RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03728-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03728-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03728-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR la acción de tutela que presentó el señor Carlos Eduardo Ricaurte Gallo, conforme a las consideraciones expuestas. Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 7 Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00 Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03728-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03728-00
Accionante: Carlos Eduardo Ricaurte Gallo
Accionado: Procuraduría General de la Nación, División de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad.

Tema: Derechos al habeas data, buen nombre y otros. Inhabilidad automática e
independiente del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019. NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Eduardo Ricaurte
Gallo, en nombre propio, en contra de la Procuraduría General de la Nación, División
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad.

ANTECEDENTES

El accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal, al
habeas data, al derecho al olvido, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra,
al buen nombre, al trabajo, a la libertad de profesión u oficio, a la salud y al mínimo
vital.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que fue capturado el 26 de agosto de 2014 y, el 24 de junio de 2016 el Juzgado
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Zipaquirá lo condenó a 16 años
de prisión y a una pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el mismo término, por el delito de acceso carnal abusivo con
menor de 14 años. Decisión que quedó ejecutoriada el 30 de agosto de 2017.

1

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

Que desde que fue capturado empezó a «descontar tanto la pena principal como la
pena accesoria de inhabilidad, pues la privación de la libertad conlleva la
imposibilidad material de ejercer derechos y funciones públicas».

Que el 20 de marzo de 2026, el Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá mediante Auto núm. 630 decretó la libertad del
actor por pena cumplida, con efectos jurídicos a partir del 8 de abril del año en curso.

Que el 28 de abril de 2026, el Juzgado remitió a la Procuraduría General de la
Nación, División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad el formato
SIGCMA (REG-GD-SI-002), en el cual se «CONCEDE LIBERTAD POR PENA
CUMPLIDA, DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA PENA ACCESORIA Y
CONSECUENTE REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS».

Que el 11 de mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación mediante Oficio
DRSCI-1330-JCDS decidió no atender la orden dada por el Juzgado, con
fundamento en que la inhabilidad accesoria permanecerá vigente hasta el 29 de
agosto de 2033.

Que la Procuraduría calculó la duración de la inhabilidad desde la ejecutoria de la
sentencia condenatoria, lo cual es erróneo e inconstitucional, teniendo en cuenta
que el actor estuvo privado de la libertad antes de que la sentencia quedara en
firme.

Que la Procuraduría mantiene vigente la Anotación núm. 201089179, la cual registra
una «INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS LEY 1952 DE
2019 ART. 42" con fecha de inicio 30 de agosto de 2017 y fecha de fin 29 de agosto
de 2033», que dicha información es falsa porque

«(i) la pena accesoria de 16 años de inhabilidad fue extinguida judicialmente por
el Auto 630 del Juzgado 32 desde el 8 de abril de 2026; (ii) el juez ordenó
expresamente la "consecuente rehabilitación de derechos y funciones públicas"
del accionante; (iii) el accionante tiene derecho a que su certificado de
antecedentes refleje su situación jurídica real, esto es, "SIN ANOTACIONES
VIGENTES" desde el 8 de abril de 2026».

PRETENSIONES

Pide que se amparen los derechos invocados y, en consecuencia, se ordene a la
Procuraduría General de la Nación i) inactivar de manera inmediata, definitiva y
permanente la anotación de inhabilidad del Registro SIRI núm. 201089179; ii)
cumplir el numeral tercero del Auto Interlocutorio núm. 630 proferido por el Juzgado
Treinta y Dos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y iii)
expedir y remitir a los correos electrónicos del accionante un certificado de
antecedentes con estado sin anotaciones vigentes.

2

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

Adicionalmente, solicita que se declare que la Procuraduría General de la Nación
es administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados al
accionante durante el tiempo en que ha permanecido activa la inhabilidad sin
sustento legal ni judicial.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 19 de mayo de 2026, se admitió la acción, se vinculó al Juzgado Treinta y Dos
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se negó la medida
provisional solicitada 1 y se ordenó notificar a las partes y vinculados.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Procuraduría General de la Nación precisó que la anotación que actualmente
está visible no corresponde a la pena accesoria que aduce el actor, sino a una
inhabilidad automática de origen legal, autónoma e independiente, derivada de los
presupuestos previstos en el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la
Ley 2094 de 2021.

El 27 de abril de 2026, la entidad registró el evento de extinción de la sanción penal
reportado por el Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, motivo por el cual la sanción penal principal y la pena
accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas no se
encuentran visibles ni públicas en el certificado ordinario de antecedentes del
accionante.

Expone que el actor confunde la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, impuesta dentro del proceso penal; y, la inhabilidad
automática para desempeñar cargos públicos, prevista por la ley como una
consecuencia autónoma derivada de una condena a pena privativa de la libertad
superior a cuatro años por delito doloso.

Por otro lado, pidió su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva, bajo el entendido que la autoridad encargada de atender la
solicitud del tutelante es la autoridad que impuso la sanción.

POSICIÓN DEL VINCULADO

El Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá guardó silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

1 La medida provisional solicitada se encaminaba a suspender una anotación de inhabilidad que registra la

Procuraduría General de la Nación en contra del actor, se negó bajo el argumento de que no resultaba oportuno
conceder la medida provisional, pues no se observaba una urgencia que impidiera esperar a la determinación
que se adoptará en esta acción.

3

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) registro de antecedentes y
certificación de antecedentes y iii) análisis del caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Registro de antecedentes y certificación de antecedentes

El artículo 277 de la Constitución Política prevé que son funciones de la
Procuraduría General de la Nación i) vigilar el cumplimiento de las decisiones
judiciales y los actos administrativos; ii) velar por el ejercicio diligente y eficiente de
las funciones administrativas; y, iii) ejercer la vigilancia de quienes desempeñen
funciones públicas.

El artículo 174 de la Ley 734 de 2002 dispone que la Procuraduría General de la
Nación es la encargada de registrar las sanciones penales y disciplinarias y de
expedir el certificado sobre antecedentes, tal y como lo contempla el artículo 1º de
la Ley 190 de 1995.

La Corte Constitucional 2 establece que el ente de control debe cumplir con los
principios que rigen la administración de datos personales

«(…) En relación con el derecho al hábeas data, la PGN tiene, entre otras, las
cargas de (i) manejar “información veraz, es decir, los datos deben
corresponder a situaciones reales y su contenido debe ser completo, exacto y
actualizado”, de acuerdo con el principio de veracidad, y (ii) garantizar “que el
titular del dato obtenga, en cualquier momento y sin restricciones, información
acerca de la existencia de la información que le concierna”, en virtud del
principio de transparencia».

Análisis del caso concreto

En síntesis, el señor Carlos Eduardo Ricaurte Gallo considera que la Procuraduría
General de la Nación le viola sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, a la vida, a la integridad personal, al habeas data,
al derecho al olvido, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra, al buen

2
T 239 de 2022.

4

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

nombre, al trabajo, a la libertad de profesión u oficio, a la salud y al mínimo vital, por
mantener vigente en el certificado de antecedentes una pena accesoria, a pesar de
que la pena principal impuesta en el proceso penal ya se extinguió.

De las pruebas que obran en el expediente la Sala observa lo siguiente:

• El 20 de marzo de 2026, el Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá concedió la libertad al actor por pena cumplida y
decretó la extinción de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas, por un lapso de dieciséis (16) años.

• El certificado de antecedentes proferido por la Procuraduría General de la Nación
con fecha del 28 de abril de 2026, indica que el actor tiene una inhabilidad para
desempeñar cargos públicos, de acuerdo con la Ley 1952 de 2019 artículo 42 y,
que está vigente hasta el 29 de agosto de 2033.

• El 29 de abril de 2026, el actor le solicitó a la Procuraduría General de la Nación
lo siguiente:

«(…) PRIMERO. PROCESAMIENTO URGENTE DEL FORMATO SIGCMA
DEL 28 DE ABRIL DE 2026: Procesar con carácter urgente y prioritario el
Formato SIGCMA (Código REG-GD-SI-002) remitido el 28 de abril de 2026 por
el Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C.,
(…) con la novedad de concesión de libertad por pena cumplida, extinción de la
pena accesoria y rehabilitación de derechos y funciones públicas (…)

SEGUNDO. ELIMINACIÓN DE LA INHABILIDAD AUTOMÁTICA – REGISTRO
SIRI No. 201089179: (…)

TERCERO. ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA SIRI: Reflejar en el
Sistema SIRI el estado jurídico real del suscrito (…) con estado «SIN
ANOTACIONES VIGENTES», efectivo desde el 8 de abril de 2026, (…)

CUARTO. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LIMPIO:
(…)

QUINTO. PRONUNCIAMIENTO MOTIVADO: En caso de que la Procuraduría
General de la Nación considere que la inhabilidad automática de la Ley 1952 de
2019 se mantiene con independencia de la extinción de la pena accesoria
decretada judicialmente, solicito pronunciamiento expreso y debidamente
motivado sobre la base jurídica de dicha posición, con indicación de los recursos
que proceden contra esa determinación».

• El 11 de mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación le contestó al actor
que el 27 de abril de 2026 la División de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilidad (DRSCI) registró el evento de extinción de la sanción penal reportado
por el Juzgado Treinta y Dos de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá; de ahí que la Anotación SIRI núm. 201089179 no es visible ni pública en el
certificado de antecedentes.

5

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

De igual forma, precisó que en el mismo Registro SIRI núm. 201089179 existe una
inhabilidad para desempeñar cargos públicos con ocasión de la condena impuesta
en el proceso penal con radicado 15238-61-03-134-2012-80364, la cual se genera
de manera automática e independiente, tal y como lo dispone el artículo 42 de la
Ley 1952 de 2015, modificada por la Ley 2094 de 2021.

Además, mencionó que la Corte constitucional en la sentencia T 239 de 2022,
estableció que los efectos de la extinción de la sanción penal son independientes
de la aplicación de la inhabilidad automática.

Es del caso traer a colación el artículo 42 de la Ley 1952 de 2015, modificada por la
Ley 2094 de 2021, el cual establece:

«ARTÍCULO 42. OTRAS INHABILIDADES. También constituyen inhabilidades
para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las
siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución
Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de
cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que
se trate de delito político.

Esta inhabilidad tendrá una duración igual al término de la pena privativa de la
libertad.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última
sanción.

3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción
disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de
esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma (…)». (negrilla
fuera de texto original)

Por su parte, la Corte constitucional en la Sentencia T 239 de 2022 señaló que «el
artículo 42.1 de la Ley 1952 de 2019 sustituyó el artículo 38.1 de la Ley 734 de
2002», ya que previó la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por haber sido
condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro (4) años, con similares
características.

De igual forma, la Corte precisó que la aplicación de la inhabilidad está sujeta a los
supuestos objetivos previstos por la ley y no a la declaratoria judicial de extinción de
las penas impuestas por el juez penal, en razón a que «el hecho objetivo que genera
la inhabilidad es “haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de
cuatro años”, que no ser destinatario de una sanción vigente impuesta por el juez
penal». También indicó que esta inhabilidad tiene enfoque preventivo y no
sancionatorio, relacionado con la garantía de los principios de la administración
pública.

6

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

La Sala encuentra que la Procuraduría General de la Nación dio cumplimiento a la
orden del juez de ejecución de penas de registrar la extinción de la pena accesoria
que se originó en el proceso 2012-80364 y de habilitar el ejercicio de derechos y
funciones públicas.

En ese orden, la inhabilidad que aparece en el certificado de antecedentes no
corresponde a la sanción impuesta en el proceso penal, sino que corresponde a la
inhabilidad automática que señala el artículo 42 de la Ley 1952 de 2015, modificada
por la Ley 2094 de 2021, la cual se materializó en este caso, dado que se satisfacen
los supuestos establecidos por el legislador, como lo son: i) fue condenado a una
pena privativa de la libertad de dieciséis (16) años; ii) por la comisión dolosa del
delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años; y, iii) por un delito
que no es de naturaleza política.

El actor alega que el conteo de la inhabilidad desde la ejecutoria de la sentencia
penal es erróneo, teniendo en cuenta que este fue capturado con anterioridad, sin
embargo, obsérvese que la norma establece de manera taxativa que esta
inhabilidad se cuenta a partir de la ejecutoria del fallo.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la decisión de la Procuraduría
General de la Nación de no eliminar y, por el contrario, mantener la inhabilidad para
desempeñar cargos públicos en el registro SIRI y en el certificado de antecedentes
no es arbitraria, sino que hace parte del deber que el asiste al ente de control de
cumplir la ley; persigue finalidades legítimas y; no es desproporcional dado que la
inhabilidad no restringe su acceso a empleos en el sector privado.

Frente a la pretensión de declarar patrimonialmente responsable a la Procuraduría
General de la Nación, por los perjuicios causados, es del caso precisar que esta
acción constitucional no es el mecanismo idóneo para resolver sobre dicha
pretensión.

En consecuencia, se negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la acción de tutela que presentó el señor Carlos Eduardo Ricaurte
Gallo, conforme a las consideraciones expuestas.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

7

Ra d ica do: 11 001 -03 -15 -00 0 -202 6 -0372 8 -00

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.