Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03736-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03736-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03736-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: MARÍA DEL ROCÍO RESTREPO VELÁSQUEZ
Accionados : TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA el fallo
impugnado. Caducidad del medio de control de reparación directa por
delitos de lesa humanidad – No se configuran los defectos invocados.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
22 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora María del Rocío Restrepo Velásquez, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, igualdad y reparación integral,
cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 9 de junio de 2022 y 5 de
noviembre de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación
05001-33-33-033-2019-00264-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que junto con su grupo familiar, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa núm. 05001-33-33-033-2019-00264-00
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional con el fin de
obtener la reparación integral correspondiente a los perjuicios ocasionados “[…] con
el daño antijurídico causado con la muerte de WILSON ALEXANDER VARGAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
RESTREPO, en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2007, en la Vereda “El
Cuajaron” del municipio de Giraldo, Antioquia, por las graves acciones y omisiones
en que incurrieron miembros adscritos a la institución demandada. […]”.
2.2. Expresó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Medellín, autoridad judicial que, mediante
providencia de 9 de junio de 2022, declaró probada la excepción de caducidad del
medio de control de reparación directa.
2.3. Señaló que interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 5 de noviembre de
2025, confirmó lo resuelto en primera instancia.
2.4. Consideró que las providencias cuestionadas vulneraron los derechos
fundamentales indicados supra, por haber incurrido en los defectos sustantivo,
procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
2.5. Indicó frente al defecto sustantivo que las autoridades accionadas realizaron una
interpretación abiertamente irrazonable del literal i) del numeral segundo del artículo
164 del CPACA, “[…] desconociendo su interpretación conforme a la Constitución y
a los estándares aplicables en casos de graves violaciones a los derechos
humanos. […]”.
2.6. Sostuvo que “[…] las autoridades judiciales omitieron integrar en su análisis los
estándares constitucionales e interamericanos que imponen un enfoque pro-víctima
en la interpretación de las normas procesales, especialmente cuando se trata de
hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos. En estos
casos, el juez está llamado a adoptar una interpretación que favorezca el acceso a
la justicia y no aquella que, mediante una lectura estrictamente formal, lo restrinja
de manera desproporcionada […]”.
2.7. Afirmósobre la configuración del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que las providencias cuestionadas incurrieron en este “[…] en la medida
en que aplicaron de manera rígida y descontextualizada la figura de la caducidad,
sin desarrollar un análisis integral del caso conforme a los estándares
constitucionales exigibles en asuntos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos […]”.
2.8. Añadió que el defectofáctico se evidencia “[…] en la omisión de valorar de
manera conjunta y razonada los elementos probatorios aportados al proceso, los
cuales resultaban determinantes para establecer el momento en que las víctimas
estuvieron en condiciones reales de ejercer el derecho de acción. […]”.
2.9. Frente al defecto fáctico por indebida valoración probatoria, manifestó que las
autoridades accionadas omitieron realizar un análisis integral, sistemático y
contextual de los elementos de prueba aportados al proceso, “[…] particularmente
aquellos relacionados con el momento en que las víctimas tuvieron conocimiento de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
la posible participación estatal en la muerte del señor Wilson Alexander Vargas
Restrepo. […]”. Precisó que “[…] las autoridades judiciales redujeron el análisis a
una verificación estrictamente cronológica, fijando el punto de partida del término de
caducidad en el año 2007 —o, en el caso del Tribunal, en la fecha de la entrevista
rendida por la madre de la víctima—, sin adelantar un examen suficiente sobre las
particularidades del caso, el contexto en el que ocurrieron los hechos y la naturaleza
de la conducta atribuida a agentes estatales […]”.
2.10. Señaló que “[…] se dejó de lado el análisis de otros elementos probatorios que
daban cuenta de las condiciones en las que se encontraban las víctimas, de las
dificultades para acceder a información oficial y de la ausencia de claridad sobre las
circunstancias reales en las que se produjo la muerte del señor Wilson Vargas, lo
cual resultaba determinante para establecer si efectivamente existía un
conocimiento suficiente que habilitara el ejercicio del derecho de acción en el
momento señalado por las autoridades judiciales.[…]”.
2.11. Sobre el desconocimiento del precedente constitucional indicó que este exige
un análisis flexible, contextual y pro-víctima del fenómeno de la caducidad en
escenarios de violaciones graves a los derechos humanos, así como la obligación
de los jueces de garantizar la efectividad del derecho de acceso a la justicia y la
reparación integral. Afirmó que las providencias atacadas “[…] privilegiaron una
lectura rígida de las normas procesales que terminó por clausurar de manera
definitiva la posibilidad de que los accionantes obtengan un pronunciamiento judicial
sobre la responsabilidad del Estado, configurándose así una vulneración directa de
los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. […]”.
III. PRETENSIONES
3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] (1) Se conceda el amparo constitucional y se declare en consecuencia que
la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del
Circuito de Medellín el 9 de junio de 2022 y la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Octava del 5 de noviembre de 2025 y
notificada personalmente el 14 de noviembre de 2025, en el medio de control
de reparación directa, radicado 05001-33-33-033-2019-00264, es violatoria de
los derechos al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto procedimental absoluto, defecto sustantivo y un
defecto fáctico por desconocimiento arbitrario de las reglas de caducidad y de
la fuente del daño que define el medio de control judicial aplicable, en perjuicio
de los accionantes.
(2) Se ordene al Tribunal Administrativo de Antioquia revocar la decisión del
Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito de Medellín en el proceso
radicado 05001-33-33-033-2019-00264, con el fin de que se admita la demanda
y se dé continuidad al trámite procesal de primera instancia en garantía de los
derechos al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
igualdad y reparación integral de las víctimas. […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de mayo de 2026, el Despacho de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso,
admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés
directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional y a las señoras Diana Vargas Restrepo, Claudia Patricia Vargas
Restrepo y Daniela Restrepo.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que no existió vulneración de
derechos fundamentales pues la decisión proferida fue motivada y ajustada a
derecho. Reafirmó los argumentos relativos al cómputo del término de la caducidad,
para lo cual se tuvo en cuenta la fecha en que la madre de la víctima rindió
entrevista ante el Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos, de lo cual
concluyó que “[…] al computar el término de la caducidad a partir del 1 de octubre
de 2007, se colige que la parte demandante tenía hasta el 2 de octubre de 2009,
para presentar la demanda, evidenciándose que la misma fue radicada el 3 de julio
de 2019. […]”. [Negrilla del texto]
5.2. Añadió que “[…] no se evidenció que la parte demandante hubiese demostrado,
o al menos argüido la existencia de alguna situación, particularidad o eventualidad
que demostrara algún impedimento para el ejercicio del derecho de acción y, por
ende, para la presentación oportuna de la demanda, sin que se observara
fundamento para la inaplicación del término de caducidad para el ejercicio del
medio de control de reparación directa en el caso de la referencia. […]”.
5.3. El Juzgado Treinta y Tres Administrativo del Circuito de Medellín se remitió
a las consideraciones que tuvo en su momento el titular del Despacho para declarar
probada la excepción de caducidad.
5.4. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional solicitó se
nieguen las pretensiones de la demanda. Sostuvo que las autoridades accionadas
fundamentaron sus decisiones en cumplimiento de las normas aplicables, sin que
existiera vulneración alguna de derechos fundamentales. Añadió que “[…] lo que
se pretende es reabrir un debate que ya fue finiquitado, donde se hace evidente
que estuvo mediado por la ponderada y debida valoración probatoria, ratificando
que por modo alguno puede tomar en consideración solo las pruebas que
favorezcan a la parte demandante, sino un estudio integral del material probatorio,
como se hizo efectivamente. […]”.
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Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 22 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo de tutela solicitado, por considerar
que el Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
7. Como sustento de lo anterior, precisó que no se evidenció un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos alegados. Al contrario, sostuvo que,
“[…] la decisión de confirmar la providencia de primera instancia, que declaró
probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de preparación
directa, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, las pruebas, la
normativa procesal y la jurisprudencia aplicable al caso concreto. […]”
8. Expresó que la providencia objeto de tutela tampoco incurrió en defecto sustantivo
y procedimental pues desarrolló un análisis adecuado de la figura de la caducidad
a partir supuestos descritos en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se apoyó en
la sentencia de unificación emitida por esta corporación con relación a la
oportunidad para ejercer el medio de control de reparación directa en casos de
delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la cual tiene un carácter vinculante
para las autoridades de esta jurisdicción.
9. Explicó que, contrario a lo expuesto por la tutelante, el término legal para acudir a
la jurisdicción sí es un presupuesto de obligatorio cumplimiento y ha sido ratificado
por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha unificado sus criterios
indicando que las normas que regulan la figura de la caducidad son aplicables a
todos los asuntos de reparación directa, sin perjuicio de que se trate de delitos de
lesa humanidad o crímenes de guerra.
10. Argumentó que “[…] si bien la jurisprudencia constitucional ha flexibilizado la
carga probatoria para determinar el término de caducidad del medio de control de
reparación directa en casos de daños derivados de crímenes de lesa humanidad, lo
cierto es que dichos pronunciamientos se refieren a asuntos en los que se demostró
la existencia de circunstancias o barreras que dificultaron a los accionantes acudir
oportunamente a la administración de justicia. […]”.
11. Añadió que las eventualidades a las que hace referencia la tutelante, para
justificar la tardanza en la interposición de la demanda, fueron presentadas de forma
genérica en el escrito de tutela y no se plantearon ni acreditaron al interior del
proceso ordinario, pese a que la demandante tuvo conocimiento de la declaratoria
de caducidad desde la sentencia de primera instancia, en el cual igualmente, pudo
exponerlas en el escrito de apelación.
12. Por lo anterior concluyó
“[…] que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
interpretación coherente y razonable de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, las normas procesales y los criterios jurisprudenciales aplicables
al caso concreto. Por estas razones, si bien la providencia objeto de tutela no resultó
favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
13. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia y solicitó su
revocatoria y, en su lugar “[…] conceder el amparo de los derechos fundamentales
invocados, dejando sin efectos las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Medellín y por el Tribunal Administrativo de
Antioquia dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 05001-
33-33-033-2019-00264, para que se profiera una nueva decisión conforme a los
parámetros constitucionales desarrollados en la presente acción.[…]”.
14. Sostuvo que la sentencia de tutela incurrió en errores de apreciación jurídica y
probatoria que condujeron a negar el amparo solicitado. Afirmó que el fallo tuvo una
valoración incompleta de los argumentos expuestos en la demanda y no respondió
aspectos relativos con la valoración probatoria y el alcance de los precedentes
constitucionales sobre caducidad en casos de graves violaciones a los derechos
humanos.
15. Afirmó que la sentencia impugnada concentró su análisis en verificar si el Tribunal
Administrativo de Antioquia expresó razones para justificar la declaratoria de
caducidad, pero dejó de examinar si tales razones resultaban constitucionalmente
suficientes para superar los cuestionamientos formulados en la demanda de tutela.
16. Adujo que la acción constitucional no pretendía reabrir el debate propio del medio
de control de reparación directa ni se reducía a una inconformidad con la decisión
adoptada dentro del proceso ordinario, sino que involucraba una posible afectación de
derechos fundamentales susceptible de control constitucional.
17. Adicionalmente, consideró que fue errónea la conclusión adoptada en la
sentencia, relativa a que la parte accionante no identificó las pruebas omitidas ni las
circunstancias que impedían flexibilizar la caducidad. Precisó que “[…] el defecto
fáctico se originó en la valoración aislada de la entrevista rendida por la señora
María del Rocío Restrepo el 1 de octubre de 2007, la cual fue utilizada como único
fundamento para fijar el inicio del término de caducidad, sin ser contrastada con el
restante material probatorio ni con el contexto en que ocurrieron los hechos. […]”.
18. Resaltó que la providencia impugnada omitió confrontar los argumentos utilizados
en las providencias judiciales cuestionadas para establecer la configuración de los
defectos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
20. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es
así, se deberá:
b) Determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte accionante.
21. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
1
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
23. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
27. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
28. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
29. La señora María del Rocío Restrepo Velásquez, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, igualdad y reparación integral,
cuya vulneración le atribuyó a las providencias de 9 de junio de 2022 y 5 de
noviembre de 2025, proferidas por el Juzgado Treinta y Tres Administrativo del
Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación directa con el número de radicación
05001-33-33-033-2019-00264-00/01.
VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela
30. La Sala considera que los requisitos generales se cumplen, en razón a que: (i) se
invoca la vulneración de un derecho de orden fundamental y se encuentra satisfecha
la carga argumentativa mínima; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de
defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales; (iii) la acción de
amparo fue promovida dentro un término razonable; (iv) la situación a la cual se
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; y (v) la acción constitucional no se dirige contra
una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela
31. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, estudiará los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la
accionante. En el caso sub examine se alega la configuración de los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
VIII.4.2.1. Solución a los defectos en el caso concreto
32. La Sala advierte que, en la sentencia de 5 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia al analizar la configuración de la caducidad en el caso
sub examine sostuvo lo siguiente:
“[…] 5. MARCO NORMATIVO - DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
[…]
Se advierte que el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación
directa no es exigible a la parte demandante en aquellos eventos en los que se
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
configuran circunstancias que obstaculizan materialmente el acceso a la
administración de justicia, esto es, el ejercicio del derecho de acción, impidiendo
agotar las actuaciones necesarias para la presentar la demanda.
En relación con el cómputo de la caducidad del medio de control de reparación
directa, el Consejo de Estado12 en sentencia de Unificación precisó lo siguiente:
“Para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia ‘de la acción
u omisión causante del daño’, pues, además, se debe determinar si el
interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales
hechos y que le era imputable el daño.
De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros,
pero no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado y
era el llamado a responder patrimonialmente, la caducidad no se cuenta desde
la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que tuvo la posibilidad de
advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente para los
fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política. (…)”
[…]
Conforme con lo anterior, se colige que en los casos donde se solicita la
indemnización de perjuicios a través del medio de control de reparación directa,
con ocasión de un delito de lesa humanidad, el cómputo de la caducidad debe
efectuarse desde el momento en que los demandantes conocieron o
tuvieron la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos,
salvo que se acredite que hubo una imposibilidad real de ejercer el
derecho de acción dentro de la correspondiente oportunidad.
[…]
6.1. Descendiendo al sub lite, se observa que la parte demandante solicita que
se declare la responsabilidad de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL con ocasión del fallecimiento del señor WILSON
ALEXANDER VARGAS RESTREPO en hechos ocurridos el 21 de marzo de
2007, en el Municipio de Giraldo.
6.2. De conformidad con lo expuesto por el Juzgado de Instancia, la caducidad
del presente medio de control empezó a computarse desde el momento en que
los demandantes conocieron las circunstancias del fallecimiento de su familiar,
que para el caso en estudio fue desde el momento en que ocurrió su deceso el
21 de marzo de 2007.
6.3. A efectos de establecer si operó el fenómeno jurídico de la caducidad
declarado mediante sentencia de primera instancia por el Juzgado Treinta y
Tres Administrativo del Circuito de Medellín, la Sala procede a verificar las
pruebas aportadas al expediente:
6.3.1. Se acredita que, el fallecimiento del señor WILSON ALEXANDER
VARGAS RESTREPO ocurrió el 21 de marzo de 2007, de acuerdo con el
Registro Civil de Defunción obrante en el archivo 01Cuaderno, pag.55.
6.3.2. Se constata con el documento denominado “ACTA DE ENTREGA DE UN
CADÁVER A SUS FAMILIARES” con fecha del 22 de marzo de 2007, que la
Secretaría General y de Gobierno del Municipio de Giraldo entregó al señor Luis
Ángel Vargas Restrepo - en calidad de hermano de la víctima-, el cadáver del
señor WILSON ALEXANDER VARGAS RESTREPO (01Cuaderno, pag.133)
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sala Plena, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
providencia de 29 de enero de 2020, expediente: 85001 33 33 002 2014 00144 01 (61033).
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
6.3.3. Se verifica con la entrevista otorgada el 1 de octubre de 2007 por la
señora MARÍA DEL ROCÍO RESTREPO DE VARGAS ante el Grupo de
Investigaciones de Derechos Humanos (01Cuaderno, pag.205-), lo siguiente:
“A mí me pareció muy raro que mi hijo estuviera en Giraldo, ya que ningún
miembro de mi familia lo vínculo con ese municipio. Mi hijo que yo sepa no tenía
armas ni nada que se le parezca o que le perteneciera a algún grupo ilegal,
pues yo iba frecuentemente allá y nunca le vi nada raro; las compañías que lo
frecuentaban eran los mismos compañeros de trabajo. A mí me pareció muy
extraño que mi hijo apareciera por allá y mucho más que lo hubieran matado
los soldados dizque en un enfrentamiento y a mí me da miedo preguntarle al
Ejército, porque si ellos son la autoridad no tienen por qué matar a las personas
así, porque no averiguan primero quién es quién para poder actuar”.
6.4. Bajo este panorama, la Sala estima que las demandantes tuvieron
conocimiento del fallecimiento del señor WILSON ALEXANDER VARGAS
RESTREPO desde el 1 de octubre de 2007, fecha en la cual la señora
MARÍA DEL ROCÍO RESTREPO DE VARGAS (madre de la víctima y
demandante), en la entrevista rendida ante el Grupo de Investigaciones de
Derechos Humanos, manifestó que sabía del deceso de su hijo y que había
sido dado de baja en un enfrentamiento con el EJÉRCITO NACIONAL.
[…]
En ese orden de ideas, la Sala no comparte la postura del juzgado de instancia
con relación a que la caducidad debe computarse a partir de la ocurrencia de
los hechos – 21 de marzo de 2007 -, habida cuenta de que la prueba obrante
en el plenario demuestra que las demandantes solo tuvieron conocimiento de
las circunstancias en que falleció el señor WILSON ALEXANDER VARGAS
RESTREPO el día 1 de octubre de 2007, esto es, en esa fecha se enteraron
por parte del Grupo de Investigaciones de Derechos Humanos que había sido
dado de baja en un supuesto enfrentamiento con miembros del Ejército
Nacional, y que, por tanto, el hecho resultaba atribuible al Estado.
Además, si bien en la demanda se indicó que las demandantes conocieron de
manera inmediata el deceso del señor VARGAS RESTREPO, tal circunstancia
no resulta suficiente para iniciar el cómputo del término de caducidad, por
cuanto no basta el conocimiento del daño sino que se requiere que este pueda
ser imputado al Estado, es por ello que, se insiste en que el entendimiento
adecuado del inicio del término debe referirse al momento en que las actoras
tuvieron conocimiento de la posible participación estatal en el hecho dañoso.
[…]
En este contexto y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
el cómputo de la caducidad dentro del presente medio de control se efectuará
a partir de la entrevista dada por la señora MARÍA DEL ROCÍO RESTREPO DE
VARGAS el día 1 de octubre de 2007.
Así las cosas, al iniciar el cómputo del término de caducidad en el presente caso
desde el 1 de octubre de 2007, se colige que, la parte demandante tenía hasta
el 2 de octubre de 2009 para presentar la demanda, evidenciándose que la
misma fue radicada el 3 de julio de 2019, cuando había transcurrido más 10
años, esto es, extemporáneamente (01Cuaderno, pag.28).
Se precisa que, si bien la parte demandante adelantó el trámite de la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría 113 Judicial II Para Asuntos
Administrativos, con la presentación de la solicitud no suspendió el término de
la caducidad, habida cuenta que fue radicada el 23 de abril de 2019
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
(01Cuaderno, pag.39), fecha posterior al vencimiento de los dos años que se
tenía para presentar la demanda.
Por consiguiente, le asiste razón al Juzgado de primera instancia al concluir que
había operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción; no obstante,
el cómputo del término debió realizarse conforme lo indicado. […]”. [Negrilla y
subrayado fuera del texto]
33. Enla decisión objeto de la presente acción constitucional se concluyó que,
respecto a las pretensiones formuladas con ocasión de la muerte del señor Wilson
Alexander Vargas Restrepo, ocurrida el 21 de marzo de 2007, había operado el
fenómeno de la caducidad, por cuanto se consideró acreditado a partir de la
entrevista rendida por la señora María del Rocío Restrepo de Vargas el 1.º de
octubre de 2007, que la demandante tenía conocimiento de que en los hechos que
ocasionaron el deceso habían participado miembros del Ejército Nacional.
34. Para tal efecto, se advierte que el Tribunal accionado tuvo en cuenta las
siguientes pruebas:
i) Registro civil de defunción del señor Wilson Alexander Vargas Restrepo,
obrante en el archivo 01Cuaderno, pág. 55.
ii) “[…] Acta de entrega de un cadáver a sus familiares […]” con fecha del 22 de
marzo de 2007, obrante en el archivo 01Cuaderno, pág. 133.
iii) Entrevista del 1 de octubre de 2007 rendida por la señora María del Rocío
Restrepo de Vargas ante el Grupo de investigaciones de Derechos Humanos,
obrante en el archivo 01Cuaderno, pág. 205.
35. La accionante alegó la configuración de los defectos sustantivo, procedimental
por exceso ritual manifiesto, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.
36. Frente al defecto sustantivo, la Sala advierte que los argumentos expuestos por
la accionante relacionados con que se configuró tal defecto “[…] al realizar una
interpretación abiertamente irrazonable de las normas que regulan los medios de
control y el cómputo de la caducidad, lo que condujo a una restricción
desproporcionada del derecho de acceso a la administración de justicia. […]”, no
están llamados a prosperar. Lo anterior, por cuanto se evidencia la aplicación de las
reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, conforme con el alcance fijado por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020.
37. En relación con el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Sala
advierte que no se configura. La parte accionante sostiene que la autoridad judicial
accionada aplicó de manera rígida y descontextualizada la figura de la caducidad,
sin efectuar un análisis integral de las particularidades del asunto; sin embargo, la
Sala observa que, si bien la parte actora aduce que se debe flexibilizar el término
de caducidad, no precisa cuál sería, a su juicio, el momento a partir del cual debería
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Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
contabilizarse dicho término, ni identifica la fecha en la que, atendiendo a las
circunstancias particulares del caso, las víctimas habrían adquirido conocimiento de
que los hechos podían ser imputables al Estado.
38. Sobre el defecto fáctico por indebida valoración probatoria, los argumentos de la
parte actora se encaminan a que las autoridades judiciales dejaron de lado el
análisis de elementos probatorios “[…] que daban cuenta de las condiciones en las
que se encontraban las víctimas, de las dificultades para acceder a información
oficial y de la ausencia de claridad sobre las circunstancias reales en las que se
produjo la muerte del señor Wilson Vargas […]”. Al respecto, la Sala advierte que
como lo advirtió el Tribunal, tales circunstancias no fueron acreditadas dentro del
proceso ordinario.
39. Adicionalmente, la accionante se refirió a la valoración que el Tribunal le dio a la
entrevista rendida ante funcionarios de Policía Judicial el 1.° de octubre de 2007 y
señaló que esta no fue estudiada con el resto del material probatorio. No obstante,
lo expuesto en el escrito de tutela no modifica el análisis hecho por la autoridad
judicial, en la medida en que no se controvierte a través de otro medio de prueba
que era una fecha diferente a partir de la cual se debió contabilizar el término de
caducidad del medio de control o que existió una circunstancia debidamente
acreditada que les impidió acudir oportunamente ante la administración de justicia.
40. En ese sentido, resulta razonable el alcance que le dio el Tribunal accionado a
los medios de prueba mencionados supra, de conformidad con los cuales concluyó
que, a partir del 1 de octubre de 2007, los demandantes contaban con elementos
suficientes para concluir que en el homicidio de su familiar habían participado
miembros del Ejército Nacional, sin que lo expuesto en la solicitud de tutela
desvirtúe dicho análisis.
41. Frente al desconocimiento del precedente judicial, la Sala considera necesario
advertir que la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la sentencia de
29 de enero de 202013, unificó su jurisprudencia en torno al cómputo del término de
caducidad del medio de control de reparación directa derivado de graves violaciones
de derechos humanos, en los siguientes términos:
“[…] [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho
de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de
2020. Exp. No. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033). C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
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Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia […].” [Negrilla del texto].
42. La Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-312 de 2020 respaldó la
posición de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, al considerar
que:
“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del
medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que el daño
que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio.
6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es razonable para que
las víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de
acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los
menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin
han trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el
perjuicio. Lo anterior, comoquiera que no es determinante la fecha de
ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del interesado de identificar
la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación
respectiva.
6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio
y crímenes de guerra permite, en la mayor medida de lo posible, la
optimización de los intereses constitucionales en tensión en asuntos
como el estudiado en la presente oportunidad. Específicamente, por una
parte, protege la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos a efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños
causados por las mismas.
(…)
6.37. Ahora bien, esta Corporación evidencia que la inclusión del
conocimiento del responsable de una conducta a fin de iniciar a
contabilizar el término de extinción de una acción judicial, es una forma
de ponderar el principio de seguridad jurídica y el mandato de justicia en
escenarios relacionados con delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra, el cual no sólo se puede evidenciar en el ordenamiento
interno en materia contenciosa administrativa, sino también en la especialidad
penal […]”. [Negrilla fuera del texto].
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Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
43. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional14 ha precisado que “[…] la sola
ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo del término de
caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino
que es necesario que el juez realice una valoración de las circunstancias
particulares de cada caso para determinar desde cuándo se debe aplicar dicho
término y en el que deben analizarse aspectos relacionados con: (i) la calidad
de los accionantes como sujetos de especial protección constitucional al haber
sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii) el momento en el que las
víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de
reparación directa resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la
Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir a la justicia
debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran […]” 15.
[Negrilla fuera del texto].
44. Por lo expuesto, esta Sala considera que la autoridad accionada tampoco incurrió
en desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado y por la
Corte Constitucional, vigente al momento de proferir la sentencia cuestionada,
relativo al término de caducidad en los procesos de reparación directa en los que se
discute la ocurrencia de un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la
comisión de un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, en la medida en
que, como se expuso previamente, para el cómputo de dicho término tuvo en cuenta
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, determinando como fecha para contabilizar
el término de caducidad aquella en cual la accionante pudo inferir la participación
del Estado en el daño causado.
45. Finalmente, en lo que concierne a los argumentos de la parte accionante, según
los cuales las providencias judiciales censuradas “[…] privilegiaron una
interpretación formal de la caducidad […]”. La Sala advierte que la jurisprudencia de
esta Corporación y de la Corte Constitucional ha señalado que la inaplicación del
término de caducidad de la acción de reparación directa constituye una excepción
de carácter restrictivo, cuya procedencia exige acreditar, de manera concreta y
suficiente, las circunstancias particulares que impidieron al interesado acudir
oportunamente a la jurisdicción.
46. Todo lo anterior le permite a la Sala concluir que la sentencia de 5 de noviembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no incurrió en los defectos
alegados por la parte accionante.
47. Por tanto, se confirmará el fallo impugnado que negó las pretensiones de la
acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
14
Sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
15
Sentencia SU-241 de 2024
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03736-01
Accionante: María del Rocío Restrepo Velásquez
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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