República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03736-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: caducidad. Subtema 3: defectos sustantivo, fáctico
y procedimental.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora María del Rocío Restrepo
Velasquez contra el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
1. Síntesis del caso
La señora María del Rocío Restrepo Velasquez presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la
reparación integral de las víctimas, que consideró vulnerados con ocasión de las
sentencias del 9 de junio de 2022 y del 5 de noviembre de 2025, proferidas por el
Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín y por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, respectivamente, dentro del expediente de reparación directa con
radicado núm. 05001-33-33-033-2019-00264-00/01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 2, 0A02719234A731DB D5DC1122F99211F9
71A8BDB7435B6C76 21B6AB727E9B2B83.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
2. El señor Wilson Alexander Vargas Restrepo se desempeñaba como empleado
en el establecimiento de comercio remates y compraventa «El Paraiso», ubicado en
la ciudad de Medellín.
3. El señor Vargas Restrepo, el 20 de marzo de 2007, se ausentó de su lugar de
trabajo y residencia al igual que su compañero, Jhon Alexander Mercado Moreno.
Al no tener conocimiento de su ubicación, sus familiares y amigos comenzaron a
buscarlo, hasta cuando les informaron que los dos jóvenes habían sido dados de
baja, el 21 de marzo de 2007 en el municipio de Giraldo (Antioquia), por miembros
del Ejército Nacional en desarrollo de la operación militar «Galeon».
4. La señora María del Rocío Restrepo Velasquez junto con su grupo familiar2
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad de la
entidad demandada y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de
los perjuicios materiales y morales ocasionados por la muerte de Wilson Alexander
Vargas Restrepo.
5. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 9
de junio de 2022, declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar
que los documento aportados al trámite judicial permitían inferir que la parte
demandante tuvo conocimiento del hecho dañoso y, que este posiblemente era
atribuible al Ejército Nacional, el día del deceso del señor Vargas Restrepo, cuando
les informaron que había sido declarado una baja en combate por parte de
miembros de la institución militar (21 de marzo de 2007). En consecuencia, concluyó
que la oportunidad para acudir a la jurisdicción se extendió hasta el 22 de marzo de
2009; sin embargo, la demanda se presentó el 3 de julio de 2019, por fuera del plazo
legal.
6. La parte demandante, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación.
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de providencia del 5 de
noviembre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, al concluir que el término
de caducidad inició el 1 de octubre de 2007 y la parte actora tenía hasta el 2 de
octubre de 2009 para presentar la demanda; sin embargo, se demostró que esta fue
radicada el 3 de julio de 2019, cuando había transcurrido más 10 años, esto es,
extemporáneamente.
8. En efecto, para el Tribunal, las pruebas aportadas al expediente permitían inferir
que señora María del Rocío Restrepo Velásquez (madre de la víctima y
demandante) tuvo conocimiento del daño, el 1 de octubre de 2007, cuando acudió
a la entrevista ante el Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos de la SIJIN,
en la cual manifestó que sabía del deceso de su hijo, por cuanto fue dado de baja
en un enfrentamiento con el Ejército Nacional.
2
La parte demandante estaba conformada por las siguientes personas: María Del Rocío Restrepo De Vargas, Diana Vargas
Restrepo, Claudia Patricia Vargas Restrepo y Daniela Restrepo.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
9. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
(1) Se conceda el amparo constitucional y se declare en consecuencia que la
sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito
de Medellín el 9 de junio de 2022 y la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Octava del 5 de noviembre de 2025 y
notificada personalmente el 14 de noviembre de 2025, en el medio de control de
reparación directa, radicado 05001-33-33-033-2019-00264, es violatoria de los
derechos al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia,
al incurrir en un defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo y un defecto
fáctico por desconocimiento arbitrario de las reglas de caducidad y de la fuente
del daño.
(2) Se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia revocar la decisión del
Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Medellín en el proceso
radicado 05001-33-33- 033-2019-00264, con el fin de que se admita la demanda
y se dé continuidad al trámite procesal de primera instancia en garantía de los
derechos al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
igualdad y reparación integral de las víctimas. […]3.
10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto procedimental, porque aplicaron
de manera rígida y descontextualizada la figura de la caducidad, sin desarrollar un
análisis integral del caso conforme a los estándares constitucionales exigibles en
asuntos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.
11. En este sentido, indicó que las autoridades judiciales redujeron el análisis a una
verificación estrictamente cronológica, en tanto el juzgado fijó el punto de partida
del término de caducidad en el año 2007 y, en el caso del Tribunal, en la fecha de
la entrevista rendida por la madre de la víctima, sin adelantar un examen suficiente
sobre las particularidades del caso, el contexto en el que ocurrieron los hechos y la
naturaleza de la conducta atribuida a agentes estatales.
12. Al respecto, explicó que, las accionadas privilegiaron el concepto estricto de la
regla procesal prevista en el literal i) del numeral segundo del artículo 164 del
CPACA e impidió un pronunciamiento de fondo sobre la eventual responsabilidad
del Estado. Tal situación desconoció los estándares aplicables a casos de graves
violaciones de derechos humanos, especialmente, a los asuntos relacionados con
posibles ejecuciones extrajudiciales, que exige un análisis flexible.
13. Por otro lado, advirtió que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por cuanto aplicaron de forma restrictiva la norma que regula el cómputo
de la caducidad, sin acudir a preceptos convencionales, que imponen un enfoque
pro-víctima de las normas procesales. Dicha situación condujo a una limitación
desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia.
3
Se transcribe incluso con errores
3
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14. Refirió que, si bien el ordenamiento jurídico establece un plazo de 2 años para
ejercer el medio de control de reparación directa, lo cierto es que «la jurisprudencia
ha sido clara en señalar que dicho término no puede aplicarse de forma automática,
sino que debe computarse a partir del momento en que las víctimas tuvieron
conocimiento cierto o pudieron razonablemente conocer la participación del Estado
en el hecho dañoso, especialmente en contextos complejos donde dicha
información no es evidente ni inmediata», cuyas circunstancias se derivan de graves
violaciones de derechos humanos.
15. De otra parte, manifestó que las decisiones acusadas incurrieron en defecto
fáctico, porque omitieron hacer un análisis «integral, sistemático y contextual de los
elementos de prueba aportados al proceso ordinario, particularmente aquellos
relacionados con el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento de la
posible participación estatal en la muerte del señor Wilson Alexander Vargas
Restrepo».
16. Afirmó que el Tribunal contabilizó la caducidad, a partir del 1 de octubre de 2007,
«con fundamento en una manifestación atribuida a la madre de la víctima […]. «No
obstante, dicha inferencia se construyó a partir de una valoración aislada y
descontextualizada de un elemento probatorio, sin contrastarlo con el resto del
material obrante en el expediente ni con las circunstancias propias del caso».
17. Asimismo, expuso que «se dejó de lado el análisis de otros elementos
probatorios que daban cuenta de las condiciones en las que se encontraban las
víctimas, de las dificultades para acceder a información oficial y de la ausencia de
claridad sobre las circunstancias reales en las que se produjo la muerte del señor
Wilson Vargas, lo cual resultaba determinante para establecer si efectivamente
existía un conocimiento suficiente que habilitara el ejercicio del derecho de acción
en el momento señalado por las autoridades judiciales».
2.3. Trámite procesal
18. El despacho ponente, mediante auto del 15 de mayo de 20264, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Juzgado Treinta y Tres Administrativo
de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, y puso en conocimiento el
escrito de tutela a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y a las señoras
Diana Vargas Restrepo, Claudia Patricia Vargas Restrepo y Daniela Restrepo, en
su condición de terceros interesados.
2.4. Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 solicitó que se nieguen las pretensiones
de la tutela, porque la decisión de confirmar la providencia de primera instancia
estuvo soportada en un análisis razonado y pertinente de las circunstancias
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 5, certificado núm. C57795075A56E5FF E850EB2BDBCC35DD
029D78AB2DA96F47 5C31C292F28A26BB.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 11, certificado núm. EE20E50388573E71 6DA5A917F542C923
B05479AEDFD64D3D 664900AD0B08FB6C.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
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Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
alegadas en la demanda, las prueba, la normativa y la jurisprudencia aplicable, sin
desconocer los derechos fundamentales invocados por la accionante.
20. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín6 manifestó que la
sentencia del 9 de junio de 2022 contiene los fundamentos de hecho y de derecho
en los que se justificó la decisión de declarar la caducidad del medio de control
invocado por la tutelante, por lo que no es posible inferir que dicha decisión amenazó
o vulneró los derechos de la parte actora. En consecuencia, pidió que se niegue el
amparo de tutela.
21. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional7 solicitó que se nieguen las
pretensiones de la tutela, porque no se evidencia la configuración de defecto alguno
que permita desvirtuar la presunción de legalidad que ampara la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
22. Afirmó que las providencias cuestionadas fueron emitidas por autoridades
competentes, dentro del marco del proceso ordinario, con observancia de las
garantías procesales, una adecuada valoración de los elementos probatorios y la
aplicación razonada la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado
núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
23. Agregó que lo pretendido por la accionante es abrir nuevamente el debate
procesal que ya finalizó en las instancias judiciales respectivas, sin demostrar
alguna actuación irregular por parte de las autoridades accionadas.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por María del Rocío Restrepo Velasquez
contra el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
3.2. Legitimación en la causa
25. La legitimación en la causa por activa de la señora María del Rocío Restrepo
Velasquez está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de reparación
directa en el que fue expedida las sentencias que, a su juicio, desconocieron sus
derechos fundamentales.
26. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Tres Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia,
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 13, certificado núm. 0EEE61929446E9A0 08EAE405B9585523
F309A3C7F10867ED 51907A1F12351439.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 13, certificado núm. FA0410C64A05E1D8 0DF3E8E6845F216C
A3B895EC1F5F75BE 9B3023C9F726BEA9.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
debido a que fueron las autoridades que profirieron las providencias objeto de
estudio.
3.3. Cuestión preliminar
27. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo
de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del medio de control
de reparación directa, lo cierto es que los argumentos que sustentan las
pretensiones de la parte actora guardan unidad de materia y se dirigen en similares
términos frente a las dos decisiones cuestionadas.
28. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, toda vez que esta decisión fue la que puso fin a la actuación judicial
promovida María del Rocío Restrepo Velasquez y otros contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
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otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
33. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
34. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
35. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
36. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
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dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
37. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 5 de noviembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, fue notificada el 14 de noviembre siguiente14, y la
demanda de tutela se presentó el 14 de mayo de 202615, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de
Estado17 como razonable.
38. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiese expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente, porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un medio de control de reparación directa.
40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos procedimental, sustantivo
y fáctico y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que
planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad y a la reparación
integral de las víctimas de la parte actora, al proferir la sentencia del 5 de noviembre
de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, que declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa promovida por la tutelante?
42. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto procedimental
43. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas
14
Samai, exp, 05001-33-33-033-2019-00264-01, índice 10.
15
Samai, exp, 11001-03-15-000-2026-03736-00, índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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de connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad
judicial.
44. En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes, constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional denominó defecto procedimental.
45. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada, que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando
el goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo
rigor en la aplicación de las normas procesales»18.
46. Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al
asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»19.
47.De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez, ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés, actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello, generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno a la defensa y a la contradicción.
48. En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes
presupuestos:«(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna
otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se
advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea
manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador
de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el
proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al
afectado; y (v) como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los
derechos fundamentales»20.
3.5.2. El defecto sustantivo
49. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
18
Corte Constitucional, Sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-367 de 2018 y T-008 de 2019.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-166 de 2022.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-418 de 2019.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03736-00 (5873)
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inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.
50. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
51. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.
52. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
53. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23
3.5.3. El defecto fáctico
54. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración probatoria debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa en la decisión25»
objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones: una positiva y
otra negativa.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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55. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por completo equivocada»26. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la
decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos casos que las normas
procesales y constitucionales así lo determinan»27.
56. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso28.
57. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia»30.
58. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
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manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba
en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.
3.6. Caso concreto
59. En el asunto bajo estudio, la señora María del Rocío Restrepo Velásquez, junto
con su grupo familiar, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con la
pretensión de obtener el resarcimiento de los perjuicios causados por la muerte de
Wilson Alexander Vargas Restrepo.
60. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín,
mediante providencia del 9 de junio de 2022, declaró probada de oficio la excepción
de caducidad. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de sentencia del 5 de noviembre de 2025, confirmó la decisión del a
quo32.
61. Ahora bien, la parte accionante argumentó, en el escrito de tutela, que el
Tribunal accionado, al proferir la sentencia del 5 de noviembre de 2025, incurrió en
defecto procedimental, porque aplicó de manera rígida la figura de la caducidad y
se limitó a determinar una fecha en el año 2007, sin desarrollar un análisis integral
de los hechos y la naturaleza de la conducta atribuida a agentes estatales conforme
a los estándares constitucionales exigibles en asuntos relacionados con graves
violaciones a los derechos humanos, cuyas características permiten flexibilizar el
plazo legal.
62. Por otro lado, advirtió que el fallo objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo,
por cuanto aplicó de forma restrictiva la regla procesal prevista en el literal i) del
numeral segundo del artículo 164 del CPACA, sin acudir a preceptos
convencionales y criterios jurisprudenciales, que imponen un enfoque pro-víctima
de las normas procesales. Dicha situación condujo a una limitación
desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia.
63. Además, manifestó que las decisiones acusadas incurrieron en defecto fáctico,
porque omitieron hacer un análisis «integral, sistemático y contextual de los
elementos de prueba aportados al proceso ordinario, particularmente aquellos
relacionados con el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento de la
posible participación estatal en la muerte del señor Wilson Alexander Vargas
Restrepo».
64. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela 33, se
observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164, el medio de control de
31
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32 Juez de primera instancia.
33
Sentencia del 5 de noviembre de 2025.
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reparación directa debe promoverse dentro del término de «dos (2) años, contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la
fecha de su ocurrencia».
65. Con fundamento en dicha norma, la sentencia cuestionada indicó que la
caducidad en materia de reparación directa distingue dos escenarios, esto es: i) la
ocurrencia del hecho causante del daño, como regla general o, ii) el conocimiento
de este, siempre que se demuestre que el sujeto afectado no pudo enterarse del
hecho dañoso en el momento de la ocurrencia, lo cual opera a manera excepción.
66. Adicionalmente aclaro que «el cómputo de la caducidad del medio de control de
reparación directa no es exigible a la parte demandante en aquellos eventos en los
que se configuran circunstancias que obstaculizan materialmente el acceso a la
administración de justicia, esto es, el ejercicio del derecho de acción, impidiendo
agotar las actuaciones necesarias para la presentar la demanda».
67. Seguidamente, la providencia acusada explicó que la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 29 de enero de 202034, precisó
que el término de caducidad en la reparación directa «se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial».
68. Asimismo, se observa que el Tribunal accionado estudió los documentos
aportados al expediente de reparación directa. En particular, advirtió que, según el
registro civil de defunción, el señor Wilson Alexander Vargas Restrepo, falleció el
21 de marzo de 2007.
69. De igual manera, la autoridad judicial accionada refirió que en el expediente
también obraba documento denominado «ACTA DE ENTREGA DE UN CADAVER
A SUS FAMILIARES», del 22 de marzo de 2007, en el cual se registró que la
Secretaría General y de Gobierno del municipio de Giraldo entregó al señor Luis
Ángel Vargas Restrepo, en calidad hermano de la víctima, el cuerpo del señor
Wilson Alexander Vargas Restrepo.
70. Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia examinó el
contenido de la entrevista realizada por la señora María del Rocío Restrepo ante el
Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos de la SIJIN de la Policía Nacional,
el 1 de octubre de 2007, en la cual expresó lo siguiente:
A mí me pareció muy raro que mi hijo estuviera en Giraldo, ya que ningún miembro de
mi familia lo vínculo con ese municipio. Mi hijo que yo sepa no tenía armas ni nada que
se le parezca o que le perteneciera a algún grupo ilegal, pues yo iba frecuentemente
allá y nunca le vi nada raro; las compañías que lo frecuentaban eran los mismos
compañeros de trabajo. A mí me pareció muy extraño que mi hijo apareciera por allá y
mucho más que lo hubieran matado los soldados dizque en un enfrentamiento y a mí
34
Sentencia del 29 de enero de 2020, Rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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me da miedo preguntarle al Ejército, porque si ellos son la autoridad no tienen por qué
matar a las personas así, porque no averiguan primero quién es quién para poder
actuar».
71. A partir de los referidos elementos probatorios, el Tribunal accionado consideró
que los demandantes «tuvieron conocimiento del fallecimiento del señor Wilson
Alexander Vargas Restrepo, desde el 1 de octubre de 2007, fecha en la cual la
señora MARÍA DEL ROCÍO RESTREPO DE VARGAS (madre de la víctima y
demandante), en la entrevista rendida ante el Grupo de Investigaciones de
Derechos Humanos, manifestó que sabía del deceso de su hijo y que había sido
dado de baja en un enfrentamiento con el EJÉRCITO NACIONAL» [sic].
72. Adicionalmente, la autoridad judicial expuso que en el expediente se acreditó
que el señor Luis Ángel Vargas Restrepo, en su condición de hermano de la víctima
directa, «recibió el cadáver el 22 de marzo de 2007 por parte de la Fiscalía 36
Seccional Delegada»; sin embargo, este hecho no permitía «realizar el cómputo del
término de caducidad a partir de esa fecha, toda vez que él no [fue] parte del
presente proceso y no existe en el expediente prueba alguna que permita concluir
que las demandantes conocieron desde entonces los hechos que se imputan al
Estado».
73. Por lo anterior, el Tribunal consideró que no era procedente contabilizar el
término de caducidad a partir del 21 de marzo de 2007, fecha del fallecimiento del
señor Wilson Alexander Vargas Restrepo, como lo hizo el Juzgado Treinta y Tres
Administrativo de Medellín, sino que debía efectuarse el computó a partir del 1 de
octubre de 2007. Al respectó explicó lo siguiente:
En ese orden de ideas, la Sala no comparte la postura del juzgado de instancia con
relación a que la caducidad debe computarse a partir de la ocurrencia de los hechos –
21 de marzo de 2007 -, habida cuenta de que la prueba obrante en el plenario
demuestra que las demandantes solo tuvieron conocimiento de las circunstancias en
que falleció el señor WILSON ALEXANDER VARGAS RESTREPO el día 1 de octubre
de 2007, esto es, en esa fecha se enteraron por parte del Grupo de Investigaciones de
Derechos Humanos que había sido dado de baja en un supuesto enfrentamiento con
miembros del Ejército Nacional, y que, por tanto, el hecho resultaba atribuible al Estado.
Además, si bien en la demanda se indicó que las demandantes conocieron de manera
inmediata el deceso del señor VARGAS RESTREPO, tal circunstancia no resulta
suficiente para iniciar el cómputo del término de caducidad, por cuanto no basta el
conocimiento del daño sino que se requiere que este pueda ser imputado al Estado, es
por ello que, se insiste en que el entendimiento adecuado del inicio del término debe
referirse al momento en que las actoras tuvieron conocimiento de la posible
participación estatal en el hecho dañoso.
Por consiguiente, el término de caducidad se debe contar a partir de dicha fecha, dado
que fue en ese momento cuando se configuró el conocimiento real y efectivo del daño,
conforme con el criterio reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado35. En esa
medida, solo a partir de entonces, la parte demandante estaba en condiciones de acudir
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sala Plena, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
providencia de 29 de enero de 2020, expediente: 85001 33 33 002 2014 00144 01 (61033).
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ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para reclamar la reparación de
los perjuicios sufridos.
74. Más adelante, el Tribunal accionado se pronunció sobre la aplicación y los
efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en los siguientes términos:
[…] la Sala precisa que los precedentes judiciales emitidos por las altas cortes tienen
efectos inmediatos y son de obligatorio cumplimiento para todos los operadores
jurídicos y partes involucradas en procesos en curso, incluso cuando implican
modificaciones significativas en la interpretación de una cuestión jurídica.
Por tanto, la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que no previó una especie de aplicación para
demandas presentadas a futuro, estableció claramente la exigibilidad del requisito
de caducidad para las demandas de reparación directa como la aquí promovida,
criterio que fue aplicado y tenido en cuenta en el desarrollo del presente asunto.
Frente al tema, la Corte Constitucional en sentencia T-210 de 10 de junio de 2022, al
analizar la aplicación en el tiempo de las reglas contenidas en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, señaló lo siguiente:
“En virtud del criterio jurisprudencial establecido en la Sentencia T-044 de 2022,
se concluye que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado aplica a partir de su expedición, incluso en los
casos iniciados con anterioridad. No obstante, para las acciones radicadas antes
de la sentencia de unificación, los jueces administrativos deben valorar las
circunstancias particulares de cada caso para observar si aplicar la regla de
unificación pone en riesgo derechos fundamentales de las partes dentro del
proceso. Ante dicha valoración, el juez puede matizar la nueva regla de unificación
o incluso inaplicarla, según sea necesario.
Para lo anterior, la parte debe tener la oportunidad de argumentar por qué no debe
aplicarse la nueva regla jurisprudencial en su caso. Asimismo, el juez debe adecuar
el proceso para garantizar que la parte demandante pueda explicar por qué no
acudió a la justicia en los términos legales, esto es, la imposibilidad material de
demandar en los dos años siguientes ‘desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial” (subraya intencional).
75. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que
en atención a los argumentos expuestos por la Corte Constitucional «las reglas
contenidas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 29 de enero de
2020 se aplican, incluso, para los asuntos iniciados con anterioridad; sin embargo,
eventualmente se torna procedente la inaplicación de las normas de caducidad en
aquellos eventos donde se hubiesen presentado circunstancias que evidencien la
obstaculización material del ejercicio del derecho de acción que impidiesen agotar
las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda».
76. Al respecto, la autoridad judicial accionada mencionó que la parte demandante
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no demostró ni puso de presente «la existencia de alguna situación, particularidad
o eventualidad que diera cuenta de algún impedimento para el ejercicio del derecho
de acción y, por ende, para la presentación oportuna de la demanda, de ahí que no
se tiene fundamento para inaplicar las reglas contenidas en la sentencia de
unificación ya citada».
77. Bajo este contexto, la providencia cuestionada estudió las circunstancias
específicas del caso concreto, con el fin de determinar si los demandantes
ejercieron oportunamente el medio de control de reparación directa. Sobre el
particular manifestó lo siguiente:
Así las cosas, al iniciar el cómputo del término de caducidad en el presente caso desde
el 1 de octubre de 2007, se colige que, la parte demandante tenía hasta el 2 de
octubre de 2009 para presentar la demanda, evidenciándose que la misma fue
radicada el 3 de julio de 2019, cuando había transcurrido más 10 años, esto es,
extemporáneamente (01Cuaderno, pag.28).
Se precisa que, si bien la parte demandante adelantó el trámite de la conciliación
prejudicial ante la Procuraduría 113 Judicial II Para Asuntos Administrativos, con la
presentación de la solicitud no suspendió el término de la caducidad, habida cuenta
que fue radicada el 23 de abril de 2019 (01Cuaderno, pag.39), fecha posterior al
vencimiento de los dos años que se tenía para presentar la demanda.
78. En atención a lo anterior, el Tribunal concluyó que la demanda de reparación
directa promovida por la señora María del Rocío Restrepo Valasquez fue
presentada de manera extemporánea, toda vez que el plazo para ejercer el medio
de control judicial transcurrió entre el 1 de octubre de 2007 y el 2 de octubre de
2009; sin embargo, la accionante radicó el escrito inicial el 3 de julio de 2019, sin
que se haya justificado la razón de la demora o dilación para acudir a la
administración de justicia dentro del término legal previsto en el literal i) del numeral
segundo del artículo 164 del CPACA.
79. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 5 de noviembre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en los
defectos alegados por la parte actora, toda vez que la decisión de confirmar la
providencia de primera instancia36, que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control de preparación directa, estuvo soportada en un
estudio razonable de los hechos, las pruebas, la normativa procesal y la
jurisprudencia aplicable al caso concreto.
80. En efecto, contrario a lo expuesto por la parte actora, no es cierto que la
autoridad accionada haya realizado una valoración defectuosa de los medios
probatorios aportados al proceso ordinario, pues resulta evidente que examinó el
contenido de la demanda y sus anexos para precisar que existían elementos de
juicio que permitían inferir que la señora María del Rocío Restrepo Velasquez tuvo
conocimiento del daño, el 1 de octubre de 2007, cuando acudió a la entrevista ante
el Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos de la SIJIN, en la cual manifestó
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Sentencia del 9 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Medellín.
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que sabía del deceso de su hijo, por cuanto se enteró que había sido dado de baja
en un enfrentamiento con el Ejército Nacional.
81. Ciertamente, la autoridad judicial accionada efectuó un análisis del registro civil
de defunción de Wilson Alexander Vargas Restrepo y de las actuaciones que se
surtieron en el trámite penal por el grupo de la SIJIN de la Policía Nacional, con lo
cual constató que la parte demandante, si bien tuvo conocimiento que el daño podía
ser atribuible al Ejército Nacional, lo cierto es que dejó transcurrir el tiempo y para
la fecha en que se radicó la demanda (3 de julio de 2019), ya se había configurado
la caducidad del medio de control de reparación directa.
82. Adicionalmente, se observa que la providencia objeto de tutela tampoco incurrió
en defecto sustantivo y procedimental, pues desarrolló un análisis adecuado de la
figura de la caducidad a partir supuestos descritos en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA y se apoyó en la sentencia de unificación emitida por esta
corporación con relación a la oportunidad para ejercer el medio de control de
reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la
cual tiene un carácter vinculante para las autoridades de esta jurisdicción.
83. Sobre el particular, es importante señalar que, contrario a lo expuesto por la
tutelante, el término legal para acudir a la jurisdicción es un presupuesto de
obligatorio cumplimiento al momento de demandar, pues tal y como se afirmó en la
providencia acusada, la jurisprudencia de esta corporación unificó sus criterios, en
el sentido de indicar que las normas que regulan la figura de la caducidad son
aplicables a todos los asuntos de reparación directa, sin importar que se trate de
delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Tal parámetro jurisprudencial
debía tomarse como referente para el caso de la parte accionante dado que se
trataba de un litigio que aún se encontraba en discusión en sede judicial.
84. En este orden de ideas, es pertinente aclarar que, si bien la jurisprudencia
constitucional37 ha flexibilizado la carga probatoria para determinar el término de
caducidad del medio de control de reparación directa en casos de daños derivados
de crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que dichos pronunciamientos se
refieren a asuntos en los que se demostró la existencia de circunstancias o barreras
que dificultaron a los accionantes acudir oportunamente a la administración de
justicia.
85. En el presente asunto, aunque la accionante expuso que el Tribunal accionado
omitió hacer un análisis «integral, sistemático y contextual de los elementos de
prueba aportados al proceso ordinario, particularmente aquellos relacionados con
el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento de la posible participación
estatal en la muerte del señor Wilson Alexander Vargas Restrepo» y de «las
condiciones reales en las que se desarrollaron los hechos y las dificultades
inherentes para acceder a la información», lo cierto es que no identificó con claridad
los medios probatorios que la autoridad judicial accionada no valoró, así como
tampoco precisó cuáles fueron esas circunstancias o hechos que no le permitieron
acceder a la información requerida.
37
Corte Constitucional, sentencias SU-312 de 2020, 167 de 2023 y 439 de 2024.
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86. En efecto, se advierte que las eventualidades a las que hace referencia la
tutelante, de forma genérica en el escrito de tutela, no se plantearon ni acreditaron
al interior del proceso ordinario, pese a que la demandante tuvo conocimiento de la
declaratoria de caducidad desde la sentencia de primera instancia y pudo, a través
del recurso de apelación, exponer las circunstancias que, en su criterio, no le
permitieron acudir oportunamente al medio de control de reparación directa. Por lo
anterior, no es dable inferir que la decisión judicial fue imprevista para la parte actora
y que no tuvo la oportunidad de explicar su tardanza. En consecuencia, es claro que
la providencia cuestionada de ninguna manera fue arbitraria o irregular.
87. Dicho esto, conviene mencionar que la Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre el respeto de los plazos judiciales y la relevancia de la figura de la caducidad,
en el sentido de indicar que «[…] esta constituye un mecanismo que limita el tiempo
durante el que las personas pueden acudir a la jurisdicción para la definición judicial
de las controversias, el cual privilegia la seguridad jurídica y el interés general. Bajo
esa perspectiva se ha destacado la obligatoriedad de los términos de caducidad, y,
por ende: “(…) la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede
ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las
oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá
expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado” 38 […]»39.
88. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.
89. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.
4. Conclusión
90. Así las cosas, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos fáctico, sustantivo y procedimental,
que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de
amparo invocada por la accionante.
38
Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
39
Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.
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5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora María del Rocío
Restrepo Velásquez contra el Tribunal Administrativo del Antioquia y otro, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
19
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