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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03732-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03732-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Ricardo Miguel Villa Valencia, por las razones dadas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por los motivos expuestos. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03732-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la decisión de segunda instancia mediante
la cual se confirmó la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda
en un asunto de nulidad y restablecimiento en el que se cuestionó un acto que le comunicó
la terminación de su nombramiento en provisionalidad.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Ricardo Miguel Villa
Valencia en contra del Tribunal Administrativo de Atlántico.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 13 de mayo de 2026, Ricardo Miguel Villa Valencia presentó una
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Atlántico, por la
aparente vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
expedición de la Sentencia de 17 de octubre de 20252, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-004-2024-00227-
01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SEGUNDA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del día 17 de
octubre de 2025, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
2 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 5 de noviembre de 2025.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el número único de radicación 08001-33-33-004-202300267-00.

TERCERO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C
que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera la providencia de reemplazo.

CUARTO. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren necesarias.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) Ricardo Miguel Villa Valencia fue nombrado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, mediante la Resolución No. 728 de 30 de agosto
de 2022, en el cargo de carrera administrativa de Registrador Municipal
Código 4035-05 de Suan (Atlántico), en la modalidad de “nombramiento
provisional discrecional”. Su posesión se produjo el 1 de septiembre de 2022
y luego fue objeto de nombramientos sucesivos en la modalidad de
“provisional discrecional” mediante las Resoluciones No. 930 de 2 de
noviembre de 2022, No. 30 de 2 de febrero de 2023, No. 141 de 3 de mayo
de 2023, No. 562 de 7 de noviembre de 2023, No. 632 de 1 de diciembre de
2023 y No. 60 de 6 de marzo de 2024.

5. 2) Mediante un Oficio de 14 de mayo de 2024, suscrito por la
Profesional Universitaria 3020-01 de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
se le comunicó la terminación de su nombramiento en provisionalidad, con
fundamento en que se había cumplido el término previsto en el acto de
nombramiento (Resolución No. 60 de 6 de marzo de 2024).

6. 3) Ricardo Miguel Villa Valencia presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Registraduría Nacional del
Estado Civil para obtener la nulidad del Oficio de 14 de mayo de 2024 y, a
título de restablecimiento del derecho, su reincorporación al mismo cargo o
a uno de mayor jerarquía, junto con el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro. Sostuvo que
el acto de retiro estaba viciado de nulidad por falta de motivación, porque
el vencimiento del término de la provisionalidad no constituía una causal
válida de retiro, y afirmó además que no existía una razón asociada al
servicio, como sanción disciplinaria, calificación insatisfactoria o provisión
definitiva del cargo por concurso de méritos.

7. 4) El asunto fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado 4
Administrativo de Barranquilla, el cual, en Sentencia de 31 de julio de 2025,
negó las pretensiones de la demanda tras advertir que (1) de conformidad
con el artículo 6 de la Ley 1350 de 2009, el cargo de Registrador Municipal
era de libre remoción y el actor no ostentaba derechos de carrera, ni

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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estabilidad reforzada, al haber sido nombrado en provisionalidad y (2) que,
en todo caso, el acto sí estaba motivado porque aludía al vencimiento del
nombramiento provisional, entendido como una situación objetiva.

8. 5) Contra esa decisión Ricardo Miguel Villa Valencia interpuso recurso
de apelación, en el cual señaló que la sentencia recurrida no tuvo en
cuenta la regla jurisprudencial contenida en las Sentencias de la Corte
Constitucional SU-917 de 2010, T-221 de 2014, SU-54 de 2015, T-407 de 2016 y
T-311 de 2024, respecto del deber de la administración de motivar los actos
administrativos mediante los que se declara insubsistente a un funcionario
que ha ocupado un cargo en provisionalidad.

9. En esa medida sostuvo que el vencimiento del término del
nombramiento en provisionalidad no era una razón válida para la
desvinculación y que, aun en empleos de carrera ocupados en
provisionalidad, la administración debía motivar el acto de retiro con
razones concretas relacionadas con el servicio.

10. 6) El Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante la Sentencia de 17
de octubre de 2025, confirmó la sentencia apelada. En su criterio, de
acuerdo con lo dispuesto en las Sentencias de la Corte Constitucional SU-
917 de 2010, T-407 de 2016, y la Sentencia del Consejo de Estado proferida
en el expediente No. 11001-03-15-000-2021-04265-01, la expiración del plazo
para el que fue nombrado el funcionario constituía una razón válida para
terminar el vínculo y el acto de retiro que invocaba esa circunstancia estaba
debidamente motivado, por lo que no había lugar a declarar la nulidad del
acto demandado.

11. 7) Contra la providencia de segunda instancia se presentó un recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con fundamento en el
aparente desconocimiento de la regla fijada en la Sentencia de Unificación
de 30 de agosto de 2022, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
en el expediente Rad. 11001-03-25-000-2017-00151-00.

12. 8) Mediante providencia de 21 de abril de 2026, el Tribunal
Administrativo de Atlántico rechazó el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, tras concluir que lo pretendido por el actor era que se
aplicara el criterio establecido en un salvamento de voto, esto es, el criterio
disidente de uno de los magistrados respecto de la decisión adoptada por
la Sala, el cual no tenía fuerza vinculante, ni constituía un precedente.

13. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio del
accionante, la decisión adoptada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por negar la nulidad del acto de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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desvinculación pese a que, al tratarse de un cargo de carrera ocupado en
provisionalidad, la administración debía motivar de manera específica el
retiro, con razones que se relacionaran con el servicio.

14. El actor sostuvo que la autoridad judicial desconoció las reglas fijadas
por la Corte Constitucional en las Sentencias SU-917 de 2010, T-221 de 2014 y
SU-054 de 2015, porque consideró motivación suficiente el vencimiento del
término del nombramiento en provisionalidad, pese que, a su juicio, esa no
era una razón válida ni suficiente para terminar el vínculo laboral.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados3

15. El Tribunal Administrativo de Atlántico4 solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, pues consideró que lo pretendido
por el demandante era controvertir la decisión adoptada en segunda
instancia, como si este mecanismo constitucional se tratara de una instancia
adicional al proceso ordinario, pese a que los argumentos presentados ya
habían sido debatidos en el curso del asunto.

16. El Juzgado 4 Administrativo de Barranquilla5 consideró que no hubo
vulneración de derechos fundamentales, debido a que la decisión de
primera instancia se adoptó con base en las pruebas obrantes en el
expediente y con apego a la jurisprudencia del Consejo de Estado para el
caso en concreto.

17. La Registraduría Nacional del Estado Civil6 consideró que (1) se debía
declarar la falta de legitimación pasiva en la causa y, en consecuencia,
proceder con su desvinculación de la acción de tutela, ya que estaba
dirigida contra las autoridades judiciales que adoptaron las sentencias en el
proceso judicial, y no contra esa entidad administrativa; (2) se debía
declarar la improcedencia de la acción de tutela pues lo pretendido por la
parte actora era utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario, o negar la misma en consideración a que no se configuró
el defecto alegado; y (3) mantener, en su integridad, y con plenos efectos
las Sentencias proferidas el 31 de julio de 2025 y el 17 de octubre de 2025.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

3 Mediante Auto de 15 de mayo de 2026, el despacho ponente (1) admitió la demanda de la referencia, (2) tuvo

como demandado al Tribunal Administrativo de Atlántico, (3) vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
4 Administrativo de Barranquilla y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
4 Índice 13 de Samai.

5 Índice 12 de Samai.

6 Índices 14 y 15 de Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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2.1. Solicitud de desvinculación

18. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación de
la presente acción de tutela, en la medida en que consideró que no era la
autoridad que, de acuerdo con sus competencias, debía responder por los
fundamentos de la acción de tutela. La Sala no desvinculará del asunto a
dicha autoridad comoquiera que compareció a la acción de tutela como
tercero con interés, en atención a que fue demandada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la presente
acción de tutela, razón por la cual le podría asistir interés en el asunto.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

19. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

20. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional7.

21. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto8; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario9 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad10.

7 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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22. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202311,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

23. Bajo este entendido, la Sala considera que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:

24. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
demandante buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
aspectos que ya fueron resueltos, es decir, utilizarla como una instancia
adicional.

25. Lo anterior obedece a que si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional en razón a que “la
judicatura desconoció la regla jurisprudencial contenida en las sentencias
SU- 917 de 2010, T-221 de 2014 y SU-054 de 2015, consistente en el deber que
tiene la administración de motivar los actos administrativos por medio del
cual se desvincula a un funcionario que haya ocupado un cargo en
provisionalidad.”, lo cierto es que tal argumento no resulta suficiente para
explicar por qué era necesaria la intervención del juez de tutela, de cara a
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Atlántico, pues se
presentó, junto con los reparos hechos a la providencia enjuiciada, como
diferencias o discrepancias interpretativas respecto de la decisión del juez
natural de la causa.

26. La Sala evidenció que, con los reparos planteados, el demandante se
limitó a insistir en su inconformidad respecto del hecho de que se hubiera
establecido que el acto demandado se encontraba ajustado a la legalidad
y que este se encontraba motivado por establecer que la terminación del
vínculo laboral obedecía a la terminación del periodo establecido en el
acto administrativo de nombramiento. Sus reparos se sustentaron en un
aparente desconocimiento de las Sentencias de la Corte Constitucional SU-
917 de 2010, T-221 de 2014 y SU-054 de 2015.

27. Ese aspecto ya había sido objeto de reproche por la parte actora
quien, en la apelación presentada contra la sentencia de primera instancia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2024-
00227-00, ya había puesto de presente el desconocimiento de las referidas
sentencias de la Corte Constitucional y había señalado que, de acuerdo
con esas decisiones, la administración tenía el deber de motivar los actos

11 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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administrativos mediante los que se declaraba insubsistente a un funcionario
que ocupaba un cargo en provisionalidad.

28. El Tribunal Administrativo de Atlántico, a través de la Sentencia de 17
de octubre de 2025, hizo referencia a los reparos del demandante para lo
cual trajo a colación las Sentencias SU-917 de 2010, T-407 de 2016 de la Corte
Constitucional, y la Sentencia del Consejo de Estado proferida en el
expediente No. 11001-03-15-000-2021-04265-01, respecto de las que indicó
que si bien era cierto que los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozaban de una estabilidad relativa, lo que implicaba que
los actos que disponían su desvinculación debían ser motivados, lo cierto era
que la expiración del plazo de nombramiento era una justificación válida
para la finalización de esa vinculación.

29. Por lo anterior, refirió que no eran de recibo las afirmaciones de la
parte actora de que la omisión para convocar un concurso de méritos para
proveer un empleo de carrera implicaba que el acto de retiro del empleado
nombrado en provisionalidad debía contener una motivación, pues como
se derivaba de las providencias citadas, de un lado, no era necesaria la
expedición del acto y, de otro lado, este sí fue sustentado ya que el
nominador respaldó su decisión en el literal c) del artículo 2012 de la Ley 1350
de 2009, esto eso, la forma de provisión de los empleos y el término de
duración del nombramiento.

30. En ese orden, concluyó que los nombramientos provisionales, al
tratarse de una modalidad excepcional para acceder a un cargo de
carrera administrativa, no podían extenderse de forma ilimitada en el
tiempo, motivo por el que, una vez cumplido el término o condición
establecido en el acto administrativo de nombramiento, se entendía que el
servidor era retirado del servicio.

31. Con base en las anteriores razones concluyó que, contrario a lo
alegado por el demandante, y concluyó que los nombramientos
provisionales, al tratarse de una modalidad excepcional para acceder a un
cargo de carrera administrativa, no podían extenderse de forma ilimitada
en el tiempo, razón por la cual, una vez cumplido el término o condición
establecido en el acto administrativo de nombramiento, se entendía que el
servidor era retirado del servicio.

12 “ARTÍCULO 20. Clases de nombramiento. La provisión de los empleos en la Registraduría Nacional del Estado Civil

podrá realizarse mediante las siguientes clases de nombramiento:
(…)
c) Nombramiento provisional discrecional: Esta clase de nombramiento es excepcional y solo procederá por
especiales razones del servicio. El término de la provisionalidad se podrá hacer hasta por seis (6) meses
improrrogables; deberá constar expresamente en la providencia de nombramiento. En el transcurso del término
citado se deberá abrir el concurso respectivo para proveer el empleo definitivamente; (…)”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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32. Adicional a ello, señaló que conforme con las decisiones a las que se
hizo referencia, era posible establecer que, si bien era cierto que los
servidores públicos nombrados en provisionalidad gozaban de estabilidad
relativa, lo que implicaba que los actos que disponían su desvinculación
debían ser motivados, lo cierto era que la expiración del plazo de
nombramiento era una justificación válida para la finalización de esa
vinculación.

33. Con base en las anteriores razones concluyó que, pese a que no era
necesaria la expedición del Oficio de 14 de mayo de 2024 para el retiro del
señor Villa Valencia, este se encontraba debidamente motivado por
fundamentarse en el vencimiento del término de provisionalidad descrito en
el acto de nombramiento (Resolución No. 60 de 6 de marzo de 2024), el cual
estableció un periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 14 de mayo de
2024.

34. En esa medida se observó que lo que realmente existe es una
inconformidad de la parte demandante respecto del hecho de que, para
el tribunal accionado, el acto demandado no estaba viciado de nulidad, y
como consecuencia de ello, confirmó la decisión que negó las pretensiones
de la demanda.

35. En virtud de lo anterior, la Sala considera que no es necesaria la
intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez
natural, quien puso de presente las razones por las cuales consideró que
existían razones para entender que no era necesaria la expedición de un
acto de retiro y que, en todo caso, este fue expedido y se encontraba
fundamentado. En ese orden, los argumentos propuestos por la parte
demandante, más allá de la configuración de unos defectos, se presentaron
como una inconformidad con la decisión y la interpretación del
ordenamiento jurídico realizada por la autoridad judicial demandada.

36. Finalmente, se aclara que las diferencias interpretativas que existieren
entre la parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por
sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-00
Demandante: Ricardo Miguel Villa Valencia
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional13.

2.3. Conclusión

37. Comoquiera que el requisito de relevancia constitucional no se
cumplió, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela y se
abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Ricardo Miguel Villa Valencia, por las razones dadas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, por los motivos expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin14.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
14 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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