Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03732-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03732-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03732-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
14 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: RICARDO MIGUEL VILLA VALENCIA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir con el
requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
18 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Ricardo Miguel Villa Valencia, en nombre propio, solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17 de
octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 08001-33-33-004-2024-00227-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Sostuvo que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 08001-33-33-004-2024-00227-00/01 contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para obtener la nulidad del oficio de 14 de mayo de 2024
a través del cual se le comunicó la terminación de su nombramiento en
provisionalidad y, a título de restablecimiento del derecho, su reincorporación al
mismo cargo o a uno de mayor jerarquía, junto con el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
2.2. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 31 de julio de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Adujo que interpuso el recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del
Atlántico, a través de la sentencia de 17 de octubre de 2025, confirmó la anterior
decisión.
2.4. Manifestó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.
2.5. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial indicó que
la autoridad judicial accionada “[…] echó de menos la regla jurisprudencial contenida
en las sentencias SU- 917 de 2010, T-221 de 2014 y SU-054 de 2015, consistente en
el deber que tiene la administración de motivar los actos administrativos por medio del
cual se declara insubsistente a un funcionario que haya ocupado un cargo en
provisionalidad […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, a la IGUALDAD y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.
SEGUNDA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del día 17 de
octubre de 2025, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SECCIÓN C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 08001-33-33-004-2023-00267-
00 (sic).
TERCERO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SECCIÓN C que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo.
CUARTO. Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se
consideren necesarias […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de mayo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Barranquilla y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla indicó que la
decisión de primera instancia se tomó con base en las pruebas aportadas al
expediente y aplicando la jurisprudencia del Consejo de Estado para el caso
concreto, sin que hubiere vulneración de derecho fundamental alguno.
5.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico adujo que su decisión se encuentra
ajustada a derecho, conforme con las pruebas obrantes en el expediente y el
precedente judicial aplicable al caso concreto, por lo que consideró que se hace
uso de la acción de tutela como una tercera instancia para cuestionar decisiones
ya ejecutoriadas.
5.3. LaRegistraduría Nacional del Estado Civil solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva y declarar improcedente el mecanismo de
amparo, en la medida que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como
un recurso ordinario adicional o una tercera instancia para revocar sentencias que
no le fueron favorables y que ya hicieron tránsito a cosa juzgada. Precisó que el
juez de tutela no puede sustituir el análisis probatorio y normativo realizado
legítimamente por los jueces naturales de la causa, so pena de quebrantar los
principios constitucionales de seguridad jurídica e independencia judicial.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 18 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación presentada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil y declaró improcedente la acción de tutela
al no superar el requisito de relevancia constitucional.
7. Al respecto consideró:
“[…] De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
demandante buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran aspectos
que ya fueron resueltos, es decir, utilizarla como una instancia adicional.
Lo anterior obedece a que si bien la parte actora refirió que la cuestión discutida
era de relevancia constitucional en razón a que “la judicatura desconoció la
regla jurisprudencial contenida en las sentencias SU- 917 de 2010, T-221 de
2014 y SU-054 de 2015, consistente en el deber que tiene la administración de
motivar los actos administrativos por medio del cual se desvincula a un
funcionario que haya ocupado un cargo en provisionalidad.”, lo cierto es que tal
argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, de cara a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, pues se presentó, junto con los reparos hechos a
la providencia enjuiciada, como diferencias o discrepancias interpretativas
respecto de la decisión del juez natural de la causa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
La Sala evidenció que, con los reparos planteados, el demandante se limitó a
insistir en su inconformidad respecto del hecho de que se hubiera establecido
que el acto demandado se encontraba ajustado a la legalidad y que este se
encontraba motivado por establecer que la terminación del vínculo laboral
obedecía a la terminación del periodo establecido en el acto administrativo de
nombramiento. Sus reparos se sustentaron en un aparente desconocimiento
de las Sentencias de la Corte Constitucional SU917 de 2010, T-221 de 2014 y
SU-054 de 2015.
[…]
En virtud de lo anterior, la Sala considera que no es necesaria la intervención
del juez de tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien
puso de presente las razones por las cuales consideró que existían razones
para entender que no era necesaria la expedición de un acto de retiro y que,
en todo caso, este fue expedido y se encontraba fundamentado. En ese orden,
los argumentos propuestos por la parte demandante, más allá de la
configuración de unos defectos, se presentaron como una inconformidad con
la decisión y la interpretación del ordenamiento jurídico realizada por la
autoridad judicial demandada […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. Laparte accionante impugnó el fallo de primera instancia en los siguientes
términos:
“[…] Se reitera, este asunto tiene relevancia constitucional al referirse al
desconocimiento de varios derechos fundamentales, en particular del derecho
al debido proceso y a la estabilidad laboral intermedia de los funcionarios que
en provisionalidad ocupan un cargo de carrera y son retirados del servicio
público sin que el acto administrativo que lo dispone esté motivado; lo cual, a
su vez, lleva a la vulneración del derecho a la igualdad y al principio de
seguridad jurídica, cuando el juez contencioso administrativo se aparta de la
jurisprudencia plasmada en las sentencias SU917 de 2010, T-221 de 2014 y
SU-054 de 2015, que imponen el deber de motivar tales actos administrativos,
e inaplica el precedente que en supuestos de hecho similares al hoy estudiado
se ha sentado sobre el particular.
Por consiguiente, hay que concluir que, tal como se ha venido expresando mi
desvinculación debía ser mediante acto motivado en los términos en los que lo
ha dejado sentado la Corte Constitucional, es decir, debía atender a una “razón
suficiente”, en virtud de la cual debían constar de manera particular y concreta
los motivos de hecho y de derecho con base en los cuales fui retirado del cargo,
no resultando como valido el vencimiento del término establecido en el acto de
nombramiento.
Es claro entonces que el incumplimiento del deber de motivar los actos
administrativos lesiona el derecho fundamental al debido proceso.
Consecuentemente, a falta del cumplimiento de dicho deber, procedía la
nulidad del oficio atacado y el restablecimiento de mi derecho, en concordancia
con los lineamientos de la jurisprudencia constitucional, puesto que el
precedente es de obligatorio acatamiento con miras a la protección a los
principios de seguridad jurídica, coherencia y razonabilidad del sistema jurídico,
y del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la ley. De allí que
no sea suficiente como motivación la referencia escueta del vencimiento del
término del nombramiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
En suma, se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la justicia cuando una autoridad judicial, en franco desconocimiento
de la ratio decidendi de la jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional,
considera que el acto de desvinculación de un servidor público nombrado en
provisionalidad no requiere motivación alguna y con ese argumento se abstiene
de declarar la nulidad de dicho acto así como el restablecimiento del derecho
[…]”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
19. El señor Ricardo Miguel Villa Valencia, en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 17 de
octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número
de radicación 08001-33-33-004-2024-00227- 01.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de inmediatez.
VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
21. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración12. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”13.
22. Al respecto, la jurisprudencia constitucional14, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
13
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”15. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del
texto]
23. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata
de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”16.
[Negrilla fuera del texto].
24. La jurisprudencia constitucional17 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular18, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
15
Ibidem.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Sentencia T-584 de 2011.
18
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”19.
25. La Sala pone de presente que, para determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se debe tener en
cuenta la fecha de notificación de la providencia controvertida. Ello en razón a que
la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo
razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia
acusada por vía de tutela.
26. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima oportuno precisar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada el 7
de noviembre de 202520 y (ii) la presente solicitud de amparo fue presentada el 13
de mayo de 202621.
27. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 13 de mayo de 2026, la
Sala observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.
28. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad de inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
proferida por la Corte Constitucional.
29. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
19
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
20
El mensaje de datos fue enviado el 5 de noviembre de 2025, por lo que se entiende notificada el 7 de noviembre de 2025.
21
Índice núm. 2 de SAMAI.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03732-01
Accionante: Ricardo Miguel Villa Valencia
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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