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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03741-00

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03741-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03741-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03741-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Accionados: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por la Fiscalía
General de la Nación contra la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba.

SÍNTESIS1

La parte accionante cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba que revocó la decisión de primera instancia expedida por el Juzgado Quinto
Administrativo de Montería y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda del
medio de control de reparación directa y declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados a los
demandantes con ocasión del fallecimiento de Mary Luz López Romero. Se declara la
improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 14 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado
judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción,
acceso efectivo a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su
juicio, fueron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se revocó la sentencia
emitida el 19 de diciembre de 2019 por el Juzgado Quinto Administrativo de Montería y,
en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de reparación
directa núm. 23001-33-31-005-2016-00083-01.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción,

1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación Directa / Improcedencia / Falta de
relevancia constitucional

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Accionante: Fiscalía General de la Nación
Se declara la improcedencia de la demanda

igualdad procesal, acceso efectivo a la administración de justicia y tutela judicial
efectiva de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

2. DECLARAR que la sentencia de segunda instancia medio de control de reparación
directa radicado No. 23001333100520160008301 - Demandantes: Jaime Manuel
Morón Pabón y otros. Demandados: Nación/Ministerio de Defensa- Fiscalía General
de la Nación- Ministerio del Interior, proferida por la sala primera de decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en:

• Defecto fáctico por acción.
• Defecto fáctico por omisión.
• Defecto sustantivo.
• Desconocimiento del precedente judicial.
• Violación directa de la Constitución.
• Motivación insuficiente e irrazonable.

3. DEJAR SIN EFECTOS sentencia de segunda instancia medio de control de
reparación directa radicado No. 23001333100520160008301 - Demandantes: Jaime
Manuel Morón Pabón y otros. Demandados: Nación / Ministerio de Defensa- Fiscalía
General de la Nación- Ministerio del Interior, proferida por la sala primera de decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se revocó la decisión
absolutoria de primera instancia y se condenó a la Fiscalía General de la Nación.

4. ORDENAR a la sala primera de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que
profiera una nueva decisión respetando:

• Las reglas constitucionales de valoración probatoria;
• El principio de sana crítica;
• El deber de motivación suficiente;
• El precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional;
• Y los parámetros constitucionales de imputación jurídica de responsabilidad
estatal.

5. ORDENAR que en la nueva decisión se valore expresa e integralmente: • La
inexistencia de solicitud de protección;

• La ausencia de amenazas individualizadas;
• La inexistencia de conocimiento concreto del riesgo;
• La verdadera condición funcional de la víctima;
• Y la ausencia de nexo causal entre la conducta atribuida a la Fiscalía y el daño
producido.

6. ORDENAR que la nueva providencia se abstenga de estructurar responsabilidad
estatal sobre:

• Inferencias retrospectivas;
• Hipótesis no acreditadas;
• Contextos generales de violencia;
• O criterios de responsabilidad objetiva incompatibles con el artículo 90 de la
Constitución Política.

7. DECRETAR como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos
jurídicos, económicos y administrativos de la sentencia cuestionada, con el fin de
evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y la consolidación de efectos
derivados de una providencia presuntamente violatoria de derechos fundamentales.

8. ORDENAR la suspensión de cualquier actuación administrativa o presupuestal
encaminada al cumplimiento de la condena mientras se decide de fondo la presente

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Se declara la improcedencia de la demanda

acción constitucional. 9. ADOPTAR las demás medidas que el despacho considere
necesarias para la protección integral de los derechos fundamentales vulnerados a
la Fiscalía General de la Nación.

9. ADOPTAR las demás medidas que el despacho considere necesarias para la
protección integral de los derechos fundamentales vulnerados a la Fiscalía General
de la Nación.2 [Negrillas y mayúsculas del texto citado]

B. Hechos

De conformidad con lo expuesto en la demanda, los hechos que sustentan la solicitud de
amparo son los siguientes:

3.Mary Luz López Romero era jefe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
en el municipio de Planeta Rica (Córdoba), lugar en el que residía con su esposo e hijos.

4. El 1° de diciembre de 2009, en el contexto de la situación de orden público y la
presencia de grupos armados ilegales en la zona, Mary Luz López Romero fue víctima
de un ataque sicarial que ocasionó su fallecimiento.

5. Los señores Jaime Manuel Morrón Pabón, Jaime Luis Morrón López, Amy Daniela
Morrón López, Mario Luis López Romero, Ligia del Carmen López Romero, Luis Asley
López Romero y Libardo Luis López Romero presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior y la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se declarara su
responsabilidad por los daños causados con ocasión del fallecimiento de Mary Luz
López Romero y se condenara a los demandados al pago de perjuicios materiales y
morales.

6. Por medio de sentencia del 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Quinto
Administrativo de Montería negó las pretensiones de la demanda, al concluir que, si bien
se acreditó el daño alegado, no era atribuible a las entidades demandadas, por cuanto
cumplieron con sus deberes legales de protección de sus agentes. Señaló que la
Fiscalía adelantó una investigación por la presencia de grupos armados ilegales en
Córdoba y Antioquia, sin embargo, las pruebas, en particular, las interceptaciones no
permitieron advertir que se estuviera planeando el homicidio de la directora del CTI de
Planeta Rica, pues no identificaron a ningún integrante de ese organismo.

7.Los demandantes presentaron recurso de apelación y alegaron que sí se acreditó el
nexo causal entre el daño antijurídico y la falla del servicio al no garantizar la vida y
seguridad de la funcionaria del CTI, pues el juez no tuvo en cuenta el acervo probatorio
que acreditaba la situación de seguridad presentada en el municipio de Planeta Rica,
en el cual existía una flagrante alteración del orden público y configuraba un riesgo de
seguridad.

8. Mediante sentencia del 18 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativa y
extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, tras determinar
que el daño alegado por los demandantes resulta imputable al Estado, por cuanto la

2
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Fiscalía incumplió el deber de protección que le correspondía frente a una funcionaria
que, según conocía desde noviembre de 2009, constituía un objetivo militar de los
grupos ilegales contra los cuales ejercía sus funciones.

C. Fundamentos de la vulneración

9. La parte accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial, decisión
sin motivación y violación directa de la Constitución.

10. Sobre el defecto fáctico por indebida valoración probatoria, señaló que el Tribunal
accionado sustentó su tesis en una presunta omisión del deber de protección, por
cuanto la Fiscalía tenía conocimiento del riesgo bajo el cual se encontraba la funcionaria
y, aun así, no desplegó las medidas pertinentes para evitar el atentado. No obstante,
para arribar a tal conclusión, se omitió el hecho de que en el expediente no existió
solicitud formal de protección por parte de la funcionaria.

11. Indicó que, la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, sin precisar
al respecto, dispuso que la responsabilidad estatal derivada de la omisión de protección
exige acreditar el conocimiento efectivo del riesgo extraordinario, sin embargo, en la
sentencia que se cuestiona no se realizó ningún pronunciamiento al respecto.

12. Señaló que, no se valoró el hecho de que la víctima en ningún momento informó
sobre amenazas individualizadas en su contra. Además, tampoco se explicó por parte
del juez de segunda instancia de qué manera se podía prever razonablemente el
atentado si no existían informes o amenazas nominativas, las interceptaciones
contenían referencias ambiguas y no se había individualizado a la persona a la cual se
referían en las interceptaciones.

13. A su juicio, la autoridad judicial accionada omitió verificar las funciones de la víctima,
el alcance de sus competencias, si tenía o no acceso a información clasificada que
permitiera inferir el conocimiento previo de amenazas específicas y el cargo que
desempeñaba, por cuanto ella no era directora del CTI en Planeta Rica, sino que
cumplía funciones de coordinación funcional en dicho municipio.

14. Manifestó que la autoridad judicial accionada sustentó su tesis en pruebas de la
investigación penal que se dieron con posterioridad al homicidio de la señora López por
lo cual se otorgó un alcance irrazonable a medios probatorios que se alejan de la
realidad acreditada al 2009.

15.Respecto el defecto sustantivo, adujo que se configuró porque el Tribunal accionado
desconoció la distribución constitucional y legal de competencias en materia de
seguridad y protección, contenido en la Resolución núm. 0-5101 de 20083, modificada

3
Fiscalía General de la Nación. Resolución núm. 0-5101 de 2008. Por medio de la cual se reglamenta el
Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía
General de la Nación.

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por la Resolución 0-1006 de 20164 y luego por la Resolución núm. 0-0205 de 20245,
mediante la cual se regula el programa de protección para los funcionarios de la Fiscalía,
el cual exige unos requisitos específicos para operar.

16. No obstante, la autoridad judicial accionada determinó que la Fiscalía es la entidad
responsable de brindar seguridad física permanente a la funcionaria, sin embargo, no
consideró que el programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el
proceso penal y funcionarios de la Fiscalía requiere el cumplimiento de unos requisitos
previos, dentro de los cuales se encuentra la solicitud formal o el reporte institucional
del riesgo.

17. Además, dependiendo de la calidad especial de la persona que se encuentra en
riesgo, la protección puede corresponder a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía
Nacional o a las Fuerzas Militares, por lo cual resulta erróneo imponer a la Fiscalía una
obligación absoluta de impedir el resultado dañoso. De tal modo, se desconocieron las
competencias constitucionales de la Fiscalía, las cuales no equivalen a funciones
permanentes de seguridad y protección armada.

18. En cuanto a la violación directa de la Constitución, indicó que se vulneraron los
artículos 29, 90, 228, 229 y 250 de la Constitución Política, por cuanto se desconoció el
debido proceso probatorio, se omitieron las reglas constitucionales de imputación y se
ignoró el principio de necesidad de la prueba.

19. Respecto del desconocimiento del precedente judicial6, advirtió que la sentencia de
segunda instancia desconoció abiertamente el precedente reiterado por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado según el cual el Estado no tiene responsabilidad
automática por todo hecho criminal ocurrido dentro del territorio nacional y que los
deberes de protección exigen conocimiento concreto e individualizado del riesgo.

20. Agregó que se desconoció la responsabilidad estatal derivada de actos de terceros,
la posición de garante institucional y el procedimiento especial para que los funcionarios
ingresen al programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía.

D. Trámite procesal

21. Mediante auto del 19 de mayo de 20267, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Córdoba y, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Quinto Administrativo de Montería, a Alfonso Estrella Pineda y a Luis Eduardo
Calderón González (apoderados de los demandantes en el trámite ordinario), para que

4
Fiscalía General de la Nación. Resolución núm. 0-1006 de 2016. Por medio de la cual se reglamenta el
Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y Funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación.
5
Fiscalía General de la Nación. Resolución núm. 0-0205 de 2024. Por medio de la cual se reglamenta el
Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso Penal y funcionarios de la
Fiscalía General de la Nación.
6
En particular, la parte accionante se refirió a la sentencia T-719 de 2003 de la Corte Constitucional y a las
sentencias del 10 de agosto de 2000, expediente núm. 11585; del 11 de octubre de 1990, expediente núm.
5737, del 14 de mayo de 1998; del 25 de febrero de 2009, expediente núm. 18106; del 12 de octubre de
2017, expediente núm. 53763; del 8 de julio de 2016, expediente núm. 37891 del Consejo de Estado.
7
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rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.

22. A su vez, se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante orientada
a que se suspendieran los efectos jurídicos, administrativos y económicos de la
sentencia del 18 de marzo de 2026.

23. Por medio de auto del 4 de agosto de 20268, se advirtió que en el auto admisorio no
se notificaron a todas las partes del medio de control de reparación directa cuya
sentencia de segunda instancia se cuestiona en el trámite constitucional, razón por la
cual se ordenó notificar, en calidad de terceros con interés, a los señores Jaime Manuel
Morrón Pabón, Jaime Luis Morrón López, Amy Daniela Morrón López, Mario Luis López
Romero, Ligia del Carmen López Romero, Luis Asley López Romero y Libardo Luis
López Romero (demandantes en el proceso ordinario), al Ministerio de Defensa y al
Ministerio del Interior, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la
demanda de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

24. Luis Eduardo Calderón González9 (tercero con interés) señaló que la parte
accionante pretende una tercera instancia para cuestionar la sentencia que decidió en
contra de sus intereses. Asimismo, indicó que no se supera el requisito de
subsidiariedad, por cuanto la Fiscalía podía interponer “el recurso extraordinario” sin que
el accionante haya hecho uso de este, por lo cual solicitó que se rechazaran las
pretensiones de la demanda de tutela.

25. El Tribunal Administrativo de Córdoba10 (accionado) remitió el expediente digital de
proceso de reparación directa núm. 23001-33-31-005-2016-00083-01.

26. El Juzgado Quinto Administrativo de Montería11 (tercero con interés) intervino
extemporáneamente, sin embargo, precisó que no cuenta con el expediente del medio
de control de reparación directa, debido a que fue remitido al Tribunal accionado para
que surtiera el trámite de segunda instancia.

27. Ligia del Carmen López Romero, Jaime Luis Morrón López, Jaime Manuel Morrón
Pabón, Amy Danila Morrón López, Mario Luis López Romero, Libardo Luis López
Romero, Luis Asley López Romero y Luz Balvina López Romero 12 (terceros con interés)
alegaron que la parte accionante acudió a la vía constitucional con el fin de obtener una
tercera instancia en la cual se valoren nuevamente las pruebas del proceso ordinario,
por lo cual solicitaron que se nieguen las pretensiones del escrito de tutela.

28. Alfonso Estrella Pineda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa (terceros
con interés) fueron debidamente notificados13, sin embargo, guardaron silencio.

8
Índice 17 del expediente digital disponible en Samai
9
Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
10
Índice 13 del expediente digital disponible en Samai
11
Índice 15 del expediente digital disponible en Samai
12
Índice 25 del expediente digital disponible en Samai
13
Índice 7 y 22 del expediente digital disponible en Samai

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F. Competencia

29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la Fiscalía General de la Nación
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

G. Sentido de la decisión

30. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional, toda vez que la discusión que propone la parte accionante está
orientada a reabrir un debate de mera legalidad, mediante el cual pretende controvertir la
valoración del acervo probatorio efectuada por la autoridad judicial accionada. En ese
sentido, la solicitud de amparo plantea un debate de mera legalidad, orientado a obtener
una nueva apreciación de las pruebas y una conclusión distinta sobre la existencia del
daño y el nexo causal. Por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 14.

H. El requisito de relevancia constitucional

31. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.15 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada16, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

32. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que

14
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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corresponde definir a otras jurisdicciones.17

33. En la sentencia SU-215 de 202218, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

34. Para la Corte Constitucional19, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

35. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico

17
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional” 20.

I. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

36. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

37. En el asunto sub iudice, la parte accionante cuestiona la sentencia proferida el 18
de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Córdoba, porque, a su juicio, incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

38. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido de la decisión. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”21. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.

39. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias22. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.

40. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba23. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
abiertamente defectuosa de los medios de convicción24.

41. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

42. El desconocimiento del precedente ocurre cuando un juez se aparta de un
precedente judicial (vertical u horizontal) sin proporcionar una carga argumentativa
razonada que justifique las razones por las cuales se aparta de la regla jurisprudencial
previa.

20
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
21
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005
22
Corte Constitucional. Sentencia SU-074 de 2014
23
Corte Constitucional. Sentencia SU-424 de 2021
24
Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019

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Se declara la improcedencia de la demanda

43. La decisión sin motivación25 se presenta cuando los funcionarios judiciales emiten
una providencia sin explicar los fundamentos fácticos y jurídicos que motivan su
decisión, tal defecto se configura por cuanto la motivación constituye un deber de los
jueces, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.

44. La violación directa de la Constitución26 se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4 de la
Constitución Política16. En ese orden, este defecto se puede configurar en los
siguientes supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional
que resulta aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal
al margen de los postulados constitucionales.

J. El caso concreto

45. La Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la discusión que presenta la parte accionante está orientada
a obtener una instancia adicional para debatir un asunto de mera legalidad, mediante el
cual pretende que se valoren, nuevamente, las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa núm. 23001-33-31-005-2016-00083-00/01 que se tramitó en el
Tribunal Administrativo de Córdoba y, por esa vía, obtener un resultado favorable.

46. En efecto, más que plantear un asunto que trascienda el ámbito constitucional, la
parte accionante presentó el escrito de tutela con el fin de controvertir la conclusión de
la autoridad judicial accionada, según la cual el daño alegado por los demandantes sí
resulta imputable al Estado, debido a que se omitió el deber objetivo que le asistía de
proteger a la funcionaria del CTI, en especial, pretende revivir el debate probatorio para
que el juez de tutela se pronuncie sobre las pruebas que, a su juicio, no fueron
debidamente analizadas.

47. En particular, la parte accionante sustenta su demanda de tutela en que hubo una
indebida valoración probatoria, por cuanto la autoridad judicial accionada no valoró el
hecho de que en el expediente no existía solicitud formal de protección por parte la
funcionaria del CTI, aun cuando la jurisprudencia constitucional y contencioso-
administrativa ha reiterado que se debe acreditar el conocimiento de un riesgo
extraordinario real y concreto para condenar al Estado por la omisión de protección.

48. A su vez, entre otros, señaló que la valoración probatoria fue irrazonable, por cuanto
otorgó a las pruebas del proceso penal un alcance indebido, especialmente, a las
interceptaciones telefónicas, ya que, bajo su criterio, no era posible determinar que la
señora Mary Luz López Romero sería víctima de homicidio, pues no existió advertencia
formal previa por parte de los policías judiciales encargados de realizar el registro de las
interceptaciones.

49. No obstante, dicho asunto ya fue objeto de análisis por parte del juez natural del
asunto, en especial, con ocasión del recurso de apelación presentado por los
demandantes del proceso ordinario, ya que los argumentos se centraron, precisamente,
en el alcance y la valoración de las pruebas obrantes en el expediente, aspecto que

25
Corte Constitucional. Sentencias T-114 de 2002 y T-042 de 2024.
26
Corte Constitucional. Sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03741-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Se declara la improcedencia de la demanda

constituyó el eje central del análisis de la autoridad judicial accionada.

50. En efecto, el Tribunal Administrativo de Córdoba se ocupó de estudiar si la Fiscalía
debía responsabilizarse por los daños causados a los demandantes derivados del
fallecimiento de Mary Luz López Romero o si debía confirmarse la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

51. Al respecto, se refirió a los elementos de la responsabilidad extracontractual del
Estado con fundamento en el artículo 9027 de la Constitución Política, la existencia de
un daño antijurídico, la atribución fáctica y jurídica del daño que se alega y la imputación
de responsabilidad al Estado por omisión en el deber de protección de sus agentes, en
virtud del artículo 228 de la Constitución. Sobre ese último punto, precisó:

En tal virtud, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han padecido una
situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las autoridades, ya porque el
afectado solicitó medidas de protección o porque sus circunstancias de vulnerabilidad eran
ampliamente conocidas por las instituciones de seguridad.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que la solicitud de protección
constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando
este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también
la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado,
pues se genera para este una posición de garante en relación con la integridad del
ciudadano.

La dicha Corporación ha establecido que la Administración responderá patrimonialmente a
título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar seguridad
y protección a las personas, al menos en dos eventos: I) Cuando se solicita protección
especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo en las cuales se encuentra
la persona y II) Cuando sin que medie solicitud de protección alguna, de todas
maneras resulta evidente que la persona la necesitaba en consideración a que
existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón
de sus funciones. [Negrillas de la Sala]

52. Para resolver el caso concreto, la autoridad judicial accionada efectuó un recuento
de los hechos que encontró acreditados en el trámite ordinario, dentro de los cuales
precisó que no obraban antecedentes relacionados con alguna solicitud de medidas de
protección formulada por la señora López. Asimismo, señaló que la Unidad Nacional de
Protección, entidad que conserva los registros de los archivos del extinto Ministerio del
Interior y de Justicia y del extinto DAS, certificó la inexistencia de solicitudes de
protección a favor de la víctima. Además, indicó que la Oficina de Control Interno
Disciplinario de la Policía de Córdoba certificó que no existían registros de

27
Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado
a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
28
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03741-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Se declara la improcedencia de la demanda

investigaciones disciplinarias contra servidores de esa institución con ocasión del
homicidio de la señora López.

53. A su vez, el Tribunal Administrativo de Córdoba destacó el contenido de las
interceptaciones realizadas en noviembre de 2009 por la Policía Judicial – Grupo de
Investigación Criminal de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, a partir
de las cuales concluyó que la Fiscalía tenía conocimiento, desde ese momento, de la
situación de riesgo que enfrentaba la señora López, ya que era objetivo militar por parte
de los grupos armados que operaban en Planeta Rica, en razón de las funciones que
desempeñaba en el CTI, por lo cual concluyó:

Así mismo, es notorio que la demandada Fiscalía no obstante conocer el peligro que corría
su funcionaria omitió el deber legal que le asistía de brindar protección, quien finalmente
fue ultimada en su propia casa y desprovista de los mínimos de seguridad. Sin duda, los
audios a los cuales se ha hecho mención en precedencia hacían que la muerte de la
servidora Mary Luz López Romero fuera “crónica de una muerte anunciada”.

Si bien en precedencia se hizo referencia a que existen algunos servidores del Estado que
en razón de su oficio se encuentran expuestos a ciertos riesgos inherentes como sería el
caso de la finada Mary Luz López Romero, no es menos cierto que tal postura se desdibuja
por cuanto está plenamente demostrado que la Fiscalía General de la Nación conocía por
interceptación legal el nivel de riesgo en que se encontraba la dicha señora y omitió de
manera clara su deber de brindar algún tipo de protección a su funcionaria, quien dicho sea
de paso desempeñaba sus funciones en una zona de alta peligrosidad, factores que en
suma hacían necesaria una intervención con fines de protección dada su condición de
garante.

Lo anterior, permite concluir que el daño alegado por los demandantes si resulta imputable
al Estado, dado que una de sus entidades incurrió en una flagrante violación al deber
objetivo que le asistía de brindar protección a una funcionaria de quien sabía era tenida
como objetivo militar por parte de grupos ilegales a los cuales precisamente combatía con
ocasión del desempeño de sus labores profesionales.

54. En ese sentido, es evidente que la controversia que propone la parte accionante
pretende revivir el debate probatorio con el fin de que, mediante la vía constitucional, se
otorgue un alcance distinto al acervo que reposa en el medio de control de reparación
directa núm. 23001-33-31-005-2016-00083-01, en especial, respecto las
interceptaciones telefónicas registradas en noviembre de 2009. Pese a que la parte
accionante atribuye a la providencia cuestionada la configuración de varios defectos, lo
cierto es que sus reparos se encaminan a que el juez constitucional realice una nueva
apreciación de los elementos de prueba allegados en el proceso ordinario.

55. Así las cosas, aunque el accionante argumentó la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, decisión sin motivación,
sustantivo y violación directa de la Constitución, lo cierto es que no se advierte una
controversia constitucional autónoma ni una afectación grave en detrimento de las
garantías iusfundamentales de la parte accionante, pues los planteamientos expuestos
en la demanda de tutela no permiten advertir que la autoridad judicial accionada haya
actuado de manera irrazonable o arbitraria en ejercicio de su autonomía e
independencia.

56. Por el contrario, la demanda de tutela expone la inconformidad de la parte
accionante con el fin de que se dé una interpretación diferente de las pruebas

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03741-00
Accionante: Fiscalía General de la Nación
Se declara la improcedencia de la demanda

incorporadas al proceso de reparación directa y un alcance que, a su criterio, debe
atribuirse a dichos elementos de convicción.

57. La Sala recuerda que la acción constitucional que se dirige contra providencias
judiciales comporta un juicio de validez y no de corrección, por lo que su objeto se limita
a establecer si la decisión cuestionada vulneró derechos fundamentales, sin que resulte
admisible utilizar este mecanismo para sustituir el criterio del juez competente o
reexaminar el fondo de la controversia. En el caso concreto, el hecho de que el Tribunal
Administrativo de Córdoba haya adoptado una conclusión contraria a los intereses del
accionante, no permite, por sí mismo, afirmar que la providencia cuestionada adolezca
de un defecto constitucional.

58. En atención a lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, debido a que el accionante
pretende una instancia adicional para reabrir el debate probatorio del proceso ordinario,
por lo cual no se justifica la intervención excepcional del juez de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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