidad del acto general que lo derogó.
Cuestionó la tesis relativa a que la situación del señor Basco se encontraba
consolidada, puesto que ello desconoce que el motivo por el cual no pudo beneficiarse
del Decreto 1794 de 2000 fue su derogatoria, y que solo a partir de la sentencia de 8
de junio de 2017 tuvo certeza de que podía reclamar la aplicación de aquella norma.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 22 de mayo de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Primera de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo de Putumayo como autoridad accionada.
Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo a la Nación-Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado 1. ° Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Putumayo
La magistrada ponente de la decisión cuestionada defendió lo resuelto. Aseguró que
no es cierto que la situación del actor se hubiere consolidado con la decisión de la
administración de reconocer el subsidio familiar con fundamento en el Decreto 1161
de 2014, sino porque ese acto administrativo no fue controvertido oportunamente.
Afirmó que, si el actor estimaba que el reconocimiento de la prestación con la
mencionada norma contradecía lo dispuesto en el Decreto 1794 de 2000, debió
cuestionarlo ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo.
En consecuencia, estimó que la acción de tutela solo fue iniciada por un desacuerdo
del señor Basco Manjarres, sin que se evidencie algún defecto puntual por el cual
pueda proceder el amparo.
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1.6.2. Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
La apoderada de la entidad, afirmó que la situación del actor se encontraba
consolidada puesto que el subsidio familiar fue reconocido con la norma aplicable al
momento de su solicitud.
Aseguró que, el hecho que el Decreto 1794 de 2000 estuviera derogado no impedía
que el accionante solicitara el reconocimiento del subsidio familiar con base en esa
norma.
Manifestó que no existe un postulado normativo que contemple un régimen de
transición entre el Decreto 1794 de 2000 y el 1161 de 2014, en ese sentido, su
reconocimiento se debe realizar de acuerdo con la norma vigente al momento de la
solicitud.
Finalmente, concluyó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia y que lo solicitado por el actor resulta improcedente.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 12 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
estimó que no se superaba la relevancia constitucional, por cuanto:
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que la autoridad accionada interpretó incorrectamente los efectos ex tunc de la
sentencia de 8 de junio de 2017 proferida por el Consejo de Estado, circunstancia
que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural
de la causa judicial.
Lo anterior en razón a que el tribunal accionado en la sentencia acusada expuso
de manera razonada, coherente y fundamentada las razones jurídicas por las
cuales el accionante no tendría derecho al reconocimiento y pago del subsidio
familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto núm. 1794 de 2000,
sin que se advierta que dicho análisis fue arbitrario, irracional o vulnerador de
derechos fundamentales
A su juicio, los argumentos del accionante no denotan una vulneración a sus derechos
fundamentales, sino un mero desacuerdo con lo resuelto por el juez de instancia, por
lo que declaro la improcedencia de la acción de tutela.
1.8. Impugnación2
La parte accionante insistió en que no se encuentra ante una situación jurídica
consolidada, puesto que no se generó el fenómeno de la cosa juzgada respecto del
reconocimiento pensional con ocasión del Decreto 1794 de 2000, por lo que insistió en
su petición de amparo.
2 La sentencia de primera instancia se notificó el 23 de junio de 2026 y el actor la impugnó mediante
escrito del mismo día.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 12 de junio de 2026, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 12 de junio de 2026, a través de la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo.
Para resolver, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”9
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal13. (Resaltado de la Sala)
7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.
6
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Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos14 en los que incurrió la
decisión atacada.
Para esta Sala, la actual controversia no se limita a un debate meramente legal, sino
que trasciende a una esfera constitucional relativo a la norma aplicable para el
reconocimiento del subsidio familiar para casos como el que aquí se ventila, máxime,
cuando ha sido esta Sección la que ha mantenido un criterio uniforme, por vía de tutela,
respecto de la aplicación retroactiva del Decreto 1794 de 2000.
A su vez, se observa que la discusión planteada gira en torno a los efectos ex tunc de
la sentencia de 8 de junio de 2017, esto en cuanto a la reviviscencia o no del Decreto
1794 de 2000 para el caso particular del actor, respecto del cual, la autoridad
accionada negó su aplicación con fundamento en la tesis de la situación jurídica
consolidada, circunstancia que resulta de importancia constitucional, puesto que
puede implicar una decisión que desconoce una orden erga omnes contenida en una
sentencia proferida dentro de una acción de nulidad de un acto administrativo general.
Siendo así, se entiende superado el requisito de la relevancia constitucional, en tanto
que el debate gira en torno al debido reconocimiento de una prestación cuya finalidad
es brindar mayor sustento al núcleo familiar de los miembros de la fuerza pública de
menor rango, como son, los soldados profesionales y la argumentación realizada en
la solicitud de amparo tiene una marcada trascendencia en materia de derechos
fundamentales.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene
que contra la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en
segunda instancia no procede recurso ordinario alguno y, de los argumentos de la
parte actora, no se observa la posibilidad de ejercer los mecanismos de revisión o de
unificación de jurisprudencia, por lo que el requisito se encuentra acreditado.
2.4.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión evidencia que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez puesto la última sentencia cuestionada data del 13
de noviembre de 2025 y se notificó el día siguiente, por lo que, sin necesidad de
verificar su ejecutoria, es claro que la acción de tutela iniciada el 14 de mayo siguiente
fue oportuna.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516, para
14 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
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determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y,
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de fondo.
2.5. De las generalidades del defecto alegado
2.5.1. Referente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional17, ha
explicado que este se presenta cuando «la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica»18.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente19 o porque ha sido derogada20, es inexistente21,
inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador23.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma24.
c) La disposición aplicada es regresiva25 o contraria a la Constitución26.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición27.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma28 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101
del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
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Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un
defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.6. Caso concreto
En el presente asunto se tiene que el actor laboró como soldado profesional para el
Ejército Nacional y que contrajo matrimonio el 7 de febrero de 2012, como se observa
en el respectivo registro civil de matrimonio29, momento en el cual, no existía el
subsidio familiar de que trata el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por cuanto había
sido derogado por el Decreto 3770 de 2009, el cual fue publicado el 30 de septiembre
de ese año, en el Diario Oficial 47488.
No obstante, con la expedición del Decreto 1161 de 2014, publicado en el Diario Oficial
49193 de 25 de junio de 2014, se creó nuevamente aquella prestación, motivo por el
cual, mediante las órdenes administrativas de 30 de diciembre de 2014 y de 12 de
junio de 2017, se reconoció y actualizó a su favor el subsidio familiar.
Tras la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, dispuesta por el Consejo de
Estado en sentencia de 8 de junio de 2017, el señor Filadelfo Basco Manjarres solicitó
el reajuste del subsidio familiar que venía devengando en actividad, mediante petición
de 15 de septiembre de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1794 de
2000.
Una vez llevado el caso a esta jurisdicción, el Tribunal Administrativo de Putumayo
consideró que:
La Sala no desconoce que el cambio del estado civil del demandante tuvo lugar
con anterioridad a la vigencia del Decreto 1161 de 2014. Sin embargo, tampoco
se puede pasar alto que, como se dijo, la situación del actor quedó consolidada
al no cuestionar las Órdenes Administrativas de Personal Nos. 2442 del 30
de diciembre de 2014 y 1743 del 12 de julio de 2017.
Al consolidarse la situación jurídica, la nulidad del Decreto 3370 de 2009 con
efectos ex tunc no tiene incidencia en la situación particular del demandante. Esa
declaratoria de nulidad con efectos ex tunc tiene un alcance esencialmente
normativo. Implica que la norma anulada se entiende retirada del ordenamiento
desde su origen, como lo precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado, pero
no supone la reviviscencia automática de derechos individuales ni la invalidez de
actos administrativos expedidos válidamente bajo las disposiciones que rigieron
hasta la declaratoria de nulidad.
En esa medida, la decisión de nulidad no afecta situaciones jurídicas consolidadas
al amparo de normas posteriores —como el Decreto 1611 de 2014—, pues, de
aceptarse lo contrario, se desconocería el principio de seguridad jurídica y la
presunción de legalidad de los actos administrativos. Por tanto, la nulidad del
Decreto 3370 de 2009 no incide en la situación particular del actor. (Resaltado
fuera de texto)
En este punto, al confrontar la argumentación del Tribunal Administrativo de Putumayo,
las disposiciones legales y la explicación de la parte actora, para la Sala, sí se
configuran el defecto sustantivo, por cuanto la decisión se basó en una interpretación
29 Visible a partir de la imagen 129 de los anexos de la demanda.
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no sistemática de las normas aplicables y se fundó en una exigencia que contradice la
realidad jurídica en la que se encontraba el actor, como pasa a explicarse.
Como lo ha expuesto esta Sala en múltiples ocasiones30, la sentencia de 8 de junio de
2017, mediante la cual se anuló el Decreto 3770 de 2009 tuvo efectos ex tunc, esto
es, que su exclusión del ordenamiento jurídico opera como si dicha norma nunca
hubiera existido, lo que tiene como consecuencia, que el artículo 11 del Decreto 1794
de 2000 no solo retornara, sino que lo hiciera como si no hubiera sido derogado.
Por su parte, el restablecimiento de un derecho, cuando se ordena a través del medio
de control de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 implica, por regla
general31, la finalidad de volver las cosas al estado anterior, de ahí que se hable de
restablecimiento y no de reparación.
Ahora bien, en el presente caso, se tiene que el fundamento para que se negara la
aplicación del Decreto 1794 de 2000 al accionante es que, a juicio del Tribunal
Administrativo de Putumayo, el actor no controvirtió los actos administrativos de 30 de
diciembre de 2014 y de 12 de junio de 2017, con los que se reconoció la prestación
con fundamento en el Decreto 1161 de 2014, lo que calificó como una «situación
jurídica consolidada».
Sobre este punto, es importante recordar lo que implica una situación jurídica
consolidada, al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T – 121 de 2016, y
frente a los efectos ex tunc de las sentencias de nulidad del Consejo de Estado,
explicó:
2.2.5. En esa línea de pensamiento, se ha considerado que las situaciones jurídicas
consolidadas son aquellas que se “encuentran definidas en cuanto a sus
características jurídicas y sus efectos, al momento de entrar en vigencia una
disposición normativa, esto es, estas situaciones se encuentran en firme por
entenderse surtidas y, por tanto, no son objeto de las normas que entran a regir, a
contrario sensu, las no consolidadas son aquellas que no se han agotado y que son
en estricto sentido las pasibles de regulación por la nueva legislación”[20].
2.2.6. Bajo este entendido, las situaciones jurídicas no consolidadas son aquellas
que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse
ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contenciosa, por
consiguiente, las situaciones jurídicas consolidadas serán aquellas situaciones
subjetivas y particulares que ya han quedado en firme, o que han sido objeto de
pronunciamiento judicial, que ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Ahora bien, se tiene que el Tribunal Administrativo del Putumayo estimó que el
accionante debía exigir la aplicación del Decreto 1794 de 2000, mediante el ejercicio
de acciones judiciales contra los actos administrativos de 30 de diciembre de 2014 y
de 12 de junio de 2017. No obstante, esta exigencia está desconociendo que, para ese
momento, no existía un fundamento legal que le permitiera pedir la aplicación del
mencionado decreto, esto, por cuanto aquel se encontraba derogado.
30 Ver, entre otras, sentencia de 27 de octubre de 2021, proceso: 11001-03-15-000-2021-04441-01, m.
p. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencia de 2 de febrero de 2023, proceso 11001-03-15-000-2022-
06534-00, m. p. Luís Alberto Álvarez Parra.
31 Exclúyase de esta regla, aquellos casos en que el restablecimiento es materialmente imposible y debe
ordenarse en modalidad de indemnización.
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Nótese que la sentencia de 8 de junio de 2017 solo fue notificada hasta el 23 de junio
siguiente, esto es, con posterioridad a las mencionadas órdenes administrativas. En
ese sentido, es un contrasentido imponerle al señor Basco Manjarres que acudiera al
proceso judicial, con anterioridad a la providencia que revivió el Decreto 1794 de 2000.
Es claro que la base normativa que permitía al demandante pedir el reconocimiento
del subsidio familiar con el postulado del 2000, solo resurgió solo con el fallo de 2017.
De igual modo, tampoco se evidencia cumplida la figura de la situación jurídica
consolidada para el caso particular del actor. Debe tenerse en cuenta que, para que
dicho fenómeno se presente, es necesario que la cuestión traída a debate ya no sea
pasible de pronunciamiento administrativo o judicial.
Al respecto, es imperativo tener en consideración que los actos administrativos de 30
de diciembre de 2014 y de 12 de junio de 2017 no resolvieron sobre el reconocimiento
del subsidio familiar con ocasión del Decreto 1794 de 2000, sino que se limitaron a
pronunciarse con fundamento en el Decreto 1161 de 2014 y, a su vez, no se podía
exigir al accionante que pretendiera la nulidad de estos con fundamento en una norma,
para ese momento, inexistente.
Para que se pudiera hablar de una situación jurídica consolidada era necesario que se
demostrara que la aplicación o no del Decreto 1794 de 2000, para el caso particular y
concreto del accionante, ya había sido objeto de una decisión que impidiera reabrir el
debate judicial, lo cual no fue acreditado por parte de la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, aunque la solicitud se hubiera realizado en vigencia del Decreto
1161 de 2014, lo cierto es que el hecho constitutivo de la prestación se causó en
vigencia del Decreto 1794 de 2000, norma que al recuperar su vigor con ocasión de la
sentencia de 8 de junio de 2017 era la que debía ser aplicada al caso del señor
Filadelfo Basco Manjarres, esto en virtud de los efectos ex tunc de la mencionada
providencia.
A esta conclusión ya había llegado esta Sala en providencia de 27 de octubre de 2021,
así:
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual se
indica que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de
2014, toda vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se
dio con antelación a la fecha de expedición del mencionado decreto, esto es,
el 20 de marzo de 2013; por lo que la norma aplicable es el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, que se reitera recobró su vigencia con la declaratoria de
nulidad de la norma que lo había derogado.
En este punto, debe decirse que, si bien los jueces en la interpretación de las normas
son autónomos, también es cierto que en este caso lo que existió fue un
desconocimiento de los efectos ex tunc de la sentencia de 8 de junio de 2017, por
cuanto el Tribunal Administrativo de Putumayo alegó la existencia de una situación
jurídica consolidada, lo que llevó a descartar sin fundamento válido el Decreto 1794 de
2000, configurándose así el defecto sustantivo.
En consecuencia, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del señor
Filadelfo Basco Manjarres y, en consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia de 13
de noviembre de 2025 y ordenará al Tribunal Administrativo de Putumayo que, dentro
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de un término de 20 días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta
decisión, profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo con las consideraciones de
esta providencia.
Frente a los demás derechos fundamentales invocados por la parte accionante, se
evidencia que todos confluían en el debido proceso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de junio de 2026, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Filadelfo Basco Manjarres.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 13 de noviembre de 2025 dictada
por el Tribunal Administrativo de Putumayo, para que, dentro de un término de 20 días
contados a partir del día siguiente a la notificación de esta decisión, profiera una
sentencia de reemplazo de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(con salvamento de voto)
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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